Ponencia presentada por el Lic. Eduardo Miranda Esquivel1, en el Foro de Mujeres Trabajadoras por la Equidad de Género en el Ámbito Laboral, organizado por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social (DGTPS)2, del Gobierno del Distrito Federal (GDF), el 28 de octubre de 2010, en la ciudad de México, Distrito Federal.
El gobierno federal y su aplicado Secretario del Trabajo no ceden en su propósito de llevar a cabo una reforma laboral que flexibilice las condiciones de trabajo e inutilice la fuerza sindical democrática, para facilitar la inversión extranjera y las ganancias de los grandes patrones y grupos monopólicos del país, como lo acreditan el discurso presidencial del cuarto informe de gobierno, rendido el pasado 2 de septiembre, al presentar un balance de resultados de los 10 puntos “para transformar a México de fondo”, en el que se insiste en que la reforma laboral “es una prioridad”, así como, con las recientes declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)3, quien ha afirmado categóricamente que al “al país le urge una reforma laboral”, cuando lo que urge en nuestros días es que se cumpla la ley, particularmente los derechos humanos laborales previstos en el artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los convenios y tratados internacionales.
Intentan iniciar discusión sobre reforma laboral
En estos días de octubre, según la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y el titular de la STPS, se iniciaría el análisis para lograr una reforma laboral en México, que tendría como base de discusión, tres propuestas de iniciativa de reforma a la LFT, que presentaron en su orden, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo de los Cobos; el diputado y líder sindical Francisco Hernández Juárez, a título personal como legislador adscrito al Partido de la Revolución Democrática (PRD); y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Amador Monroy Estrada4, respectivamente en marzo, abril y octubre de este año, con el objeto, según el titular de la STPS5, de modificar y crear una nueva regulación legal para “estimular la competitividad y la productividad” y “modernizar las juntas locales de locales de Conciliación y Arbitraje” para “mejorar la atención e impartición de la justicia laboral, pero el tiempo pasa y no logran concretar sus intenciones.
Difícil pero posible la imposición de la reforma
En la recta final del 2010 las condiciones para imponer la reforma laboral son favorables al gobierno porque éste ha intensificado su campaña para convencer a la población de las bondades de la misma, acelerando los acuerdos de cúpula y diezmando las protestas y la acción sindical independiente, pero el escenario nacional de crisis les presenta un panorama difícil para lograrlo, así como también, por el calentamiento político electoral rumbo al 2012 y la oposición de algunas directivas sindicales, incluidas las del Congreso del Trabajo (CT), varios sectores del PRI y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), así como, de instancias empresariales, lo cual hace prever que al gobierno le será difícil pero posible la imposición de la reforma en el actual periodo de sesiones del Congreso, por ello, las y los trabajadores, pequeños y medios empresarios y fuerzas progresistas debemos intensificar nuestra oposición a dicha reforma, por ser perjudicial a los derechos adquiridos, exigiendo que se cumpla la legislación actual.
Nociva una reforma laboral en condiciones de crisis
El actual sistema económico nacional, dependiente del exterior, con atrasos y enormes desigualdades, está agonizante por causas estructurales propias y debido a la crisis mundial, sin que las políticas públicas actuales avizoren una recuperación como falsamente lo ha sostenido el gobierno federal, quien le sigue apostando a proteger los intereses de los grupos dominantes y a la estabilidad macroeconómica, en detrimento de la productividad, el empleo y el consumo popular, que se encuentran fuertemente impactados por el clima de inseguridad y violencia que vive el país. Con este modelo, no existe opción a corto plazo, de satisfacer las necesidades sociales y si por el contrario, la calidad de vida sigue cayendo en 2010, como lo muestran los índices de Transparencia Internacional, al reprobarnos en corrupción con una calificación de 3.1 en una escala del uno al diez, para ocupar el lugar 98 de 178 naciones analizadas; bajar cuatro posiciones en la medición del nivel de prosperidad de ingresos, al pasar del sitio 49 al 53, entre 110 países, según el Instituto Legatum del Reino Unido; y, al descender del quinto al séptimo lugar en el Índice de Desarrollo Democrático en América Latina, pasando del lugar 72 al 98, de acuerdo con la Fundación Alemana Konrad Adenauer6. Es decir que México, con el PAN, es menos próspero, menos democrático y más corrupto, por lo que una reforma laboral en estas condiciones sería nociva y un caldo de cultivo para generar mayor pobreza, desempleo y corrupción en el país.
Reforma laboral afectaría por igual a hombres que mujeres
Aunque la situación de crisis, falta de bienestar y descomposición política afecta a las y los trabajadores en general, cabe señalar que sus repercusiones son mayores en las mujeres que en los hombres, ya que con la recesión se ha dado en los últimos años una incorporación masiva de las mujeres en los procesos laborales, sobre todo en las grandes ciudades y en el sector terciario de la economía, aumentando la ocupación femenina y con ello el desempleo y la informalidad en el empleo, es decir, que el género femenino7 se debate entre el desempleo, subempleo y la precarización de sus condiciones de trabajo y de vida, lo cual aumenta también con la falta y cierre de centros de trabajo, despidos, ausencia de salarios suficientes y altos costos de la canasta básica de alimentos, pero sobre todo, por su condición social de subordinación y segregación al ser objeto de todo tipo de abusos y excesos, desde discriminación hasta agresiones y acoso sexual, sumados a su condición de doble o triple explotación en algunos sectores o casos, no obstante, la reforma laboral afectaría por igual a hombres y mujeres, ya que no busca, al menos la del PAN, remediar ésta situación, particularmente el caso de cerca de 2 millones de trabajadoras domésticas remuneradas o empleadas del hogar y si en cambio, no se aplica la ley actual en lo que les favorece.
Pobreza y desempleo en la población femenina
Dos temas relevantes de la agenda nacional fueron soslayados por el pasado cuarto informe presidencial, que son los de pobreza, que en alguna de sus formas abarca casi al 80 por ciento de la población total del país que al II Trimestre de 2010 de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es de un total de 108 millones 298 mil 131 personas8; y, desempleo, en condiciones en las que ya existen cerca de 3 millones de desempleados9, con una tasa de desocupación igual entre hombres y mujeres de 5.7 por ciento en septiembre de 2010, no obstante que las mujeres están menos ocupadas que los hombres. A lo que habría que agregarle que cerca de 4 millones de personas más están en el subempleo y 12.8 millones se encuentran en la informalidad. De los 44.6 millones de personas que constituyen la PEA ocupada, al II Trimestre de 2010, casi la mitad gana entre 1 y 3 salarios mínimos, 4 millones no reciben salario alguno y otros 4 millones más solamente ganan un salario mínimo, es decir viven con 57.46 pesos al día. Esta es la cruda realidad que no se dijo en el informe y que afecta principalmente a las mujeres, quienes además reciben un salario promedio inferior en un 10 por ciento respecto del de los hombres por trabajo igual y en algunos casos trabajan sin remuneración, solamente por propinas, además de que la gran mayoría realiza trabajo en el hogar sin retribución alguna.
Política laboral con enfoque de género, posible sin una reforma laboral
Los derechos de las y los trabajadores deben defenderse y ampliarse, pero para ello, no es prudente hacerlo a través de la reforma laboral que se nos ofrece, sino buscar mecanismos que permitan, desde la esfera de los poderes públicos y organismos de justicia y autónomos, establecer una política laboral democrática hacia las mujeres, que promueva la erradicación de la violencia y su discriminación; que consolide el pleno uso de sus derechos; instituya la perspectiva de género como criterio fundamental en la formulación y ejecución de las políticas públicas; y, que garantice su acceso a los beneficios del desarrollo económico, promoviendo la igualdad y equidad en el trabajo, mejores salarios y la capacitación necesaria, para alcanzar mejores puestos o bien dedicarse a actividades empresariales, particularmente en el ámbito de la economía social y cooperativa, en lo que nosotros hemos denominado democracia económica con enfoque de género, al considerar que una política laboral con enfoque de género es posible, sin una reforma laboral engañosa y que quebrantaría los derechos de todos y todas. Esta posibilidad la brinda el marco legal constitucional, la misma LFT y los tratados y convenios internacionales, y legislaciones locales como la del Distrito Federal (DF)10
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