10/08/2014

Por Ayotzinapa, gobierno podrido


Cómo realizar una investigación imparcial si hay sospecha que desde el gobierno estatal se solapan a funcionarios ligados al narcotráfico y a la delincuencia.


Fueron los reclamos internacionales los que obligaron al gobierno federal a intervenir en el caso de la masacre de Iguala, Guerrero. Los hechos sucedieron la noche del viernes 26 de septiembre y tuvieron que transcurrir largos diez días para que reaccionara. Tuvo que generarse el escándalo internacional para observar la indignación tardía del presidente de la República.
Fue Human Rights Watch, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el secretario general de las Naciones Unidas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cientos de organizaciones humanitarias de todo el mundo las que demandaron el esclarecimiento de los hechos y la protección a la población de Iguala Guerrero.
Incontables correos electrónicos llegaron a la cuenta presidencial y en medios de comunicación de todo el mundo se propaló esta matanza de jóvenes, como un crimen repugnante.
Antes, a nuestros políticos no les importó el reclamo desesperado de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, de los seis muertos, de los 20 heridos y de la exigencia de normalistas de Ayotzinapa para ser recibidos por el Secretario de Gobernación.
No, no los recibió, mejor estuvo donde apareciera en la foto para lucimiento con los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional; ellos también le exigieron una respuesta para que atendiera el caso de Iguala y simplemente eludió el tema en su respuesta escrita del 3 de octubre pasado.
Parecía que el gobierno federal intervendría hasta que el gobierno del estado de Guerrero lo solicitara. Pero eso no iba a ocurrir. El desgobierno guerrerense parecía empeñado en que la sociedad se olvidara del caso. Que nadie escucharía los reclamos de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Que la noticia se iría diluyendo con el transcurso del tiempo.
Pero Ángel Aguirre, desgobernador de Guerrero parecía más preocupado en asistir al Congreso del PRD que hacerse cargo de las investigaciones.  Parecía más preocuparle salir en la foto que proteger la seguridad de sus paisanos.  Indignante fue observarlo con cara sonriente ante sus compañeros de partido como si nada pasara. Fue repugnante.
Es una vergüenza inadmisible que en estos hechos estén vinculados policías y políticos de quién sabe cuántos rangos para masacrar a jóvenes y que a quién le toca responder lo haga de manera retardada.
Los asesinos tenían la seguridad que asesinando jóvenes como lo hicieron nada pasaría, que las estructuras del poder los protegerían y así sucedió. Las horas vitales, las inmediatas después del secuestro fueron espacio de sordera e indolencia gubernamental.
¿A dónde estaba Ángel Aguirre cuando ocurrieron los hechos? ¿Qué hizo su sequito de investigadores? Hacer como que hacían pero nada hacían. Levantaron actas y mucho papeleo, pero ninguna respuesta efectiva.
Ángel Aguirre pone a disposición su renuncia si eso ayuda a esclarecer los hechos, pero lo hace, pensando que la mafia de políticos a la que pertenece no se la va a pedir.  La renuncia es necesaria porque no hay gobierno en ese Estado; porque ese gobierno no solo es de parapeto, sino que se ha convertido en cómplice con su incapacidad y su falta de actuar.
Cómo realizar una investigación imparcial si hay sospecha que desde el gobierno estatal se solapan a funcionarios ligados al narcotráfico y a la delincuencia.  Si el gobernador no se da cuenta de lo que pasa en su territorio es porque hay complicidad o incapacidad, o las dos cosas.
El artículo 62 de la Constitución del Estado de Guerrero prevé que el cargo de Gobernador es renunciable sólo “por causa grave” y está debe ser calificada por el Congreso del Estado.  Esto debe ocurrir de inmediato.  No es posible que ocurran estos hechos y todas las estructuras de gobierno sigan vigentes como si nada ocurriera, como si fueran instituciones que sirvieran a la sociedad.  Nada de eso ocurre.
La matanza de jóvenes en Iguala fue un crimen de Estado, pero el secuestro de los jóvenes, de los que ahora se exige su aparición con vida, es un acto repugnante.  No se puede ser servidor público si se permite que los delincuentes se escuden y usen las instituciones públicas para delinquir. Policías y delincuentes en varios lugares del estado de Guerrero ahora son lo mismo gracias a que hay impunidad y complicidad gubernamental. ¿Hasta cuándo?

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