La periodista e investigadora de la UNAM, Marion Lloyd, denuncia que el modelo educativo presentado por Aurelio Nuño también plagió párrafos de un documento de la OCDE sin citar la fuente.
El fin de semana, el diario Houston Chronicle publicó un artículo de Marion Lloyd -su ex corresponsal en México y actual investigadora de educación superior en la UNAM-, titulado “¿El Plagiador se convierte en presidente?”, en el que, al tiempo que retoma el reportaje publicado por Aristegui Noticias, sobre el plagio cometido por el presidente Enrique Peña Nieto en su tesis de licenciatura, cuestiona la forma en la que el gobierno federal enfrenta el conflicto magisterial, encabezado por la CNTE.
La periodista y hoy académica señala que el nuevo modelo educativo presentado por Aurelio Nuño en julio, “incluye sus propios errores de estilo”. Detalla que de acuerdo con un análisis del experto en educación Roberto Rodríguez se “encontró que el documento copió
literalmente cuatro párrafos de un reporte de 2012 de la OCDE sobre
sobre el sistema de educación de México, y de nuevo sin entrecomillar o
citar fuentes”.
Aquí la traducción completa del artículo:
Un reporte de una de los periodistas de investigación más importantes
en México encontró que el presidente Enrique Peña Nieto plagió cerca de
la tercera parte de su tesis de licenciatura en derecho, incluso el
robo de largos extractos de uno de sus predecesores.
El reporte emitido
por Carmen Aristegui en su sitio web el pasado domingo denuncia que
Peña copió al menos 197 párrafos de escritores e historiadores sin
mencionar el origen. La oficina de Peña dijo que la falta de citas
fueron simples “errores de estilo” y que el presidente ha cubierto todos
los requerimientos para graduarse de la Universidad Panamericana en
1991.
La noticia por sí misma es escandalosa. Una petición circula en
Change.org urgiendo a la universidad rescindir el título de Licenciatura
ha obtenido más de 130 mil firmas hasta el viernes.
Pero las justificaciones son particularmente perturbadoras,
considerando que Peña ha apostado su presidencia en gran medida en una
reforma del sistema de educación de México, un sistema que él
aparentemente ha puesto en práctica.
Este golpe a la credibilidad del presidente no ayudará a su objetivo
declarado de reacondicionamiento del sistema de educación del país el
cual es fundamental para la habilidad de México en la creación de
trabajos y expansión de su economía en el futuro cercano. Estudiantes
mexicanos se encuentran por debajo del promedio de los 35 miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en
las pruebas estandarizadas internacionales.
Hasta aquí, la estrategia del gobierno se ha centrado en romper con
el pasado del sindicato nacional de maestros, el cual amasó enorme poder
y fortuna durante sus décadas como un aliado clave primero de PRI de
Peña y después como un jugador político independiente. Uno de los
primeros actos del presidente después de tomar el poder en diciembre de
2012 fue encarcelara a la lideresa nacional, Elba Esther Gordillo, con
cargos por malversación de 2 billones de pesos del erario durante sus 24
años en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación. El PRI, con el apoyo de partidos de oposición, impulsó
después mediante una ley en 2013 imponiendo evaluaciones obligatorias
para profesores, poniendo fin a un sistema en el cual las plazas podían
ser compradas o heredadas.
En teoría, la estrategia tiene sentido. Estudios internacionales han
demostrado que la calidad de la enseñanza es el factor más determinante
en el éxito de un sistema de educación de un país. Sin embargo,
villanizando a los maestros como los únicos culpables por el pobre
desempeño de los estudiantes mexicanos en evaluaciones internacionales,
el gobierno está pasando injustamente el costo. En realidad, el gobierno
carga la peor parte de la responsabilidad por entregar el control del
sistema de educación al sindicato que comenzó en la década de 1940 a
cambio de votos. Ni tampoco la reforma incluye propuestas importantes
para mejorar la calidad de la educación, más allá de algunas
actualizaciones para escuelas rurales y castigar a maestros que hagan la
evaluación.
Como resultado, miles de miembros del ala disidente del sindicato, la CNTE, han tomado las calles por más de tres años,
prácticamente cerrando el sistema de escuelas públicas en varios
estados. El gobierno ha respondido reprimiendo las protestas. La policía
federal es acusada de matar a alrededor de 11 personas en un choque en
el estado sureño de Oaxaca en junio. Las muertes siguieron a la
desaparición forzada en 2014 de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero,
quienes fueron secuestrados por la policía municipal en complicidad con
una banda local de droga; los estudiantes realizaban una protesta para
exigir más becas escolares. Ningún caso ha sido resuelto.
El gobierno ha desplegado también a miles de soldados para vigilar
las protestas en los sitios donde las evaluaciones de maestros están
siendo aplicadas. La CNTE, que represente alrededor de 300 mil maestros
de escuelas públicas, de los 1.4 millones, han pedido a sus miembros
boicotear las evaluaciones, argumentan que ellos no fueron consultados
en las reformas. También argumentan que las evaluaciones no miden con
exactitud la calidad de la enseñanza.
En muchas formas, ellos tienen razón. La nueva ley es más sobre
restricción de derechos laborales que una reforma de educación. En medio
de las críticas de prominentes académicos en este sentido, el gobierno
finalmente publicó su propuesta para un nuevo modelo educativo en julio,
tres años después de que la reforma educativa pasara en el Congreso.
Sin embargo, el modelo es en gran parte el reagrupamiento de
políticas educativas existentes e incluye sus propios “errores de
estilo” de acuerdo con un análisis del experto en educación, Roberto
Rodríguez. La página 104 del documento, se inspira en gran
medida y sin atribución, de la Reforma Integral de Educación Básica, una
serie de cambios curriculares implementados por el gobierno previo de
Felipe Calderón en 2011. Peor aún, Rodriguez encontró que el documento
copia literalmente cuatro párrafos de un reporte de 2012 de la OCDE
sobre el sistema de educación de México – nuevamente sin usar comillas o
citar las fuentes.
Mientras tanto, el punto muerto entre la CNTE y el gobierno mexicano
amenaza con afectar otro ciclo escolar. Como millones de estudiantes
regresaron a la escuela en México el lunes pasado, maestros en al menos
dos estados controlados por la disidencia rechazaron dar clases. El
secretario de educación pública, Aurelio Nuño, respondió amenazando con
poner fin al diálogo con la CNTE y retener pagos de los maestros en
paro.
Estas tácticas de manu dura por parte de la administración de Peña no
son nuevas. Aristegui fue despedida de una estación de radio en 2015,
en lo que muchos creen fue la reacción de su investigación sobre un
cuestionable negocio de bienes raíces que involucró a la esposa de Peña.
En lo que se conoció como el escándalo Casa Blanca,
Aristegui reveló documentos que demostraban que un contratista del
gobierno había diseñado y construido una multimillonaria mansión para la
familia presidencial a petición de la primera dama.
El presidente fue absuelto el año pasado por el titular de la
secretaría de la Función Pública, a quien había nombrado poco antes.
Pero, el escándalo estalló. En junio, en una ceremonia para promulgar el
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México, Peña ofreció una
disculpa lo que el llamó “error” sobre la Casa Blanca. El manifestó que
“este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser
responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad también
somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y
en esto reconozco que cometí un error”.
La Presidencia respondió a los señalamientos de plagio, no obstante, no mostró un signo de contrición.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario