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Fuente: Cimac Foto.-Ciudad
de México.- Durante 2023, se iniciaron 4 mil 592 investigaciones por el
delito de tortura y tratos inhumanos o degradantes en México, sin
embargo, menos del 1% fueron judicializadas, es decir, no avanzaron lo
suficiente para llegar ante una persona juzgadora.
Este número resulta alarmante, pues, en un panorama general se encuentra que, a comparación de otros delitos como el secuestro la cifra es 9 veces mayor, entre este y otros hallazgos arrojados por el Observatorio Contra la Tortura en su informe 2023, se esboza lo incontenible de la crisis de derechos humanos que atraviesa a nuestro país.
En conferencia de prensa, miembros del Observatorio Contra la Tortura se dieron cita para realizar algunos apuntes importantes en la presentación del informe, pero también, el espacio fue punto de inflexión para cuestionar asuntos de interés nacional como el desacato a las recomendaciones internacionales para erradicar la tortura, la inexistencia de un mecanismo federal para atender esta materia y por supuesto, externar la preocupación sobre la segregación – desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
«Esto no se hubiese
logrado sin órganos autónomos, esta iniciativa se dio en una situación
desafiante en donde se habla del poder de usar la información de
instituciones quienes deben de rendirnos cuentas (…) la desaparición del
INAI compromete gravemente los datos, las conclusiones y
recomendaciones que escucharán hoy y que verán en el informe han sido
posibles gracias a cientos de documentos públicos, expedidos con
claridad. Nuestra voluntad no es la crítica infundada, al contrario,
gracias al estudio de los datos queremos entender fenómenos delictivos y
que esto sea de utilidad para la sociedad, especialmente, para las
autoridades», refirió Ángel Ferrer de Documenta.
El informe
condensa en sus 7 capítulos apartados como quiénes son los responsables
de estos tratos inhumanos, cuál es el actuar de las autoridades, quiénes
sancionan los hechos y cuáles son las estrategias nacionales para
prevenir, combatir y erradicar la tortura.
Uno de los asuntos
fundamentales para dimensionar esta crisis es colocar la lupa en quiénes
cometen estas violatorias. Según apunta Ferrer, a diferencia de otros
delitos con una altísima incidencia como la extorsión o el secuestro, es
que no son delitos entre particulares, sino delitos entre personas
civiles y servidores públicos.
Al
hablar de tortura, siempre existe la participación de las autoridades
lo que reproduce cifras negras, pues las víctimas deciden no denunciar,
pues de cada 100 casos por tortura, sólo 10 fueron denunciados por las
mismas personas.
Según se expuso en conferencia de prensa, existen
varias razones por los cuales las personas no se acercan a denunciar,
sin embargo, destacan las siguientes:
- Miedo a las represalias, pues el 44% de estas denuncias son en contra de las mismas autoridades que serán encargadas de investigar el delito, es decir, las fiscalías se investigarán a sí mismas.
- Desconfianza es el segundo tema medular que se aúna al desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la inaccesibilidad económica y geográfica para iniciar un proceso.
Por su parte, Natalia Cordero de la
organización Fundar atajó que no se podía dejar fuera de la conversación
a los órganos castrenses quienes cometen un número altísimo de tortura
en contra de autoridades civiles y advirtió la preocupación de no poder
acceder con transparencia a las cifras e información sobre el actuar de
órganos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Asimismo,
recordó que las fuerzas armadas no están capacitadas para atender
asuntos de carácter público y que, si bien existen serias deficiencias
estructurales, era responsabilidad del estado robustecer a sus
autoridades civiles sin necesidad de meter a la fuerza castrense. En
añadidura, Cordero nombró la tortura que se da, no sólo en calles, sino
también al interior de los centros de reinserción social y recordó el
caso del Cefereso 16 que, a propósito, ya ha llegado a juicio ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
La
CEPAD, organización jalisciense también participó en la rueda de prensa
junto a su representante Denisse Montiel, quien abonó al diálogo con
una de las represiones del estado que no pueden dejarse de lado: La
tortura en el marco de la manifestación pública.
«En el último periodo del gobierno federal, la tortura no sólo se ha mantenido, sino que se ha agudizado, a su vez, donde nos encontramos en una época de cambios y transición es importante recordar que la tortura en la protesta social no sólo se usa para castigar a quienes toman las calles para denunciar, también trasciende más allá de los cuerpos y busca inhibir que otras personas ejerzan este derecho, algo que en muchas entidades federativas ya han logrado», advierte Montiel.
Paralelamente,
recordó que la tortura en el marco de la protesta social se vive de
manera diferenciada entre hombres y mujeres, pues cuando esta represión
se ejerce tiene un doble mensaje: «Las mujeres no pertenecen a la esfera pública«.
Según
refirió la representante de la CEPAD, esto manda un mensaje de castigo
por haber transgredido los roles de género que establecen que las
mujeres pertenecen al espacio privado para el cuidado, la subordinación y
la reproducción; aquellas que salen a las calles, reciben el castigo
que merecen, particularmente, cuando se trata de exigir sus derechos,
nombrar las injusticias o acusar a las autoridades. Montiel nombró
algunos casos de brutalidad policiaca, secuestro exprés y desaparición
que se han cometido en los últimos 4 años, haciendo especial hincapié en
el pasado 8 de marzo cuando autoridades zacatecanas cometieron
represión, tortura sexual, violencia verbal y secuestro de, al menos,
una docena de mujeres, algunas de ellas, menores de edad.
Asimismo,
se recuperó el testimonio de la madre de Keren Ordóñez, sobreviviente a
tortura, forzada a firmar un documento que reconocía su culpabilidad y
sentenciada a 50 años de prisión por la fabricación del delito de
secuestro.
No tengo palabras cómo decirlo, ayer salió la sentencia donde juzgaron a mi hija poniéndole, de nuevo, 50 años, como madre, pienso, ¿dónde estará la justicia? Por eso siempre lo digo con todas las letras: Mi hija es inocente.En un principio yo puse todas las pruebas, desde un principio mover todo, demostrar que estaba embarazada, todo eso lo hice yo (…) Ayer reaccioné pensando «Dios ayúdame» porque aún con estas pruebas que he presentado ante las autoridades superiores, (ellos) violaron nuestra dignidad y nuestros derechos. No tenemos nada que nos avergüence, esta mañana me sentía bajoneada, ¿por qué ajustician así a mi hija? No nada más a ella, somos una familia.Que las autoridades actúan sin prejuicio, nos dicen: Tú como no tienes dinero, vas para adentro con 50 años.Su papá tiene 80 años y su hija 9, ¿eso lo ven? Quieren condena y que pase toda su vida.La presidenta dice: «No los vamos a defraudar pueblo de México», ¿y entonces?, ¿dónde estamos?
Principales hallazgos: 865 mujeres víctimas de tortura en un año
De
acuerdo con los datos segregados, las mujeres representan el 14% de los
casos, aunque en realidad, como ya se advertía, el número puede ser
mucho mayor, sin embargo, una buena parte de la población decide no
denunciar; hablar de tortura, implica reconocer una poderosa cifra negra
pues además de no saber la cifra exacta, en más de 300 casos se
desconoce el sexo de la víctima.
Las entidades que acumulan las
mayores violatorias en contra de las mujeres es Michoacán de Ocampo con
193 casos registrados, seguido por el Estado de México con 167, la
Ciudad de México con 123 y finalmente, Puebla con 49.
Asimismo,
de estas 865 víctimas sólo 3 casos lograron judicializarse: Una en
Estado de México, otra en Jalisco y la última en Oaxaca.
La judicialización es un paso imprescindible para que se pueda determinar responsabilidades
y,
en su caso, sancionar a las autoridades responsables. Si las fiscalías
no presentan el caso ante un juez, éste no podrá condenar o absolver a
las autoridades señaladas ni dictar medidas de reparación para las
víctimas
Del universo total de 4 mil 592, sólo 18 casos fueron judicializados y en 10 casos se logró dar con 3 responsables: 7 policías municipales, 2 sistemas penitenciarios y 1 caso en la secretaría de seguridad pública estatal.
Entre los hallazgos arrojados se encuentra que, en 2022, se judicializaron 82 casos y en 2023 sólo 18; lo que podría parecer una victoria de que existieron menos denunciar, es, en realidad, lo contrario; una advertencia de que al interior de las fiscalías algo está sucediendo que han obstaculizado que los casos lleguen a manos de juezas y jueces.
«Esto no quiere decir que bajó la tortura, sólo bajaron las investigaciones; los casos no avanzan y se quedan en las fiscalias quienes dejan la investigación, incluso, por décadas, lo archivan o deciden no llevarlo ante un juez», dice Angel Ferrer en conferencia de prensa.
Este asunto de archivo y no ejercicio de acción son las herramientas estructurales más utilizados por las autoridades mexicanas; la sumatoria de estos 2 hechos ocupan el 93.9% de los casos y sólo el 0.1% logrará llegar ante un juez. La entidad que tiende a dejar en «la congeladora» sus investigaciones con mayor incidencia es la misma Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca e Hidalgo.
Únicamente 3 entidades
federativas emitieron al menos una sentencia condenatoria por tortura.
De la información facilitada por los poderes judiciales, se
contabilizaron 4 personas condenadas, dos de las cuales pertenecían a la
policía municipal.
Este 2022, sólo se dictó una sentencia
absolutoria por el delito de tortura y tratos inhumanos. Las principales
quejas por este delito las ostenta la Fiscalía General del Estado, la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Seguridad Pública
Municipal.
Incongruencias en los peritajes:
Fiscalías vs organizaciones autónomas
Se
debe recordar que México está alineado al margen internacional del
Protocolo Internacional, un manual que contiene los más altos estándares
sobre cómo reconocer y documentar los síntomas de tortura. Este
documento es reconocido por el Comité Europeo para la prevención de la
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes; se aborda cómo
realizar entrevistas, encontrar indicios, hacer exámenes psicológicos,
físicos y consideraciones generales para no violar los derechos humanos
de las víctimas.
Aún con ella, el Observatorio encontró datos
alarmantes sobre contradicciones, pues el 82.5% de las víctimas de
tortura en nuestro país no recibe un peritaje médico basado en el
Protocolo de Estambul. Los pocos exámenes que sí se realizan, los hace
la Fiscalía (95.6%) y al momento de lanzar sus resultados, el 91.8%
descartan la tortura por ser «no coincidente».
En
contracara, cuando la Organismos Públicos de Derechos Humanos realizan
los exámenes, encuentra el 68.7% coincidente, es decir, la fiscalía
tiende a rechazar los síntomas de tortura entre las víctimas.
«Debe existir una política pública para atender y reparar a las víctimas, la FGR debe coordinar este programa, pero deben participar los demás poderes, organizaciones y academia. El primer programa debió aprobarse a finales de 2017 y hasta la fecha sigue sin aprobarse.A inicios de la anterior administración trabajamos en más de 20 reuniones para elaborar una buena propuesta, pero no hubo la voluntad de hacerlo, fue un trabajo en vano (…) Esto es un llamado a la nueva administración para construir la herramienta más poderosa para combatir la tortura», concluyeron los representantes del Observatorio contra la Tortura.
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