10/29/2010

Los signos




Luis Javier Garrido






El fracaso estrepitoso de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón está movilizando a amplios sectores del país para lograr un cambio radical de la estrategia oficial en materia de seguridad nacional.

1. La escalada de la violencia en el cuarto año de la experiencia gubernamental de Felipe Calderón ha colmado a los mexicanos, pero en particular a los sectores empresariales, nacionales y extranjeros, que en 2006 respaldaron la estrategia que desde Washington se impuso al nuevo gobierno panista –en el marco de la crisis de ilegitimidad en la que asumió ilegalmente el poder–, asumiendo entonces la tesis absurda de que con las fuerzas armadas imponiendo el orden y amedrentando a los mexicanos florecerían los negocios.

2. La evaluación que se está haciendo en todos los sectores del fracaso de las políticas de seguridad nacional de Felipe Calderón, y en particular en los círculos del capital privado, está constituyendo una condena absoluta al gobierno panista de ultraderecha, que es visto como un lastre para el país y también para sus intereses, por lo que se sostiene cada vez más la tesis de que es imprescindible rectificar las actuales políticas de seguridad nacional e impedir a toda costa que los panistas sigan en el gobierno en 2012.

3. El baño de sangre al que Calderón y sus colaboradores han llevado al país es calificado cada vez más como una responsabilidad suya, por lo que muchos no dudan ya en calificarlos como un gobierno genocida, lo que ellos están confirmando con sus actos. Tras las últimas matanzas del 22 en Ciudad Juárez (14 muertos, todos jóvenes), del 23 en Tijuana (13 muertos), del 27 en Tepic (16 muertos) y de ayer en el Distrito Federal (seis muertos), José Francisco Blake (titular de Gobernación) no tuvo más respuesta que sostener que el gobierno panista no ha hecho más que reafirmar la autoridad del Estado y que tiene y promueve la cultura de la legalidad, cuando todo el país sabe que el gobierno de Calderón pisotea y viola todos los días la Constitución y las leyes de la República, en particular con su guerra contra el narcotráfico, y que su única cultura es la del autoritarismo presidencialista.

4. La paradoja de lo que acontece es que mientras el gobierno de Felipe Calderón se halla empeñado en una campaña ridícula de autoelogio en los medios (que no se sabe si él mismo y sus allegados la creen), pretendiendo que la economía va mejor, que las necesidades sociales de los mexicanos están cada vez más satisfechas y que su gobierno va ganando la guerra contra el crimen organizado, desde aquí y desde el exterior se le dice que no es así. La inconformidad social no deja de aumentar en el país y la militarización de amplias regiones no ha logrado amedrentar al pueblo pobre de México, pero los únicos que no parecen darse cuenta de ello son quienes están haciendo como que gobiernan. Los indicadores internacionales señalan a México como un país cada vez más injusto y corrupto.

5. El fracaso de la “guerra contra el narco”, si es que ésta alguna vez existió (y ha sido otra cosa que la evidente tentativa de las agencias estadunidenses por reordenar el mercado), es manifiesto tan sólo con las cifras sobre el incremento de la producción y del consumo que se ha producido en México en estos cuatro años, junto con el saldo de más de 30 mil muertos y con un factor nuevo que ahora empieza a ser denunciado: la penetración en nuestro país de cárteles rusos, chinos y colombianos, que actúan libremente en nuestro país.

6. La utilización que ha intentado hacer Felipe Calderón de la supuesta “guerra contra el narco” como arma política para hacer prevalecer al PAN, al acusar a políticos de otros partidos (PRI o PRD) e incluso del suyo propio (los foxistas) de colusión con los cárteles, no ha tenido tampoco éxito. Desde el michoacanazo hasta la campaña permanente en los medios para hacer creer que sólo Acción Nacional tiene la honestidad y el know how para dirigir esta guerra, que según él debe ser a largo plazo, ha fracasado por completo porque los mexicanos no creen en la honestidad ni en la capacidad del gobierno panista, y advierten cada vez con mayor claridad que las políticas de seguridad nacional no han servido más que como instrumento de manipulación del pueblo.

7. La insistencia con la que los funcionarios calderonistas, a pesar de su nula credibilidad, pretenden sin embargo vender al exterior –en especial a Estados Unidos– la tesis de que sólo un gobierno que sea heredero del suyo puede enfrentar el crimen organizado, no hace más que enrarecer aún más el ambiente, ya turbio por tantos crímenes, atribuidos sin pruebas al narco, y que no han sido esclarecidos. El hecho no aclarado de que empiecen a producirse en el Distrito Federal, de manera sospechosa, el mismo tipo de matanzas cometidas en el norte del país, no parece fortuito y confirma la tesis de múltiples analistas, quienes han sugerido que los grupos paramilitares del gobierno pueden estar atrás de estos hechos sangrientos.

8. La pretensión, en fin, de Calderón y de la ultraderecha mexicana de crear un nuevo marco constitucional y legal en el país, semejante al que se impuso a Colombia en estos años de lucha contra la guerrilla, para hacer viable el papel policial y político de las fuerzas armadas en un escenario de impunidad y de suspensión de hecho de las garantías individuales, no parece tener tampoco viabilidad alguna por la oposición de muchos priístas en el Congreso al que es un proyecto abiertamente fascista, por mucho que algunos hayan avalado el primer paso que se dio en esa dirección con la aprobación de las anticonstitucionales políticas panistas de mando único, que están tratando de implantarse y son absolutamente violatorias de la autonomía de municipios y estados, sin olvidar que crean las condiciones para una mayor penetración de los cárteles en los aparatos de seguridad del Estado.

9. El afán de Calderón de congraciarse con los sectores más conservadores de Estados Unidos al intensificar el escenario de violencia en México en este cuarto año de su desastroso gobierno tampoco le está redituando allá en términos políticos. Para los grupos más derechistas del país vecino, México ya está considerado un Estado fallido y los cárteles son según ellos organizaciones terroristas, lo que le da a su juicio a Estados Unidos la prerrogativa de intervenir militarmente en nuestro país en defensa de sus intereses estratégicos. La secretaria de Estado Hillary Clinton insistió el sábado 16 en que los cárteles mexicanos están organizados como paramilitares, y el jueves 21 la Casa Blanca ordenó a seis agencias desplegar sus asesores de inteligencia en Ciudad Juárez (Milenio Diario, 22 de octubre). Las campañas de los candidatos del Tea Party en vistas a las cruciales elecciones legislativas y de gobernadores del martes 2 han evidenciado por lo mismo un desprecio de esa corriente ultraconservadora a Calderón, a quien, según su propaganda, ven como un político inepto hundido en un escenario de corrupción, en contra de lo que esperaban los aprendices de brujos de Los Pinos.

10. La “guerra contra el narco” de Calderón ha conducido a un fortalecimiento de los cárteles y a un incremento de la violencia y de la producción y el consumo, pero también ha fracasado en alcanzar los objetivos panistas de amedrentar al pueblo, de distraer a los mexicanos de la instauración de nuevas medidas antipopulares y antinacionales, de redituarle políticamente a Acción Nacional y de garantizarle la elección de otro presidente panista en 2012, así como sus objetivos hacia el exterior, de congraciar a Calderón con la ultraderecha estadunidense y de mejorar la imagen de México y de su gobierno.

El éxito de esta guerra se halla en otro lado: ha propiciado que se comprometa aún más la soberanía nacional, que agentes del exterior operen en México y que nuestro país pueda ser un objetivo militar de Washington.

Terror criminal, terror oficial y valor civil

Víctor M. Quintana S.

El terror criminal, tres; el terror oficial, cero. Si pudiera traducirse en marcadores lo que en una sola semana sucedió en Chihuahua, así se expresaría. El crimen organizado sigue avanzando en su objetivo de asestar duros golpes al gobierno y la sociedad y de ganar posiciones en la mente de las personas. El terror se va convirtiendo en el estado de ánimo de los norteños.

Roto su monopolio sobre la violencia, así no sea legítima, la expresión local del Estado mexicano trata de lograr con el terror legalizado lo que no ha logrado por su ineficacia. Apenas el jueves 21 de octubre, el Congreso del estado de Chihuahua aprueba por unanimidad la iniciativa de cadena perpetua para los homicidas múltiples, extorsionadores y secuestradores. No valieron críticas fundamentadas ni señalamientos serios de que el único disuasor de la delincuencia no es la pena en sí, sino que el crimen tenga muy pocas posibilidades de quedar impune. La uniformidad campeó en todos los partidos, incluidos dos solitarios votos de quienes se supone representan a la izquierda.

Treinta y seis horas después, la reforma legal muere en la cuna, antes de ser publicada. Demostrando que ni leyes duras ni discursos oficiales bravucones los disuaden, una docena de sicarios, supuestamente de la banda Los Aztecas, penetra en una vivienda de la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez y asesina a 14 muchachos y muchachas, todos menores de 20 años, y hieren a varios más. Supuestamente los asesinos iban buscando a un narcomenudista de apodo El Ratón, perteneciente a la banda de los Artistas Asesinos, ligada al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

Chihuahua lleva dos años de masacre: durante el 2008, en Creel (13 muertos), en el bar Río Rosas de la capital (11 muertos). En 2009, en el centro de rehabilitación El Aliviane de Ciudad Juárez, (17 muertos); ahí mismo, en el centro de rehabilitación Anexo de Vida (10 muertos). En 2010, en enero, en Villas de Salvárcar, en Juárez (14 muertos); en junio, en el centro de rehabilitación Fe y Vida, en la capital (19 muertos); en junio, fuera del centro de rehabilitación Clínica Integral, en Juárez, (seis muertos). La inmensa mayoría de los ultimados son jóvenes. Nadie para el juvenicidio, no sólo en Chihuahua, también en Tijuana y Tamaulipas.

La constante en estas masacres es que, con el pretexto de ejecutar a alguien de un grupo rival, los criminales asesinan a una mayoría de gente inocente. Por eso queda muy claro que su objetivo es sembrar el terror en las mentes, sobre todo de policías y funcionarios del sistema de justicia. Terror que da resultados: apenas a principios de la semana pasada, el flamante fiscal general de Chihuahua se queja de que de 40 entrevistados sólo cuatro aceptaron formar parte del equipo de la recién creada fiscalía. Por su parte, la PGR declara que no cumple su compromiso de enviar más agentes del Ministerio Público a Juárez porque nadie acepta que lo cambien para allá.

El terror es también lo que explica que nadie haya aceptado hacerse cargo de la seguridad pública en el violento municipio de Práxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, más que la valerosa joven de 20 años, Marisol Valles. El acto de Marisol, no por simbólico, deja de tener alguna eficacia: convocar, hacer salir de su refugio a sus amedrentados conciudadanos, así sea para proteger su debilidad convertida súbitamente en fortaleza. Marca también una pista para la acción ciudadana: la solidificación de la comunidad en torno a un liderazgo valiente y fresco como primer paso para superar el terror.

Valor civil es el de la marcha médico-ciudadana en Juárez, el viernes 22. Pocas ramas profesionales tan golpeadas por la delincuencia como los servicios de salud: por las amenazas y agresiones a quienes atiendan heridos; por las extorsiones en consultorios, etcétera. Por eso desde el principio de este infierno, son las y los médicos uno de los grupos mejor organizados y más activos en pro de la paz. Se les unen muy diversas agrupaciones, y aunque su marcha no es lo multitudinaria que se quisiera, sirve para mostrar brotes de lucha y esperanza en este desierto de temor y de incertidumbre.

Valor civil también el de las organizaciones de la sociedad civil de Juárez y del DF que el lunes 25 denuncian a nivel nacional el juvenicidio y proponen una serie de nuevos caminos para proteger a esa acribillada ciudad fronteriza con todo y sus niños, niñas y jóvenes.

Si los diferentes niveles de gobierno pretenden continuar por la vía del monopolio del terror legítimo, en terror siempre les ganarán los otros. Lo que se requiere con urgencia es que la movilización civil se amplíe y se intensifique y que el gobierno escuche sus demandas y establezca pactos con ella para poner algo de luz en este interminable túnel.

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