Este escenario representa una oportunidad clave para visibilizar los cuidados en contextos de movilidad humana. América Latina y el Caribe enfrenta hoy una movilidad sin precedentes, tanto por su magnitud como por sus consecuencias. La participación de mujeres y niñas en los denominados movimientos mixtos ha crecido significativamente. Según la Organización Internacional para las Migraciones, las mujeres representan el 51% de la población migrante internacional en las Américas; por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el 46% de las personas desplazadas forzadamente en la región son mujeres.
En 2024, el 37% de las 302 mil 203 personas que cruzaron la selva del Darién entre Panamá y Colombia eran mujeres y niñas. En el corredor migratorio más grande del mundo, entre México y Estados Unidos, se registraron más de un millón de eventos de personas en situación migratoria irregular, de los cuales el 31% correspondieron a mujeres. A ello se suma el aumento de la migración de retorno: entre enero y mayo de 2025 se reportaron 57 mil 089 devoluciones de personas mexicanas desde Estados Unidos, incluyendo 3 mil 717 niñas, niños y adolescentes, según la Secretaría de Gobernación.
Estas cifras no solo muestran la dimensión del fenómeno migratorio, sino también sus impactos diferenciados por género. En este contexto, el documento “La sociedad del cuidado” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte sobre la existencia de corredores migratorios del cuidado, donde mujeres migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas y desplazadas internas se insertan casi exclusivamente en el trabajo del hogar remunerado y en cuidados domiciliarios. Muchas de ellas forman parte de las llamadas cadenas globales de cuidados, migrando desde países de menores ingresos para asumir tareas reproductivas en países más desarrollados.
Esta realidad refleja y profundiza desigualdades estructurales de género. Las mujeres y las niñas en movilidad humana enfrentan una carga desproporcionada de cuidados que restringe su acceso a derechos básicos y se ve agravada por barreras como la falta de regularización migratoria, el limitado acceso a sistemas de protección social, la ausencia de redes de apoyo, la discriminación, y múltiples formas de violencia. Todo ello obstaculiza su integración económica, social y educativa, y las expone a una mayor exclusión y precariedad.
Frente a esto, tanto los Estados como la sociedad civil han promovido compromisos hacia una sociedad del cuidado con enfoque transnacional. El Compromiso de Buenos Aires, adoptado en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, marcó un precedente al fomentar la cooperación entre países de origen, tránsito, destino y retorno, con especial atención a las mujeres que forman parte de las cadenas globales y regionales de cuidados.
El Proceso de Quito ha impulsado la armonización de políticas con perspectiva de género, y la Declaración de Cartagena+40 destacó la necesidad de garantizar cuidados, educación y certificación escolar para niñas, niños y adolescentes en movilidad. Por su parte, el Consenso de Montevideo ha sido clave para promover una respuesta integral centrada en la salud sexual y reproductiva y en la atención a la violencia de género.
En este marco, el evento paralelo a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer propone generar un espacio regional e intersectorial de diálogo sobre experiencias, aprendizajes y desafíos en torno a los cuidados en contextos migratorios.
Cerrar la brecha entre los compromisos y la realidad exige voluntad política, inversión sostenida y un enfoque que ponga en el centro la dignidad de las mujeres en movilidad. Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados en estos contextos no solo es una cuestión de justicia social, sino una condición indispensable para construir sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles en América Latina y el Caribe.
