Manuel Bartlett Díaz
El 2 de octubre, el Senado aprobó el nombramiento de los magistrados electorales para 17 estados que tendrán elecciones el próximo año. Estos, como los consejeros de los nuevos órganos electorales locales (Oples) —aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) días antes— no garantizan procesos democráticos.
La exposición de motivos de la reforma electoral, impuesta por el PAN y asumida por el PRI, destacó como objetivo central impedir la manipulación por los gobernadores y reforzar los principios electorales rectores del artículo 41 de la Constitución: independencia e imparcialidad frente a gobiernos, partidos y poderes fácticos. El arranque de la reforma burla estos principios.
De entrada, el Senado violentó los procedimientos parlamentarios y legales, y designó a los magistrados electorales locales mediante el “reparto de cuotas” entre el PRI, PAN y PRD; las comisiones no dictaminaron; la Junta de Coordinación Política, responsable, no sesionó, lo que se reclamó de inmediato cuando la Mesa Directiva anunció al Pleno haber recibido el listado propuesto por la Junta de Coordinación Política, que no sesionó, pero el Coordinador del PRI y Presidente de la Junta reconoció paladinamente que no la convocó ni sesionó, lo que consideró “innecesario”, puesto que conforme a “una práctica parlamentaria”, que se inventó, bastaba que se reunieran las tres fracciones más numerosas. Argumento insostenible, ningún acuerdo parlamentario puede situarse sobre los ordenamientos.
Además, de 450 candidatos registrados, presentaron 67 sin justificar cómo fueron seleccionados e impusieron una votación única en una sola cédula con los 67 nombres, sin información alguna de los propuestos, obligando a un solo voto ciego a favor de todos, totalmente desconocidos por los senadores autista.
Lo absurdo del caso no impidió al Presidente la Mesa afirmar haber recibido un Acuerdo de la Junta, pese a que su Presidente ahí mismo reconoció que no había sesionado. Grave irresponsabilidad del Presidente de la Mesa y Presidente del Senado, cuya obligación es garantizar la legalidad de las acciones del Pleno, puso a votación una lista de magistrados no proporcionados por el órgano responsable, que no fue dictaminada ni debatida, sino confeccionada en secreto por tres coordinadores encerrados, distribuyéndose cargos públicos de acuerdo a sus intereses electorales, fuera de la ley.
En otro lado, el INE nombró los consejeros electorales para los estados, en medio de protestas, los representantes de MORENA, PAN, incluso PRD, en el Consejo General del INE, apelaron por considerar ilegal la designación. MORENA acusó a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE no proporcionar a los partidos, como era obligatorio, la lista con la totalidad de los candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Estatales, como ordenaban los lineamientos del INE. Los representantes de los partidos y del Poder Legislativo no dispusieron de la información sobre los candidatos, los dictámenes no se elaboraron por entidad federativa, ni acreditaron la idoneidad de cada una de las propuestas. Los partidos políticos mayoritarios, coludidos con una mayoría de consejeros electorales del INE, urdieron una estratagema para repartirse los consejeros. Fue público: 2 consejeros por estado para el PRI, 2 para el PAN, 2 para el PRD, el presidente resultaría de arreglos entre estas fuerzas políticas. El procedimiento violó las formalidades acordadas por la autoridad electoral, para evitar, como se ha dicho las interferencias de gobernadores y garantizar selecciones transparentes.
La gravedad de estos contubernios ilegales es que las personas así designadas, serán las autoridades electorales locales que organizarán las elecciones estatales y esos magistrados serán los jueces de las mismas. El proceso electoral nace viciado, impone lo que pretendían evitar: preconstruye el fraude electoral.
Senador de la República
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