Alejandro Encinas Rodríguez
Nadie puede negar el serio problema de abasto de medicamentos en el IMSS ni la profunda inconformidad de los derechohabientes por no gozar del abasto oportuno de las medicinas que requiere su tratamiento médico. Esta es una realidad urgente que hay que atender pues ningún trabajador que cotice a ese Instituto ni sus familias, deben quedar sin la adecuada atención médica y medicamentos de calidad.
Sin embargo la reforma, que se quiere imponer en el Congreso de la Unión para “resolver” este problema mediante la entrega de un vale canjeable en farmacias privadas, es una falsa solución, que además de generar mayores dificultades financieras y operativas en el propio Instituto; encubre un gran negocio a favor de las cadenas farmacéuticas e inicia la privatización de la institución más importante de seguridad social de nuestro país.
La iniciativa, conocida ya como la “Ley Simi”, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el “dictamen” no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica.
A lo que se suma el hecho de que el “dictamen” omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.
Y el segundo, el asunto de fondo que encubre esta iniciativa, es el gran negocio que se pretende desplegar a partir de la virtual renuncia del Estado mexicano a su obligación de garantizar la seguridad social; alentando la privatización de una institución precursora del Estado de bienestar y de los derechos sociales de los trabajadores, pues de aprobarse esta medida se creará un quebranto a las finanzas del IMSS, ya que si actualmente no hay recursos para garantizar en su totalidad el abasto de los medicamentos, al momento que se establezcan vales con un precio diferencial más alto, las finanzas del Instituto se verán comprometidas. Se estima que el IMSS deja de abastecer alrededor del 3% de las medicinas que receta.
Es decir, alrededor de un millón y medio cada año, lo que suma más de mil 500 millones de pesos. A lo que se incorporan los problemas de intermediación, comisiones y corrupción que crean un circulo vicioso, que dada la desigual estructura del mercado, concentrará en los grandes intermediarios y distribuidores, entre otros, los ligados a los propietarios de la franquicia del Partido Verde Ecologista de México, las que establecerán precios más altos que el que se obtiene en compras consolidadas, sin garantizar necesariamente la calidad y existencia de los medicamentos, en menoscabo de las finanzas del Instituto y la calidad de servicio a los derechohabientes.
Se pretende iniciar la privatización del IMSS, a partir de un acto flagrante de corrupción que alimenta el gran negocio que está detrás de esta medida: abrir la puerta a particulares no para mejorar el abasto de medicinas y los servicios de salud, sino para favorecer a los grupos económicos que han hecho de la salud un gran negocio; como ya sucede con el Seguro Popular, que a partir de sobreprecios desmedidos, transfiere mas del 60% de su presupuesto a los distribuidores privados.
Hoy son las medicinas, luego vendrán los vales para la consulta médica, mas adelante serán para la hospitalización externa, hasta dispensar los recursos a particulares y desmantelar al IMSS. Lejos de continuar por la senda privatizadora que ha mostrado su inviabilidad a lo largo de tres décadas, el Estado debería asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad social de los mexicanos, en lugar de continuar debilitando y desmantelando las instituciones públicas, únicas capaces de atemperar la profunda desigualdad que prevalece en el país.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
Sin embargo la reforma, que se quiere imponer en el Congreso de la Unión para “resolver” este problema mediante la entrega de un vale canjeable en farmacias privadas, es una falsa solución, que además de generar mayores dificultades financieras y operativas en el propio Instituto; encubre un gran negocio a favor de las cadenas farmacéuticas e inicia la privatización de la institución más importante de seguridad social de nuestro país.
La iniciativa, conocida ya como la “Ley Simi”, presenta dos problemas: uno, derivado del desaseo en el proceso de presentación del dictamen, el 28 de abril del 2010, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, ya que no se cumplió con el procedimiento legislativo regular. Pues el “dictamen” no se discutió y aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social, sino que el diputado promovente recogió firmas de los integrantes de la Comisión sin que mediara la instalación y acuerdo formal de la misma, por lo que de origen carece de validez jurídica.
A lo que se suma el hecho de que el “dictamen” omitió la opinión de la Comisión de Salud y el análisis de su soporte presupuestal, pues como lo disponen las normas del Congreso, toda reforma legal que implique modificaciones en el ejercicio del gasto, debe contar con la valoración de la Comisión de Presupuesto.
Y el segundo, el asunto de fondo que encubre esta iniciativa, es el gran negocio que se pretende desplegar a partir de la virtual renuncia del Estado mexicano a su obligación de garantizar la seguridad social; alentando la privatización de una institución precursora del Estado de bienestar y de los derechos sociales de los trabajadores, pues de aprobarse esta medida se creará un quebranto a las finanzas del IMSS, ya que si actualmente no hay recursos para garantizar en su totalidad el abasto de los medicamentos, al momento que se establezcan vales con un precio diferencial más alto, las finanzas del Instituto se verán comprometidas. Se estima que el IMSS deja de abastecer alrededor del 3% de las medicinas que receta.
Es decir, alrededor de un millón y medio cada año, lo que suma más de mil 500 millones de pesos. A lo que se incorporan los problemas de intermediación, comisiones y corrupción que crean un circulo vicioso, que dada la desigual estructura del mercado, concentrará en los grandes intermediarios y distribuidores, entre otros, los ligados a los propietarios de la franquicia del Partido Verde Ecologista de México, las que establecerán precios más altos que el que se obtiene en compras consolidadas, sin garantizar necesariamente la calidad y existencia de los medicamentos, en menoscabo de las finanzas del Instituto y la calidad de servicio a los derechohabientes.
Se pretende iniciar la privatización del IMSS, a partir de un acto flagrante de corrupción que alimenta el gran negocio que está detrás de esta medida: abrir la puerta a particulares no para mejorar el abasto de medicinas y los servicios de salud, sino para favorecer a los grupos económicos que han hecho de la salud un gran negocio; como ya sucede con el Seguro Popular, que a partir de sobreprecios desmedidos, transfiere mas del 60% de su presupuesto a los distribuidores privados.
Hoy son las medicinas, luego vendrán los vales para la consulta médica, mas adelante serán para la hospitalización externa, hasta dispensar los recursos a particulares y desmantelar al IMSS. Lejos de continuar por la senda privatizadora que ha mostrado su inviabilidad a lo largo de tres décadas, el Estado debería asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad social de los mexicanos, en lugar de continuar debilitando y desmantelando las instituciones públicas, únicas capaces de atemperar la profunda desigualdad que prevalece en el país.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD
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