La realización de este derecho es además indispensable para la reproducción de la vida y el disfrute y ejercicio del resto de los derechos humanos. Sobre este aspecto, el relator expresó su preocupación, porque en México 18.2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza alimentaria. Además, las diferencias entre las áreas urbanas y rurales, y entre las entidades del norte, sur y centro del país, dan cuenta de que aún existe un problema de desigualdad regional importante. Indicó asimismo que no se está cumpliendo el mandato constitucional de un salario mínimo suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, pues aquel representa apenas 25 por ciento de lo que un trabajador o trabajadora requieren para subsistir.
Por otra parte, el relator manifestó que la desnutrición y anemia requieren de atención, pero subrayó que existe un estado de emergencia debido a los problemas de sobrepeso y obesidad que afectan a 35 millones de mexicanos; es decir, siete de cada 10. Frente a esto, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria resulta insuficiente, pues no es un instrumento vinculante de las políticas públicas, y tampoco ha tenido eco en el ámbito legislativo, donde la regulación para controlar la venta de alimentos chatarra
en tiendas o cooperativas escolares fue elaborada con bastante laxitud, gracias a la presión de las empresas procesadoras de alimentos. Para su cumplimiento, el derecho a la alimentación requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, orientadas a la erradicación de la pobreza y el hambre.
En este sentido, el relator fue muy claro al exponer que es necesario mejorar la coordinación entre las instancias gubernamentales y entre los diferentes niveles de gobierno, pues hay inconsistencia entre las políticas sectoriales implementadas en México.
Se detectó además que hay programas agrícolas que benefician a unos pocos agricultores, lo que aumenta la desigualdad en las áreas rurales. Y destacó que las políticas agrícolas favorecen a los estados, municipios y productores locales más ricos. “En 2005 –expresó–, los estados más pobres recibieron sólo 7 por ciento del gasto público agrícola, a pesar de que en ellos había 55 por ciento de la población en pobreza extrema”.
La alimentación debe ser también adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas, ser sustentable y no poner en riesgo la salud de las personas. Sobre estas características, cabe destacar dos de las preocupaciones del relator: la siembra de semillas transgénicas y los megaproyectos. Respecto del cultivo de transgénicos, De Schutter, consciente de la importancia del maíz para la cultura mexicana, reconoció que el cultivo de maíz transgénico plantea graves riesgos a la diversidad nativa de esta semilla. Y, por ello, otra de sus recomendaciones al Estado mexicano fue el regresar cuanto antes a la moratoria de pruebas de campo y cultivo comercial de ese producto, con el fin de proteger la biodiversidad del maíz en su país de origen.
En cuanto a los megaproyectos, el relator externó su preocupación por los despojos causados por los grandes proyectos de desarrollo
. En su visita a Temacapulín, Jalisco, donde la comunidad ha resistido durante seis años a la construcción de la presa El Zapotillo, el relator escuchó los reclamos de las personas, a propósito de que 1) la comunidad de 400 habitantes no fue consultada; 2) el proyecto implica inundar la zona, y por tanto desaparecerla; 3) no hay un pago justo por sus tierras; 4) existen amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades, y 5) se pierde un modo de vida, pues la comunidad vive sobre todo de la agricultura.
El relator expresó que la realización de megaproyectos que afectan de tal modo la vida de una comunidad deben ser repensados por las autoridades. Y recordó que el Estado está obligado a respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos, y por tanto a no amenazar u hostigar a las defensoras y defensores.
Los alimentos deben estar además disponibles mediante la explotación de la tierra productiva o por medio de sistemas de distribución, elaboración y comercialización. En torno a lo anterior, De Schutter considera que el Estado mexicano impulsó una especie de segunda reforma agraria
para apoyar al campo ante la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mediante programas de apoyo a la producción agrícola y a la comercialización de alimentos.
Sin embargo, recomendó emprender ahora una tercera reforma que incluya una reorientación del gasto público agrícola, para proveer de créditos, servicios financieros y orientación tecnológica a los pobres y pequeños productores. Mencionó igualmente como un avance la reforma constitucional reciente, que reconoce el derecho a la alimentación, aunque aún falta su aprobación por las legislaturas locales y su promulgación.
A lo que hay que sumar también la recomendación de elaborar enseguida una ley marco que impulse una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación. Será importante mantenernos al pendiente de la presentación oficial del informe del relator a finales de este año, y no dejar de insistir en que la reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación y la ley respectiva se concreten lo antes posible.
violencia y Felipe Calderón con otro acto de trascendencia nacional, el diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal en San Andrés S’akamchen de los Pobres. Las condiciones actuales son muy distintas a 1996, y sin embargo de ambos diálogos se desprenden dos aprendizajes que vale la pena resaltar.El primero, la gran distancia del gobierno y la esfera de la política oficial frente a las experiencias y los reclamos de la población. En San Andrés, el gran esfuerzo que el EZLN y sus asesores le dedicaron a hablar, interpretar y traducir la realidad de los pueblos originarios, sensibilizó a una sociedad que había olvidado a los pueblos indígenas, pero el gobierno se mostró incapaz de escuchar, renuente a ver al otro como igual, con tal perfidia que aún no se cumplen los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas.
Esa misma intransigencia reflejó la mirada de Felipe Calderón en Chapultepec, que hizo del dolor un informe de gobierno, que convirtió preguntas legítimas en un simulacro de rendición de cuentas, que respondió a la exigencia de justicia justificando el ataque frontal contra el crimen organizado y eludiendo los reclamos legítimos de las víctimas al echarle la culpa a agentes estatales y municipales o a gobiernos del pasado. Reiteró que la estrategia de guerra no es negociable.
El intercambio que mejor evidenció lo imposible del encuentro se dio entre Calderón y Salvador Campanur, de Cherán, Michoacán, pueblo que desde hace meses se protege y protege sus bosques de la tala de árboles por parte del crimen organizado, con mecanismos de autodefensa propios de los pueblos purépechas. Salvador describió la situación actual como parte de una larga política de exterminio, que si bien ahora llega al clímax porque el crimen organizado está pelando la montaña al grado de dejarla irreconocible, tiene una larga historia de represión, racismo y saqueo por parte de empresarios, paramilitares y políticos porque, a la agresión del Estado y sus cuerpos represivos, se suma una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia
.
La emergencia que vive su pueblo y la mayoría de los pueblos indígenas en el país tiene que ver con la sobrevivencia de la gente, con un peligro inminente a perder la vida humana y la vida social y cultural de sus comunidades. Frente a la compleja realidad dibujada por Salvador, la estrategia mediática del Presidente fue responder en purépecha que juntos trabajaremos para resolver el problema
y enfatizar que también le preocupan muchos los bosques de su tierra natal, por eso ha peleado por fortalecer a la policía forestal
.
Si el simulacro del gobierno para entablar un diálogo es una dura lección, hay otro aprendizaje que nos llena de nuevo aliento: la capacidad de la sociedad civil de crear espacios de diálogo donde emergen lenguajes novedosos y dinámicos que permiten imaginar otras formas de actuar, otros caminos y futuros posibles. En San Andrés la burla al diálogo
por parte de los representantes del gobierno contrastó con las dinámicas entre el equipo de asesores del EZLN y debates en los encuentros de la sociedad civil. En Chapultepec, las intervenciones de las y los portavoces de miles de víctimas de esta guerra apuntaron hacia otro vocabulario, arma necesaria para buscar salidas a este aparente callejón del encierro. Aportaron letras nuevas al alfabeto social.
Separaron lo admisible de lo inadmisible. Expusieron enfáticamente que son ellos, las familias agraviadas de las víctimas, quienes se plantan dignamente ante los criminales y ante la omisión y colusión de las autoridades para declarar ya no queremos más muertes
. Expresaron lo que consideran adecuado y lo que es inadecuado. Fueron ellos y los que nos sumamos al reclamo quienes establecemos el criterio que distingue lo aceptable de lo inaceptable.
Julián LeBarón aportó otro elemento a la construcción de un nuevo sentido común, el reclamo por todas las víctimas: todos los muertos son nuestros, todos nos confrontan al fracaso del modelo social en el que sobrevivimos día a día. Ustedes nos dirán que esas víctimas son criminales, pero hay que ver quiénes fue
ron estas víctimas, dónde vivieron, bajo qué condiciones, en qué les fallamos. Vean bien nuestros rostros. Escuchen bien nuestras palabras. ¿Parecemos bajas colaterales, criminales?
Por último, las palabras de Norma Ledezma agregaron otro componente a este nuevo imaginario público, dotando de contenido la palabra justicia, al explicitar que no se puede construir la justicia sepultando el pasado
. La justicia se inicia con una afirmación colectiva que asume a todos los muertos como nuestros, establece un mandato, un ¡ya basta!, y afirma criterios para que lo que sucede simple y sencillamente no siga sucediendo. Este vocabulario, producto de los encuentros y diálogos entre víctimas, sirve como una plataforma inicial para asumir los retos que tenemos por delante.
Este texto fue elaborado mediante un proceso colectivo de la Red de Feminismos Descoloniales
c resulta histórica por al menos dos razones. La más importante es haber logrado poner a la sociedad civil a la altura que le corresponde, frente al Presidente de la República y sus colaboradores cercanos, en un diálogo directo en donde hombres y mujeres agraviados en forma directa por la pérdida de familiares, así como por el desdén, el maltrato generalizado y la falta de respuesta a sus demandas por parte de las autoridades, tuvieron la oportunidad de hacer públicas sus quejas ante la nación entera. La segunda reside en no dejar que las cosas terminaran allí, con simples promesas vagas, que se lleva el viento, como tantas otras de las cuales hemos sido testigos.Por su valor simbólico, la acción de Sicilia de colocar un escapulario en el pecho del Presidente, como un señalamiento de la deuda y responsabilidad ineludible ante la nación, me pareció un acto magistral de su parte.
No existen precedentes de diálogo similar alguno, en toda la historia de nuestra nación. Ello tendrá consecuencias imprevisibles y desde luego positivas, mostrando el camino a seguir, para no dejarle al gobierno otra alternativa que el diálogo con el pueblo, como un diálogo entre iguales. Es claro que al Presidente no le quedaba otra alternativa, pues la simpatía popular hacia su persona era cada día más baja, con riesgos serios de no poder concluir su mandato o de llegar al final en condiciones verdaderamente lamentables. Su manejo de la reunión ha sido con mucho su mejor acierto desde que asumió la Presidencia.
Eso, desde luego, no lo exime de la responsabilidad y los cargos que habrán de pesar sobre él, seguramente más graves que los incurridos por ningún otro presidente de la República, Díaz Ordaz incluido. Su posición refractaria de mantener sus políticas, haciendo a un lado todos los argumentos que se le plantearon, ignora que los hoy 40 mil muertos, que serán desgraciadamente muchos miles más al final de su administración, y todavía más, en los meses y quizás años siguientes, terminarán siendo su responsabilidad ética y legal.
Su argumento de que no podía esperar a arreglar los aspectos de corrupción que privan en todos los ámbitos del gobierno y de manera más precisa en su gobierno
, para iniciar la lucha frontal con los delincuentes, presenta dos errores centrales. El primero radica en que al incrementar radicalmente los recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la guerra contra el narcotráfico (el Presidente se ufana de haber incrementado más de seis veces esos recursos), el resultado neto fue llevar a una cantidad importante de jóvenes a un escenario para el cual, simplemente, no estaban preparados ni técnica ni emocionalmente, mucho menos éticamente, y que al pasar a formar parte de ese escenario se percataron de que los componentes de ambos bandos eran igualmente violentos y difíciles de distinguir en cuanto a sus métodos, valores y objetivos, optando por sumarse al caos en cualquiera de los dos grupos y en buena parte de los casos, en ambos al mismo tiempo. ¿Cómo explicar de otra manera el comportamiento de cientos de policías municipales, estatales y federales involucrados en hechos delictivos? ¿Cómo ignorar la participación y complicidad de los agentes de migración, en la desaparición y muerte de cientos de centroamericanos asesinados con niveles de brutalidad que recuerdan los campos de exterminio nazi? ¿Cómo hacer a un lado la capacidad de organización militar de algunos de los grupos más violentos del crimen organizado, en Michoacán, en Tamaulipas, en Durango, en Chihuahua y en Nuevo León? Esto es lo que el Presidente pretende minimizar o hacer a un lado, buscando culpables en donde no están.
El segundo error en la argumentación del Presidente tiene que ver con la impunidad, la cual ciertamente ha existido de tiempo atrás, en los gobiernos que lo antecedieron, pero cuyos efectos se magnifican cuando se pretende pasar a un estado de guerra, como el definido por él, pues entonces la impunidad convierte al país en un escenario caótico, porque la justicia pierde su razón de ser, haciendo éticamente indistinguibles a los gángsters que cobran cuotas a la población como tributo de guerra y al Estado con sus mecanismos de impunidad al servicio de los poderosos.
Cuando un presidente permite, como en este caso, que su secretario de Gobernación maneje cadenas de negocios concesionados por el gobierno, a partir de instrucciones giradas por ese mismo funcionario, o cuando un presidente impide que la familia de su antecesor goce de impunidad total, no obstante la multiplicidad de los delitos cometidos al amparo del poder y denunciados ante la justicia y la opinión pública, y esa impunidad es exhibida como pago por los servicios personales y el apoyo para lograr imponer su ascenso al poder, lo último que él puede hacer es convocar a una guerra y poner en manos de sus colaboradores recursos de carácter violento suponiendo que éstos los van utilizar de manera correcta. Mientras los países se construyen desde abajo por sus ciudadanos y organizaciones sociales, la corrupción se genera desde arriba, por los ejemplos de sus gobernantes, eso es lo que el Presidente se ha negado a aceptar.
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