1/17/2013

Proponen cárcel por deuda estatal; PAN prepara reforma contra crisis locales



El año pasado, 24 estados concretaron 56 préstamos; en municipios, destacan casos de Cuernavaca y Acapulco

Redacción
17/01/2013 03:01:49

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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero.- El PAN presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa en la que se pide incluir en el Código Penal Federal a los gobernadores y alcaldes para que sean castigados hasta con 12 años de cárcel y hasta con 12 años de inhabilitación en caso de que endeuden de manera irresponsable sus estados y municipios.
En el proyecto presentado por la senadora Mariana Gómez del Campo se documenta que durante el año pasado 24 entidades federativas del país gestionaron y obtuvieron 56 préstamos.
Destaca el caso de Quintana Roo, que pidió diez préstamos en ocho meses; en municipios, el proyecto menciona a Acapulco y Cuernavaca, que dijeron estar en el Buró de Crédito.
En tanto, en Puebla, en el marco de la construcción de su agenda legislativa, el senador panista Ernesto Cordero afirmó que la reforma fiscal debe implicar meter en orden las finanzas de los gobiernos locales que no recaudan nada, están sobre endeudados y son un riesgo en el país.
Por el contrario, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, aseguró que no es un problema generalizado los gobiernos locales que no pueden cumplir con sus compromisos, por lo que descartó que provoquen una crisis.
Michoacán, caso aparte, descartó solicitar un rescate de la Federación al informar ayer que es estable su situación.
Piden cárcel si estados se sobregiran
El PAN plantea penas de hasta 12 años de prisión para funcionarios que endeuden a gobiernos sin justificación.
Castigos de carácter penal propuso el PAN en el Congreso para los funcionarios que endeuden de manera irresponsable a estados y municipios, al advertir que el problema involucró en 2012 a 24 entidades, cuyos gobiernos locales gestionaron en suma 56 préstamos, mismos que fueron concretados.
Para tal efecto, se busca que en el artículo 122 del Código Penal Federal, denominado “Del uso indebido de atribuciones y facultades”, se incluya a los alcaldes como sujetos de acción punitiva.
La redacción plantea que los presidentes municipales que incurran en endeudamientos al margen de los parámetros financieros deseables “serán sancionados con pena de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Se trata de sanciones  que actualmente ya se prevén en el artículo 217 de dicho código. Con estas modificaciones, el PAN pretende combatir el problema del sobreendeudamiento con la penalización del mismo, mediante la tipificación de esa conducta.
Acción Nacional presentó ayer esta propuesta con la expectativa de que “ningún funcionario público de cualquier orden de gobierno pueda sobreendeudar a sus entidades u organismos irresponsablemente, sin asumir consecuencias de derecho que resulten ejemplares e inhibitorias”.
En la propuesta se argumenta que el país requiere evitar que los estados, los municipios y la Federación “se endeuden en cuestiones que no generen desarrollo sustentable”, una práctica que se ha traducido “en pasivos insostenibles e injustos para las siguientes generaciones”.
La senadora Mariana Gómez del Campo presentó ayer en la sesión de la Comisión Permanente la iniciativa, bajo el reconocimiento de que las medidas de carácter fiscal resultan insuficientes para evitar y limitar el sobreendeudamiento público de los estados y municipios.
Acción Nacional se pronunció por establecer “disposiciones punitivas de carácter penal que busquen inhibir y castigar severamente estas prácticas” por parte de quienes tienen a su cargo la utilización del erario.
Estado por estado
En el proyecto se reveló que el año pasado el mayor número de préstamos se presentó en Quintana Roo y Veracruz, “pero las deudas más escandalosas fueron las adquiridas por los estados de Chiapas y Coahuila”.
Y se ofrecen detalles: Quintana Roo pidió 10 préstamos en ocho meses; Veracruz formuló ocho en menos de un semestre, y Nayarit pactó cinco deudas en seis meses.
Baja California, Nuevo León y Oaxaca gestionaron cuatro préstamos respectivamente; Chihua-hua y Sonora concretaron tres; Hidalgo y Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Campeche y Tabasco obtuvieron dos cada uno.
Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Zacatecas gestionaron respectivamente uno cada uno.
Se destaca en la iniciativa el caso de Coahuila, ventilado en 2011, cuando se reveló que  la administración de Humberto Moreira había incrementado la deuda de 350 millones de pesos a más 33 mil millones.
Apenas este primer mes del año, se enfatiza en la propuesta, el Congreso estatal autorizó al gobierno de Rubén Moreira una deuda de 950 millones de pesos para proyectos de infraestructura.
En cuanto a Chiapas, se puntualiza que en octubre de 2012, el Congreso local autorizó al gobernador saliente, Juan Sabines, un préstamo de 3 mil 870 millones de pesos, que sumados a los 26 mil 972 millones de pesos de deuda vigente y a un déficit de casi 10 mil millones de pesos, arrojan un pasivo total de casi 40 mil millones de pesos.
Mientras en Michoacán, el gobierno del priista Fausto Vallejo denunció que su antecesor, Leonel Godoy, había dejado una deuda de 38 mil millones de pesos. Sin embargo, el ex gobernador perredista había dicho que ese monto era de alrededore de 15 mil millones de pesos.
Se reseña la situación de Tabasco, donde a 48 días de dejar el cargo, el gobernador Andrés Granier envió al Congreso local una solicitud de préstamo por 4 mil 130 millones de pesos, con lo que la deuda del estado supera los 10 mil millones de pesos.
Alcaldía por alcaldía
En cuanto a municipios, se plantean los expedientes de Cuernavaca y Acapulco.
De la capital morelense destaca que se presentó un embargo en agosto pasado por un adeudo de 152 millones de pesos a una empresa de recolección de basura. “Esto sólo es parte de un adeudo de más de mil millones de pesos que dejó el edil priista de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós”.
Respecto a Acapulco, se recuerda que recientemente el alcalde Luis Walton acusó a su antecesor Manuel Añorve de dejar quebrado financieramente al municipio por más de 2 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 400% en dos años. Se precisa que, de acuerdo con  Añorve, la deuda que heredó era cercana a los 816 millones de pesos.
En la iniciativa se retoman las propuestas que el PAN ha presentado en la actual Legislatura para que en la ley se establezca que las deudas deberán cubrir diversos criterios financieros, montos y condiciones.
“Es importante que en esta reforma propuesta se observe el principio de equilibrio presupuestal, precisar que la deuda anual no exceda 0.5 por ciento del producto interno bruto estatal o municipal”.
También “que el total de los pasivos acumulados no rebase 7 por ciento de los ingresos locales y que las garantías se otorguen única y exclusivamente con recursos derivados de ingresos propios y los provenientes de las participaciones que reciben de la federación”, se enumeró en la propuesta.

Atan reforma hacendaria  a saneamiento estatal
Urgen a fortalecer la recaudación local.
La reforma hacendaria que necesita México pasa necesaria y forzosamente por meter al orden las finanzas de los estados y municipios, pues hay gobiernos locales que no recaudan nada, están sobreendeudados y “gastan de más”, advirtió el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo y resaltó la necesidad de fortalecer la capacidad recaudatoria de estas entidades.
“Es el primer paso. El problema estructural de México está en las finanzas públicas de los estados: recaudan muy poco, gastan de más, se sobreendeudan y bueno, ese problema lo estamos viviendo en muchos estados del país. Entonces, cualquier reforma hacendaria tiene que pasar necesariamente por redefinir las finanzas públicas estatales”.
Al hablar con los medios de comunicación, luego de correr tres kilómetros en el Ecoparque Metropolitano de la capital poblana, el también coordinador de la bancada panista en la Cámara Alta, sostuvo que en el caso de algún ajuste o no al IVA y otros impuestos, le tocará a la administración de Enrique Peña Nieto definir sus estrategias de gasto y determinar, en consecuencia, si requieren o no más impuestos.
“Ellos saben —anotaría— de qué tamaño son las necesidades para financiar su gasto; el gobierno tiene sus prioridades, habrá que esperar si ellos requieren más recursos”.
Minutos antes de iniciar los trabajos de la reunión plenaria de los senadores de Acción Nacional, para definir la agenda legislativa de frente al próximo periodo ordinario de sesiones, Cordero Arroyo sostuvo que correr es parte de su vida: “Corro desde chico, siempre para adelante; para atrás no, porque luego uno se tropieza. Y no”, aunque admitió que este ejercicio es como la vida política “en donde hay altas y bajas”.
Insistido sobre los puntos a considerar dentro de una reforma hacendaria, dentro del Pacto por México; quien fuera secretario de Hacienda apuntó que si se hace un diagnóstico certero de la situación hacendaria del país “nos daremos cuenta que la debilidad está no en los impuestos federales, que por supuesto que pueden ser mejores y se puede mejorar la situación, todo se puede hacer mejor, pero la gran debilidad estructural de las finanzas públicas en México está en las finanzas de los estados y los municipios que no recaudan casi nada”.
En esta cumbre privada participará el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, de quién se espera, anticipó Cordero, les revele el análisis de la situación económica nacional y global, así como los riesgos y virtudes que encarará nuestra nación en los próximos meses.
Al final, Cordero Arroyo apuntó que aunque “de buena fe” algunas voces han hecho expresiones incorrectas en el sentido de que todo funciona bien a partir del primero de diciembre pasado, cuando la economía, la infraestructura, la salud y la educación entre otros rubros se han fortalecido en los últimos doce años, de las administraciones panistas.
Crítica
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) criticó la deuda de estados y alcaldías.
Dijo que en cuanto a los débitos locales en muchos casos los recursos no se invirtieron en conceptos que corresponden a las funciones que les son propias, sino que se dilapidaron en gastos de dudoso destino.
El IMCP propuso el establecimiento de límites de endeudamiento en los estados y municipios, con la implementación de las reglas en materia de contabilidad gubernamental para frenar este problema en las entidades.
Téllez descarta una crisis por pasivos de entidades
 Los problemas de endeudamiento que enfrentan varias entidades no generarán una crisis financiera; además los estados que han emitido deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no tienen problemas para cumplir con sus pagos, afirmó Luis Téllez Kuenzler, presidente de la institución.
De acuerdo con Téllez, las entidades con problemas financieros son un número pequeño, por lo que no se trata de un problema generalizado: “No va a generar una crisis financiera ni mucho menos, es un problema muy localizado”.
Por otro lado, en conferencia de prensa, el ejecutivo explicó también que “de todos los estados que han emitido en la Bolsa las condiciones de emisión son tales que no tienen problemas los tenedores de bonos de que se cumpla con las condiciones establecidas en los contratos, porque tienen garantías de distintos tipos, tienen flujos garantizados”, dijo al respecto del endeudamientode las entidades.
Detalló que si algún municipio o estado tiene algún problema no puede emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, pues la institución busca que sus emisores cumplan con sus compromisos financieros.
Al respecto de los estados y municipios, cuyo manejo de pasivos se ha complicado, mencionó que se trata de entidades que principalmente adquirieron deuda bancaria.
“Es muy distinto dar un crédito a través de la banca, que tener una colocación de un bono que tiene ciertos activos o tiene ciertas garantías”, expuso Téllez.
De acuerdo con el directivo “los estados que emitieron en la Bolsa tuvieron que cumplir con ciertas características en términos de las garantías, que son muy sólidas y que no representan un peligro de pérdida para los tenedores de bonos”.

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