1/13/2017

Canallada política


Lo que está empezando a suceder es la venta del kilogramo de tortillas a 15 pesos y una cascada de aumentos en alimentos que es imposible controlar por parte del gobierno, el cual afirma sin embargo que la subida de precios tendría que ser de 1% en correspondencia con el gasolinazo. Nadie aumenta precios sólo en ese porcentaje, pero, además, la causa es el acumulado del encarecimiento de los energéticos y, principalmente, del proceso devaluatorio que ya lleva 70% desde el inicio de la presente administración.

No tendría el menor sentido hablar de quitar el subsidio (nunca demostrado con cuentas concretas) a las gasolinas para subsidiar directamente el transporte de personas y mercancías. El incremento del precio del combustible no puede dejar de repercutir en el esquema general de costos porque ya se hizo súbito y es mayor. El gobierno afirma que más de la mitad de la gasolina es consumida por el 10% de la población, pero no es así con el diésel. Casi todo lo que se produce requiere ser llevado a otro lugar.

Se ha criticado al gobierno de Enrique Peña por no haber anunciado y explicado el gasolinazo con anticipación. Ese no fue su problema. Al contrario, tal conducta le permitió sorprender. Lo que le resulta contraproducente al gobierno es que sus argumentos son falsos. Cuando el crudo en el mundo pasó de 100 a 40 dólares por barril, la gasolina y el diésel en México no bajaron de precio. El combustible mexicano no se ha vendido por debajo de su costo de producción ni de su precio de adquisición mayorista en el extranjero, por tanto, el llamado subsidio es lo que deja de cobrar el gobierno de IEPS debido al carácter importado de la mayor parte de las gasolinas.

El problema de fondo es la negativa, durante 30 años, de invertir en nuevas y modernas refinerías prefiriendo pagar impuestos en Estados Unidos antes que en México. Es un problema del modelo neoliberal que busca replegar al Estado y promover el llamado libre comercio, pero en los hechos se ha arrugado al país y se ha agotado el mercado interno. Además no existe seguridad energética, que entre tanto Obama restableció en Estados Unidos.


Lo que el gobierno de Peña está haciendo es aumentar ingresos públicos por la vía de ciertos precios, lo cual es una canallada política en cualquier parte del mundo. El dinero adicional procedente de las gasolinas será usado para dar cobertura al buscado superávit primario, es decir, cubrir con suficiencia relativa el costo financiero de la deuda, que se ha tornado excesiva pero por decisión del mismo gobierno, quien la elevó demasiado, no obstante el bajo crecimiento de la economía, que ha sido a su vez el mayor fracaso de la presente administración.

Para el presente año todo será peor: el PIB no llegará ni al 1% de aumento. El país se encuentra ya virtualmente en recesión. Todos lo sabemos excepto el gobierno, que no quiere saberlo.


Peña-Meade-Videgaray buscan ahora estabilizar la deuda haciendo otra vez la peor cosa en el peor momento. El gobierno anticipa la búsqueda de dinero donde no lo hay, es decir, en el consumo interno de la mayoría, los bienes-salario, que terminarán también aumentando de precio. La repercusión directa del encarecimiento de las gasolinas tendrá de seguro un costo mayor a los 200 mil millones de los que habla Peña en referencia al inexistente subsidio efectivo del combustible, pero ése lo pagarán principalmente quienes menos tienen, los consumidores de la mayor parte de los alimentos que se producen en el país y los usuarios del transporte público de automotores.

Es infamante decir que sin el gasolinazo habría que cerrar escuelas públicas (Nuño) o dejar de cubrir las pensiones y jubilaciones (Arriola). ¿Puede un gobierno cualquiera hacer eso? ¿De qué hablan los gobernantes mexicanos? Quien hace canalladas suele explicarlas con bajeza.

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