“México
es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a
un solo hombre: el Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner
en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría
otra vez a la guerra.” Richard Lansing a Woodrow Wilson, 1924.
Parafraseando a Emiliano Zapata, hoy podemos decir que el país
necesita algo más que reformas en la administración, pureza ideal en el
manejo de los fondos públicos, libertad de imprenta para los que saben
escribir, libertad de votar para los que no conocen a los candidatos,
correcta administración de justicia para los que jamás ocupan a un
abogado; todas estas bellezas democráticas, todas esas grandes palabras
con que nuestros abuelos y nuestros padres se deleitaron han perdido
ahora su mágico atractivo y su significación para el pueblo1.
Cuanto
y más cuando, conforme las clases dominantes del capital y los núcleos
de poder decisivos del Estado en México se han venido empeñando en hacer
ortodoxamente suyas las políticas neoliberales que endiosan al mercado,
la competencia y las tendencias a la monopolización. Entregando los
recursos de la nación al capital extranjero y a las empresas
trasnacionales mediante el privatismo, que ha favorecido además,
exclusivamente intereses patrimonialistas y rentistas de amigos y
compadres devenidos, mediante la asociación estatal en clases dominantes
sin proyecto histórico. Lo cual ha dejado tras de sí una catástrofe
social que se ve reflejada en la superexplotación del trabajo,
desempleo, migraciones, desplazamientos forzados, incremento en los
niveles de pobreza y de pobreza extrema, destrucción de la cohesión
social y familiar, deterioro de las condiciones de vida, lo que a su vez
se ha traducido en una pérdida de identidad, aumento de la
criminalidad, expansión del narcotráfico y deterior ambiental2. Y conforme esto ocurre, el Estado viene recurriendo cada vez más a la implementación de lo que Ruy Mauro Marini llamo el Estado del Cuarto Poder.
Conforme se ha hecho entrega de la Medalla Belisario Domínguez, máximo
galardón que el Senado de la República otorga a ciudadanos mexicanos
destacados, al empresario Alberto Bailléres González, presidente del
Grupo Bal, entre cuyas empresas están el Palacio de Hierro, Peñoles y
GNP Seguros. Aduciéndose su supuesto trabajo en bien del país, la
generación de empleos y su compromiso social3.
Y conforme los diputados de la LVII Legislatura, tras hacer cambios
históricos a la Constitución que han derivado en la reforma laboral
(2012), la educativa, la fiscal y de telecomunicaciones, concluyendo con
la energética, se repartieron de manera “extraordinaria” o “especial”
partidas adicionales para sus grupos parlamentarios que sumaron
359.202.000 pesos4.
Se viene asentando en el país una brecha que separa al gobierno de Peña
Nieto de la sociedad, signada por ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, torturas, violaciones de mujeres y niñas, así
como por feminicidios perpetrados por autoridades civiles, policías y
militares, que intentan ser encubiertas por la presente administración.
En este contexto, el gobierno en turno se ha dado a la tarea de negar
estos hechos, pese a la amplia documentación que identifica a los
culpables, así como diagnósticos en los que coinciden la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, Human Rights
Watch, Amnistía Internacional y las víctimas de los abusos, los
familiares de los desaparecidos y especialistas mexicanos en el tema.
Negativa a la cual también se pliega el general Salvador Cienfuegos,
secretario de la Defensa Nacional, al negarse a que los soldados
señalados como responsables de actos perpetrados en casos como Tlatlaya y
Ayotzinapa sean interrogados por expertos de la CIDH o de la ONU.
Tendencia de encubrimiento que durante los gobiernos neoliberales se ha
ampliado conforme se han recrudecido los problemas sociales y por el
otro lado han crecido los multimillonarios negocios como los realizados
por OHL en el Circuito Exterior Mexiquense que proyecta la realización
de una autopista de 155 kilómetros cuyo costo inicial iba a ser de 5 mil
millones 600 millones de pesos, pero que en 12 se años se multiplico en
400%, al señalar un coste de 24 millones de pesos en diciembre de 2013,
y que en 2015 llego a superar los 46 mil millones de pesos. Además de
que OHL obtuvo una extensión del plazo de su concesión de 2030 a 2051,
lo cual le permitirá cobrar incrementos adicionales a las tarifas de
peaje de forma irregular, como ya lo ha venido haciendo según lo
denuncia la empresa de tecnología aplicada Infaber, mediante grabaciones
hechas a directivos de OHL, que involucran al secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y al presidente Peña
Nieto. Ante lo cual OHL levantó una denuncia contra Infaber, y agentes
de la PGR ante esta solicitud detuvieron ilegalmente al abogado de dicha
empresa, después de sembrarle un arma en su coche, como se demuestra en
un video. Y dentro de toda esta trama de corruptelas bajo el amparo de
Peña Nieto, el gobierno de Eruviel Ávila reservó toda la información
sobre OHL, durante nueve años y en el Senado, el PRI congeló la
propuesta del PAN para investigar el caso5.
Remate de tal corolario de encubrimiento, cobijado por amplias redes de
complicidad gubernamental, lo da el caso del gobernador priista Javier
Duarte de Ochoa en el estado de Veracruz. Y que ha sido convalidado por
la Asociación Mexicana de Editores al entregarle a dicho gobernador un
premio por ser “defensor de la libertad de expresión” y “protector de
periodistas”, pasando por alto que en su estado han sido asesinados
nueve periodistas desde el inicio de su mandato dentro de los cuales se
encuentra la corresponsal de Proceso en ese estado, Regina Martínez6.
Siendo así que lo señalado por Zapata se hace presente en nuestro país,
y más aun ante tendencias históricas que permanecen hacia nuestras
naciones por parte del Pentágono. Debido a que desde que los Estados
Unidos surgen como potencia mundial después de su victoria en la guerra
hispano-americana, lejos de favorecer el principio de las puertas
abiertas en América Latina, con celo ha restringido la competencia de
las naciones europeas y de Asía, respecto al comercio de estas
repúblicas y toda su influencia se ha dirigido por el contrario, hasta
la fecha, a la obtención de ventajas especiales para sus grandes
empresas, mediante convenios de reciprocidad y de otras maneras, que les
han garantizado conforme al paso del tiempo una gran preponderancia,
que ha llegado a la monopolización de los negocios relacionados con las
finanzas, el comercio o las obras públicas7.
Para lo cual, los grandes capitales estadounidenses, al igual que sus
colegas británicos y alemanes, se han mostrado como grandes partidarios
de gobiernos dictatoriales como el de Porfirio Díaz, debido a que
durante éste régimen casi la mitad de la riqueza nacional estuvo en
manos de extranjeros. Díaz les otorgó la propiedad de los minerales del
subsuelo, terreno en el que vinieron destacando cada vez más los
estadounidenses. Así como permitió la enajenación de grandes extensiones
de tierra, mediante un derecho creado por el dictador, que hizo cumplir
a partir de la fuerza de su ejército y la policía. Asimismo, los
grandes capitales han venido siendo fervientes partidarios de golpes de
Estado, como el asestado por Victoriano Huerta contra Madero, en toda
América Latina, puesto que estos les brindan enormes privilegios y
beneficios legales, mientras que prohíben las manifestaciones sociales
de inconformidad.
De forma tal, que desde el comienzo de la
guerra en Europa, los Estados Unidos se preocupan cada vez más por los
problemas de la “defensa del hemisferio”. Por lo cual comienzan a exigir
“facilidades” para establecer bases y cooperación para combatir
actividades subversivas de los agentes del Eje y sus simpatizadores en
América Latina. Conforme Washington va logrando sustituir los intereses
comerciales del Eje en Latinoamérica por los suyos, van aumentando el
número de sus misiones, hasta llegar finalmente a hacerse cargo de
aquellas que anteriormente daban los países europeos, logrando ampliar
el otorgamiento de instalaciones y medios para que los oficiales de
nuestra región se prepararán en academias militares y escuelas de
entrenamiento estadounidenses8.
Pero el Pentágono no obtuvo fácilmente las instalaciones que busca
implantar, debido a que en Latinoamérica se veía con temor la creciente
participación estadounidense en la Primera Guerra y su consiguiente
surgimiento como potencia y, en segundo lugar intervienen
consideraciones de soberanía nacional. Distintos gobiernos y sus fuerzas
armadas no se sentían inclinados, en vista de la experiencia histórica,
a permitir fuerzas armadas estadounidenses en su suelo. En Brasil, cuyo
saliente nororiental era la región más vulnerable de la América del
Sur, hubo tres años de discusiones para que Estados Unidos lograra el
permiso de acantonar fuerzas allí. Y en Panamá sus planes de construir
bases fuera de la Zona del Canal tropezaron una considerable oposición.
Debido a que mientras se realizaban las negociaciones fue derrocado el
gobierno panameño, hecho mismo en el cual los Estados Unidos negaron
haber tenido una participación. En México se complicaron este tipo de
negociaciones, aun más debido a la cuestión petrolera. Una vieja disputa
entre Ecuador y el Perú encendida nuevamente en la primavera de 1941,
además de comprometer la paz del hemisferio, demoró los esfuerzos del
Pentágono por lograr el uso de las muy estratégicas Islas Galápagos (de
Ecuador).
En tanto que significativamente el gobierno
latinoamericano que brinda mayor cooperación en los empeños
estadounidenses fue la República Dominicana, país que se encontraba bajo
la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo quien, como Somoza en
Nicaragua, ascendió al poder como jefe de una guardia nacional entrenada
por las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos. Y ambos dictadores,
tanto Somoza como Trujillo, fueron agasajados como “buenos vecinos” por
el presidente Roosevelt en Washington, en 1939. Sin poder ser de otra
manera, pues en el caso de Trujillo, éste entrego un “virtual cheque en
blanco a favor de las fuerzas armadas de los Estados Unidos para usar el
territorio de la República dominicana en la forma que creyeran
conveniente9.
Mientras que por otro lado, la Argentina de aquel entonces, muy
distinta de la ahora dirigida por Macri, era considerada por su
nacionalismo como un serio desafío a la posición estadounidense en el
hemisferio, especialmente porque la fuerza económica de la Argentina la
hacia menos susceptible a la coerción a la que estaban sometidas otras
repúblicas de la zona. En sus memorias, Cordell Hull recuerda la ira que
le causó que Summer Wells, jefe de la delegación de los Estados Unidos,
hubiera aceptado la negativa de Chile y Argentina a romper relaciones
con las potencias del Eje, objetivo primordial de aquel momento para
Washington, a el entender de Hull, equivalía a rendirse ante la
Argentina10.
Así, en tanto que la política económica de los Estados Unidos hacia
América Latina se formula bajo la premisa de asegurarse un creciente
abastecimiento de materias primas estratégicas y el término de la
Segunda Guerra Mundial refuerza aun más el dominio que viene ejerciendo
sobre el desarrollo económico de América Latina, los intereses
político-económicos del Pentágono permean la “asociación” de las
naciones latinoamericanas que les exige para la “defensa” del continente
contra amenazas militares del exterior. Más aun, conforme se fueron
asentando los intereses económicos del gran capital estadounidense en la
región, exigirían medidas de “cooperación” para enfrentar la amenaza de
la subversión, que conforme a sus intereses será una cuestión mucho más
importante que una posible agresión armada. Así, los Estados Unidos
intensifican el entrenamiento de oficiales latinoamericanos en
contrainsurgencia y refuerzan a los militares como el grupo
anticomunista más fuerte de América Latina.
Tal como indicaba
John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower y que
anteriormente había sido abogado de empresas norteamericanas, la
dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, era un modelo para
América Latina, debido a que en ese país la clase gobernante, en
contubernio con los militares, adoptaron medidas políticas que dieron un
clima atractivo para la entrada de capitales extranjeros y si los demás
gobiernos de América Latina siguieran el ejemplo de Venezuela
desaparecería el peligro del comunismo y del desorden social11.
De acuerdo con estas ideas, las intervenciones de los Estados Unidos
han sido la realidad en las relaciones internacionales hacia América
Latina. En Guatemala, que estuvo bajo el gobierno de Jacobo Arbenz,
contando con el aval del gobierno francés e ingles ante la ONU, so
pretexto de que dicha nación estaba dominada por el comunismo
internacional y que, por tanto, constituía una amenaza para el
hemisferio, propicia el derrocamiento de Arbenz y ayuda a que asuma la
presidencia el general Miguel Ydírogas Fuentes. Que mediante la
supresión de sindicatos obreros y partidos políticos, confirman la
índole esencialmente contrarrevolucionaria de la política estadounidense
hacia América Latina. Más todavía, cuando a la United Fruit Company se
le devuelve la mayor parte de tierras expropiadas, deteniéndose así la
revolución social iniciada por Juan José Arévalo12.
Conforme en los Estados Unidos prima la visión fanática de John Foster
Dulles, de oponerse a la “influencia” soviética en nuestra región y
también hay distintas muestras de nacionalismo en distintos países de
América Latina, se suceden los cuartelazos, en Argentina y Perú en 1962,
y los de Guatemala, Ecuador, la República Dominicana y Honduras. Aun
más, son alentados desde 1963 por la política Norteamericana impulsada
bajo el mandato de Kennedy, por considerar a los militares como fuerza
principal contra el comunismo y la insurgencia. En este sentido fue de
especial interés el derrocamiento de Juan Bosh, primer presidente de
República Dominicana elegido legalmente en 38 años. Confirmando sin la
menor duda la predilección tradicional estadounidense por dictadores de
derecha, como garantes de “estabilidad” y guardianes de sus intereses13.
Desde
el comienzo de la Guerra Fría, los consejeros militares estadounidenses
alentaron el suministro de armas y de medios de entrenamiento bajo el
amparo del combate al comunismo y la seguridad interna. De forma tal
que, más de la mitad de las naciones latinoamericanas firmaron convenios
de defensa mutua con los Estados Unidos, recibiendo todos los adscritos
equipo de esa nación. De suerte que el entrenamiento y las armas que se
dirigieron propiciaron relaciones más estrechas entre entidades
militares de Washington y América Latina mediante la Junta
Interamericana de Defensa, la Escuela Interamericana de Defensa y el
entrenamiento de contrainsurgencia, ejemplo de esto lo dieron las tropas
bolivianas que derrotaron y mataron al Che Guevara, entrenadas y
asesoradas por los Estados Unidos. De suerte tal que los programas de
ayuda han permitido de varias formas la penetración política de los
Estados Unidos en América Latina y a partir de la influencia sobre los
militares de la región, la Agencia para el Desarrollo Internacional ha
mantenido programas de entrenamiento para las fuerzas policiacas
latinoamericanas que han comprendido entrenamiento para frenar
manifestaciones tumultuarias y la realización de trabajos de
contraespionaje.
Esto ha venido ocurriendo de tal forma en
nuestro país, así como en otros partes de América Latina, que se ha
mantenido la vigencia de estos hechos hasta nuestros días. Debido a que
las modificaciones ocurridas en el plano militar, derivadas de la
formulación de doctrina de contrainsurgencia, también transformaron la
estructura de las burguesías criollas, traduciéndose en modificaciones
del bloque político dominante. Las burguesías criollas se transforman,
puesto que la base objetiva fue la integración de los sistemas de
producción al sistema imperialista, mediante las inversiones directas de
capital extranjero, la subordinación tecnológica y la penetración
financiera. Lo que llevó a que durante la década de los cincuenta del
siglo pasado, y aun más durante los sesenta, surgiera y se desarrollara
una burguesía monopólica estrechamente vinculada a la burguesía
imperialista, especialmente a la norteamericana.
Integración
imperialista que, junto con la superexplotación del trabajo, la
acentuación de la centralización del capital y de la proletarización de
la pequeña burguesía, trajo como consecuencia la agudización de la lucha
de clases, al romper el esquema de alianzas adoptado hasta entonces por
la burguesía. Y debido a la lucha de clases que se entabla entre la
burguesía en su conjunto y la pequeña burguesía, se termina por empujar a
ésta última hacia la búsqueda de alianzas con el proletariado y el
campesinado. Todo lo cual resultÓ en el abandono del llamado “Estado
populista”, es decir el “Estado de toda la burguesía”, puesto que
favorecía la acumulación de todas las fracciones. Y en su lugar se
conforma un nuevo Estado que se preocupa fundamentalmente por los
intereses de las fracciones monopólicas, nacionales y extranjeras.
Motivo por el cual desde entonces se establecen mecanismos selectivos
que favorezcan su acumulación y subordinen a las demás fracciones
burguesas a las iniciativas y al dinamismo de la burguesía monopólica.
Privilegiando en este esquema la burguesía monopólica a las Fuerzas
Armadas como elemento central de su estrategia. E iniciando en un primer
momento la contrarrevolución latinoamericana bajo un periodo de
desestabilización, durante el cual fuerzas reaccionarias agruparon en
torno así al conjunto de la burguesía y sembraron en el movimiento
popular la división, la desconfianza en sus fuerzas y en sus dirigentes,
para culminar en golpes de Estado, realizados por las Fuerzas Armadas
que llevaron a la instauración de dictaduras militares que conformaron
un Estado contrainsurgente. Donde las fuerzas Armadas asumieron el
control y ejercicio como institución del poder político, pero en la
esencia de este Estado, desde el punto de vista de su estructuración y
funcionamiento, las Fuerzas Armadas sólo comparten allí el poder con la
burguesía monopólica. Y según Marini, siempre que se encuentren ciertas
estructuras, funcionamiento y coparticipación entre las Fuerzas Armadas y
capital monopólico se estará frente aun Estado de contrainsurgencia,
tenga éste o no la forma de dictadura militar, puesto que esto es sólo
la expresión formal del Estado.
De suerte tal que, el Estado de
contrainsurgencia es el Estado corporativo de la burguesía monopólica y
las Fuerzas Armadas. Donde su especificidad radica en su peculiar
esencia corporativa y en la estructura y funcionamiento que allí se
generan. Destacando el hecho de que los tecnócratas civiles y militares,
que se ocupan de la gestión del Estado, no son más que la
representación política del capital y no son entes autónomos. Más aun,
dentro de la fusión de los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas
y la burguesía monopólica, ésta última sólo representa una fracción
propiamente capitalista de la burguesía y las Fuerzas Armadas sólo son
un cuerpo de funcionarios cuya voluntad económica y política es
rigurosamente la de la clase a la que sirve. Y aunque el Estado de
contrainsurgencia sea el Estado del capital monopólico, cuyas fracciones
constituyen hoy en día el bloque en el poder, no excluyen la
participación de las demás fracciones burguesas14.
Bajo
estas premisas, las modificaciones ocurridas en el plano militar,
derivadas de la formulación de doctrina de contrainsurgencia al
establecer una línea de conquista de bases sociales e
institucionalización, sólo reformula su estrategia a partir de 1980,
optándose más por la visión expresada por presidentes como Wilson, quien
en su política se distanció un poco de lo que postulaban algunas
compañías norteamericanas referentes a la posibilidad de anexar
territorio mexicano a los Estados Unidos o establecer un protectorado
norteamericano directo sobre México. En opinión de Wilson no era la
dictadura, preferida por la mayoría de los hombres de negocios
extranjeros, sino la democracia parlamentaria, el único medio de crear
una situación estable y evitar una revolución, no sólo en México sino en
toda América Latina. Por lo que, como solución a los problemas
latinoamericanos, propuso en su momento “enseñar a las repúblicas
latinoamericanas a elegir hombres buenos”15.
Pero pese a este esquema de “renuncia” a los planes de ampliar la
intervención norteamericana en México, al igual que en el resto de
América Latina, el gobierno norteamericano no ha desistido nunca en la
imposición en nuestros países de un gobierno de su agrado, ya sea de
forma “democrática” o dictatorial.
Así, el Estado
Contrainsurgente, al que dio lugar la contrarrevolución latinoamericana
sufrió modificaciones correspondientes a la fase de
institucionalización, a lo que los teóricos del Departamento de Estado
norteamericano han llamado “democracia viable”. Derivadas de que el
imperialismo norteamericano, expresado en las políticas de Carter
intentan restaurar la legitimidad del sistema de dominación dentro de la
sociedad norteamericana, apoyándose en viejos mitos caros a la
ideología burguesa en eses país, como los Derechos Humanos. Así como de
políticas de enfriamiento de las zonas periféricas, que intentaron dar
solución a problemas especialmente agudos como los que se le presentaron
en Medio Oriente y Panamá, hasta la revisión de la doctrina de
contrainsurgencia, pretendiendo limitar sus aspectos más ásperos y
adecuarla a las nuevas condiciones de la lucha de clases.
Estas
nuevas condiciones de la lucha de clases en América Latina se expresaron
en las contradicciones inter-burguesas, que al exacerbarse, exigieron
espacios políticos para dirimirse. De forma que la centralización rígida
del poder político, en manos de la élite tecnocrático-militar, tuvo que
flexibilizarse, restaurando cierta vigencia al parlamento como ámbito
de discusión, permitir el accionar de los partidos y la prensa, para que
las distintas fracciones burguesas pudieran desarrollar su lucha. Por
lo cual se manifiesta en las “democracias viables”. De manera tal que
las contradicciones inter-burguesas llevaron a cabo una “apertura”
política que preservó lo esencial del Estado de contrainsurgencia, que
es la participación directa del gran capital en la gestión económica y
la subordinación de los poderes del Estado a las Fuerzas Armadas. Donde
las Fuerzas Armadas ejercen un importante papel en la vigilancia, el
control y la dirección sobre los asuntos del aparato estatal. Resultando
en el avasallamiento del aparato estatal por las Fuerzas Armadas, por
encima de las estructuras propias de la democracia parlamentaria que
éste ostente, así como del ordenamiento legal de origen militar impuesto
a la vida política, especialmente aquellas emanadas de las leyes de
seguridad nacional16.
En este marco, aunque México no presentó una dictadura formal, estuvo
asediada al igual que el resto de América Latina por las pretensiones
estadounidenses de subordinar a sus Fuerzas Armadas a sus intereses. Más
toda vía cuando México realiza una política exterior activa con
postulados propios, que chocaron con la política de contención de
los movimientos sociales y revolucionarios emergentes, puesta en
práctica por Estados Unidos. Entre los actos más importantes de su
política exterior durante 1970-1976, cuestiona la política de la
Administración Nixon en favor de golpes de Estado en América del Sur,
apoyando al gobierno de Salvador Allende en Chile; elabora la propuesta
de un Nuevo Orden Económico Internacional; y apoya firmemente el ingreso
de la República Popular China a la Organización de Naciones.
Posteriormente, entre 1977 y 1979, se da una firme lucha por defender
precios justos para el gas que se exportaría a Estados Unidos, no
llegándose a un acuerdo, e impulsa una política petrolera propia.
Ante
la emergencia de la crisis centroamericana, es vista con gran simpatía
por el gobierno y amplios sectores de la sociedad mexicana. Para 1978 es
abierto el respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
de Nicaragua, permitiendo la realización de sus actividades en el país.
En las complejas negociaciones que culminaron con la firma de los
tratados sobre el Canal de Panamá entre el gobierno de Omar Torrijos y
el de James Carter, México, también apoyó con firmeza la postura
panameña.
De 1979 a 1982, el presidente José López Portillo dio
un gran respaldo económico y político a Nicaragua. México fue la fuente
principal de suministro de petróleo a ese país y se suscribieron
numerosos acuerdos de cooperación (se calcula que la deuda de Nicaragua
con México, contraída principalmente en esos años, asciende a más de 500
millones de dólares). Frente a El Salvador, México emite un comunicado
de respaldo político a la alianza de oposición del Frente Democrático
Revolucionario (FDR), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), el 28 de agosto de 1981, en conjunto con el gobierno de
Francia, y postula que es necesaria una solución política en dicho país17.
Pero
es en el marco de las democracias viables. Producto del imperialismo,
en un intento por restaurar la legitimidad del sistema de dominación
dentro de la sociedad norteamericana, así como de políticas de
enfriamiento de las zonas periféricas, hasta la revisión de la doctrina
de contrainsurgencia, pretendiendo limitar sus aspectos más ásperos y
adecuarla a las nuevas condiciones de la lucha de clases. El candidato
del Partido Republicano, Ronald Reagan, hace propia la ideología de la
“Nueva Derecha” y el pensamiento intelectual “neoconservador”. Lo cual
conduce a la necesidad de neutralizar a todos aquellos países (o
gobiernos) que tuviesen una política independiente a la norteamericana.
Donde México se considera en este contexto como un país que se debe
atender de manera especial, pues su gobierno se movía en sentido inverso
a los intereses norteamericanos.
De suerte tal, que al tomar
posesión de su cargo en enero de 1981, Ronald Reagan emprende una
agresiva política donde constantemente está implícita la amenaza de la
intervención militar directa contra distintos países de Centro América.
Proceso de militarización visto con suma preocupación por México y por
el cual cambia la óptica del Estado mexicano del impulso de los
postulados tradicionales de la política exterior, predominante entre
1979 y 1982, para dar píe a la percepción defensiva y de seguridad
nacional de 1983 en adelante. La nueva realidad a la que se enfrenta
México, incluirá así, por vez primera en sus relaciones internacionales
factores geopolíticos, militares y de seguridad.
En este sentido
fueron fecundas las “recomendaciones” estadounidenses sobre ciertos
aspectos de la negociación bilateral – como son embargos comerciales, la
política migratoria, la política financiera, de turismo, etcétera, -
para presionar a México a que retrocediera en su política hacia la
región. A lo que se añadieron factores nuevos en la política bilateral,
que han venido implicando hasta la fecha un abierto intervencionismo por
parte de Washington, como son las opiniones sobre la democracia en
México, mediante denuncias de supuestos fraudes electorales,
consideraciones sobre la crisis económica y la política contra el
narcotráfico y en menor medida el terrorismo, siempre con la intención
de obtener la colaboración plena de las fuerzas armadas, las policías, y
las procuradurías de justicia del país (federal y estatales), en los
empeños norteamericanos18.
Respecto
al narcotráfico, conforma a los lineamientos del gobierno del presiente
Reagan, después de que éste firma el 8 de abril de 1986 el documento
llamado National Security Decisión Directive 221, se determina que a
partir de ese momento el tráfico de drogas significaba una amenaza para
la seguridad nacional de los Estados Unidos. De lo cual se derivará una
mayor participación de las fuerzas armadas y la comunidad de
inteligencia en asuntos de drogas. Asimismo durante la presidencia
derechista de Reagan, se insta al vicepresidente de esa nación, a los
secretarios de Estado, del Tesoro, de la Defensa y al Procurador General
a que introduzca el tema de las drogas como asunto de seguridad
internacional entre los países aliados y no aliados.
De esa
manera, el presidente de México, Miguel de la Madrid (1982-1988) retomó
la tesis instituida por Reagan, así como su sucesor Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994). Pero será hasta el sexenio de Ernesto Zedillo
(1994-2000) cuando se opte por una creciente intervención de las fuerzas
armadas en las tareas que Salinas y De la Madrid no les habían
atribuido. Para que esto aconteciera, tuvo gran influencia la visita del
Secretario de la Defensa de los Estados Unidos a su homólogo en México
en 1995, puesto que tras declarar que sólo faltaba el “tercer vínculo”
(el militar) con Washington, un grupo especial por parte del gobierno
mexicano fue enviado a Chihuahua con la misión de capturar a Amado
Carillo Fuentes y varios militares fueron nombrados como delegados de la
PGR en algunos estados del norte del país19.
Por
su parte, el llamado gobierno de la alternancia encabezado por Vicente
Fox Quesada electo el 2 de julio de 2000, se inclino aun más hacia el
uso de las fuerzas armadas, otorgándoles facultades para intervenir en
todos los aspectos de la lucha antidrogas. Así, por primera vez en la
historia de nuestro país, un general fue nombrado como titular de la
PGR, para lo cual fueron invocadas razones de seguridad nacional. Y
dentro de esta tendencia, signada por los designios del Pentágono, luego
de los atentados del 11 de septiembre, en México se decretó la “Alerta
Roja”, con la supuesta finalidad de resguardar las áreas estratégicas
como los yacimientos petroleros, las instalaciones hidroeléctricas, los
aeropuertos y las carreteras. De manera que los atentados en Estados
Unidos, conforme indicó el entonces titular de la Sedena, obligaron al
gobierno mexicano a modificar su estrategia de seguridad20.
Este
proceso creciente de militarización en México, así como en otros países
de America Latina como Colombia, se viene dando dentro de las
especificidades de un Estado de Cuatro poderes conforme lo señalo
Marini. En México, es un hecho sin precedentes desde la Revolución, se
agudiza durante el ascenso de la derecha radicalizada, durante el
control político de tecnócratas y conservadores sobre el PRI, perdiendo
su perfil nacionalista para vincular a nuestro país de forma cada vez
más estrecha e institucionalizada con el capital estadounidense mediante
acuerdos y tratados como el NAFTA, PPP, la Iniciativa Mérida, el
Acuerdo Transpacífico21,
etc. Para lo cual la política hacia México por parte de los Estados
Unidos ha trascendido las simples presiones, para lograr un cambio de
actitud frente a los intereses globales norteamericanos, mediante
prácticas desestabilizadoras como las emprendidas por el embajador John
Gavin (1981- 1986). Bajo la directriz del Consejo de Seguridad Nacional,
Gavin asumió abiertamente su tarea de construir las alianzas políticas
internas que beneficiaron a la posición norteamericana, y que se
materializaron en la vinculación, financiamiento y promoción del Partido
Acción Nacional (PAN), promoviendo además su alianza con la jerarquía
católica más conservadora y con un sector de empresarios22.
Todo
lo cual ha tenido como finalidad que México asimile como propia la
política de Estados Unidos, como compartir el proyecto de restauración
de su hegemonía, como una necesidad “propia”. Y que se encuentra en
estrecha consonancia con la “apertura” política, dentro de los márgenes
de las democracias viables, que ha preservado lo esencial del Estado de
contrainsurgencia, y la configuración de un Estado de Cuatro poderes,
que es la participación directa del gran capital en la gestión económica
y la subordinación de los poderes del Estado a las Fuerzas Armadas,
mediante las burguesías monopólicas locales. Donde las Fuerzas Armadas
ejercen un importante papel en la vigilancia, el control y la dirección
sobre los asuntos del aparato estatal23.
Dentro
de este espectro hoy podemos entender, porque a la par del aumento de
número de efectivos en un 50.0% en las décadas de 1995 a 2006, al pasar
de 189,000 efectivos a 283,000. Estos mismos elementos sean utilizados
para enfrentar distintas protestas sociales como el EZLN, el movimiento
estudiantil de la UNAM en el 99, lo distintos movimientos estudiantiles
de las normales rurales (a lo cual esta estrechamente vinculado el caso
de Ayotzinapa), el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, a la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el movimiento minero de
Cananea, a la policía comunitarias de Guerrero del cual es ejemplo hoy
Nestora Salgado, etc.
Y asimismo, en estrecha relación con la
visón del Pentágono sobre la lucha contra el narcotráfico, conforme a
las democracias viables, que en realidad son democracias
contrainsurgentes, podemos observar la manera en que se ha venido
imponiendo en América Latina la postura indicada en el documento The National Security Strategy of the United States of America,
que en 2002 señaló: “La pobreza no convierte a la gente pobre en
terroristas y asesinos. Sin embargo, la pobreza, las instituciones
débiles y la corrupción pueden hacer vulnerables a los Estados débiles ante las redes terroristas y los cárteles de la droga dentro de sus fronteras”24.
Y según sus premisas, desde 1996 se da la creación de la ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, reformada y ampliada en 2004, que da
entrada mediante su tipificación de “delincuencia organizada” a la
criminalización de la protesta social. En su Art. 2 establece: “Cuando
tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen
como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes;
terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados,
tráfico de órganos, corrupción de menores o discapacitados y trata de
personas, serán sancionados por el sólo hecho, como miembros de la
delincuencia organizada”25. Donde la laxitud del delito de terrorismo da cabida a actos de protesta social.
Así, ante la sucesión de hechos históricos, en estrecha relación con
los presentes, no podemos creer que la guerra permanente contra las
drogas, desplegada a instancia de el Pentágono y ante la cual Macedo de
la Concha dijo que el regreso a los cuarteles de los militares se daría
cuando la sociedad lo decidiera. Y que ha contribuido sobre manera a
hacer más dependiente a México y los países involucrados, respecto a
Washington, no haya sido un objetivo explícito y que sea “paradójico”
que conforme a los “mayores avances democráticos” en la sociedad
mexicana, haya una mayor y acelerada presencia militar en los aparato de
seguridad del país, como sostiene Luis Astorga26.
Ni que haya una “crisis del Estado” en México, por un
“resquebrajamiento” de la organización social, económica, política
coercitiva, por una crisis del conjunto de instituciones, el derecho
burgués, la comunidad de las clases y la soberanía, una crisis del poder
de regular la vida social nacional encumbrando el reino de la fuerza.
A
esto no responde el que la burguesía monopolista haya establecido un
mandato mediante el cual sus políticos crearon un nuevo pacto por el
Estado de derecho, para que a cualquier precio sostengan todo el aparato
dictatorial de control y poder cerrando filas contra el “México
bronco”.
Muy por el contrario, al olvidar hechos históricos e
intereses del gran capital estadounidense y europeo, en su afán de
internacionalizar el capital y el ejercicio del poder para hacer viable
una reordenación adecuada a sus fines. Se malinterpreta el modelo de
acumulación neoliberal y la crisis que llevó a México al agotamiento y
que fue utilizada por los artífices del PRI tecnocrático y de la ultra
derecha panista, para desestabilizar la economía entregándonos al
capital trasnacional. Donde la aparente involución del Estado al
absolutismo monopolista, realmente se circunscribe en la lógica de la
caída de la tasa de ganancia, y la consecuente tendencia histórica del
centro del sistema capitalista, los EE.UU. ha conformado Estados
contrainsurgentes, que bajo el manto democrático pasan a ser Estados del
Cuarto Poder.
De tal manera que los elementos, económicos,
políticos, estructurales, ecológicos, culturales, militares, policiales y
demás, operantes dentro del capitalismo no se encuentran funcionando
como lo hacen hoy en día, por la “irresponsabilidad” de las fuerzas
hegemónicas (como si alguna vez hubiera predominado la
“responsabilidad”). Sino que en su esencia se encuentra la
desarticulación del tejido social y el llevar al extremo el orden
piramidal de dominación social27.
Por lo que la designación de México como “estado fallido”,
sí resulta como explicación idónea de lo ocurrido en México. Pero
dentro del esquema de la desacreditación que se ha hecho a lo largo de
los gobiernos neoliberales de todas aquellas instituciones estatales que
después fueron rematadas a precios de saldo. Así se describe un Estado
ineficiente, mal formado e incapaz para caminar por sí solo, y que tiene
que ser intervenido para corregirlo, pero si se mira “bien” la historia
del país, dentro del esquema contrainsurgente diseñado por Kennedy, se
da una transformación del Estado nacional tras ajustar a las burguesías
locales en apéndices del capital internacional, rompiendo con el Estado
de Bienestar, que era el Estado de la burguesía en su conjunto. Para dar
pauta a un Estado removido de sus viejas funciones, dislocado
intencionalmente por el gran capital y golpeado por la lógica de los
factores político-económicos que fortaleció. Y de donde se desprende que
la derecha sugiera el desmantelarlo, reemplazarlo por un protectorado,
“adelgazarlo”, dejar que navegue en su caos a merced de la rapiña, o
reformarlo para ponerlo a tono con la nueva era. Puesto que esta
burguesía local en contubernio con la burguesía imperialista seguirá
intentando detener la caída de la tasa de ganancia a expensas del
proletariado en general, el campesinado y de otras fracciones de la
burguesía nacional.
Y en este contexto, una definición precisa y
transparente en torno a la condición del Estado, que no de cabida a las
componendas del ensueño de un Estado democrático-burgués que enmienda
sus fallas, lo brinda Ruy Mauro Marini, mediante su categoría del Estado
del Cuarto Poder. Ya que esta permite comprender la acumulación
intensiva de la que es objeto la nación, por parte de las fracciones
burguesas locales aliadas con la burguesía imperial, así como la
consecuente represión del proletariado y el campesinado, mediante la
institucionalización del uso de las fuerzas armadas.
Así, somos testigos de…
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Rebelión. “La crisis del Estado”. Por Felipe Cuevas Méndez. 02-02-2016.
Notas
1 Katz Friedrich. “La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la revolución mexicana”. Editorial ERA, Octava reimpresión, 1993. Pág. 298.
2 Sotelo Valencia Adrián. “México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis.” UNAM, FCPyS, Ítaca, 2014. Pp. 15-16.
3 www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/12/1056846
4 Proceso. # 1969
5 Proceso. # 2033. “Gobierno del encubrimiento”. Por Héctor Tajonar.
6 Proceso. # 1901.
7 Ibíd. Friedrich Katz. Pág. 204.
8 Connell-Smith Gordon. “Los Estados Unidos y la América Latina.” Fondo de Cultura Económica, 1977. Pág. 206.
9 Ibíd. Connell-Smith Gordon. Pág. 207.
10 Ibíd. Connell-Smith Gordon. Pág. 209.
11 Ibíd. Pág. 238.
12 Ibíd. Pág. 250.
13 Ibíd. Pág. 270.
14 Marini Ruy Mauro. “El Estado de contrainsurgencia.” Intervención en el debate sobre La cuestión del fascismo en América Latina, Cuadernos Políticos, México, ediciones ERA, núm. 18, octubre diciembre, 1978, pp. 21-29.
15 Ibíd. Friedrich Katz. Pág. 184-185.
16 Ibíd. Marini Ruy Mauro.
17
Benítez Manaut Raúl, González Souza Luis, Gutiérrez Haces María
Teresa, Márquez Padilla Paz Consuelo, Verea Campos Mónica
(Compiladores). “Viejos desafíos nuevas perspectivas. México-Estados Unidos y América Latina.” UNAM, Porrúa. 1988. Pp. 394, 395, 396.
18
Ibíd. Benítez Manaut Raúl, González Souza Luis, Gutiérrez Haces María
Teresa, Márquez Padilla Paz Consuelo, Verea Campos Mónica
(Compiladores). Pág. 403.
19 Jiménez Ornelas René (Coordinador). “Violencia y seguridad pública. Una propuesta institucional”. UNAM, 2006. Pp. 118-119.
20 Ibíd. Jiménez Ornelas René. Pág. 120.
21 Rodríguez Rejas María José. “El proceso de militarización en México: un caso ejemplar”.
22
Benítez Manaut Raúl, González Souza Luis, Gutiérrez Haces María
Teresa, Márquez Padilla Paz Consuelo, Verea Campos Mónica
(Compiladores). “Viejos desafíos nuevas perspectivas. México-Estados Unidos y América Latina.” UNAM, Porrúa. 1988
23 Ibíd. Marini Ruy Mauro.
24 Ibíd. Jiménez Ornelas René. Pág. 125.
25 Ibíd. Rodríguez Rejas María José.
26 Jiménez Ornelas René. “Violencia y seguridad pública. Una propuesta institucional”. UNAM, 2006. Pág. 139.
27 Rebelión. “La crisis del Estado”. Por Felipe Cuevas Méndez. 02-02-2016.
