Además
de incumplir con la erradicación de la pobreza, los programas sociales
de sexenios recientes transgredieron garantías sexuales y reproductivas
de las mujeres.
En su Segundo Informe de Gobierno –en septiembre pasado– Enrique Peña Nieto anunció que el programa social Oportunidades sería remplazado por el Programa de Inclusión Social Prospera.
“Oportunidades no ha conseguido su propósito final, que es asegurar menos pobreza; por esta razón, ordené rediseñar y enriquecer el programa, tomando en cuenta las recomendaciones de los expertos y académicos que lo han evaluado y estudiado en todos estos años”, dijo el Ejecutivo.
Lo que Peña Nieto no mencionó es que desde los años 80 –cuando nacieron los programas sociales contra la pobreza– estos planes han violentado los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas, según dan cuenta testimonios, estudios y opiniones de expertas.
Bajo la amenaza de no recibir el apoyo (económico o en especie) se imponen métodos anticonceptivos y sin el consentimiento de las beneficiarias se practican revisiones ginecológicas, lo que ha dado pie a que los programas sociales se interpreten como herramientas de control natal.
Días después del anuncio de Peña Nieto, Daniel Aceves Villagrán, director del Programa Oportunidades del Seguro Popular, adelantó que Prospera arrancará con una campaña de “planificación familiar”, dirigida sobre todo a comunidades indígenas y rurales, ya que se considera “preocupante” el incremento de embarazos en niñas y adolescentes, lo que abre la puerta a que con Prospera se repita la historia de violaciones a derechos sexuales y reproductivos.
El primer antecedente de Prospera es el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que se puso en marcha en 1988 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El programa funcionaba con “Comités Solidaridad” que repartían recursos en especie (despensas).
El entonces presidente prometió que Solidaridad combatiría la pobreza, pero datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que el sexenio salinista concluyó con 47 millones de pobres, es decir, el 52 por ciento de la población en México en 1994. En 1988 en el país había 46.1 millones de personas en pobreza alimentaria.
En Solidaridad se incluía el Programa de Planificación Familiar, uno de los más fuertes del sexenio, que tenía como fin “sensibilizar a la población respecto a la necesidad de reducir el crecimiento demográfico”, y se promovía así la existencia de familias pequeñas.
TESTIMONIOS
“Doña Betty”, originaria de Santiago Yaonáhuac, Puebla, y ahora habitante del municipio de San Andrés Huayapam, en Oaxaca, fue integrante de “Mujeres en Solidaridad”. Recordó que a los 18 años tuvo a su único hijo, y “no pudo tener más porque sin avisarle le quitaron la matriz”.
Además la expulsaron del comité de mujeres cuando su esposo murió y ella decidió “juntarse con otro”. Argumentaron que “Betty” no era un “buen ejemplo” para las demás.
En su gestión (1994-2000), Ernesto Zedillo transformó Solidaridad en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y entregó apoyos económicos y no en especie, pero puso como condición que el dinero en efectivo sólo se entregara a madres de familia que cumplieran con enviar a sus hijas e hijos a la escuela y a consultas médicas.
En junio de 1999, la Fundación Rigoberta Menchú escuchó las denuncias de beneficiarias indígenas del programa que contaban que muchas “mujeres en solidaridad” (como se les llamaba en Progresa) eran obligadas a someterse al control natal a cambio de los apoyos.
Las violaciones a sus derechos iban desde la colocación sin su consentimiento del dispositivo intrauterino (DIU), hasta la esterilización. Las mujeres contaron que las cirugías eran realizadas en hospitales públicos.
Desde los años 90 organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que “existía una política de salud que tenía como meta reducir los nacimientos dentro de la población indígena y en extrema pobreza”.
Al final del sexenio de Zedillo, el 53.6 por ciento de la población vivía en pobreza.
Durante los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) –ambos emanados del PAN–, el programa antipobreza fue rebautizado como Oportunidades.
Los “incentivos financieros” se siguieron entregando a las mujeres “para su mejor administración familiar”. Los gobiernos panistas agregaron la novedad de que el programa incluiría a las familias que habitaran en zonas urbanas y sobrevivieran con cuatro salarios mínimos. Pero las violaciones a los derechos de las mujeres continuaron.
La organización oaxaqueña Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto realizó en 2003 el “Diagnóstico de la Atención a la Salud en el municipio de Santa Cruz Itundujia”. Detectó que en este municipio de la sierra mixteca, mediante la operación de Oportunidades las beneficiarias se realizaron la prueba del Papanicolaou, pero también se les impusieron anticonceptivos sin su consentimiento.
Según testimonios de mujeres, se pudo conocer el abuso de poder por parte de personal de salud, los malos tratos, el incumplimiento de horarios de trabajo, el sometimiento a labores forzadas, e incluso se denunció una violación sexual.
En días recientes, Edith Herrera Martínez, activista y antropóloga social denunció que en el municipio de Metlatónoc, Guerrero –uno de los más pobres del país–, por años se condicionó a las indígenas los apoyos económicos mensuales a cambio de la aplicación de una inyección anticonceptiva.
En entrevista, contó que esa situación se descubrió luego de que a varias jóvenes se les diagnosticaron quistes y miomas al parecer causados por las inyecciones.
En su informe “Los bonos en la mira. Aporte y carga para las mujeres”, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal advirtió que la mayoría de los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos –como lo son los diversos programas sociales– considera a las mujeres como beneficiarias, sin reconocer plenamente sus derechos como personas autónomas, y las condiciona a cumplir con un rol de género.
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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