La última vez que vieron a Gloria Karina Oliva Ayala fue cuando asistió a una entrevista de trabajo en un establecimiento de venta de pollo frito sobre la carretera Apodaca–Juárez, muy cerca de su casa; se le perdió el rastro.
El señor Oliva ya no vivía con su hija, sin embargo, mantenía una constante comunicación con ella: paseaban o comían juntos. Se enteró de la ausencia de Karina al día siguiente, cuando su la madre de la joven le llamó para decirle que no había regresado a casa.
La denuncia ante la FGJNL fue por “no localización”, según refiere Julio Olivas, las autoridades de la fiscalía le hicieron saber que el término “desaparición” no estaba, siquiera, tipificado.
En aquel entonces, el novio de Karina le mostró una serie de mensajes en redes sociales que ella le reenviaba. Se trataba de un hombre que le había estado escribiendo, la amenazaba diciéndole que en la primera oportunidad se la llevaría con él. “Decía ‘en cuanto salgas de tu casa te voy a robar’; cosas así”, explica Julio.
Él sabía que buscando en la cuenta de Facebook de Karina, quizás podrían rastrear el paradero del presunto responsable, pero la cuenta de la joven fue cerrada a los pocos días, y los investigadores descartaron toda prueba contenida en redes sociales.
Cuando planteó a los investigadores la posibilidad de que su hija había sido víctima de trata lo desestimaron. Hasta hoy no hay denuncia por ese delito, ni en el ámbito local ni en el federal.
«Les comenté: Puede ser víctima de trata, y me dicen: ‘mira, ni siquiera’, me explicó el ministerial, ni siquiera por desaparición; tu hija está no localizable, solamente», narra Julio Olivas.
La información obtenida de la conexión del celular de Karina mostró que, al día siguiente de su desaparición se hallaba en Playa Miramar, estado de Tamaulipas.
Aún con estos datos, la Fiscalía no aceptó una denuncia por trata de personas.
“Incluso, yo les hice ver toda esa situación, pero no lo consideraban, o sea, no encontraban los elementos como para que fuese eso”.
El caso del señor Oliva no es el único. Tres familiares más de mujeres desaparecidas en esta entidad afirman que existen evidencias de que la desaparición de sus hijas está relacionada con trata de personas, sin embargo, las autoridades no les permiten poner una denuncia por este delito, contrario a lo que determinan las Leyes locales y generales.
En Nuevo León, la violencia se ha disparado desde el 2008, siendo una tendencia, los secuestros, extorsiones, cobros de piso, balaceras en lugares públicos, lanzamiento de granadas a establecimientos, ejecuciones y exposición de cuerpos y restos humanos en zonas públicas. Desde entonces, también se empezó a hablar de la desaparición de personas.
En respuesta a una serie de solicitudes de información, la FGJNL detalló que, de enero de 2017 a julio de 2024, se han abierto mil 428 carpetas de investigación por desaparición de mujeres. Antes de esa fecha no existían carpetas abiertas por el delito.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reconoce mil 574 mujeres desaparecidas o no localizadas, entre 2010 y septiembre de 2024.
En contraste, la FGJNL sólo cuenta con 212 carpetas de investigación por trata de mujeres, sin especificar el periodo de las denuncias. Asimismo, la dependencia respondió que, entre 2019 y agosto de 2024, ha rescatado a 84 mujeres víctimas de trata; 65 eran menores de edad.
A pesar de que las leyes locales de Trata y de Desaparición y Búsqueda de Personas, así como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establecen el “enfoque diferencial y especializado”, que reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, entre otros factores, la inacción de las autoridades neoleonenses ejerce una violatoria a los principios de interseccionalidad y perspectiva de género.
Explotación sexual, falta de claridad y Nuevo León como nido de negocios
María Luisa Castellanos, cofundadora de la organización Buscadoras Nuevo León, afirma que la trata es un delito frente al que aún desconocen cómo proceder.
“No es muy claro cuáles son los protocolos, no son públicos”, destaca la activista que, desde la desaparición de su esposo, Nicolás Flores en 2011, ha acompañado a familiares de mujeres y hombres desaparecidos.
En ninguno de los casos de mujeres desaparecidas de las que tienen registro, subraya Castellanos, se ha turnado a la fiscalía encargada de atender los casos de trata de mujeres: “Tú eres el que le abonas a la carpeta»
Paralelamente, el doctor en antropología, Arun Kumar Acharya, refiere que Nuevo León se ha convertido en un espacio fértil para la trata de personas con fines sexuales. Según ataja, este fenómeno comenzó a incrementar desde el 2007 y sólo siete años después, en 2014, un aproximado de 400 mujeres ya habían arribado a la zona metropolitana de Monterrey, al menos la mitad de ellas, eran dejadas en la capital regiomontana y el resto, trasladadas a otras ciudades de la República.
“Algunas se van a McAllen, algunas se van a Reynosa, Matamoros, hasta Ciudad Juárez; también Monterrey tiene contacto directo con Cancún. Entonces, después se volvió una ciudad de distribución para otros estados”, detalla el académico que lideró una investigación en la que entrevistaron a 200 mujeres en situación de trata en Monterrey.
Alicia Leal, fundadora de Alternativas Pacíficas, organización con 29 años de experiencia en la operación de refugios para mujeres víctimas de violencia, confirma que el delito de trata en Monterrey está relacionado con el enfoque de negocios que tiene la ciudad, dirigidos mayormente por varones.
«Hay mucha demanda. El consumo, sobre todo en ciudades donde el punto focal económico son los negocios, entendiendo que los negocios son predominantemente manejados y operados por hombres. Entonces, ahí es donde el consumo se vuelve un mercado estable”, dice Leal.
Verónica, Frida y Ana Gabriela
El domingo 29 de agosto del 2021, Frida Flores de, entonces, 18 años, salió a comer en el municipio de Sabinas, Nuevo León y posteriormente, se perdió su rastro.
“La empezamos a buscar, y el teléfono se apagó. Y, pues, ya no me respondió, y yo esperé toda la noche. Dije: ‘al rato regresa, y ‘al rato regresa’, y ya no regresó”, cuenta su madre, Erika Navarro.
El último registro de Frida lo tiene el restaurante en donde comió con su amiga identificada como Mariana quien, señaló a las autoridades que Frida se había ido con una mujer desconocida.
Entretanto, su madre, cuenta en entrevista que tiene la sospecha de un nexo entre Mariana y la desaparición de Frida; una hipótesis de que fue vendida.
“Yo digo que se la llevó a alguien, que ella le gustó a una persona, que se la hayan llevado a la fuerza, o que Mariana –siempre le he echado la culpa, que Dios me perdone–, pues que la haya vendido a alguien, porque ella anda como si nada en el pueblo”, acusa.
El caso de Frida no está tipificado como trata y Erika Navarro denuncia que no se han realizado las debidas diligencias que apunten a esta línea de investigación.
Un año antes de la desaparición de Frida, un 28 de mayo del 2020, también desapareció Ana Gabriela de 23 años. Aquella tarde, la mujer dejó a sus dos hijos al cuidado de su madre, Nayeli Nolazco y salió a tomar, como era costumbre, sus clases de ballet; no se volvió a saber de ella.
Según refieren sus compañeros de baile, una mujer misteriosa habría pasado por Ana Gabriela al termino de la sesión.
“Estuvo recibiendo llamadas de una amiga, no sabemos quién es la amiga, y la amiga la estaba invitando a salir, y esa supuesta amiga es la que va y la recoge”, cuenta su madre, Nayeli Nolazco.
A partir de las 11:30 de la noche, el teléfono de Ana Gabriela se apagó, y ya nadie supo de su paradero. Después de buscarla por más de un día, el sábado puso la denuncia por desaparición. Un mes después, se obtuvo la última actividad telefónica de Ana Gabriela, el registro, dio en el estado de Tamaulipas.
Nayeli Nolazco, al igual que las otras personas buscadoras, denuncia que sean las familias quienes tengan que engrosar la carpeta de investigación e indagar por sus propios medios si existió, o no, la injerencia de una célula delictiva focalizada en trata de personas. En añadidura, la madre buscadora denuncia que no hay ningún mecanismo que se especialice en buscar a las mujeres considerando factores preponderantes, como por ejemplo, la explotación sexual.
«Siempre se busca en los campos en donde puede haber cuerpos, y es muy válido, pero yo siempre he dicho ¿y los bares?, ¿y los lugares donde pueden estar en venta las mujeres?, ¿por qué no se hacen unas búsquedas ahí?, ¿cuántas mujeres están ahí que no están bajo su voluntad?, o sea, es respetable quien esté por su voluntad, pero ¿y quiénes no tienen voluntad de estar ahí?”
Afirma que hay más madres de la organización Buscadoras Nuevo León que temen que sus hijas estén siendo víctimas de trata, pero no sabe de ninguna que haya logrado una denuncia por ese delito.
Han pasado 13 años desde que Verónica Janet Garza Cabrera desapareció. En casa, aún la esperan sus cuatro hijos.
Trabajadora informal, Verónica de 25 años se sostenía a través de la venta de tacos; todos los días, colocaba su puesto frente al cuartel dela séptima zona militar en Apodaca, Nuevo León. Uno de esos días de trabajo, Verónica no volvió a casa.
Las investigaciones han revelado que ingresó al cuartel militar en compañía de sus dos compañeras a visitar a un grupo de soldados, pero ella no salió.
“A una de las jóvenes con las que se fue la citaron a declarar, y ella declaró que no habían ido al puesto de tacos, supuestamente, que se habían ido a trabajar al campo militar”, cuenta su madre, Catarina Cabrera Núñez.
Catarina Cabrera, adulta mayor, refiere en entrevista que aunque se hizo la denuncia correspondiente y al tener involucrados a miembros castrenses, la Fiscalía General de la República tomó el caso, sin embargo, a 13 años del suceso, la señora Cabrera nunca fue llamada a declarar.
De acuerdo con las compañeras de Verónica, ésta última fue llevada a Chihuahua, sin embargo, no hay ninguna denuncia, ni línea de investigación que apunte a la trata: «No sé cómo ponerla», dice su madre.
Evitan investigar la trata y el tráfico de órganos
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Perla de los Ángeles Villarreal Valdez, destaca que la problemática principal es la falta de voluntad por parte de las autoridades, lo que se refleja en el desacato a la ley local contra la trata, que instituye la creación del Consejo Interinstitucional que debe sesionar cada tres meses, sin embargo, sólo se ha reunido tres veces en tres años.
“Hice varios exhortos, y a raíz de mis exhortos se reúne el Consejo con el secretario de Gobierno, pero ahí quedó, ya no se hizo más”, lamenta.
Por su parte, el especialista Arun Kumar refiere que existe un profundo desconocimiento de las autoridades sobre el delito de trata, lo que provoca que no sea catalogado de esa manera, sin embargo, desde su perspectiva existe una tasa altísima de personas desaparecidas que están relacionadas a la trata de personas y al tráfico de órganos.
De acuerdo a Kumar, las personas tratantes buscan a mujeres con características específicas; características que determinan su valor en el mercado sexual. Según apunta su investigación, el rango de edad de desaparición de mujeres oscila entre los 10 y los 34 años.
Las mujeres más codiciadas por los tratantes son aquellas de piel blanca, cabello rubio y jóvenes, alcanzando un precio de 100 mil pesos, según refiere Kumar.
Por su parte, una mujer joven de piel oscura y menor de edad tiene un precio de 70 mil pesos; el valor es menor conforme las mujeres son mayores. A partir de los 20 años, las mujeres en la capital regiomontana son vendidas hasta por 40 mil pesos.
Paralelamente, Teresa Ulloa, representante en México de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), asevera que en las estadísticas de personas desaparecidas no se incluyen las que pudieran ser víctimas de trata. Es decir, el Estado no indaga el universo del comercio sexual.
“Entonces, esas víctimas se pierden, no están en ningún lado, no las cuantifican. Siempre nos contestan que tengo que tener a la víctima rescatada para que inicien la carpeta de investigación; ellos ya no están buscando”.
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