Mostrando las entradas con la etiqueta Programas sociales pro-voto. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Programas sociales pro-voto. Mostrar todas las entradas

9/29/2016

Acusa WSJ 'moches' en reparto de televisores digitales; SCT lo niega


El proceso de transición digital realizado entre 2014 y 2015 estuvo envuelto en corrupción en diversas etapas de su implementación, señala el rotativo


Durante la realización del programa de reparto de televisiones para la transición digital, funcionarios federales recibieron moches, dio a conocer The Wall Street Journal.

Según el texto del rotativo norteamericano, el proceso realizado entre 2014 y 2015 estuvo envuelto en corrupción en diversas etapas de su implementación.

El que quedó fuera desde las primeras etapas de compra de televisores fue el productor más grande del país, el gobierno determinó que Samsung no tenía modelos que cumplieran con las especificaciones técnicas que se establecieron en la licitación.

A su vez, Taiwan Foxconn Technology, que quedó en segundo lugar, dio 1.5 millones de televisiones en las primeras tres rondas, detalla el periódico estadounidense.

La única empresa que recibió contratos en todas las rondas que organizó la SCT, fue Diamond Electronics SA, en sociedad con Comercializadora Milenio SA. Esta se encargó de abastecer el 63 por ciento de las televisiones que se repartieron, por un monto de 900 millones de dólares.

En la publicación de The Wall Street Journal, una fuente aseguró que las empresas que se negaron a pagar moches de entre 12 y 18 dólares por unidad entregada, son las que fueron descartadas en los concursos federales.

En respuesta, Rodrigo Ramírez, oficial Mayor de la SCT, argumentó que los contratos sin licitación que se otorgaron a Diamond, se dieron por falta de tiempo para lanzar una nueva licitación antes del 31 de diciembre.

Sobre el reportaje publicado por el rotativo norteamericano, Ramírez dijo: “Lo niego categóricamente. ¿Por qué? porque se trata de compañías serias, no globales pero casi. Tienen tratos en Asia y en Estados Unidos (…)cuestionar el procedimiento equivale a cuestionar a la compañía involucradas”.

Asimismo, el WSJ detalló que los críticos del programa de transición digital aseguraron que el gobierno federal desechó opciones más baratas que fueron pensadas en la administración del panista Felipe Calderón.

(Con información de Reforma)

7/17/2016

Funcionarios aleccionaron a beneficiarios de programas sociales




Periódico La Jornada

En grabaciones de audio difundidas en marzo por el periódico El Siglo de Torreón (http://bit.ly/29YFsDM) se escucha a funcionarios de programas sociales estatales aleccionando a un grupo de beneficiarios (en su mayoría mujeres) sobre lo que debían contestar en las encuestas sobre pobreza que aplican la Secretaría de Desarrollo Social y el Inegi, con el riesgo de quedar fuera de programas asistenciales si equivocaban las respuestas.
De acuerdo con el rotativo, en la grabación se escucha al auxiliar de programas sociales en Piedras Negras, Leobardo Hernández, dirigirse a las asistentes a un encuentro realizado en un gimnasio para pedirles cierto tipo de respuestas a la encuesta para la entrega del apoyo económico de Prospera, correspondiente al primer bimestre de 2016.
(...) Si de repente nosotros decimos que aún tenemos hambre, entonces de alguna forma estamos diciendo que el programa no nos ha servido de nada. ¿Sí quedó claro, señoras?, dijo Hernández y luego realizó una serie de preguntas.
–¿Han tenido hambre de tres meses para acá?
–No –respondieron en coro las asistentes.
Según otra nota publicada por el diario (http://bit.ly/1nCKTvT), la misma práctica se llevó a cabo al siguiente día en Torreón antes de que finalmente, luego de la difusión de los audios, se suspendiera la aplicación de la encuesta por cuestiones climáticas (http://bit.ly/29G8sO6).

6/08/2016

Programas sociales: el dinero se va, la pobreza permanece


Los programas sociales del gobierno federal, cuya función es disminuir los índices de pobreza, no han funcionado como deberían. En Oaxaca, por ejemplo, estos programas incluso han incrementado la desigualdad. Esta investigación se realizó con el apoyo de Oxfam.

*Esta investigación se realizó gracias al apoyo de Oxfam.

Juana Martínez pensó que su vida sería mejor que la de sus padres. Incluso acarició el sueño de estudiar una carrera, pero su familia ya no tuvo dinero y abandonó la idea.



Veinte años y dos hijas después, Juana no solo no logró su sueño, sino que vive en peores condiciones que las de su madre, Candelaria, quien tiene un cuarto con paredes de lámina. Ese pequeño sitio le ha servido, desde que sus hijos eran chicos, para elaborar las tortillas y la comida que vende y con las que logró sacarlos adelante.

Juana, en cambio, no tiene una casa propia en su natal Villa de Zaachitla, Oaxaca. Destina la totalidad del dinero que le dan a través del Programa de Apoyo Alimentario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal a pagar los 500 pesos mensuales de la renta de una casa de lámina. También limpia casas por 100 pesos diarios, lava ropa ajena y ayuda a su madre a cocinar, con lo cual logra completar el dinero para comprar comida a sus hijas de nueve y 11 años.
Para Juana y Candelaria los programas sociales son viejos conocidos, pero ni con ellos han logrado mejorar su situación. Candelaria comenzó a recibir los apoyos de Sedesol desde hace más de 10 años, cuando el programa que hoy se llama Prospera tenía el nombre de Oportunidades. Hoy Juana espera que sus hijas reciban estos apoyos algún día.
Progresa, el primer nombre que tuvo este programa, se creó en 1997. A partir de entonces éste ha cambiando dependiendo del sexenio y el partido en la presidencia, pero las reglas de operación son similares: este programa es la base que articula la oferta institucional de programas y acciones de política social, y está destinado a la población más pobre del país. Su objetivo es que las familias “superen su condición de pobreza”.
1 de cada 2 familias oaxaqueñas reciben programas gubernamentales para combatir la pobreza.
A nivel nacional, el 26.9 por ciento de los hogares mexicanos recibe apoyo de un programa social del gobierno, según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi. En Oaxaca esta cifra es de casi 50 por ciento.

Juana ya entregó documentos para que sus hijas puedan obtener este apoyo, aunque no sabe si se lo darán: los empleados de las áreas de Padrón de beneficiarios y de Atención Ciudadana de las oficinas del programa en Oaxaca señalan que, por cuestiones presupuestales, éste dejó de incorporar a nuevas familias desde 2014. Pero en la oficina central de Prospera afirman que el año pasado afilió a 8 mil 395 familias en ese estado, aunque en 2016 no ha hecho ninguna incorporación.
Entre 2010 y 2015 el programa Prospera destinó 18 mil 296 millones de pesos a las familias más pobres de Oaxaca, según el Tercer Informe de Gobierno de la Presidencia, pero en ese mismo periodo los niveles de pobreza se mantuvieron prácticamente sin variación: pasaron del 67 al 66.8 por ciento de su población. Incluso, debido al crecimiento poblacional que tuvo el estado en esos años, el número de pobres se incrementó de 2.5 a 2.6 millones de personas.
La política social implementada en Oaxaca no ha cumplido con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza ni a generar movilidad social.
En el informe “Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, México”, las organizaciones Oxfam y Educan concluyen que los de Candelaria y Juana no son casos aislados, sino que la política social implementada en esta entidad no ha cumplido con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza ni a generar movilidad social.


La principal explicación de este fenómeno, agrega el estudio, es el deterioro en los niveles de ingreso de los pobladores del estado: “La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (a saber, que el salario mensual no cubre el costo de una canasta básica) aumentó de 36.2 por ciento en 2010 a 42.1 por ciento en 2014. Esta disminución se combinó con el aumento de carencias en vivienda y servicios”.
Más población oaxaqueña a la que no le alcanza para comprar la canasta básica
El informe, elaborado por el investigador de la UNAM Gerardo Torres Salcido, da como razón de este deterioro social que el gasto gubernamental en este rubro es menor al que se requiere, a que no se ejerce adecuadamente y a que las políticas terminan por generar más desigualdad en las comunidades en donde se aplican.
¿Por qué La política social no ha cambido la situación socioeconómica de las familias?
Necesidades
La colonia Vicente Guerrero de Villa de Zaachila, Oaxaca, es una comunidad semiurbana en donde al lado de las calles sin pavimentar hay casas de lámina divididas por una frágil red que sirve de cerca. En medio del paisaje destacan algunas viviendas hechas “con material” -concreto o ladrillo-, lo cual marca la diferencia entre una clase social y otra en este lugar.
Elena Juárez es vocal del programa Prospera en esa colonia y conoce prácticamente a todos sus habitantes. Asegura que son muchos los que reciben algún apoyo derivado de un programa social, incluso algunos que no lo necesitan, y también hay familias necesitadas que no tienen ninguna cobertura. Eso, agrega, provoca enemistades entre los vecinos.
“Hay muchas familias que hemos visto que en realidad sí necesitan el programa y no cuentan con él, y hay otras personas que tienen el programa y no lo necesitan, están muy bien económicamente”, afirma.
Carmela, una vecina beneficiaria del programa, la interrumpe para dar los nombres de los vecinos que, asegura, aún con camionetas, casa propia y “hasta negocio” reciben cada mes un apoyo para la alimentación y educación de sus hijos.
Explica que cuando los empleados de Prospera visitan a las familias beneficiarias para verificar si siguen necesitando el programa, algunas de ellas esconden enseres domésticos y autos, e incluso dan un domicilio falso con tal de aparentar una situación económica más precaria de la que realmente tienen.
ProsPera enfrenta algunos problemas de gestión para seguir otorgando los programas
Basado en cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y otras investigaciones, el informe de Oxfam y Educa destaca que solo el 34 por ciento del gasto social es redistributivo -que se focaliza en los estratos más pobres-: “Se estima que el 10 por ciento más pobre de la población recibe solo el 7.8 por ciento de los recursos, mientras que el 10 por ciento más rico recibe el 16.7 por ciento”.
Otro hallazgo fue que las desigualdades en la aplicación de la política social no solo se generan al interior de las comunidades, sino en las propias familias: “Los representantes de colectivos de defensa de los derechos de las mujeres evidenciaron que programas como Prospera conllevan una sobrecarga de trabajo. Las obligaciones establecidas en las reglas de operación del programa duplican o triplican incluso las jornadas de trabajo de las beneficiarias”.
Los problemas de la política social no solo se generan en las comunidades, sino al interior de las familias: se triplican las jornadas de trabajo de las beneficiarias.
Esto le consta a Juana Ángel, habitante de la localidad de El Trapiche, en el municipio oaxaqueño de Santa Cruz Mixtepec. Por ser beneficiaria de Prospera tiene que ir 16 veces al mes al centro de salud para realizar una caminata de una hora para mantenerse saludable. Ella dice que realmente no lo necesita porque todos los días, para llegar al centro de salud o a la escuela de sus hijos, debe hacer caminatas largas.
A ella y otras mujeres también se les exige participar en talleres bimestrales con temas que, en teoría, les deben ayudan a mejorar su calidad de vida. Pero,  afirma, incluso aquellas mujeres cuyos hijos ya son mayores siguen escuchando pláticas sobre la mejor forma de criar a un bebé.
Además de las caminatas y los talleres, los integrantes de las familias que reciben Prospera deben acudir entre una y dos veces al mes al centro de salud para que los revise un médico. Pero esos sitios siempre están saturados y los médicos apenas tienen tiempo de atender a los pacientes o tomarles la presión. Además, las mujeres deben ayudar a limpiar las instalaciones.
A pesar de esta carga de trabajo, se mantienen en el programa porque realmente necesitan el dinero. “Ese dinero sí me ayuda pues, así sean 20 pesos, son muy buenos”, dice Juana Martínez.
Para el encargado de despacho de la oficina de Prospera en Oaxaca, Rubén Pérez Cuevas, el esquema de corresponsabilidades -en el que todas las familias que reciben el programa deben dar algo a cambio como mandar a sus hijos a la escuela o ir al médico- tiene por objetivo dar seguimiento a la salud de los beneficiarios y compartir con ellos material educativo “útil para su vida diaria”.
“Desde 1997 que se creó el programa -en ese entonces llamado Progresa- el núcleo familiar va creciendo en cuanto a escolaridad, y la mortalidad materna e infantil van a la baja. Las cuestiones que antes provocaban una deserción escolar van bajando. Y la igualdad entre hombres y mujeres en acceso a los servicios educativos va en crecimiento”, señaló en entrevista.
En el último reporte de avance de los indicadores de Prospera se establece que efectivamente la relación entre niñas y niños inscritos en la escuela es mayor para las primeras. Sin embargo, el reporte no da información alguna sobre los niveles de mortalidad infantil ni materna que ha permitido el programa.
Otras beneficiarias de Prospera consideran que es gracias al dinero que reciben cada mes que sus hijos tienen la posibilidad de no dejar la escuela. “A mí Prospera sí me ayuda. De las becas de mis dos hijos recibo cada dos meses cerca de 4 mil pesos. Yo solo estudié primaria, mi hija que se casó estudió hasta secundaria y el más muchachito va en bachillerato, pero ya sé que para darles una carrera ahí sí está difícil”, relata Abigail Celaya, beneficiaria del programa y habitante de El Trapiche.
“Para mi hija los años adicionales de escolaridad (promovidos por Prospera) NO se tradujeron en más oportunidades para la familia”
A pesar de que estudió más que su madre y su abuela, la hija de Abigail, Romina, parece repetir la vida de estas: aunque tiene 20 años, tiene ya una hija de cinco y también depende del programa para sacarla adelante. Para ella los años adicionales de escolaridad no se tradujeron en más oportunidades, ni tampoco siente que su vida prospera con los apoyos del gobierno.

4/06/2016

La Comisión Indígena gasta en sueldos y viáticos, pero no en programas de ayuda


La Auditoría Superior de la Federación concluyó que las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fueron “insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que favorecieran a 11.9 millones de indígenas. Además, detectó que la CDI no acreditó cómo gastó más de 200 millones de pesos.

La Comisión Indígena gasta en sueldos y viáticos, pero no en programas de ayuda
El informe de la Auditoría Superior de la Federación revela deficiencias en las políticas públicas del estado mexicano para el desarrollo de la población indígena. Manu Ureste

El gasto de mil 176 millones de pesos como presupuesto no fue suficiente para elaborar políticas públicas y planear acciones concretas que permitieran sacar del abandono a 11.9 millones de indígenas en México.

Así lo expone la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre el desempeño de labores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2014, en el que concluye que las acciones de esta Comisión fueron “insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que tuvieran un efecto, sobre el terreno, en el desarrollo de la población indígena.

La CDI no acreditó cómo gastó más de 220 millones de pesos

Según el órgano fiscalizador, la CDI gastó mil 176 millones 500 mil pesos a través del programa presupuestario P013 ‘Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas’.
Por capítulo de gasto, la Comisión destinó la mitad de ese presupuesto a pagar los sueldos de sus empleados más las compensaciones de ley: 522 millones 258 mil pesos (el 44.4%). El resto, lo distribuyó principalmente entre el programa ‘Servicios Generales’ -299 millones 260 mil pesos- y el capítulo de ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas’ -293 millones 133 mil pesos-.
Ahora bien, dentro del programa ‘Transferencias, Asignaciones…’, la Auditoría detectó dos anomalías:
1.- Del total de 293 millones 133 mil pesos de presupuesto para este rubro, 223 millones 065 mil pesos gastados “no se vinculan con las actividades del programa”, mientras que los 70 millones restantes sí fueron invertidos en subsidios para “apoyar la movilidad de los participantes de talleres, foros u otras actividades”-.
2.- Que la Comisión de Pueblos Indígenas “no acreditó la comprobación que sustenten dichos gastos” por un valor de 223 millones.
Es decir, que la CDI no aportó a la Auditoría pruebas documentales suficientes que dieran cuenta de en qué gastó más de 223 millones de pesos y de cómo contribuyó ese dinero a fomentar el desarrollo de la población indígena mexicana.

¿En qué gastó casi 60 millones la CDI Guerrero?

Sobre el gasto de las delegaciones de la Comisión de Pueblos Indígenas, la ASF evaluó a la delegación del estado de Guerrero, que en 2014 fue la que mayor monto de recursos invirtió: 59 millones 901 mil pesos.
Sin embargo, la Auditoría apunta que, a pesar de que se gastaron casi 60 millones de pesos, “no se identificaron reuniones con los pueblos indígenas de la región que abarca la delegación de Guerrero”.
Además –ahonda la ASF-, “tampoco se detectó que coordinara la acción pública para atender sus necesidades, ni que definiera criterios de atención prioritaria para atenderlas, aun cuando se ejercieron recursos destinados a este fin”.
Esto es, la Auditoría tampoco sabe en qué se gastaron casi 60 millones de pesos en Guerrero que, en teoría, estaban destinados al desarrollo de los pueblos indígenas de esta entidad.
Según el Coneval, casi 12 millones de Indígenas en México viven enfrentando algún tipo de carencia.
Según el Coneval, el 95% de la población indígena en México enfrenta algún tipo de carencia.

Reuniones que terminan sin acuerdos ni estrategias

Por otra parte, según el órgano fiscalizador, la CDI realizó 135 reuniones en 2014 para detectar las necesidades de la población indígena, la cual, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), enfrenta en un 95% algún tipo de carencia, como falta de acceso a la seguridad social, falta de acceso a la vivienda y a la alimentación, o rezago educativo.
Sin embargo, la ASF detectó que tras la realización de esas 135 reuniones -79 fueron del Consejo Técnico, 52 se llevaron a cabo a través de las delegaciones de Oaxaca, Veracruz y Puebla-, “no se identificaron acuerdos relativos a la detección de necesidades específicas”.
Asimismo, en esos encuentros tampoco se acordaron estrategias para abordar las carencias, “con la intención de permitir la adecuada toma de decisiones”.
O en otras palabras, después de 135 encuentros, la CDI no informó en las minutas de las reuniones de ningún acuerdo establecido, ni de ninguna estrategia para aterrizar los acuerdos, a partir de los cuales beneficiar a la población indígena.

¿En qué capacitaron a 232 funcionarios? En mejorar la atención a indígenas, no

Por otra parte, la CDI informó que capacitó a 232 servidores públicos en 2014 en el ejercicio de sus funciones. No obstante, esto no se tradujo en una mejor atención a los ciudadanos indígenas, ya que según la Auditoría las capacitaciones “no se orientaron a desarrollar las capacidades para mejorar la atención de las necesidades y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
“Además, la CDI no dispuso un programa de capacitación para la formación y sensibilización a servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) y participantes de los pueblos indígenas”, abunda el informe.
Asimismo, sobre cómo la CDI evaluó y dio seguimiento a las acciones emprendidas para atender a la ciudadanía indígena, la ASF señala que la Comisión “no acreditó el seguimiento, ni evaluó el cumplimiento del objeto de cada convenio, y tampoco dispuso de los informes de evaluación realizada por los centros coordinadores de desarrollo indígena y las delegaciones estatales en la atención de la población indígena”.
Es decir, que la CDI no aportó ningún documento a partir del cual se pueda medir qué tan efectivas fueron sus acciones en beneficio de los indígenas, y si éstas tuvieron algún tipo de seguimiento para evaluarlas.

Recomendaciones

A partir de esta situación, la Auditoría Superior de la Federación determinó 12 observaciones, las cuales generaron hasta 25 recomendaciones al desempeño de la Comisión de los Pueblos Indígenas, entre las que destacan:
1.- Que la CDI incorpore las prioridades de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.
2.- Que disponga de información de la participación de la población indígena en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo para la atención de sus necesidades.
3.- Que defina los procedimientos para la obtención de los apoyos del programa.
4.- Que defina con precisión la población objetivo del programa, y que disponga de indicadores e información sobre el cumplimiento de los objetivos del programa.
Aquí puedes leer el informe completo de la auditoría a la CDI:

Animal Político buscó la postura de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ante lo expresado por la Auditoría en su informe. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no había obtenido respuesta oficial alguna.

8/05/2015

Con Peña, repuntan pobreza y desigualdad en México


Peña y Robles durante un acto público en abril de 2013. Foto: Octavio Gómez
Peña y Robles durante un acto público en abril de 2013.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El 9 de enero de 2014, desde el templete instalado en el municipio guerrerense de Cochoapa El Grande, el más pobre del país, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el año que iniciaba debía “ser un año que nos permita acelerar el paso, especialmente en la concreción de este objetivo prioritario: abatir la pobreza y la desigualdad”.
Año y medio más tarde, el pasado jueves 23 de julio, el veredicto de la medición de pobreza 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) esfumó los deseos del mandatario: a finales del año pasado, 55.3 millones de mexicanos vivían en la pobreza, 2 millones –y 200 mil menores de edad– más que en el inicio de la administración priista.
Pese a la millonaria inyección de recursos al diseño de políticas públicas enfocadas a revertir la pobreza, durante cada minuto que transcurrió entre 2012 y 2014 se hundieron dos mexicanos en la pobreza.
Según el Coneval, a finales de 2014 80% de los mexicanos se encontraba en pobreza o al borde de caer en ella –ya sea por su magro ingreso o por sufrir carencias sociales–, o sea 95 millones de personas.
Los 24.6 millones restantes obtuvieron ingresos satisfactorios sin sufrir de carencias. Eso quiere decir que en el segundo país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo el 20% de la población se salvó del rezago social.
En entrevistas por separado, expertos sostienen que la principal explicación del incremento de la pobreza se encuentra en la caída de los ya escasos ingresos de millones de mexicanos.
Sin embargo, coinciden en señalar el fracaso de la política social del gobierno para garantizar sus derechos a todos los ciudadanos, como establece la Constitución.
De acuerdo con la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), la cual monitorea el diseño, el desempeño y la calidad de las políticas públicas de desarrollo social, el gobierno federal destinó 457 mil millones de pesos a su política social el año pasado, equivalente al 11.6% del presupuesto programable.
Más de la cuarta parte de este presupuesto, 141 mil millones de pesos, fue asignada a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el resto se repartió entre la docena de secretarias involucradas en la política social, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSA) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con esa asignación, la Sedesol fue la secretaría con el tercer mayor presupuesto del gabinete de Peña Nieto en 2014, aunque de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, realizó un subejercicio de 4 mil 482 millones de pesos.
“Los más pobres”
“Llegamos dónde nadie había llegado; alcanzamos a los más pobres de los pobres”. Es con ese lema que la titular de la Sedesol, Rosario Robles, suele presentar a la Cruzada Nacional contra el Hambre durante los eventos públicos.
A través de los 90 programas que conforman la Cruzada y que operan distintas secretarias –sobre todo la Sedesol, la Sagarpa, Semarnat, Salud y Educación–, el gobierno pretende erradicar el hambre en el país, por lo que le atribuyó cerca de 200 mil millones de pesos el año pasado.
Sin embargo, al analizar los datos del Coneval, y más particularmente al comparar la evolución de las carencias sociales con el nivel de ingreso de la población, se puede observar que la política social del gobierno peñanietista no mejoró las condiciones de vida de los más necesitados.
Así, desde 2012 los indicadores de varias carencias sociales se estancaron para el 10% de los mexicanos más pobres: el rezago educativo se quedó en 33%, la falta de acceso a los servicios básicos de vivienda permaneció en 58%, mientras que el 90% de ellos seguía sin contar con seguridad social.
En cambio, los programas de afiliación al Seguro Popular redujeron en un 4% la falta de acceso a los servicios de salud del decil de mexicanos más pobres, mientras que la calidad de sus espacios de vivienda mejoró en un 1%.
Respecto a la población total de México, las carencias antes mencionadas disminuyeron entre 2012 y 2014. La única excepción fue el rezago en el acceso a la alimentación que, además de disminuir de menos de 1% para el decil más pobre, se agravó en términos generales.
Durante los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto y a pesar de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la falta de acceso a la alimentación pasó de 23.3% a 23.4%. Al terminarse el año pasado, 28 millones de mexicanos sufrían esa carencia; 600 mil más que en 2012.
Es más: de acuerdo con la base de datos de los Logros de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que registra los montos gastados por municipio y por entidad federal hasta el cierre de 2014, ciertas de las entidades más beneficiadas por los programas claves de la estrategia, como Prospera o el programa de pensiones “65 y más”, registraron incrementos en los niveles de pobreza y de rezago alimentario.
De acuerdo con este documento, cuya copia tiene Proceso, Chiapas fue una de las entidades más beneficiadas por la Cruzada en 2014. Recibió, por ejemplo, 2 mil 358 millones de pesos del gobierno federal para Prospera, 2 mil millones en el programa de pensiones “65 y más”, 319 millones en tarjetas SinHambre y otros 179 millones en tiendas Diconsa, entre muchos.
No obstante, la tasa de pobreza se incrementó en 4.7%, la de pobreza extrema aumentó en un 1.5% y el rezago en acceso a la alimentación se disparó en un 14.2% y la pobreza extrema.
Administrar la pobreza
De mismo modo, el gobierno federal gastó 3 mil 419 millones de pesos en el estado de México para las pensiones “65 y más”; mil 590 millones en Prospera; poco más de mil millones de pesos en la dotación de leche fortificada; o mil 868 millones en las tarjetas SinHambre, entre muchos.
Otra vez, la tasa de pobreza creció de 12.8%, la de pobreza extrema se disparó en un 27.6% y el rezago en el acceso a la alimentación en un 24.2%.
El Coneval estimó que las tres cuartas partes de la población indígena se encontraba en situación de pobreza a finales del año pasado, los cuales sin duda les incluía en los “más pobres de los pobres”.
Pero tampoco llegó la política social a mejorar sus niveles de vida. La tasa de pobreza extrema entre los indígenas se incrementó de 1.2% en dos años y alcanzó el 31.8% de la población, más de cuatro veces la tasa de extrema pobreza en la población no indígena.
Según el segundo informe de gobierno, que Peña Nieto entregó en septiembre de 2014, la administración priista destinó 151 mil millones de pesos al “desarrollo integral de los pueblos indígenas” durante sus primeros dos años en el poder –un promedio anual de 75 mil millones, 30 mil millones más de lo que invertía su antecesor–.
Según el Coneval, la tasa de pobreza se agravó en 11 entidades federales –con mayor magnitud en Veracruz, Oaxaca, el estado de México y Michoacán–, se estancó en siete y mejoró en 14, sobre todo en Nayarit, Guerrero y Jalisco.
El pasado 27 de julio, las organizaciones reunidas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza estimaron que el gobierno federal comete un “grave error de enfoque” en el combate a la pobreza, al concentrar sus esfuerzos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
“La Cruzada presenta problemas serios de diseño y de rendición de cuentas, quizá los más importantes son que reduce su objetivo a 7 millones de personas y que pretende resolverla con comedores, tarjetas y comités”, plantearon, al estimar que en México ya no se necesitan más programas sociales para “repartir cosas”.
Durante sus primeros dos años a cargo de la dependencia, Rosario Robles no dejó de elogiar los logros de la “Política Social de Nueva Generación” emprendida bajo la administración de Peña Nieto. Según ella, el nuevo enfoque dejó atrás las viejas estrategias asistencialistas.
“Basar la política social en programas la vuelve asistencialista, ya que la población, cuando está recibiendo el beneficio desde el gobierno, se vuelve presa de la idea que si se comportan mal lo pueden perder”, comenta a esta agencia la socióloga Araceli Damián, investigadora en el Colegio de México (Colmex). Estima que la política social en México equivale a “administrar la pobreza”.
Ejercicio de comunicación
En plena crisis de credibilidad tras la evasión espectacular de Joaquín “El Chapo” Guzmán –que hizo anecdótica la visita de Peña Nieto a Francia–, y en medio de una delicada situación económica –marcada entre otros por el hundimiento del peso frente al dólar y del derrumbe de los precios del petróleo, la decepcionante “Ronda Uno”, y los recortes presupuestarios –, el gobierno tuvo que rendir cuentas sobre el fracaso del combate a la pobreza.
La Sedesol fue la primera en reaccionar: la presentación de los resultados del Coneval aún no terminaba en el Centro Cultural Isidro Fabela, ubicado en la colonia San Ángel, cuando la dependencia emitió un “posicionamiento” en el que interpretó las cifras de la pobreza para presentar un balance positivo de sus acciones, en un intento de contener las críticas que no tardarían en llover.
En este documento, en lugar de comentar el incremento de la pobreza general, la Sedesol se felicitó de la reducción de la pobreza extrema, que según el Coneval disminuyó de 9.8% a 9.5% entre 2012 y 2014. A finales del año pasado, esa institución consideraba que vivían en México 11.4 millones de personas en la miseria, 100 mil menos que en 2012.
La Sedesol no mencionó que durante este periodo el número de mexicanos cuyos ingresos no bastaban para comprar la canasta alimentaria se incrementó de 0.6%, hasta afectar a 24.6 millones de personas el año pasado, un millón más que en 2013.
La entidad también se jactó de la reducción de la pobreza extrema en los menores de edad y las personas mayores de 65 años. Si bien concedió que “seguimos teniendo una deuda con las personas con discapacidad”, ni siquiera evocó al incremento de esta condición en la población indígena.
En su comunicado, la Sedesol insistió que a raíz de la “buena focalización” de los programas sociales, los ingresos del 10% de los hogares más pobres del país aumentaron. Y no de un 2.1% como lo planteó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sino de 6.5% entre 2012 y 2014.
Pero aun tomando en cuenta el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que reportó un incremento de 6.5% del ingreso trimestral promedio de los hogares más pobres del país, la ganancia fue de un peso por día y por persona. El ingreso de cada ocupante del hogar pasó de 16.8 pesos a 17.9 pesos diarios.
“No es ningún logro, porque este incremento proviene de las transferencias públicas a través de los programas”, comenta el economista Gerardo Esquivel, investigador en el Colmex.
Y precisa: “En la medida en que estos individuos no pueden acceder a una canasta, seguirá siendo un mal resultado”.
Robles en frente
El comunicado de la Sedesol no funcionó: las organizaciones civiles, los periódicos y el sector privado no dejaron de cuestionar al gobierno y sus políticas social y económica.
La propia Rosario Robles asumió, de manera personal, la defensa del gobierno federal en el combate a la pobreza e intentó convencer que “debemos seguir por este camino”.
Así, tanto en una columna que firmó en El Financiero el viernes 24, como durante una conferencia de prensa el lunes siguiente, o en el programa Alebrijes difundido en Televisa más tarde ese día, Robles reiteró que el incremento del ingreso de los más pobres y la disminución de la pobreza extrema eran una “buena noticia”.
Durante sus sucesivas apariciones públicas, la secretaria repitió que los resultados del Coneval sólo capturaron “una fotografía” de 2014, pero no reflejaron las supuestas mejoras inducidas por las reformas estructurales a inicios de 2015, ni el rediseño del programa Prospera.
Entre otros, Robles argumentó que “el contexto económico adverso” fue uno de los factores que aumentó la pobreza. También lo fue el crecimiento poblacional: de acuerdo con la funcionaria, parte de la agravación de la pobreza se explica porque “en los (hogares) más pobres el promedio de niños nacidos es mayor al promedio nacional”.
Asimismo, sostuvo, “la gente, la más rica como la más pobre, no dice cuánto está ganando (a los encuestadores)”, lo que genera “un subregistro en el ingreso”.
Durante su participación a Alebrijes, afirmó que a la Sedesol le hubiera resultado fácil entregar 2 mil pesos a la gente en situación de pobreza para que “pasaran la línea” y no fueran considerados como pobres en la encuesta del Coneval, pero precisó que eso hubiera sido “irresponsable”.
Y, con un tono cada vez más defensivo, Robles terminó por declarar que “la Sedesol no es la única secretaria del gobierno que tiene la responsabilidad de combatir la pobreza”.
“A la Sedesol le toca diseñar los programas sociales que permiten que quienes están una mayor condición de pobreza puedan enfrentar en mejores condiciones esta situación de pobreza. Fue la tarea que nos dio el presidente Enrique Peña Nieto”, aclaró.
Más temprano en el día, el mismo Peña Nieto admitió que le resultaba “evidente que la política social no ha sido suficiente” aunque, subrayó, sirvió para “contener el incremento de la pobreza”.
“El día posterior a la publicación de los resultados, el logro consistía en la mejor focalización de los programas. Y el lunes siguiente el mensaje cambió: el éxito de la política social fue contener la pobreza. Si aspiramos como país a que el máximo logro sea ése, no podemos aspirar a resolver el problema”, planteó Héctor Rubio, coordinador de iniciativas estratégicas en Gesoc, en entrevista con Proceso.
En el estudio de Alebrijes,Robles perseveró en el optimismo. Estimó que ciertos aspectos de la economía lucen positivos para 2015 –“se crearon empleos con una cifra récord, hay inversiones, hay mayor consumo de las familias, se paga menos por la luz y la telefonía”, y anticipó que estas mejoras “seguramente” se verán reflejadas en la próxima medición de la pobreza, en 2017.
El día siguiente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) ajustó sus previsiones de crecimiento económico en México para el año 2015: del 3% que estimó en abril, lo redujo a 2.4%, por la caida de los precios del petróleo, los bajos salarios, las escasas inversiones y un consumo interno “modesto”.

7/31/2015

Desnuda ASF fraude masivo en Cruzada contra el Hambre


Rosario Robles, titular de la Sedesol. Foto: Víctor Hugo Rojas
MÉXICO, D.F. (apro).- A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza la experredista Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría 13-0-20100-12-0269 demuestra que, a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos mal o de plano no realizados, recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos.
Lo anterior resultó posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a la “falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas” de la dependencia a cargo de Robles Berlanga.
Así, el 15 de abril de 2013, la Sedesol suscribió un anexo técnico con la UAEM por un monto de 159 millones 850 mil pesos, con el objetivo de “sensibilizar” a 500 mil madres en la alimentación sana, realizar un evento ferial para “construir alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno” y “promover a la CNcH”.
La Sedesol prácticamente firmó un cheque en blanco a la UAEM, ya que “no se establecieron las condiciones, términos y especificaciones” en el convenio y la institución académica, a su vez, pagó a cuatro proveedores para que realizaran los servicios, “sin firmar contrato” ni contar con estudio de mercado.
Para “integrar” a 500 mil madres de 11 distintos estados a la Cruzada, la UAEM planeaba distribuir a cada una de ellas una despensa y entregar 14 mil 500 playeras con el logotipo de la CNcH, y más de 10 mil gorras en eventos para los que se preveía la compra de 250 mil globos o 450 reproductores de DVD, entre otros.
La adjudicación de 18 millones de pesos recayó en una empresa la cual, a su vez, subcontrató a otra firma, Dumago Systems, para entregar los “kits” a los coordinadores del programa de red nutricional.
Sin embargo, según la auditoría, estas oficinas apenas recibieron 40 mil de las 500 mil despensas previstas en el programa.
Asimismo, la UAEM contrató a tres empresas para “diseñar e implementar redes nutricionales y evento ferial”. Dos de estas empresas –en las cuales figura otra vez Dumago Systems– tenían el mismo domicilio fiscal y sus representantes legales eran hermanos.
A raíz del pago, la otra empresa, Advanced Computer Knowledge, envió 14 millones de pesos en tres pagos diferidos a Esger, Servicios y Construcciones SA.
Con el fin de “promover la Cruzada” y “concienciar a los jóvenes respecto del problema del hambre”, la UAEM pagó 75 millones de pesos a una empresa, sin contrato, la cual organizó un concierto de rock en el Auditorio Nacional el 30 de abril de 2013 –lo que implicó un sobrepago de 29 millones respecto del convenio firmado con la Sedesol.
Esta empresa, a su vez, entregó 9 millones de pesos a Esger, Servicios y Construcciones SA el 8 de julio de 2013.
La ASF presumió entonces un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos, y subrayó que la Sedesol “omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos”.
El 2 de enero de 2013, la Sedesol encargó a la UAEM operar el Proyecto de Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, que consistía en instalar 838 “ventanillas” y asistir a los trabajadores, razón por la que entregó por adelantado 60 millones de pesos.
La UAEM, a su vez, contrató a una empresa para llevar a cabo esa instalación, pero de las 838 ventanillas previstas, aquella empresa sólo instaló 590, y además la Universidad no utilizó la totalidad de estas ventanillas, lo que generó “pagos por servicios no utilizados y subutilizados” por 13 millones de pesos.
La consentida
El 6 de mayo de 2013, la Sedesol firmó un convenio con la Uaemor por 697 millones de pesos, el cual consistió en abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.
La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, una de las cuales resultó ser otra vez Dumago Systems, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó.
Entre los 396 millones de pesos que costó el abastecimiento de los promotores de la Cruzada destacan las compras por 57 millones de pesos de “vasos de plástico duro color”, 10 millones en “gorras brigadistas”, 13 millones en “porta-credenciales”, 96 millones de “tornilleros / de color impreso” y 79 millones “en paliacates”.
Estos artículos, estimó la ASF, “no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en pobreza multidimensional”.
La Sedesol, por su parte, “no localizó el expediente” y el director del almacén general afirmó que “desconoce quién y cómo se realizó la entrega de los 31 millones de bienes”, mientras que las delegaciones de la dependencia federal en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, Hidalgo o Puebla, entre otras, encontraron diversos pretextos para justificar la ausencia de documentación que comprobara la recepción de los artículos.
De las cuatro empresas que “ganaron” las licitaciones (sin contrato), una no declaró sus ganancias en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y mintió sobre sus domicilios, mientras que su representante legal era el hermano del representante legal de otra empresa ganadora, la cual tampoco declaró el monto del contrato en su ISR.
Es más: ambas empresas, con vínculo familiar, transfirieron un total de 194 millones de pesos a la ya mencionada Esger Servicios y Construcciones SA.
Los demás anexos del contrato involucraron un contrato de 33 millones de pesos a Dumago Systems por la realización de asesorías “que no correspondían con los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”; el pago de 239 millones a una empresa con un domicilio falso, la cual transfirió a su vez 160 millones a Esger Servicios y Construcciones, así como un contrato por 29 millones a una tercera empresa, que terminó entregando 26 millones, en siete pagos, a… ¡Esger Servicios y Construcciones SA!
En total, esta misteriosa empresa recibió, de los cinco proveedores contratados por la Uaemor, nada menos que 416 millones de pesos, casi 60% del monto total de los convenios que firmó la Sedesol con las universidades en el marco de la Cruzada contra el Hambre.
Y de los 993 millones de pesos auditados por la ASF en estos convenios, cerca de 845 millones resultaron en un “probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública”.

7/15/2015

Gobernantes en México siguen inyectando la miseria de ignorancia al pueblo: académico Barcelona


escuelasmexico


(15 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Joselyn Juárez tiene 23 años, está por terminar sus estudios en la Normal Superior de Maestros y realiza prácticas  en la zona alta del Soconusco, Chiapas, a cuatro horas de distancia de la ciudad.
Ella comenta que trabaja en un plantel donde colabora con el único maestro que da clases a los seis grupos de primaria, en el patio de la cárcel. Se trasladaron ahí porque poco a poco los techos comenzaron a caerse y no había posibilidad de componerlos, hacía falta construir la escuela nuevamente, han pedido ayuda al gobierno y no han sido escuchados.
En meses pasados un niño casi sufre un accidente de gravedad, debido a las precarias instalaciones y fue el motivo por el cual decidieron salir de ahí, dado a que no tenían a dónde ir y el presidente municipal no cooperó con ellos, la cárcel les prestó el patio, pero la principal preocupación es que los niños convivan y escuchen las expresiones de las personas ahí presas.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ha dado a conocer que una de cada dos escuelas en México carece de agua, drenaje o luz eléctrica, por lo que 49% de los planteles cuenta con la infraestructura mínima necesaria, y en algunas ocasiones ni siquiera se aproxima.
Según estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en relación a infraestructura y equipamiento físico de las escuelas públicas en México, existe un problema severo de deterioro e insuficiencia, propiciados principalmente en contextos de mayor vulnerabilidad y rezago social.
Como cada temporada de lluvia en la escuela primaria Leona Vicario en Ciudad Valles,  San Luis Potosí, los salones sufren inundaciones que alcanzan hasta los 20 centímetros o más, esto debido a las goteras que cubren los techos y la antigüedad de las ventanas que ha derivado en su mal estado, lo que ha provocado que en muchas ocasiones se tenga que suspender las clases, debido a las afectaciones que podría padecer los alumnos.
A esto se le suma el ‘síndrome del edificio enfermo’, que miles de escuelas en el país lo padecen, al tener instalaciones deterioradas, producto de problemas de temperatura, iluminación, calidad del aire y otros factores ambientales, aún cuando podrían contar con instalaciones físicas formalmente adecuadas, principalmente por la ubicación que podría permitir mayores facilidades de construcción y remodelación.
“Es difícil aceptar que posiblemente pasen décadas antes que la gente pobre en México tenga acceso a mejores infraestructuras en las escuelas, o siquiera tenga un cuarto de cemento al que le pueda llamar ‘escuela’. Aunque es urgente que tengan mayor acceso a transportes, suministro de electricidad, abastecimiento de agua y telecomunicaciones, hay demasiadas dudas de que se pueda alcanzar la meta, ya que en primer lugar se debe combatir la pobreza extrema, mejorar las condiciones de vida, antes de asegurar la educación primaria, se debe crear la cultura de la ‘necesidad’ por cumplir con los estudios básicos, de enseñar a que es un derecho y no un lujo, como los gobernantes lo han planteado e incluso arraigado, aumentar el número de niños matriculados en la escuela, reducir la mortalidad infantil, promover un aumento al doble en la asistencia oficial para el desarrollo, junto con mayores inversiones en las infraestructuras escolares, no se trata de enseñar a querer leer, sino de atraer al niño y demostrarle que le gusta hacerlo, siempre y cuando encuentre un tema que lo cautive, pero para ello se necesita que los gobernantes tengan amor y pasión por la educación y la cultura, sino solamente seguirán inyectando la miseria de ignorancia a un pueblo”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO, el académico de la Universidad de Barcelona, Roberto Úcar.
“El caso de México es complejo porque la falta de servicios de infraestructura escolar se sigue incrementando, a la par del aumento de la población. Hoy una gran mayoría vive en tugurios hacinados y desprovistos de servicios, ellos no están pensando en la educación de los menores, están pensando en qué van a comer mañana o si podrán sobrevivir a la tormenta que se viene, qué se puede hacer un ser humano que permite e incluso contribuye a que su organismo enferme de forma acelerada, finalmente es su vida, pero algo similar y aún más grave se le hace a México, a ese paso pocos serán los que lleguen si quiera a pisar una escuela, porque éstas podrían desaparecer para los menores que viven en pobreza”, puntualiza.
Según INEGILa pedagoga Marcela Maldonado, colaboradora del Centro de Estudios Educativos Latinoamericanos, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que, “existen una serie de programas de ayuda a escuelas de nivel básico y medio superior, una labor loable que realizan órganos desapegados al gobierno, y que es agradecida por muchos planteles en el país, pero este tipo de acciones no mantienen, aunque se quiera, una cobertura igualitaria, y la realidad es que si existen es porque el Estado desatiende su responsabilidad para con las instituciones educativas; el actual presidente se tomó fotografías en pupitres viejos que hoy ya ni existen, vio la situación precaria y se comprometió a restaurarlas, pero no pasó, lamentablemente en este país se espera a que las fundaciones, ONG’s, y sociedad civil con carácter filantrópico saquen adelante lo que el gobierno no hace, porque no son situaciones redituables, pero sí lo es y por millones la privatización escolar, que brinde en pocas palabras la educación a quien sí se la ‘merece’ al rico, porque desde la perspectiva del gobierno el de escasos recursos de obrero no debe de pasar”.
“La situación vergonzosa en la que se encuentran las escuelas es motivo suficiente para que el gobierno no exija a la ciudadanía, lo que él no retribuye, existen escuelas donde el aula está bajo un árbol, los niños caminan kilómetros para llegar y todavía llevan cargando la silla donde van a escribir, estos planteles también carecen de baños, lo cual es un severo problema para los niños, ya que necesitan instalaciones donde puedan estar cómodos y no preocupados por querer que se acaben las clases pronto, para usar el servicio sanitario de su casa, dicha distracción deviene en nulo aprendizaje”, asegura Estrada
De la escuela Francisco Villa en Ciudad Valles, Tampico, han salido muchos alumnos premiados en concursos de conocimientos, generalmente con los primeros lugares de aprovechamiento.
Las aulas de dicha institución se caracterizan por tener goteras, en algunas partes donde hay techo de lámina, éstas parece que se desploman (algunas veces sucede), cuando hay temblores o vendavales, hay pocas sillas e  incompletas, carecen de instalaciones eléctricas y el drenaje es inservible, derivado de esto los baños no funcionan, por lo que los niños no pueden usar el servicio.
El último censo de INEGI da a conocer que dentro de las carencias, Baja California es la entidad que más escuelas con techo de madera en mal estado, tejamanil o palma tiene en todo el país, contando con alguno de estos materiales 555 de los 2 mil 713 planteles; Chihuahua, con 154 de sus 2 mil 585 colegios, y Zacatecas, pues 148 de sus 975 centros de aprendizaje tienen techos de este tipo para los menores de edad.
En el caso de los techos de lámina, asbesto, malla metálica o de cartón, Veracruz mantiene el primer lugar con el 23% de sus unidades académicas, es decir 4 mil 322; en Chiapas, una de cada dos escuelas, es decir 3 mil 741 de las 6 mil 623, usa estos materiales y mil 159 son de madera que ya presenta severos problemas, en tanto Jalisco 3 mil 389 de los 10 mil 328 colegios están en la misma situación.
“Uno de los principales casos graves a resaltar son las nulas instalaciones para niños con discapacidad, si este país no se ocupa de la niñez que se puede valer por si sola, a los discapacitados los dejan en el abandonado, hay madres solteras o padres que viven en zonas donde los caminos están deshechos (no solamente rurales, sino urbanos), que les es imposible cargar a sus hijos para llevarlos a las escuelas a dos horas de distancia o que los dejan sin estudiar porque no tienen acceso a escuelas especiales, si los menores mantiene otro tipo de discapacidad, ya que ese tipo de centros no son construidos ni pensados, lo que se realizan son ‘adaptaciones’ que se califican como ‘áreas especiales’, pero en realidad no lo son”, asegura Maldonado.
En el caso de las escuelas acondicionadas para menores con discapacidad, Veracruz es la entidad que más carece de esta disposición, con un 89% de sus centros de enseñanza, es decir 14 mil 472 de las 16 mil 242 escuelas, siguiéndole el Estado de México, con 10 mil 635 de 15 mil 236; Puebla, con 7 mil 473 de 9 mil 485; Guerrero, con 6 mil 686 de sus 7 mil 565, y Guanajuato, con 5 mil 575 de sus 8 mil 255 escuelas.

1/28/2015

El Sabueso: ¿Tres millones de mexicanos comen mejor?


Este miércoles, Animal Político presenta su proyecto de verificación del discurso llamado El Sabueso, con el cual estableceremos, con datos duros, si las frases de los políticos son ciertas o falsas. Para saber más de este proyecto, haz click en nuestra columna invitada. 

sabueso_promo_si

Frase a revisión: “3.1 millones de mexicanos ya no pasan hambre”.
Autor: Enrique Peña Nieto, presidente de la República. 
Lugar y fecha: Entrega del Almacén Granelero de Atlacomulco en el Estado de México. 26 de enero de 2015.
Calificación de El Sabueso: ic_enganoso
3.1 millones de mexicanos con carencia alimentaria, ¿ya no pasan hambre? 
Dos años después del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que 3.1 millones de mexicanos “ya no pasan hambre (y) tienen garantizada su alimentación cotidiana”. Su fuente son las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que presume que, gracias ese programa  —el más importante de la política social del gobierno federal— tal cifra de mexicanos ya come mejor.
¿Pero qué significa comer mejor o, como dice el presidente, que 3.1 millones ya no pasen hambre? En realidad, no hay hasta ahora una evaluación objetiva que lo explique y la única evidencia que ofrece el gobierno federal es que esa cantidad de ciudadanos ahora son parte de un programa social. 
Según los datos de Sedesol, “son 3 millones 130 mil 294 (mexicanos) en condición de pobreza extrema multidimensional con carencia por acceso a la alimentación o pobreza extrema de alimentación (…) que se tiene certeza que han sido atendidas al menos por un programa que les ayuda a comer mejor”. Estos datos fueron obtenidos por El Sabueso mediante una solicitud de información respondida el pasado 14 de octubre de 2014.
Los programas sociales que ayudan a que estos mexicanos “ya no pasen por hambre”, como dice Peña Nieto, son Prospera, Apoyo Alimentario, Abasto Social de Leche y el de Apoyo de Adultos Mayores, pues, según la Cruzada, les proveen de herramientas que garantizan su acceso a los alimentos.
El Secretario Técnico de la Cruzada, Omar Garfias, lo explicó así en una entrevista con El Sabueso el pasado 21 de enero:
“Asumimos que son beneficiarias  —­a partir de la Cruzada— de algún programa que les da una transferencia económica y entonces ellos, a partir de ese recurso pueden comprar y mejorar su alimentación. O bien, (asumimos) que son personas que a partir de la Cruzada reciben algún alimento en especie; o personas que reciben algún apoyo para mejorar su producción y entonces pueden producir más alimentos para su autoconsumo o un excedente para venta”.
Para el gobierno federal, que 3.1 millones de mexicanos antes no tuvieran acceso a un programa social y ahora sí, implica que tienen garantizado acceso a alimentos.
“No es una inferencia, es una lógica”. “Si lo dijéramos así sería muy técnico: mejoraron su acceso físico o económico a los alimentos. Mucha gente nos diría ¿y eso qué es? Entonces el fraseo corto es: comen mejor”, que es el que se utiliza en eventos públicos, dijo el secretario técnico de la Cruzada.
Según Garfias, en el caso de los beneficiarios de leche o que tienen acceso a comedores comunitarios “está sencillo saber que comen mejor” y para los que reciben un apoyo económico, la Cruzada tiene encuestas que indican que utilizan el 70% de sus recursos para alimentación y el resto para medicinas.
“Y aún ese 30% también es indirectamente para alimentación porque permite el aprovechamiento de los alimentos. Entendemos que las personas cuando están enfermas no pueden aprovechar el alimento, entonces (ese 30%) también les sirve para su condición alimenticia”.
Pese a todos los dichos del Secretario Técnico, Sedesol confirmó, en la misma solicitud de información, que corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) evaluar  —con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) — los avances de la implementación de la Cruzada. Lo anterior todavía no ocurre, pues los primeros resultados se darán a conocer hasta el segundo semestre de este año. Por tanto, aún no se puede hacer una afirmación tan contundente como la que han hecho los funcionarios.
Hasta ahora, el Coneval sólo se ha pronunciado respecto a la Cruzada sobre la forma de comunicar los logros, pues en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 publicado en diciembre pasado, concluye que el gobierno federal no los comunica de manera clara y justamente se refiere a la afirmación “más de tres millones de personas están comiendo mejor”.
Sin los datos de evaluación de Coneval disponibles hasta ahora, especialistas en políticas y programas sociales consideran que la afirmación de que 3.1 millones comen mejor o ya no pasan por hambre carece de sustento. 
Observaciones del Coneval a la Cruzada. //Imagen: Coneval
Imagen: ConevalObservaciones del Coneval a la Cruzada.
“Una afirmación de ese tipo tiene que tener una base sólida para fundamentarse. Si yo le regalo comida a una persona que toca la puerta de mi casa entonces es evidente que esa persona probablemente comió mejor que el día anterior, pero eso no implica que su condición haya cambiado a comer mejor”.
“Yo no puedo saber si por una acción eso mejora la condición inicial por la que comenzó el proceso de atención. La afirmación de Sedesol no está basada en una evaluación; ésta corresponde única y exclusivamente a Coneval”, dijo en entrevista Julio Boltvinik, profesor investigador del Colegio de México, especialista en pobreza y programas sociales.
“La afirmación carece de sustento, no sabemos si es verdadera o falsa, simplemente carece de sustento. La afirmación ‘comen mejor’ es bastante discutible y al mismo tiempo tan genérica que si tienen dos pesos más comen mejor. Pero no pueden estar seguros de que comen mejor o ya no pasan por hambre porque dicen que están en diferentes programas sociales. Es (una afirmación) insuficiente y se presta a equívocos”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, experto internacional en programas sociales.
Para los objetivos de la Cruzada, el hambre se define como “la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Esta definición de hambre considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el costo de una canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, así como la carencia de acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad alimentaria”.
Según lo dicho por Peña Nieto el lunes 26 de enero, de los 7 millones de mexicanos que se detectaron en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria al arrancar con la Cruzada, 3.1 millones ya superaron esa condición, pues ya no pasan hambre; pero al no existir una evaluación y datos al respecto, El Sabueso concluye que es una afirmación engañosa.

sabueso_metodologia_info_mini

¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Quieres que El Sabueso verifique una frase? Escribe a elsabueso@animalpolitico.com 

1/27/2015

Ignora Sedesol destino de 4 mmdp entregados a 92 municipios


Una mujer durante la presentación de un programa de asistencia social en Cuernavaca. Foto: Margarito Pérez
Una mujer durante la presentación de un programa de asistencia social en Cuernavaca.
Foto: Margarito Pérez
MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reconoció que 92 municipios del país siguen sin reportar el destino de cerca de 4 mil millones de pesos que recibieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en el ejercicio fiscal 2014.
En rueda de prensa, Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, destacó que a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal obliga a los ayuntamientos a reportar los proyectos en los que invierten los recursos, 92 de los 2 mil 461 municipios del país incumplieron con esa responsabilidad.
El funcionario federal también resaltó que se invirtieron casi 51 mil millones de pesos, de los que no se reportaron más de 4 mil millones el año pasado.
También consideró que no registrar el gasto “es el camino lógico para llegar a una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues si un municipio no te informa en qué se está gastando su dinero, o puede ser un descuido o que algo venga mal”.
El titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la dependencia, Juan Manuel López, detalló que los municipios incumplidos pertenecen, destacadamente, a Oaxaca, la entidad que gobierna Gabino Cué.
Los recursos del FAIS son coordinados entre los gobiernos municipales, estatales y federal para localidades con población en pobreza extrema, en muy alto y alto rezago social, y a zonas de atención prioritaria.
Además, los recursos deben orientarse a abatir carencias sociales en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos y alimentación.
Juan Carlos Lastiri presumió que, gracias a la coordinación entre Sedesol y los gobiernos locales, ahora se da seguimiento de 93 mil 711 proyectos registrados en mil 832 municipios, los cuales utilizan recursos del FAIS.
Asimismo, aseguró que 79% de más de 100 mil proyectos de infraestructura se destinan a mejorar indicadores de pobreza como calidad de la vivienda y servicios básicos.

1/19/2015

Mucha tele, cero internet

Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto

Amén de las sospechas de uso electoral que despierta en la oposición la entrega gratuita de 13.8 millones de televisores digitales iniciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en pleno año electoral, hay otros dos cuestionamientos graves al programa: el primero es que las televisiones de 24 pulgadas que se están regalando a la población de escasos recursos no tienen acceso a internet, aun cuando ese fue uno de los argumentos para entregar televisores y no decodificadores digitales, y el segundo es que nadie sabe qué pasará con toda la chatarra de TV analógicas que serán desechadas y que es una fuente de contaminación ambiental.
En el caso del acceso a internet, el gobierno federal utilizó ese argumento para modificar el mandato de la reforma constitucional y las leyes secundarias en telecomunicaciones que obligaban al Ejecutivo federal a entregar “aparatos receptores y decodificadores” para recibir la señal digital en los hogares de menores recursos, según el artículo transitorio quinto de la Constitución y el transitorio 19 del decreto de legislación secundaria de junio de 2013. Pero para el 13 de mayo de 2014, la SCT publicó en el Diario Oficial el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital, y en él cambiaba: “se entregarán televisores en lugar de decodificadores” y “la entrega física la hará la Sedesol, en lugar de la SCT, por su alcance”. 
Incluso, el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, justificó el 20 de mayo pasado en conferencia de prensa que optara por repartir televisores en lugar de decodificadores: “Un beneficio adicional que favorece la inclusión digital, es que los televisores digitales pueden usarse como dispositivos de acceso a internet, tendrán la conectividad para que el usuario pueda conectarse a internet”, dijo en Nuevo Laredo. 
Pero las 2.5 millones de televisiones que se han repartido hasta ahora en el norte, noreste, Bajío, occidente y centro del país no tienen dispositivos de acceso a internet, aun cuando se decía en el discurso oficial que “el espíritu principal de la reforma de telecomunicaciones es favorecer la conectividad de toda la población, especialmente la de escasos recursos” ¿Cómo se conectarán si no se les dotó de una televisión inteligente? 
El mismo Ruiz Esparza trató de corregir el error cometido, a un costo de 5 mil millones de pesos por los televisores que ya compraron y pagaron en tres licitaciones, con una declaración en la que dijo que en 2016 se hará una nueva licitación para comprar aparatos que permitan el acceso a internet y regalárselos a la misma población a la que se le entregaron los televisores. Es decir, que en lugar de haber hecho una sola compra de televisiones con acceso a internet, ahora el gasto para el gobierno federal será doble.
El otro tema es ¿quién gana con el reparto de televisiones, además de las familias que gustosas reciben uno de los bienes más preciados y valorados por los consumidores en la actualidad? Información de la fracción del PAN en San Lázaro señala cuatro empresas que abastecen a la SCT. La primera y más beneficiada, con un contrato de 1 millón 96 televisores, es Grupo HTCJ; la segunda, con 942 mil 855, es Comercializadora Milenio en conjunto con Diamond Electronics, y luego le siguen Comarket con 242 mil 408 aparatos y Elektra del Milenio con 131 mil 941. Una licitación se hizo por “invitación a tres personas” con el número IA-009000987-N320014 y la otra como Licitación Pública Nacional Mixta LA-009000987-N73-2014. 
Otra gran interrogante que no ha respondido la SCT es qué pasará con la chatarra analógica que desechará la población. Grupos ambientalistas calculan que podrían tirarse entre 17 y 20 millones de televisiones analógicas, como ocurre en algunas ciudades, y el grave riesgo es que cada uno de esos aparatos se estima que contiene un kilo de monóxido de plomo, altamente contaminante y que inhalado o ingerido es dañino para el organismo humano. Los ecologistas se preguntan por qué el gobierno no hizo un programa de canje de una televisión digital por un aparato digital, y de ese modo garantizar el manejo de esos desechos que hoy no tienen ningún tipo de control. 
A todo eso se añade la sospecha principal de que detrás de todas estas decisiones haya un manejo político-electoral: ¿por qué si en el programa de trabajo original se decía que las televisiones comenzarían a repartirse en mayo de 2014 en la frontera norte para terminar en enero de 2015 en el centro del país, la entrega se retrasó hasta noviembre pasado y se planea terminar en abril o mayo de 2015 en plenas campañas electorales? ¿Será verdad que la intención oculta de la digitalización es “una tele por tu voto?
sgarciasoto@hotmail.com

1/15/2015

Programas sociales no resuelven exclusión de las mujeres rurales

Mantienen estructuras que las segregan de la toma de decisiones

Los programas e intervenciones sociales dirigidos a mujeres rurales o indígenas deben ir más allá de buscar que ellas accedan a recursos económicos o un microfinanciamiento, pues también deben modificar las estructuras sociales y psicológicas que en sus comunidades les impiden participar en la toma de decisiones.


En su estudio “Empoderamiento de la mujer rural; la experiencia de tres organizaciones sociales en México”, la economista e investigadora Mariana Carmona Ambriz y el maestro en Antropología Clément Crucifix, señalan que actualmente muchas de las intervenciones dirigidas a estas mujeres no están pensadas desde un enfoque integral.
Durante la presentación hoy de la investigación en la Cámara de Diputados, Clément Crucifix dijo que el concepto de empoderamiento debe ser entendido desde la visión y necesidades de las propias mujeres rurales, y no desde visiones prefabricadas con las que se tiende a pensar a las indígenas como “un grupo homogéneo”.
Explicó que mediante el análisis y visitas de campo a tres organizaciones civiles que trabajan a favor de las mujeres rurales y entrevistas a beneficiarias de programas sociales, pudieron conocer que las mujeres rurales viven el empoderamiento de diversas maneras.
“Se piensa el empoderamiento como autonomía respecto al esposo o la pareja, pero para muchas de ellas el empoderamiento era el logro de una mayor colaboración con el hombre o una mayor autonomía incluso con respecto a otras mujeres”, precisó.

Al recordar que entre las personas pobres las mujeres rurales padecen los indicadores de pobreza y rezagos más profundos, Crucifix enfatizó que muchos programas buscan dar apoyos económicos a las mujeres o ayudarlas a obtener recursos propios o financiamiento, pero la forma en la que son segregadas o discriminadas en sus comunidades va más allá del aspecto económico.
En la publicación editada por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) se establece que “el empoderamiento es un proceso mediante el cual se remueven las barreras económicas, socio-culturales y psicológicas para lograr la autogestión o la autonomía personal”.
En tanto, Mariana Carmona dijo que actualmente las organizaciones sociales –que llevan la carga más pesada de labores a favor de las mujeres rurales e indígenas– no están recibiendo el apoyo gubernamental, económico e internacional que necesitan y se enfrentan a diversas barreras para continuar con sus objetivos.

Ello porque las políticas públicas y programas que ofrecen recursos a organizaciones se encuentran segmentadas y sectorizadas, y “son convocatorias que les meten una camisa de fuerza y acaba pasando que la organización se tiene que adaptar a las metas del programa y no que la política pública atienda cuáles son las metas de la transformación local”.

CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

1/12/2015

Cruzada fallida contra el hambre

Política Zoom
Ricardo Raphael

Esta estrategia es todavía una obra en construcción y en más de un sentido se halla reprobada
De todas la violencias que se viven en México la pobreza y la desigualdad son las peores. No se explica que en la economía número trece del mundo vivan siete millones de personas cuyo ingreso para cubrir todas sus necesidades, incluido alimentarse, no rebasa los 19 pesos (1.2 dólares) por día.
“Es indignante, es inaceptable que millones de mexicanos aún padezcan hambre,” declaró Enrique Peña Nieto en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2012.
Para enfrentar esta circunstancia ahí mismo instruyó a Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social, para que pusiera en marcha la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Dos años después esta estrategia es todavía una obra en construcción y en más de un sentido se halla reprobada, según el Coneval, órgano del Estado mexicano responsable de evaluarla.
Ya pasaron las vacaciones navideñas y al tejado del Presidente no deja de lloverle: un informe publicado la semana pasada por esa institución asegura que la política social más importante de su gobierno hace agua por varios costados.
Este documento argumenta que el estado de la pobreza alimentaria en México podría ser idéntico al que había hace dos años.
Ahí se afirma que muchos de los programas de la Cruzada no logran llegar a las comunidades con mayor marginación y que cuando lo hacen muestran una calidad inadecuada.
No hay seguridad social en muchos de los municipios ubicados en las zonas prioritarias y nada se ha hecho para cambiar la situación. Donde sí se observa presencia destaca sin embargo una precaria calidad de los servicios.
Sólo funcionan bien y tienen cobertura aceptable aquellos programas que ya existían antes de diciembre de 2012: Adultos Mayores y Oportunidades (ahora Prospera).
Cabe destacar que dos de los objetivos centrales de la Cruzada han sido prácticamente abandonados: la estrategia no ha servido para crecer la producción y el ingreso de los campesinos que viven en los municipios más pobres; tampoco ha sido útil para combatir el desperdicio de los alimentos que se obtienen después de cada cosecha.
Reclama el Coneval la ausencia de políticas y proyectos productivos, así como el nulo acceso al crédito en las regiones supuestamente atendidas; éste es quizá el fracaso mayor de la Cruzada que encabeza la secretaria Robles Berlanga.
A lo anterior se suma una crisis de coordinación entre las 11 dependencias del gobierno federal involucradas, así como la ineptitud política para sumar a las autoridades estatales y municipales en el esfuerzo.
Dice el documento referido que a nivel federal encontró alineación (¿cooperación?) entre las secretarías de Desarrollo Social y Salud. En sentido contrario advierte que los intereses de otras dependencias, como por ejemplo la Sagarpa, se hallan a kilómetros luz de los propósitos de la Cruzada.
Sorprende por cierto en este texto el silencio que se guarda con respecto al desempeño de la Secretaría de Economía; una dependencia que no da color en prácticamente nada de lo que emprende.
A la incapacidad para colaborar dentro de la Federación se suma el desinterés del poder local: observando lo que sucede en Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y Baja California, el Coneval afirma que “no existe evidencia clara de que los actores locales tengan incentivos para darle prioridad a las actividades de la Cruzada.”
Repite prácticamente la misma afirmación cuando se valora a los municipios y su vinculación con los Comités Comunitarios creados por la Sedeso: “no hay procesos sólidos de coordinación” y es que tales instancias ciudadanas fueron creadas al margen de la autoridad del municipio.
Remata la evaluación concluyendo que la coherencia ha fallado también para planear y presupuestar de manera integral con respecto al conjunto de programas y líneas de acción que son parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En otras palabras, ni siquiera en materia de dineros hay conexión entre objetivos.
Después de leer el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 el presidente Enrique Peña Nieto debería exigir más de una renuncia. Todo indica sin embargo que los cambios en el gabinete no sucederán hasta diciembre de 2018.
ZOOM: ¿Si esta estrategia no está dando resultados en el combate contra la pobreza alimentaria, será que —como algunos malpensados anunciaron— sólo tuvo desde el origen propósitos electorales?
Para responder a la pregunta habrá que seguirle la pista a los Comités Comunitarios mencionados, de aquí a julio de 2015.
www.ricardoraphael.com @ricardomraphael