Autor: Elva Mendoza @elva_contra
Sobre vestigios arqueológicos se construyen fraccionamientos, vialidades, centros comerciales… El INAH termina por avalar la mayoría de los proyectos. Entierros humanos y estructuras, entre los hallazgos ignorados
En los últimos 15 años, sobre vestigios
arqueológicos se han construido fraccionamientos habitacionales,
distribuidores viales, gasoductos, presas, centros comerciales, minas y
parques eólicos. No obstante su importancia, el INAH termina por avalar
la mayoría de los proyectos de infraestructura promovidos por
particulares y entidades de gobierno. Entierros humanos, estructuras
arqueológicas, petrograbados, sitios sagrados, entre los hallazgos que
han sido ignorados o destruidos.
De acuerdo con información obtenida por Contralínea,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha firmado,
entre 2000 y 2015, 70 convenios con particulares y dependencias
gubernamentales para realizar trabajos de salvamento arqueológico
dentro de poligonales destinadas a obras de infraestructura.
Fraccionamientos habitacionales,
parques eólicos, minas, represas, distribuidores viales, libramientos,
gasoductos, centros comerciales, restaurantes, plantas de tratamiento
de aguas residuales y tiendas de autoservicio, entre los proyectos.
Para ello, en los últimos 15 años,
particulares y dependencias gubernamentales han entregado al INAH
alrededor de 152 millones 342 mil 320 pesos para la realización de los
trabajos.
Según la información en poder de este
semanario, durante la última administración de María Teresa Franco, se
firmó el mayor número de convenios: 24 en 2014; seguido por 2013,
cuando bajo la administración de Sergio Raúl Arroyo y el inicio de la
segunda administración de Teresa Franco se firmaron 17.
Dirigido por Alfonso de Maria y Campos,
en 2010, 2011 y 2012, el Instituto convino 15 salvamentos con
particulares y entidades de gobierno.
La Comisión Federal de Electricidad, el
Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Gasoductos Mexicanos, Corporación Minera Esperanza Silver
de México, Tag Pipelines, Bayer de México, Restaurantes Toks, la Cadena
Comercial Oxxo, Tiendas Chedraui, y Walmart de México son algunos de
los nombres que figuran en los documentos oficiales.
Presas hidroeléctricas
La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) es el ente que más convenios ha firmado con el Instituto. En 15
años, se tiene registro de 17 proyectos de salvamento realizados por
personal del INAH en predios que, se buscaba, fueran liberados para
presas, gasoductos y/o líneas de transmisión de energía eléctrica.
Financiado por la CFE, el proyecto
Chicoasén II, en Chiapas, con un costo de más de 19 millones de pesos,
ha sido el más caro y también uno de los más largo que haya realizado
el INAH. Según los propios documentos del Instituto, los trabajos de
salvamento se programaron para llevarse a cabo en 19 meses.
Derivado de las labores arqueológicas
en el área que ocupará la presa hidroeléctrica, el INAH ha reportado el
hallazgo de tres asentamientos prehispánicos en 6 kilómetros cuadrados
en ambos márgenes del Río Grijalva, estructuras arquitectónicas,
elementos rituales y poco más de 100 entierros.
En enero de 2015, la CFE, emitió el
fallo de la licitación de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II. De
acuerdo con un comunicado, el resultado fue a favor del consorcio
integrado por las empresas Omega Construcciones; Sinohydro Costa Rica,
Desarrollos y Construcciones Urbanas y CAABSA Infraestructura.
La propuesta presentada por este
consorcio fue por un monto de 386 millones 420 mil 681 dólares, por
debajo del monto máximo fijado por la CFE en 405 millones 620 mil
dólares.
En 2003, el INAH y la CFE firmaron un
convenio para realizar labores de prospección y salvamento en el
Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, en Nayarit, para el que la Comisión
se obligaba a aportar 852 mil 221 pesos.
De acuerdo con el convenio, en 2001, el
Instituto llevó a cabo una inspección sobre una parte de las márgenes
del Río Grande de Santiago, que serían inundadas en el embalse de la
presa del proyecto hidroeléctrico El Cajón.
Sobre la zona de embalse y en el tramo
aguas abajo que se encontraba entre la cortina de la entonces futura
presa y el límite final de la presa de la central hidroeléctrica
Aguamilpa, se registraron un total de 24 sitios (nueve en la zona de
reordenamiento territorial y 15 asociados al área de embalse de la
futura presa), por lo que se reportaba la necesidad de continuar con
los trabajos.
De 2003 a 2006, ya sumaban 72 los
sitios arqueológicos localizados en la poligonal. Con los objetos
hallados, el Instituto inauguró en octubre de 2006 en el Museo del
Templo Mayor la exposición Entre ríos y montañas sagradas. Arqueología en El Cajón, Nayarit.
De la muestra, que reunía un total de
168 piezas arqueológicas, destacan 86 esculturas de barro, 46 vasijas,
materiales en concha, así como dos representaciones de las tumbas de
tiro. Los materiales arqueológicos provienen de los sitios El Tepetate,
El Ciruelo, La Playa, Paseo de San Juan y Lagunitas, ubicados en las
cercanías del Río Grande de Santiago, en un área de distribución de 65
kilómetros, localizadas en el sitio arqueológico La Playa.
También en Nayarit, el Instituto
comenzó trabajos de salvamento sobre la poligonal del proyecto
hidroeléctrico Las Cruces, luego de firmar un convenio con la Comisión
Federal de Electricidad en el que la empresa se comprometió a erogar 1
millón 810 mil 850 pesos para los trabajos.
La obra, que enfrenta el rechazo
social, pretende ser construida por la CFE en el poblado de San Pedro
Ixcatán, municipio de Ruiz. Según la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA), esta hidroeléctrica supone la pérdida de
14 sitios sagrados y ceremoniales de los pueblos indígenas Nayeri o
Cora. Entre ellos, el principal centro ceremonial denominado La
Muxatena, una formación rocosa de singular belleza. Además, considera
que la obstrucción del río dañará irreversiblemente Marismas
Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica.
La AIDA asegura que, con 540 kilómetros
de longitud, el Río San Pedro Mezquital es el único libre de
hidroeléctricas en la Sierra Madre Occidental de México. Es el séptimo
río más caudaloso del país, la principal fuente de agua dulce para el
Sur del estado de Durango, y base del sustento de diversos pueblos
indígenas, los cuales, añade, no fueron consultados ni han recibido
información sobre el proyecto.
“Como consecuencia de las labores de
inspección y evaluación que el Instituto realizó en el área señalada, a
petición de la Comisión, se corrobora la existencia de vestigios
arqueológicos en el área del proyecto y en previsión a la potencial
afectación de los bienes arqueológicos que se puedan encontrar. La
Comisión solicitó al Instituto que lleve a cabo los trabajos
arqueológicos en la cota correspondiente y, en su caso, proponga las
acciones conducentes para su protección”, señala escuetamente el
convenio firmado el 19 de agosto de 2013.
Minería
El 28 de mayo de 2010, el Instituto y la
Corporación Minera Esperanza Silver de México, SA de CV, celebraron un
convenio específico de colaboración para realizar estudios de
factibilidad mediante prospección arqueológica para la realización de
trabajos de explotación minera en el proyecto La Esperanza, Cerro El
Jumil, Temixco, Morelos, trabajos que fueron realizados del 26 de julio
al 25 de septiembre de 2010.
La prospección arqueológica se realizó
considerando las siete áreas que abarcan la superficie del polígono
definido para la explotación minera: tajo grande, tajo chico, área de
desmonte Sureste, área de desmonte Este, área de desmonte Norte, patio
de lixiviación y sitio arqueológico Cerro El Jumil. Como resultado de
la prospección se registró la presencia de los sitios arqueológicos El
Jumil, El Jumilito, Ladera del Cerro El Jumil, Cuentepec y Cuexcomate,
“importantes para el conocimiento del área de influencia de Xochicalco
en el estado de Morelos”, se lee en los antecedentes plasmados en el
documento. Por lo que el INAH consideró necesario ampliar la
intervención arqueológica para continuar con el levantamiento
topográfico de la ladera Este del cerro El Jumil y el salvamento
arqueológico de los sitios antes mencionados, los cuales se ubicaban en
el tajo chico, área de desmonte Sureste, área de desmonte Norte y patio
de lixiviación.
La solicitud de la ampliación de la
intervención arqueológica se basa en la cláusula tercera del convenio
citado, en la cual las partes acordaron que el programa de trabajo
podría ser modificado atendiendo a las circunstancias que se
presentaran.
Así, el 19 de abril de 2011, se firmó
el convenio para la segunda temporada de los trabajos, mismos para los
que la corporación se obligaba a erogar 1 millón 231 mil 172 pesos.
En 2013, luego de enfrentar el
descontento social y la atención de la prensa, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó, con fecha 5 de junio, la
autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de minería a
tajo abierto el cerro de El Jumil.
En el oficio 03865 de la SGPA/DGIRA/DG,
donde se da a conocer el rechazo de la manifestación de impacto
ambiental de la mina, queda asentado que “el INAH concluye que la
explotación minera es incompatible con la conservación del patrimonio
arqueológico, con fundamento en diversos artículos de su Ley Orgánica,
de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos y de la Ley Federal de Patrimonio Arqueológico”.
Proyectos habitacionales
Con fecha 29 de marzo de 2007, el INAH
y el Fideicomiso Real Diamante, firmaron el convenio de colaboración
para llevar a cabo labores de prospección arqueológica sobre un predio
ubicado en la zona Punta Diamante, Puerto de Acapulco, en Guerrero,
donde habría de edificarse el desarrollo inmobiliario turístico Real
Diamante.
La prospección, del 1 al 31 de julio,
se ejecutó considerando 11 macropredios, donde se detectaron tres
plataformas habitacionales, 91 rocas con pozuelos, un abrigo rocoso, un
petrograbado y tres macizos rocosos conocidos como La Tortuga, La
Cabeza y La Mujer Pariendo, “importantes” para el conocimiento del área
de asentamientos detectados en Puerto Marqués y Punta Diamante,
reconocen las partes en el escrito.
Como resultado, se emitió un oficio con
fecha del 14 de diciembre de 2007, en el que se dictaminó que debe ser
considerada como reserva arqueológica el macropredio 30, así como
restricciones temporales hasta su excavación en el predio 28, en el que
se localizan dos manantiales vivos de escaso caudal, tres formaciones
monolíticas reportadas en la década de 1980 y una terraza habitacional
y, marcado con restricción temporal el macropredio 27, donde se
localizaron restos de una plataforma prehispánica de uso doméstico que
requerirá ser excavada, por lo que se considera necesario continuar la
investigación durante 4 meses más.
El 30 de septiembre de 2011, el
Instituto y el fideicomiso firmaron nuevamente un convenio, en él se
establece que se requerían 120 mil 750 pesos. Monto que la empresa
estaría obligada a entregar.
Sobre el proyecto, una nota del periódico El Sur de Acapulco
da cuenta de la existencia de una denuncia penal en contra de la
empresa. El señor César Sabino Palma Salinas –quien reclama la
indemnización de 70 hectáreas y media en Punta Diamante– demandó ante
la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador René Juárez
Cisneros, y a otros 27 funcionarios y exfuncionarios por los delitos de
daño al patrimonio arqueológico, robo, saqueo de vestigios
arqueológicos y lo que resulte.
En la denuncia, Palma Salinas explica
que las personas señaladas siguen “saqueando, vendiendo y destruyendo
la zona arqueológica que estudios del Instituto Nacional de
Antropología e Historia especifican que datan de miles de años. Se
están construyendo avenidas calles, villas, hoteles y próximamente
casinos sobre los vestigios” que se encuentran en la zona conocida como
Punta Diamante.
De acuerdo con la nota, fechada en
agosto de 2004, Sabino acusa que a pesar de que el INAH notificó a
través de un comunicado a los desarrolladores de Punta Diamante,
constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y a la administración
del Condominio Real Diamante que tendrán que informar de cualquier tipo
de obra que lleven a cabo y que pueden poner en riesgo la preservación
de la reserva arqueológica, éstas siguen destruyendo el lugar.
La lista de convenios firmados por el Instituto y particulares, de los cuales Contralínea
posee copia, incluye también el proyecto de salvamento arqueológico
acordado para el predio ubicado en avenida Paseo de la Reforma 159, en
el Distrito Federal, donde pretende construirse una torre de
departamentos y en cuya entraña se conservaban vestigios de lo que en
los siglos XVIII y XIX fuera el Panteón de Santa Paula (Contralínea 426 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/01/panteon-colonial-al-cascajo-con-aval-del-inah/
). También, el salvamento arqueológico
que el Instituto y la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó en
2012 sobre un polígono de 50 kilómetros cuadrados dentro de los
municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México, en el área donde
habrá de construirse el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Perímetro en el que se ubicaron 28 sitios arqueológicos y
alrededor de 270 puntos con vestigios prehispánicos (Contralínea 427 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/08/nuevo-aeropuerto-arrasara-zona-arqueologica/).
Las penas
Ante la pregunta expresa de cuáles son los
mecanismos con los que cuenta el INAH, la Coordinación de Arqueología y
la Dirección de Salvamento Arqueológico para evitar que el interés
económico empresarial esté por encima del interés de salvaguardar el
patrimonio nacional, Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional
de Arqueología del INAH responde brevemente a Contralínea:
“Está la Ley Federal [sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos] que obliga a los desarrolladores de
infraestructura a que en el caso de que exista o se presuma la
existencia de vestigios arqueológicos, se tiene que hacer un estudio”.
De acuerdo con el documento Procedimiento de desarrollo de investigaciones arqueológicas –salvamento y rescate–
en áreas de obra de infraestructura pública o privada, los particulares
y entidades de gobierno están obligados a obtener la autorización
INAH-00-008 en áreas de obras de infraestructura pública o privada que
son consideradas sitios arqueológicos o paleontológicos, porque
presentan o se presume que presentan vestigios del periodo que van del
origen de la vida humana hasta el establecimiento del dominio de los
españoles, y frecuentemente, aun anteriores y posteriores.
De lo contrario, la Ley referida por
Sánchez Nava prevé la suspensión de los trabajos que se ejecuten y en
su caso procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la
autorización y a la aplicación de sanciones.
En su Capítulo VI, “Las sanciones”, el
instrumento deja en claro que al que realice trabajos materiales de
explotación arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro
medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o zonas de monumentos
arqueológicos, sin la autorización del Instituto, se le impondrá
prisión de 3 a 10 años y de 1 mil a 3 mil días de multa, y al que
ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas,
se le incrementará hasta por una mitad las penas.
Establece también en el artículo 48 que
si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios
encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les
aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
Se le impondrá prisión, apunta el
artículo 52, de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño
causado, al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un
monumento arqueológico, artístico o histórico.
Elva Mendoza, @elva_contra
