5/12/2010

CONTEXTO
Conflictos políticos por el poder
La historia de violencia en la zona triqui, Oaxaca

Por Gladis Torres Ruiz
México, D.F. 11 may 10 (CIMAC).- La larga historia de violencia en la zona triqui, tiene su origen en los conflictos políticos que se disputan el poder. Gupos del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente (MULTI) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, (Ubisort), son quienes se responsabilizan unos a otros de asesinatos, secuestros y emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojo.

El pueblo Triqui, es uno de los 16 pueblos indígenas originarios de la parte occidental de Oaxaca, en la región de la Mixteca, considerada como la más pobre y marginada. Su territorio ocupa alrededor de 517.6 kilómetros, señala Francisco López Bárcenas; en su artículo “La Persistente Utopía Triqui: El Municipio Autónomo De San Juan Copala”.

Agrega que de acuerdo con los criterios estatales, la población Triqui se agrupa en un municipio libre, nueve agencias municipales, y 35 barrios, 16 de ellos, sin ningún reconocimiento legal.

Al respecto diversas investigaciones, afirman que desde la época post-revolucionaria, en la zona se ha marcado una constante violencia contra la población, generada por grupos políticos que pelean a muerte el poder.

Por su parte Francisco López Bárcenas, refiere que en la década de los 60 hubo cambios profundos en la región, “hubo una invasión de instituciones federales que hicieron su parición para promover el desarrollo según la visión estatal de la época”.

Estaban más preocupados porque la guerrilla del estado de Guerrero contagiara a la región, y porque el descontento popular- que galopaba todo el estado de Oaxaca-, propiciara el surgimiento de importantes organizaciones populares, estudiantiles y campesinas, ante la falta de condiciones para una vida digna y el autoritarismo estatal.

López Bárcenas, señala que la institución gubernamental más notoria fue la Comisión del Río Balsas, pero no fue la única; con ellas llegaron también los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Iglesia Católica y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV).

Así las comunidades triquis sufrieron durante muchos años las imposiciones del PRI, que a través de caciques imponían sanciones y disponían de los recursos de la población.

SE CONSTITUYEN LOS GRUPOS


En 1981, un grupo de dirigentes de comunidades como Rastrojo, Cieneguilla y Cruz Chiquita, forman el MULT, que tiene su antecedente inmediato, según su página web, en “El Club” que en la década de los 70 se formó para hacer frente al acaparamiento feroz de la producción de café y plátano por mestizos de Putla y Juxtlahuaca, a cambio de armas y alcohol.

Como el Club fue creciendo se inventaron delitos en contra de los principales integrantes y la región comenzó a dividirse territorialmente de acuerdo con facciones políticas encontradas: por un lado, las comunidades que se identificaban con el Club y por el otro, aquellas que fueron convencidas por el PRI dando como resultado la instalación de una partida militar, en el municipio autónomo desde el 1 de enero de 2007, San Juan Copala.

Con esto el PRI, empieza a afiliar a los triquis con el apoyo de maestros de la zona a cambio de posiciones y apoyos del partido y así allegarse a todas las comunidades triquis, refiere la organización.

Respecto, a la autonomía de San Juan Copala, López Bárcenas, refiere que como en otras partes de la República, la creación del municipio autónomo de San Juan Copala representa una respuesta pacífica de los pueblos indígenas por encontrar espacios de participación y representación política, atendiendo a sus condiciones económicas, políticas y culturales concretas.

En 1994, fue constituida la organización paramilitar Ubisort, integrada por simpatizantes del PRI organización controla al menos seis comunidades, entre ellas La Sabana.

El MULTI, es de creación nueva, se integró en 2006, y tiene una importante participación en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APO) entre sus comunidades adherentes San Juan Copala.

El número de víctimas que han dejado estas disputas políticas es muy alto. Hasta el momento las autoridades siguen sin hacer justicia en los casos y acciones para erradicar la violencia de la zona Triqui.

“Para nadie que conozca la región es una novedad que San Juan Copala y las comunidades que se aglutinan en torno a ella han permanecido aisladas por siglos, abandonadas a su suerte por los municipios a los que formalmente pertenecen. Junto con ello persiste una brutal explotación de la mano de obra triqui y un irracional saqueo de sus recursos naturales” afirma Francisco López Bárcenas.

Agrega que por esa razón, el ejercicio de su derecho a la autonomía representa la posibilidad de superar el sometimiento político y económico en que se encuentran, de tal manera que puedan participar de la vida política,

“Lo importante, ahora más que nunca, es mirar todos hacia la oscuridad donde se ocultan los enemigos del pueblo Triqui, los falsos dirigentes, los políticos mediocres, los funcionarios ineficientes. A ellos hay que sacarlos del escenario con la ley y la movilización popular” señalaba en 1999 la Comisión Ciudadana de Pacificación de la Triqui Baja, formada por intelectuales y académicos reconocidos y que buscaba contribuir a llevar la paz en la región.
Y justicia para la maestra Beatriz Alberta Cariño, defensora de DH
Alto a la violencia contra mujeres en comunidades triquis


Por Gladis Torres Ruiz

México, 10 D.F may 10 (CIMAC).- Más de 50 organizaciones feministas y 80 personas más solicitaron a la ONU, la OEA y al Comité Internacional de la Cruz Roja que, conforme a sus mandatos, coadyuven con el Estado mexicano para establecer medidas que ayuden a la distensión en la zona indígena triqui de Oaxaca.

En un desplegado publicado esta semana en los diarios de esa entidad y en un documento que entregarán al Grupo de Trabajo de Seguimiento a la Violencia en la Zona Triqui de la Cámara de Diputados, las y los firmantes se pronunciaron por la erradicación de la violencia en la zona y el establecimiento del diálogo entre las partes en conflicto.

Exigieron a las autoridades mexicanas, detener la violencia contra las mujeres en las comunidades triquis y justicia para la maestra Beatriz Alberta Cariño, defensora de Derechos Humanos (DH), asesinada en una emboscada el pasado del 27 de abril en el municipio triqui, San Juan Copala, Oaxaca.

“El pueblo triqui ha sido reconocido por luchar a favor del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, sin embargo, también ha sido escenario de un conflicto histórico que afecta de manera particular la vida y la integridad de las mujeres”, enfatizan.
A su vez, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), señala que la violencia en la zona triqui ha sido calificada como una situación incontrolable, debido a los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrado.

Tales casos nunca han sido investigados, ni sancionados, lo que “permite la acción de los grupos paramilitares con total impunidad”, precisa el CCIODH.

LA HISTORIA SE REPITE

Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano, fue asesinada el pasado 27 de abril de 2010, durante el ataque armado a la Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil, que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Copala, Oaxaca.

San Juan Copala, se encuentra sitiado desde hace meses por grupos paramilitares que según denuncian autoridades autónomas y organizaciones sociales, “actúan con la complacencia del gobierno de Oaxaca”.

El ataque contra la caravana, integrada por defensoras/es de DH observadoras civiles, nacionales e internacionales y periodistas, fue perpetrado por un grupo de encapuchados en las inmediaciones de la región triqui de San Juan Copala, en el paraje conocido como “Los Pinos”, La Sabana.

También fue asesinado Tyri Jaakkola observador de origen finlandés, docenas de personas resultaron heridas y otras más desaparecidas entre las que se encontraban la reportera Erika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la revista Contralínea, quienes días más tarde fueron rescatados.

Ambos periodistas acudieron a la comunidad para realizar un reportaje especial sobre el caso de las radialistas asesinadas el 7 abril de 2008, Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

Por más de 15 años, Bety Cariño (como se le conocía), realizó un trabajo de acompañamiento comunitario en la región de la mixteca, capacitaba a indígenas de la región y daba asesoría a las mujeres de la zona para la defensa de sus derechos.

Impulsó la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades y logró junto con otras organizaciones crear la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.

RESPUESTA LEGISLATIVA

El 29 de abril de 2009 la Cámara de diputados informó que en los próximos días quedará integrado el grupo de trabajo que dará seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 27 de abril en la región triqui de Oaxaca.

El grupo legislativo plural comenzará con las tareas de coadyuvancia “que permitan restablecer el estado de derecho, la concordia y la paz social entre los habitantes de la región”.

El grupo, que también trabajará en el estado de Guerrero, donde ha escalado la violencia, estará integrado por 10 diputados: dos del PRI; dos del PAN; dos del PRD; uno más de cada uno de los restantes grupos parlamentarios con representación en la Cámara, y que sean representantes u originarios de los estados de Oaxaca o Guerrero.

Las labores del grupo estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2012 y deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

HISTORIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES TRIQUI

La violencia contra las mujeres del pueblo triqui, ubicado en la parte más occidental de la entidad, y una de las más marginadas, no es nueva.

Un recuento de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), subraya que en 1978 se instaló en San Juan Copala un retén militar, lo que resultó en mayor violencia contra las familias que carecían de poder político, y en violaciones sexuales a las mujeres triquis, quienes no denunciaban por temor a ser rechazadas por sus familias o esposos.

De esta época, se tienen documentadas las violaciones a 14 mujeres. Posteriormente se supo que otras nueve mujeres de Santa Cruz Tilapa que fueron detenidas por militares y se les torturó e hizo confesar delitos que no cometieron. .

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