7/12/2025

Violación, no embarazo adolescente: niñas de 10 a 14 años son víctimas invisibles

Elizabeth González-Manrique

Las estadísticas oficiales dan cuenta de alumbramientos en México por parte de menores en relaciones en las que las parejas son mayores en ambientes permisivos

Datos difundidos por la Secretaría de Salud revelaron que al menos 30 nacimientos registrados en 2024 corresponden a madres menores de edad, algunas de entre 10 y 12 años, en tanto los padres, algunos de ellos parte del círculo familiar de las niñas, tienen entre 30 y 65 años de edad.

Además de exigir acciones inmediatas ante este problema, tanto legales como institucionales, organizaciones a favor de la niñez buscan que se fortalezca la educación sexual en  instituciones de educación básica, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes comprendan lo que les sucede en caso de ser víctimas de este tipo de delitos.

Estos embarazos demuestran las fallas en materia de prevención, investigación y protección a la infancia, además de la falta de endurecimiento de castigos en casos de abuso sexual contra niñas.

De acuerdo con especialistas, la violencia deja marcas profundas en la vida de los menores de edad, pues se trata de eventos que afectan la salud mental, física y emocional.

INEGI reporta 101 mil nacimientos de menores de edad; especialistas advierten abuso sexual 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2023, se registraron 101 mil 147 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que representa el 5.6 por ciento del total de nacimientos registrados en el país.

Los estados que cuentan con las tasas más altas de nacimientos en este grupo etario son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

No obstante, de acuerdo con especialistas, la edad de consentimiento es a partir de los 15 años de edad, por lo que en el caso de embarazos de niñas de entre 10 y 14, se considera que este es producto de abuso sexual, en lo cual se considera la edad del padre.

Juan Martín Pérez, director de la organización Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, menciona que este es uno de los puntos más importantes a destacar en torno al llamado embarazo adolescente, aunque son a menudo niñas, quienes forman parte de esta estadística.

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Cuando hablamos del tema de embarazo adolescente, tenemos que hacer marcadas diferencias. La primera es que las niñas de 10 a 14 años, que son segmentos que generalmente la Secretaría de Salud marca para poder hacer contrastes con otros países, estamos hablando, de que en esos rangos de edad, tenemos que considerar automáticamente que hubo una violación, porque por la edad no se podría considerar que hubo consentimiento.

“Cuando estamos hablando de adolescentes de 15 a 17 años, tendríamos que ubicar criterios, primero, si fue en sociedad con otra persona adolescente, con otro par en rango de edad bastante similares. Generalmente lo que hemos observado en los datos, cuando se van desagregando, estos nos muestran que es cada vez más frecuente que los embarazos tempranos, de niñas y de adolescentes, son con hombres adultos”, explica.

Las tablas oficiales, compartidas por la Secretaría de Salud, en las que están los datos de las madres más jóvenes que dieron a luz en el país durante 2024 y la edad de los padres, causaron indignación entre la sociedad debido a la disparidad entre los progenitores.

De acuerdo con las cifras compartidas por la dependencia federal, niñas de 10 años, residentes en el Estado de México, Chiapas y Guerrero, se convirtieron en madres, en tanto las edades de los padres de los neonatos oscilaba entre los 16, 17 y 32 años de edad, lo que reveló diferencias de hasta 22 años.

Más de 6 millones de mexicanas sufrieron abuso sexual infantil: mayoría por familiares

Datos provenientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares refuerzan estos y lo dicho por Pérez ya que, según este ejercicio demoscópico, el 12.6 por ciento de las mujeres en México reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de cumplir los 15 años.

Esto significa que más de 6 millones de niñas y adolescentes han sido víctimas de tocamientos indebidos u otras formas de agresión sexual, los cuales, en su mayoría, han sido pepetrados por familiares cercanos como son hermanos, primos, tíos, abuelos y/o padres.

Casos como el de la influencer mexicana afincada en Corea del Sur, Mariel Ortega, quien recientemente denunció públicamente el abuso sexual que sufrió de manera prolongada por parte de su padrastro, que resultó en un embarazo adolescente, son la muestra de esta realidad vivida por miles de niñas en México.

De acuerdo con Ortega, con anuencia de su madre, pareja del presunto abusador, su padrastro abusó de ella de los cuatro a los 16 años. Primero comenzó con tocamientos y exhibicionismo frente a ella, entre los cuatro y 10 años de edad, momento en el que consumó la violación en contra de Mariel.

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Él me pegó porque yo no sangré y me acusó de no ser virgen, de haber ‘estado’ con alguien en la escuela y le dijo a mi mamá que yo no era señorita, por lo que ella también me pegó”, reveló Ortega en un podcast.

La joven menciona que el abuso continuó, a pesar de reportarlo a su madre quien le solicitó “acercarse a un compañero de la escuela para culparlo a él”.

Sin embargo, la familia optó por ocultar el embarazo y hacer pasar a la bebé resultante de la gesta como hija de su madre y su esposo. Al momento, Mariel busca justicia para ella y su hija, quien aún se mantiene en custodia de los agresores.

Cosificación e hipersexualización: expertos alertan sobre causas estructurales del embarazo infantil

Respecto a los datos ofrecidos por la Secretaría de Salud en torno al embarazo infantil y adolescente, los cuales fueron retomados por usuarios de redes sociales como la analista de datos y divulgadora científica, quien se identifica como Montse, Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia, menciona que parte del problema es la normalización de la cosificación de las menores de edad, a quienes se les insta a crecer a pesar de encontrarse en otra etapa.

Juan Martín Pérez también mencionó que otra de las situaciones que abonan a este caldo de cultivo es la llamada “cultura de la violación”, que tolera y permite que se abuse de las mujeres.

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La sociedad ha normalizado la cosificación de las niñas, a través de varias formas, desde la hipersexualización, que viven por la ropa, los bailes, la forma que se les presiona socialmente para ser grandes y ser mujeres, usar maquillaje y hacer actividades que son propias de una persona adulta.Y eso es una responsabilidad social que se normaliza.

“Por otra parte, hay una cultura, que constantemente los grupos feministas han denunciado, como una ‘cultura de la violación’ o que quienes trabajamos en la promoción y defensa de derechos de niños y niñas, hablamos de una cultura de la pedofilia, contando con productos culturales que romantizan esta violencia sexual pedófila, siendo el caso de la novela, y luego película, exitosa de ''Lolita'. Este concepto de las Lolitas, permite a los hombres mayores justificar e incluso verse como víctimas de la seducción de niñas, que no permiten que ellos tengan control de sus impulsos”, explica Pérez.

Pérez menciona que el machismo presente en la sociedad mexicana es otra de las razones por las que se toleran y proliferan los delitos sexuales en contra de menores de edad.

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Cuando hablamos de una ’cultura de la violación', la cultura de la pedofilia, nos referimos precisamente a esto de cómo la la cultura machista normaliza estas situaciones de desigualdad”, menciona.

De acuerdo con Juan Martín Pérez estos casos ocurren debido a la desigualdad de edad, económica y de género, condiciones que hacen más vulnerables a las niñas y las convierten en víctimas potenciales.

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Se tratan de relaciones basadas en la desigualdad por edad, que entre más pronunciada más escandalosa; en una desigualdad económica, que generalmente las niñas en todas estas historias y casos están en condiciones muy precarias, y en una desigualdad de género, pues es una realidad que solo por ser hombres, tenemos muchas más ventajas que las mujeres.

“Entonces, si sumamos desigualdad de género, económica y de edad, esto se traduce en, claramente, una condición de desventaja para las niñas, lo que se documenta en distintas investigaciones de Naciones Unidas, que revelan que las niñas y adolescentes atrapadas en estas relaciones van a enfrentar varios problemas a lo largo de su vida”, afirma.

Embarazo adolescente en México: sin recursos ni atención integral pese a ser el más alto en la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta que la tasa de embarazo adolescente en México es la más alta de todos los países afiliados, con una fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el 23 por ciento de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad, en tanto cifras del Consejo Nacional de Población revelan que los adolescentes comienzan a mantener relaciones a una edad promedio de 15.5 años. Adicionalmente, estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 14.6 años, en promedio.

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El Estado mexicano, que representa la treceava economía más grande del mundo y que forma parte de las 20 economías más grandes del mundo de la OCDE, respecto a embarazo adolescente, tiene un indicador que no corresponde con su nivel de desarrollo económico”,asegura Juan Martín Pérez, director de la organización Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe.

El coordinador de Tejiendo Redes comenta que aunque el Estado mexicano ha avanzado de manera paulatina con la disminución del embarazo adolescente y de las uniones tempranas, hay evidencia en política pública que muestra que para lograrlo se necesita una estrategia nacional que México ya tiene, la Estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente. No obstante, se necesita un diálogo público para hacer un tránsito cultural.

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Pese a esos avances que se mueven, por ejemplo, tuvimos retrocesos cuando estuvieron Fox y Calderón porque su visión, de derecha y religiosa en el gobierno, disminuyó los presupuestos (para) lo que tenía que ver con educación sexual y prevención de embarazo adolescente.

“Tuvimos otro avance pequeñito en el sexenio de Peña Nieto, cuando se desarrolla la Estrategia nacional de prevención del embarazo, que se mantiene en la administración de López Obrador, pero sin recursos públicos”, relata.

Por otra parte, organizaciones como Reinserta acusan fallas de política pública y seguimiento de medidas, por lo que sugieren que se implemente, de manera inmediata, una Ruta Nacional de Atención Integral a niñas víctimas de violencia sexual, con acceso efectivo a atención médica, psicológica, legal y educativa especializada, además de la activación obligatoria de protocolos de denuncia y protección en hospitales, escuelas y registros civiles, ante cualquier embarazo infantil.

Por su parte, José Pablo Balandra, director estratégico de alianzas de Reinserta, menciona que necesita trabajarse en la atención de víctimas y de su entorno familiar.

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Hoy tenemos una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde hay ciertas canalizaciones para la atención terapéutica, pero, esto no es nada más con la víctima, sino que esto se extiende al entorno familiar. Entonces, ahí hay un área de oportunidad interesante para plantearnos cómo estamos interviniendo ante esta problemática, que no nada más afecta a una persona, sino a un núcleo familiar”, aseveró.

Se trata de un marco normativo que establece acciones claras y obligatorias para prevenir, detectar, intervenir, notificar, canalizar y dar seguimiento a situaciones de violencia sexual en el entorno escolar.

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Celebramos que dentro del calendario de la SEP se incluyera una semana sobre la prevención, la atención y la educación de la violencia sexual y como, desde las escuelas, se generan contenidos y sensibilización, lo que es importantísimo.

“Sin embargo, ahora tenemos que replantearnos a nivel presupuestal y de capacidades instaladas que existen, cómo atendemos y cómo entornos como las escuelas realmente favorecen los procesos para que se puedan hablar estas situaciones y se puedan canalizar con quienes deben ser tratadas”, concluyó Balandra.

De la población y las niñas madres

Gabriela Rodríguez*

En el Día Mundial de la Población, que cada año se celebra el 11 de julio, es momento de informar sobre el periodo de transición que atraviesa la dinámica poblacional de México. Un país grande y grandioso, en población, en tamaño y en potencial económico. Somos el décimo país más poblado del mundo, con 133 millones de personas, el decimocuarto más extenso y la decimosegunda economía más grande del planeta. Albergamos además la séptima ciudad más poblada del orbe: la Ciudad de México concentra 21 millones 436 mil 9 habitantes.

Como resultado de 50 años de una política de población, desde comienzos de este siglo la población mexicana crece a un ritmo lento (hoy 0.8 por ciento anual), muestra una fecundidad en declive (hoy de 1.7 hijos por mujer, en promedio) y un sostenido aumento en la esperanza de vida (de 60 a 75 años, las mujeres viven 79 años como promedio nacional).

El Programa Nacional de Población 2025-2030 responde al nuevo escenario demográfico y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y con una visión a corto, mediano y largo plazos busca construir una estrategia intergeneracional para atender los retos asociados al cambio en la estructura por edad. Actualmente el mayor volumen está concentrado por grupos poblacionales en edades juveniles y adultas, y así seguirá por tres décadas más. Para mejorar las capacidades y la movilidad social de 40 millones de jóvenes de 12 a 29 años se están extendiendo los planteles y la matrícula de educación media superior y superior. Para aprovechar el bono demográfico y el bono de género, la ventaja que significa contar con una mayoría de población en edad productiva, con 54 millones de personas de 30 a 59 años, es una oportunidad para impulsar la economía y ampliar el acceso al empleo; es también momento para cerrar las brechas de género, de incorporar a esa mitad de mujeres que aún está fuera del mercado laboral y de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con políticas que fortalezcan los servicios de cuidados; esta situación demográfica coyuntural se acompañará con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, que están en curso. El grupo de 60 y más años suma 17 millones, seguirá creciendo a ritmo acelerado (por el gran volumen actual de adultos) y se estima que duplicará su proporción en 25 años (aunque a diferente ritmo en las regiones del país) lo cual implica irnos prepararndo desde ahora para una sociedad cada vez más longeva. Con una perspectiva de género y de pertinencia cultural se enfocan acciones para mejorar el bienestar a lo largo del curso de vida y garantizar un envejecimiento activo y saludable para toda la población. Los programas de República Sana, el de Salud Casa por Casa (para mayores y quienes viven con alguna discapacidad) y la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, se encaminan en esa ruta. La Pensión Universal para Personas Mayores ha tenido un impacto estratégico en el bienestar de quienes tienen más de 65 años, y también en su entorno familiar; por su parte la nueva Pensión Mujeres Bienestar para las de 60 a 64 años es un reconocimiento a los años que han dedicado al trabajo no remunerado y de cuidados. Y habrá que fortalecer del esfuerzo desplegado por el gobierno para mejorar las pensiones contributivas de los trabajadores, para ir cubriendo de manera paulatina a los grupos que han estado exentos, como es el caso de quienes viven con alguna discapacidad, los trabajadores ­agrícolas y las indígenas.

El grupo poblacional en descenso es el infantil. Actualmente hay 25 millones de niños (menores de 11 años) y su proporción se reducirá a la mitad en 50 años, su menor dimensión abre la oportunidad para garantizar todos sus derechos, principalmente el derecho a la salud alimentaria, a la educación integral, a la educación sexual y a vivir sin violencia. La estrategia Vive saludable, vive feliz en escuelas es trascendental, y la de Prevención del Embarazo de Adolescentes y erradicación del de las niñas es prioritario. El problema actual de la fecundidad no está en el número de hijos, sino en la edad temprana para tenerlos. Es indignante que cada día se presenten 22 nacimientos de madres menores de 15 años, fenómeno frecuente en zonas de mayor precariedad que se vincula con uniones o matrimonios arreglados y violencia sexual, prácticas que atentan contra su integridad personal, detienen su movilidad social, su desarrollo y su autonomía.

La impunidad y falta de atención es tema que ha escalado estos días en los medios de comunicación, voces que obligan a doblar los esfuerzos del Estado e impulsar su erradicación. La acción coordinada de instituciones logró un descenso de 21 por ciento en seis años, de 10 mil 500 a 8 mil 200 nacimientos de madres menores de 15 años, 54 por ciento de ellas estaban unidas y sólo 14 por ciento estaban estudiando. En 41 por ciento de los casos los progenitores tenían entre 15 y 19 años, 34 por ciento no especifica la edad, 22 por ciento son padres de 20 años y más, sólo 2 por ciento son menores de 15 años.

Otros desafíos de la política de población se relacionan con la necesidad de contener la expansión de las grandes metrópolis y hacer sostenibles los asentamientos humanos, así como la atención a migrantes. Porque la planeación demográfica es una herramienta clave para el desarrollo, que permite anticiparnos a los cambios y orientar políticas públicas.

* Secretaria técnica del Conapo

X: @Gabrielarodr108

Las recomendaciones de la CEDAW

 

.-El pasado lunes se hicieron públicas las recomendaciones al Estado Mexicano por parte del Comité de Expertas de la CEDAW, cinco son los ejes que acompañan estas: independencia de las instituciones, transparencia en el acceso a la información, la participación de las organizaciones, los recursos suficientes para la igualdad de las mujeres y la efectividad de las acciones.

Ejes que las organizaciones de la Sociedad Civil, pusieron sobre la mesa a través de los 46 informes sombra que se hicieron llegar.

Por más que la delegación oficial mexicana buscó mostrar un México de éxito, con reformas legislativas aprobadas, con números, con la primera mujer presidenta, no logró hacer sombra a la evidencia que las organizaciones sociales plasmaron en sus informes.

Los hechos muestran que las mujeres que vivimos en México seguimos enfrentando desigualdades estructurales, somos discriminadas por ser mujeres, la violencia feminicida va en aumento y la justicia va en cero, nuestras organizaciones fueron expulsadas del espacio de diálogo cívico, las instituciones que creamos para la democracia, los contrapesos, la información y la defensa de nuestros derechos están en riesgo total o aniquilada por decreto.

Estas recomendaciones están lejos de lo que la Secretaria de las Mujeres intentó hacer creer a la ciudadanía (¿y a su jefa?), a través de un promocional que colocó en redes sociales, donde aparecen varias comisionadas felicitando al Estado mexicano, sacando de contexto las declaraciones diplomáticas de las expertas, que son de protocolo, sin colocar los cuestionamientos que emitieron las propias expertas.

Grave cuando vivimos en la era de la desinformación, doblemente grave cuando quien desinforma proviene del gobierno que dice buscar erradicarla.

Pero más allá de ello, decía que el comité de 23 expertas emitió 90 recomendaciones para que el Estado Mexicano trabaje para la igualdad de las mujeres, que, por desgracia, estamos lejos de alcanzar.

Vale la pena destacar la observación por la falta de cumplimiento de recomendaciones del periodo anterior, para incorporar en la legislación una definición integral de discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención”, tanto en los ámbitos público como privado, recomendación del 2018.

En términos globales las expertas manifiestan sus preocupaciones por la falta de participación de las organizaciones de mujeres en la creación de la política pública; la falta de transparencia que permita evaluar los resultados de las acciones y la falta de presupuesto para la política de la igualdad de las mujeres.

Uno de los temas que llama poderosamente la atención y preocupación del Comité  tiene que ver con la violencia feminicida que sigue creciendo en nuestro país contra las mujeres y niñas, por ello en estas recomendaciones se le exige al Estado que redoble todos sus esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia, porque su negligencia cobra vida y siembra la posibilidad del horror, como lo vivido en Sonora con el asesinato de Margarita y sus tres hijas menores de edad Meredith, Medelin y Karla.

Estos hechos no debieron ocurrir, porque Sonora ya tenía puesto el foco rojo al registrar un incremento del delito de feminicidio en 33%, pues antes de este feminicidio 36 mujeres más habían sido asesinadas.

Por eso las recomendaciones hechas por el Comité, vienen a reforzar la urgencia de que el Estado mexicano deje de simular y actúe.

Si bien se reconocen avances legislativos en México, se alerta sobre el aumento de la violencia de género, incluidos casos de feminicidio, desapariciones y violencia sexual. Además, Señalan fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional.

Otro ejemplo, es la preocupación a propósito de la reforma judicial por la falta de independencia de los jueces y la falta de garantía para transversalizar la perspectiva de género en el actuar del poder judicial.

Lo mismo ocurre con la Secretaria de las Mujeres, pues si bien el Comité reconoce su creación como un avance, les preocupa, su falta de autonomía, el riesgo de reducción de presupuesto y la falta de la participación de las organizaciones en el diseño de esta secretaría.

La recomendación es sencilla, pero difícil de acatar porque va contra el modelo de régimen que se esta creando. Garantizar la independencia institucional para coordinar las políticas de igualdad de género en todos los departamentos gubernamentales, en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, así de sencillo se puede resolver el problema.

Otro de los temas centrales que resuenan por la condiciones y realidades del país tiene que ver con las mujeres defensoras y periodistas, en donde el Comité llama primero a reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, y dos a reforzar la política de protección con la incorporación real de la perspectiva de género.

Que el Estado Mexicano siga acumulando recomendaciones, es un termómetro de la negligencia institucional para colocar la vida de las mujeres en el centro de la prioridad gubernamental.

Insisto, no es que no sepan, es que no están haciendo lo correcto, y la situación no se resuelve con desinformación, tratando de engañar que nos fue muy bien, cuando la realidad revela lo contrario.

Las voces de las niñas no fueron tenidas en cuenta

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Por Sonia Tessa, Pagina 12/ Resumen Latinoamericano, 9 de mayo de 2025.

Cladem, la Fundación Thelma Fardin, Red Viva y el MEDH presentaron amicus curiae en la causa del docente Juan Trigatti, del colegio Ceferino Namuncurá del Arzobispado de Santa Fe. La audiencia de apelación será el próximo viernes 16 de mayo. 

La provincia de Santa Fe vuelve a exponerse a sanciones internacionales por faltar al deber de debida diligencia y a la obligación de escuchar a niñas de entre 4 y 5 años, que declararon en cámara gesell, tal como estipulan las leyes vigentes. Así lo expresan los cuatro amicus curiae presentados en la causa contra Juan Trigatti, docente de educación física del jardín de infantes Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe acusado de abuso sexual contra cuatro alumnas de entre cuatro y cinco años. La absolución del docente de educación física decidida el año pasado fue apelada por la fiscalía y la querella y habrá una audiencia de apelación el próximo viernes, 16 de mayo.

“El Tribunal sostuvo que el relato de las cinco niñas, pese a ser coincidentes en numerosas circunstancias y mecánica de la conducta reprochada, fue sugestionado o ‘inoculado’ por las mujeres de su familia, por profesionales de la salud y de los organismos de niñez intervinientes. De este modo, si bien no afirma que las niñas mienten, les quita toda validez y credibilidad a sus dichos, incluso, menoscaba el valor del relato del niño quien fuera testigo presencial de algunos de los hechos”, dice el amicus curiae del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que lleva la firma de las abogadas Alejandra Tolosa, Analía Aucía y Rosa Acosta.

El Tribunal Oral que absolvió a Trigatti, integrado por Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca, decidió la absolución el 3 de octubre del año pasado. Para Cladem, los jueces también omitieron “valorar prueba objetiva, tales como lesiones vaginales constatadas, por lo menos, en dos de las niñas y no consideró la relación de asimetría de poder que atraviesa la relación entre el docente y las estudiantes niñas”.

El próximo viernes, los jueces Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus evaluarán los argumentos de la fiscalía, a cargo de Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro y la querella representada por Carolina Walker. 

El pedido de pena en el juicio oral y público fue de 25 años de prisión, por abuso sexual gravemente ultrajante en tres casos y abuso sexual simple en uno, todos agravados por ser encargado de la educación y guarda.

Además de Cladem, en la causa se presentaron con amicus curiae la Fundación Thelma Fardín, Red Viva y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) para rechazar la absolución.

A las pruebas no se remiten

“De manera clara y manifiesta, el Tribunal Oral decide desconocer la normativa y jurisprudencia que está obligado a aplicar, al sostener que la ‘corta’ edad de las niñas no posibilita un desarrollo cognoscitivo y/o emotivo para declarar”, desarrolla el escrito de Cladem. 

Cladem cuestiona que el Tribunal de juicio «interpretó los resultados del examen médico forense de manera contraria a toda la legislación, jurisprudencia nacional e internacional, así como a los estándares de derechos humanos relacionados con los derechos de la niñez”. 

En lugar de analizar esas lesiones en el contexto de los dichos de las niñas y el niño testigo, se niega que puedan deberse a la agresión sexual. “El Tribunal no se detiene a discutir la relevancia de las lesiones observadas en el contexto del abuso sexual, sino que las desvincula de manera abstracta al basarse en una interpretación teórica generalizada que ofrece una visión general sobre los indicadores físicos”, sigue el escrito de Cladem.

Para la organización, “la conclusión del Tribunal resulta tan absurda como peligrosa: los relatos coincidentes de las niñas, que muestran un claro patrón de conducta de Trigatti, no son creíbles porque, según ellos, estarían ‘contaminados’ por responsabilidad de las mujeres de la familia; los informes de profesionales de la salud y las lesiones constatadas en la zona genital no son prueba suficiente porque se consideran dudosos. Pero lo más grave es que, para el Tribunal, nada de esto tiene valor probatorio suficiente. Según su lógica, la única prueba concluyente sería aquella que no existe en la causa penal: las filmaciones de las cámaras de seguridad. Un disparate. Siguiendo este razonamiento, si un delito se comete en un lugar sin cámaras de seguridad, ¿nunca podría probarse ‘fehacientemente’? Y antes de que existieran las cámaras, ¿cómo se probaban los delitos sexuales?”, sostienen las abogadas de Cladem.

Absolución decidida de antemano

Desde la organización interpretan que “el Tribunal Pluripersonal Oral orientó todos sus argumentos, omisiones y deducciones basadas en un razonamiento arbitrario y falto de fundamento en una sola dirección: justificar una decisión que ya tenía tomada de antemano: absolver al acusado”.

Los otros amicus curiae también le piden a la Cámara de Apelaciones que reconsidere la absolución. Para la Red Viva, una organización que nació de madres protectoras de niñas que habían denunciado abusos sexuales, los argumentos del Tribunal “presentan un grave retroceso en materia de derechos humanos de NNyA, ya que el Tribunal efectúa un análisis contrario a toda la normativa internacional de Derechos Humanos de NNyA, como asimismo contraria a la normativa internacional de Derechos Humanos de las mujeres» y mantiene «una postura incapacitante y discriminatoria de las víctimas por su edad, su género y su condición social”.

Con la firma de la presidenta de la Red Viva, la abogada Sara Barni, el amicus curiae plantea que ”no fueron tenidas en cuenta las palabras de las niñas víctimas y del niño testigo, cuando la normativa vigente en materia procesal establece y reconoce el derecho a ser oído y que si palabra sea tenía en cuenta introducido por los tratados internacionales de rango constitucional”.

Desde la Red Viva resaltan “la ignorancia del tribunal al desacreditar con argumentos absolutamente regresivos e incapacitantes los testimonios de las niñas víctimas, demostrando el total desconocimiento del derecho”.

Desestimaron informes profesionales

La Red Viva subraya que “en el caso se resuelve con total prescindencia e ignorancia -como si no hubieran existido- de absolutamente todos los informes y testimonios profesionales -los del Médico Forense, los de las médicas de guardia del Hospital de Niños, de las profesionales del Centro Médico Yapeyú, como asimismo los testimonios de las profesionales del Servicio Local de Niñez”. 

Esto se encuadra en el backlash, también conocido como “contragolpe”. “Se trata de un movimiento de reacción y oposición contra los avances alcanzados en materia de género, de reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y de violencia sexual”, plantea Barni.

También la Fundación Thelma Fardin le solicitó al Tribunal que “revise cuidadosamente la evidencia presentada y considere la importancia de creer en las víctimas de abuso sexual” y reclamó que “se proteja a las madres” que fueron “víctimas de acusaciones infundadas que sólo sirven para prolongar el sufrimiento de las familias afectadas”.

Un grave retroceso

En tanto, para el MEDH, “reviste enorme gravedad que la fundamentación integral de la sentencia absolutoria descanse sobre argumentaciones como el SAP, teoría de la inoculación, de la co-construcción y similares porque además de resultar anticientíficas y rechazadas en forma unánime, implican un grave retroceso en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, generando un escenario social que favorece la impunidad de los delitos de abuso sexual y violencia cometidos contra esta población”.

Un punto fundamental de esta causa es que el colegio Ceferino Namuncurá pertenece al poderoso Arzobispado de Santa Fe. Y que el abogado defensor del docente acusado es Marcos Barceló, conocido en Santa Fe por su permanente persecución a funcionarias judiciales y abogadas que defienden los derechos de las infancias. Como parte de sus acciones intimidatorias, el abogado acusa a funcionarias judiciales y abogada de inventar denuncias, las señala por redes sociales y las difama, al tiempo que califica a la difusión de estas causas como “maniobras maquiavélicas, entre operadoras judiciales deshonestas y periodistas militante radicalizadas con la cuestión de género”. Lo que nunca toma en cuenta es la voz de las víctimas.

Consultada por Las12, la abogada querellante Carolina Walker consideró que “llamativamente el Tribunal omite elementos probatorios». 

El fallo arranca diciendo que reconoce esas obligaciones internacionales de garantía, que los relatos de las niñas son creíbles, pero se encarga durante 118 páginas de desacreditarlas, diciendo que fueron inoculadas”, señala la abogada, quien lamentó que el fallo absolutorio “pone en riesgo todo el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, atacando a las profesionales que trabajan en los procesos de detección, develamiento y acompañamiento”. 

Un antecedente muy cercano

La presencia de Cladem en la causa trae un antecedente inmediato, la causa CER, por la cual la provincia de Santa Fe debió indemnizar a una joven que había denunciado a su padre por abusos sexuales reiterados, pero el acusado había sido absuelto por el juez Nicolás Muse Chemes, sin tener en cuenta las pruebas. 

El caso fue presentado en 2013 ante el Comité de la Cedaw (Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia las mujeres, por la sigla en inglés) con el patrocinio de Cladem y la ong rosarina Insgenar. “El gobierno de la provincia de Santa Fe, al conocer la demanda, consideró prima facie que existían elementos suficientes para comprometer la responsabilidad internacional del Estado, por lo que optó por buscar una solución amistosa”, recordó el escrito de Cladem. Nicolás Muse Chemes quiso evitar su destitución, pero el entonces gobernador Miguel Lifschitz le rechazó la renuncia. El magistrado fue destituido en 2019.

México debe reconocer oficialmente a las madres buscadoras de desaparecidos

 

Madres buscadoras en campaña para localizar a los miles de familiares desaparecidos en medio de la violenta acción del narcotráfico y de la lucha contra ese flagelo en México. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pide al Estado mexicano que las reconozca formalmente y les brinde protección oficial como personas defensoras de derechos humanos. Imagen: CEE

GINEBRA – México debe reconocer formalmente a las madres buscadoras de sus parientes desaparecidos como una categoría especial de defensores de derechos humanos, planteó este lunes 7 el Comité para la Eliminación de todas las formas de  Discriminación contra la Mujer (Cedaw en inglés) de las Naciones Unidas.

El Cedaw pidió “establecer normas mínimas a nivel nacional para su definición y medidas de protección, garantizando una protección mínima uniforme en todos los estados” de la república mexicana, en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.

Las madres buscadoras son las mujeres activistas mexicanas que buscan a sus familiares desaparecidos (principalmente, pero no exclusivamente, hijas e hijos) o sus restos, y durante años han reclamado justicia debido a la situación de los derechos humanos en México.

Las personas desaparecidas en el violento contexto de la actividad del narcotráfico y la lucha contra ese flagelo, suman más de 120 000.

En 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas indicó que 116 294 personas se encontraban en el estatus de «desaparecidas», y de ellas 97 % desaparecieron después de 2006.

Las madres buscadoras, en medio de la búsqueda de sus parientes y de sus reclamos por justicia, han enfrentado hostilidad del Estado y de grupos antiderechos, y al menos 27 de ellas fueron asesinadas entre 2010 y abril de 2025.

La Cedaw pidió que, al reconocer formalmente a las buscadoras como una categoría especial de derechos humanos, el Estado mexicano debe establecer la recopilación y el monitoreo de datos para rastrear los patrones de violencia y así poder evaluar las necesidades de protección.

Asimismo, debe implementar medidas de protección con perspectiva de género, “que aborden la naturaleza inherentemente relacionada con el género de la violencia contra ellas”.

A renglón seguido, se demanda que establezca “programas de reparación con perspectiva de género que reconozcan a las «buscadoras» como víctimas de diversos tipos de violencia”.

Esos programas deben incluir “atención de salud mental adecuada, apoyo psicosocial que aborde las repercusiones psicológicas de la incertidumbre prolongada sobre el destino de sus familiares desaparecidos, y prevenga la victimización secundaria”.

Cedaw recuerda que esas mujeres recorren campos, hospitales, fosas clandestinas o morgues, encarando amenazas, agresiones, desplazamiento forzado y asesinatos, además de ser víctimas de desesperación y desgaste físico y emocional constante.

El informe recomendó desarrollar protocolos de protección colectivas que se adapten a las condiciones de búsqueda, incluyendo esquemas que cubran desplazamientos a zonas peligrosas, exhumaciones en fosas clandestinas y visitas a morgues u hospitales.

Insiste en que, luego de reconocerlas, México debe integrar a las buscadoras en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, pues esa medida permitiría que reciban medidas de protección preventiva, no solo reactivas tras ataques.

Con relación a la impunidad en que se encuentran muchos casos de asesinatos y otras agresiones contra las buscadoras, el informe señala que, al no sancionar a sus agresores, México expone día a día a esas defensoras a la violencia e injusticia estructural presentes en el país.

El comité pidió llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todos los ataques contra defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los perpetradores, así como la reparación integral de las víctimas.

Además, instó a México a fortalecer la coordinación transparente y efectiva entre autoridades federales y estadales, con protocolos homogéneos, e integración de la perspectiva de género.

El Cedaw reconoció que México ha promovido iniciativas a favor de la igualdad; sin embargo, consideró que los avances aún son limitados y exigió la creación de sistemas de monitoreo y rendición de cuentas vinculados a las recomendaciones de informes anteriores que todavía no se cumplen.

Entre las recomendaciones pendientes de implementarse citó la tipificación penal uniforme de desaparición forzada, la simplificación y eficacia de protocolos de alertas, y el fomento de registros oficiales y estadísticas confiables.

Ante incremento de violencia feminicida en Chiapas, REDIAS exige a autoridades acciones preventivas

 

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De acuerdo al registro de la organización Melel Xojobal, hasta junio de este año se han registrado 22 feminicidios en Chiapas, de los cuales 5 corresponden a menores de edad: Paola Allyson de 9 años asesinada en Mapastepec en marzo; las hermanas Rosa Valeria y Deisy Guadalupe de 14 y 17 años, asesinadas en San Juan Chamula en abril; Fabiola Esmeralda de 17 años asesinada en San Cristóbal en mayo; y Marbeli Mabeli de 7 años asesinada en Frontera Comalapa en junio.

A lo anterior, se suma una adolescente de 16 años lesionada por arma de fuego durante una agresión armada a otra mujer en Tuxtla Gutiérrez en el mes de febrero y el reciente caso ocurrido en Mapastepec. Así como la muerte violenta de 3 hermanas de 2, 4 y 6 años por envenenamiento en El Bosque.

Cabe señalar que en junio de este año, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, asistieron al arranque de los Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), en el municipio de Huixtán, no obstante Cimacnoticias señaló que los resultados de dicho espacio están en duda por las diversas crisis humanitarias que enfrenta la entidad.

Los Centros LIBRE se presentaron sin una fecha establecida para conocer resultados reflejados en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes chiapanecas, tampoco se habló de indicadores y cómo enfocarían su atención en un territorio tan complejo como lo es Chiapas y las violencias que enfrentan sus mujeres.

Según la Secretaría de las Mujeres, Centros LIBRE, son espacios dedicados a la atención a las mujeres de México, a nivel nacional se edificarán este año 678 a través de una inversión de 754 millones 538 mil 872 pesos, donde se contará con asesoría jurídica y psicológica para las víctimas de violencia de género, y se dijo que conformarán redes comunitarias para el cambio cultural y la promoción de los derechos de las mujeres.

Durante la inauguración del LIBRE para las Mujeres en Huixtán, el primero de 52 que comenzarán a operar este año en distintos municipios del estado, la secretaria Citlalli Hernández indicó que son espacios para brindar servicios en materia psicológica y jurídica, de atención a denuncias de cualquier violencia y también lugares para fomentar el desarrollo y la autonomía a través de talleres y actividades.

 Los centros son espacios dedicados a las mujeres con atención integral y servicios que buscan «promover sus derechos, impulsar sus autonomías, prevenir y atender las violencias, así como ayudar a la consolidación de redes comunitarias y favorecer el cambio cultural», según explicó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, en abril cuando presentó las Políticas del Bienestar para las Mujeres durante la mañanera.

La violencia feminicida afecta todos los ámbitos de la vida comunitaria y familiar. En ese escenario, las infancias y adolescencias se convierten en víctimas indirectas a causa del feminicidio de sus madres. Datos de la Alerta de Violencia de Género (AVG) permiten inferir un número de niñas, niños y adolescentes que han quedado en orfandad por el delito de feminicidio.

Aunque dicha Alerta reconoce únicamente 11 feminicidios hasta mayo del 2025, señala que, al menos 6 de las víctimas eran madres y que éstas tenían un promedio de dos hijas e hijos. De acuerdo a dichas estadísticas, al menos 10 eran menores de edad.

Por otro lado, en un escenario de violencia feminicida generalizada en Chiapas, se ha incrementado la violencia hacia niñas y adolescentes y mujeres. Como botón de muestra, de acuerdo a las Estadísticas de la Alerta de Violencia de Género publicadas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas en este semestre se han iniciado 989 carpetas de investigación por violencia hacia mujeres: 42% corresponden a delitos hacia niñas (21%) y adolescentes (21%). En este contexto sobresale el gran número de delitos de violencia sexual hacia este grupo. En el primer semestre del 2025, con 169 carpetas de investigación. 

Con estas estadísticas, en 2025 REDIAS identificó por primera vez un mayor número de agresiones hacia niñas y adolescentes mujeres que hacia sus pares hombres. Esto representa una nueva tendencia: ya que generalmente eran los hombres adolescentes el grupo poblacional con mayor número de homicidios y muertes violentas; mientras que las mujeres concentraban otro tipo de delitos como la desaparición y la violencia sexual. Sin embargo, actualmente las niñas y adolescentes mujeres encabezan todas las formas de violencia.

En este contexto, desde la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas hicieron un llamado para generar estrategias de prevención específicas que parten desde su contexto y convocan a sumarse a la denuncia de esta crisis de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas.

Recordaron que el Estado tiene la obligación de generar medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño. Así como medidas para visibilizar la violencia de género y mensajes de cero tolerancia.

Contexto chiapaneco

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las mujeres de esta entidad federativa se enfrentan a diferentes contextos de violencia como desplazamiento forzado, desapariciones y agresiones contra personas defensoras.

Siguiendo el informe ‘Chiapas es un desastre del 2023, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el estado de Chiapas señaló que se ha convertido en un lugar en disputa por el control político, social, económico y territorial resultado de la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada que han contribuido a la violencia. 

En primer lugar, está la marcada militarización. Fue el episodio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo que marcó el inicio ocupacional por parte de las fuerzas armadas en Chiapas y que se exacerbó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico que provocó un despliegue militar en todo el país.

Durante estos años, el CDH Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la implementación de un estado de sitio de facto en zonas específicas, así como crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno mexicano, paramilitares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y otras corporaciones policiales.

La organización agrega que el control psicosocial de la población a través de programas sociales facilita la alienación a proyectos de militarización. En consecuencia, la desmemoria y anestesia social como parte del control militar, cambiando así la narrativa de los derechos humanos, los cuales “son vaciados de contenido y reinterpretados en defensa de los intereses del Estado”.

A este panorama se suma el escenario de gobernanza criminal donde la venta de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones incrementaron. Aunque el informe menciona que la presencia del crimen organizado en Chiapas es histórica, el punto de quiebre se dio en 2021 cuando comenzaron disputas y reacomodos en la región, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Chamic.

Datos del nuevo informe de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas llamado «Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal», señalan el siguiente panorama que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres de esta entidad federativa.

Desplazamiento forzado

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en México existen altos niveles de violencia que ocasionan violaciones a derechos humanos y que se profundizan gracias a la corrupción, impunidad y la falta de acceso a la justicia que ha causado el desplazamiento forzado de personas abandonando sus territorios.

El panorama actual de mujeres desplazadas apunta que, de enero de 2023 a junio de 2024, aproximadamente 15 mil 780 personas originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila, han tenido que desplazarse.

Bajo este clima, se ha desgarrado el tejido social de las comunidades y pueblos originarios, afectando sobre todo a los grupos más vulnerables como las mujeres, ya que al desplazarse pueden enfrentarse a restricciones de servicios de salud como la sexual y reproductiva o la violencia sexual en campamentos o alberges.

Una de las preocupaciones del CDH Fray Bartolomé de las Casas, es que el desplazamiento forzado transforma las relaciones de género y las dinámicas familiares afectando las libertades de las mujeres y su independencia. Esto quiere decir que los riesgos de violencia sexual provocan que ellas se mantengan en la esfera privada o que dependan de terceros afectando su autonomía para movilizarse.

Desapariciones

CDH Fray Bartolomé de las Casas apunta a que la violencia machista es una de las mayores causas de las desapariciones de las mujeres, la cual ya ha alcanzado el 60% de la cifra del estado y sobre pasó el promedio nacional de 25%. En su mayoría afecta a niñas y adolescentes y entre los objetivos principales esta la trata y explotación sexual.

«La violencia machista no es algo diferenciado de los otros mecanismos de violencia que sufren las comunidades, sino que tiene una raíz común en una violencia sistémica con la que se pretende dominar el territorio» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan que, a nivel nacional, 127 mil 445 personas han desaparecido; mientras que en Chiapas son 7 mil 163 personas desaparecidas, de las cuales 3 mil 833 son mujeres y 3 mil 330 hombres. Del total, cerca de mil 997 son adolescentes entre 15 y 19 años (mil 492 mujeres y 485 hombres) y mil 735 infantes de entre 0 y 14 años (mil 91 niñas y 644 niños).

A partir de 2006 a 2018 se observó un aumento en las desapariciones de mujeres en Chiapas logrando superar la cifra de los hombres. Además, la edad más frecuente de desaparición de las mujeres es de 15 años provocando que tres de cada diez personas en este rango de edad continúen desaparecidas.

Ahora, las necesidades del estado están en la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, un órgano de consulta establecido en la Ley de Desaparición para el estado de Chiapas, el cual a más de cinco años de ser anunciado nunca se ha sido materializado.

Agresiones contra defensoras

Para el CDH Fray Bartolomé de las Casas, las personas se vuelven defensoras ante la necesidad, ya sea porque sus derechos o los de alguna persona cercana han sido violentados:

«Esto puede suceder por varios motivos, uno de ellos porque con su accionar trastocan intereses de actores poderosos, como: autoridades de varios niveles, caciques, empresas o grupos criminales, entre otros. Por lo que pueden sufrir violaciones a derechos humanos de varios tipos que van desde amenazas, hostigamientos, agresiones físicas; hasta desaparición y asesinato» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Anteriormente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) documentó, en su balance sexenal que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 92 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras, de los cuales 76 fueron hombres y 16 mujeres, la mayoría ocurrieron en Oaxaca y Chiapas.

En Chiapas, son las defensoras y los defensores de la tierra y territorio; quienes se oponen a intereses del crimen organizado; quienes protegen los derechos de la comunidad LGTBQ+; periodistas; y quienes defienden el derecho a migrar los que terminan siendo criminalizados por su labor.

Particularmente, el informe se detiene a enunciar a las mujeres que han sido encarceladas injustamente por delitos que no cometieron. En su informe, «Fabricación de culpables» documentaron que las mujeres de Chiapas no son inmunes a la fabricación de delitos y la detención arbitraria. La colectiva Cereza, que acompaña este tipo de casos, identificó que la mayoría de las mujeres son encarceladas por delitos que no cometieron.

Además, son detenidas junto a su pareja (a quienes liberan antes que a ellas), sin orden de aprehensión con base a una detención en fragancia para ocultar la detención arbitraría. Aunado a esto, las autoridades cometen abuso sexual contra ellas.

«Aunque a primera vista la fabricación de culpables parece impactar principalmente a los hombres, es importante examinar con másdetalle cómo las mujeres también se ven afectadas. Algunas defensoras o no, terminan encarceladas, mientras que otras acompañan a personas cercanas son injustamente detenidas. En ambas situaciones, el Estado es incapaz de respetar sus derechos humanos y mucho menos de adoptar una perspectiva de género. Este es un sistema de opresión que invisibiliza las profundas injusticias y refuerza una lógica misógina y de exterminio» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Movimiento Feminista de Zacatecas denuncia barreras para practicar abortos en IMSS Bienestar

 

Cabe señalar que desde 2015 al 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró que habían 24 mujeres zacatecanas criminalizadas por interrumpir su embarazo, siendo el 2021 el año, donde más se criminalizó a las mujeres, con un total de 6 detenciones registradas.

Actualmente, en México ya son 23 entidades federativas en las que está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación y a pesar del avance de las mujeres, persiste el número de muertes maternas relacionadas con abortos inseguros, el cual ya alcanzó el 11.3%, según el informe semanal de la Secretaría de Salud.

A esta denuncia la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ya había identificado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene una norma interna que impone requisitos adicionales frenando así la interrupción del embarazo de las mujeres, en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México», señaló que en junio de 2023 presentaron un amparo en contra de la norma interna del IMSS al ampliar dichas facultades en la obstrucción al acceso del servicio de aborto durante las primeras doce semanas de gestación.

Anteriormente, esta solo imponía requisitos adicionales cuando se trataba de casos por violación, por ejemplo, GIRE identificó que en muchas ocasiones la institución solicita: realizar un ultrasonido a la mujer embarazada, solicitar una opinión jurídica y establecer una solicitud firmada por dos testigos o presentar una orden de un juez o agente del ministerio público.

Es importante recordar que el congreso de Zacatecas consiguió despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación con un total de 21 votos a favor y 6 en contra, el 20 de noviembre del 2024. Esto se logró luego de que un Tribunal Colegiado ordenara, en agosto de ese año, eliminar el delito del aborto en la entidad, pues según determinó, todos los artículos contenidos en el Código Penal local que criminalizan y castigan el aborto, son inconstitucionales.

No hay que perder de vista que en México, desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la inconstitucionalidad de criminalizar a nivel federal. A partir de ese momento, depende de cada estado su regulación establecida en los Códigos Penales bajo ciertas situaciones o condiciones en el que se realice la ILE.

Sin embargo, pese a este avance, la colectiva de Zacatecas expuso que han recopilado una serie de denuncias de mujeres que han acudido a unidades médicas que presuntamente brindan “aborto seguro”. No obstante, dentro del hospital se les ha indicado que, para poder acceder al procedimiento, ellas mismas deben comprar su medicamento.

Asimismo, las integrantes del MFZ recordaron que la prestación de este servicio debe de ser gratuita, integral y libre de estigmas, barreras administrativas o costos indebidos, es por ello que solicitaron a la Secretaría del Estado de Zacatecas seguir las normas locales y federales firmados por el Estado Mexicano y por Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cabe resaltar que, a inicios de año, dentro del foro «Avances y retos en la legalización del aborto: Caso Zacatecas» liderado por personal de la salud se señaló que si bien existía una falta de presupuesto, los insumos nunca han faltado e incluso se han compartido con el ISSSTE. Además, se  resaltó que las y los ginecoobstetras no son los únicos capacitados para brindar una atención adecuada, pues médicas y médicos generales, personal de enfermería, e incluso trabajadores sociales puede ser capacitados para asegurar el acceso al servicio.

No obstante, estas declaraciones, distan con la realidad que enfrentan hoy las mujeres zacatecanas, pues tal y como declaró la colectiva, persisten las barrera para acceder derecho, lo cual señalan, es algo inadmisible además de una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, particularmente el derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación.

Recomendaciones al Estado de Zacatecas 

Dado este escenario, el Movimiento Feminista de Zacatecas ha elaborado una serie de recomendaciones con la finalidad de frenar las trabas que imposibilitan el acceso voluntario a la interrupción del embarazo, pues ante decadas de criminalización, estigmas, discursos de odio, lograron la despenalización del aborto, es por ello que ante esto no piensan retroceder y buscan cesar las omisiones institucionales que violenten la autonomía, la dignidad y la salud de las mujeres.

Es por ello que de forma inmediata exigen: 

1. Que se garantice el abasto constante y suficiente de medicamentos e insumos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo en todas las unidades de salud donde se ofrece el servicio, y de manera prioritaria en la UNEME de Urgencias Guadalupe.

2. Que se investigue a quien o quienes estén condicionando el acceso al servicio, obligando a las usuarias a adquirir sus propios medicamentos.

3. Que se implemente una campaña pública de información y transparencia sobre los procedimientos, derechos y lugares de atención para las mujeres que requieran ejercer su derecho a decidir.

4. Que la Secretaría de Salud del Estado rinda cuentas públicamente sobre los protocolos y acciones concretas que se están tomando para garantizar el cumplimiento cabal de este derecho.

Las barreras

¿Qué sucede con las muertes maternas que siguen ocurriendo tras la despenalización del aborto? Una respuesta inmediata es que existe una barrera institucional que imposibilita el acceso de las mujeres a un aborto seguro, aun cuando legalmente este derecho ha sido reconocido. Esta barrera es estructural e ideológica que se puede manifestar de diferentes maneras.

En primer lugar, se encuentra la objeción de conciencia en la que se establece que toda persona puede elegir sus creencias con libertad, por lo que se reconoce que las convicciones morales o religiosas pueden llevar a las personas a negarse a realizar un aborto, así que fue tomada en cuenta y regulada en la Ley General de Salud (LGS), en la NOM-046 y en la Ley General de Víctimas (LGV) en 2013. Por tanto, será obligación de las instituciones de salud contar con personal que no esté sujeto a la objeción de conciencia para brindar el servicio.

A esto le sigue que no todo el personal de salud cuenta con capacitación técnica y ética sobre la interrupción legal del embarazo (ILE), lo cual resulta importante, ya que la aplicación del aborto depende en gran medida del conocimiento, disposición y sensibilidad del personal de salud encargado de brindar la atención. Deben tener conocimiento del uso correcto de medicamentos como el misoprostol y mifepristona, el manejo clínico seguro en distintos escenarios, la realización de procedimientos ambulatorios menos invasivos y atender desde un enfoque de derechos humanos.

La ausencia de infraestructura adecuada constituye otra barrera institucional, en muchos hospitales públicos que se encuentran en zonas rurales o marginadas, no existen condiciones mínimas para garantizar este derecho como insumos básicos, quirófanos disponibles, y medicamentos esenciales. La geografía también se coloca como un impedimento, pues las clínicas especializadas están colocadas en zonas urbanas, particularmente en capitales estatales, excluyendo a mujeres que habitan en centros rurales o comunidades indígenas.

Los trámites burocráticos excesivos representan una de las formas más insidiosas de violencia institucional. En la práctica, los centros de salud exigen varios requisitos para la realización del aborto que pueden ser arbitrarios o ilegales, obstaculizando así este derecho. Entre algunas exigencias se encuentran solicitudes notariales, autorización por parte de familiares o tutores, acompañamiento obligatorio, múltiples valorizaciones médicas o psicológicas o incluso periodos de «reflexión» innecesarios.

Finalmente, la criminalización del aborto es otra de las barreras en la que se posiciona la maternidad como una función obligatoria de las mujeres, idea que perdura en la cultura y en las instituciones del Estado, según señala GIRE. Esto, además de representar una violación a los derechos humanos, se han generado incremento de carpetas de investigación por el delito de aborto, es decir, cuando una mujer aborta fuera del límite de las 12 semanas de gestación incluso cuando es involuntario.

De esta manera, las barreras institucionales generan un doble riesgo: perder la ventana legal para abortar y verse obligada a interrumpir el embarazo en condiciones de clandestinidad. En general, esto provoca un desgaste emocional alimentado del estigma de «estar haciendo algo indebido» cuando está reconociendo su derecho a interrumpir el embarazo.

Paralelamente a la barrera legislativa e institucional, también se encuentran otras cuestiones que se deben tomar en cuenta como factores socioeconómicos para que las mujeres puedan acceder a métodos anticonceptivos, pastilla del día siguiente o medicamentos abortivos; la desinformación en cuento a la salud sexual y reproductiva y sobre la seguridad del procedimiento de aborto; y la estigmatización por parte de grupos anti-abortos y de la sociedad en general.

Entrevista con Gabriela Fernández profesora de «Marxismo e historia» en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana (+video)

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Resumen Latinoamericano, 08 de julio de 2025.

Semilla audiovisual de la entrevista con Gabriela Fernández, comunicadora cubana, presentadora y guionista del programa «Con Filo», y profesora de marxismo e historia en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

En este adelanto de la entrevista realizada en Zaragoza en mayo de 2025 a propósito de su gira por el Estado español, «La juventud cubana en tiempos de Trump», conversamos sobre Cuba y feminismo.

«El feminismo debe partir del socialismo, porque el socialismo parte de que la persona pueda ser lo que quiera ser, y no lo que la sociedad le deja ser. Parte del sentido de realización personal que te debe dar el socialismo, entonces yo creo que feminismo sin hacer revolución es imposible»

Delia Selene de Dios Vallejo, una vida dedicada a la causa de las mujeres y la justicia social

 

.Ciudad de México.- Delia Selene de Dios Vallejo, desempeñó un papel fundamental en la lucha feminista, fue una reconocida socióloga, académica y feminista mexicana egresada que dedicó más de cinco décadas a la docencia, investigación y lucha por los derechos de las mujeres desde el ámbito universitario y social. Hoy nombramos y recordamos su lucha para su fallecimiento acontecido el 10 de julio de este 2025.

Luego de dar a conocer la noticia, la Universidad Nacional Autónoma de México se sumó a las condolencias por su muerte pero también al reconocimiento por su trabajo como académica socióloga.

Entre los libros que escribió se encuentran: “Introducción al estudio de los problemas sociales en México”, “Naturaleza y funciones del servicio social voluntario”, “Técnicas elementales del servicio social”, “Sociología del cine”, “Principios de organización y evaluación de programas de trabajo”, “Guía metodológica para elaborar diseños de investigación social” y “Sociología de Género”. Así, como una gran cantidad de ensayos, artículos y capítulos de libros.

En su visión, el feminismo representa una transformación profunda de la sociedad que apuesta por un mundo más justo e incluyente con todas las personas, especialmente quienes han sido históricamente marginadas. A pesar de los obstáculos estructurales y políticos, Delia Selene de Dios, siempre estuvo segura de sus convicciones y su legado servirá para seguir orientando de las futuras generaciones

Delia Selene de Dios se vinculó al feminismo desde muy joven, cuando apenas tenía quince años y cursaba la preparatoria en San Idelfonso. En ese momento fundó, junto a una amiga, la Organización de Estudiantes Universitarias, una de las primeras agrupaciones conformadas solo por mujeres en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta experiencia marcaría el inicio de una vida dedicada a la lucha por la igualdad.

Inspirada por la lectura de «La mujer y el socialismo» de August Bebel y la revista «La Mujer Soviética», Delia comenzó a cuestionar los roles tradicionales impuestos a las mujeres. Su imaginario se expandió más allá del hogar y el cuidado, visualizándose como una profesionista capaz de incidir en la realidad de otras mujeres.

Desde 1953 militó activamente en organizaciones feministas como la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas A.C. Su compromiso internacional la llevó a ser integrante del Comité de Dirección Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, con estatus consultivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta labor la llevó a ser reconocida y respaldada por su participación en cinco conferencias mundiales de la ONU en México, Dinamarca, África, China y Nueva York, sobre el desarrollo de las mujeres. Así como en iniciativas clave como el Año Internacional de la Mujer en 1975 y el Programa de México para los Derechos de los Niños, siempre empujando por delante las cuestiones relacionadas con las mujeres y el género.

Su activismo sindical fue notable al ser electa presidenta de la Sección Sindical 069 de AAPAUNAM por el personal académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, fue consejera del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, elegida por la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y candidata a la Asamblea Legislativa por el partido México Posible.

Participó en numerosos foros nacionales e internacionales con ponencias sobre sociología, feminismo y derechos humanos.

Pertenece a diversas redes intelectuales y de acción feminista como la Asociación Internacional de Sociología, la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), el Colegio de Académicas y el Programa Universitario de Estudios de Género. En el 2011, coordinó el Cine-Club de Género del Museo de la Mujer de la FEMU, espacio que promueve el análisis crítico y colectivo de representaciones culturales desde una perspectiva feminista.

Cartel de un evento coordinado por Delia Selene de Dios Vallejo

Su labor ha sido reconocida con múltiples distinciones, entre ellas: la Medalla Omecíhuatl del Instituto de las Mujeres del D.F.; la Medalla Antorcha Juarista por su trayectoria en favor del país; la Medalla Eugenia Cotón otorgada por FEDIM; la Medalla Agostinho Neto, entregada en Angola por su trabajo en favor de las mujeres del mundo; y la Medalla como fundadora de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas en su 50 aniversario. En 2017, recibió el Reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, en conmemoración del primer congreso feminista de Yucatán.

Con más de cuatro décadas de enseñanza en la UNAM, en mayo de 2018 recibió un reconocimiento por sus 45 años como docente de Sociología, consolidando una vida dedicada a la transformación académica, política y cultural desde el feminismo. Su trayectoria ha sido testimonio de una lucha constante por visibilizar y dignificar las vidas de las mujeres desde todos los frentes: el aula, la política, el sindicalismo, la investigación y el activismo.

En varias ocasiones, Delia dejó en claro que su lucha estaba encaminada a contrarrestar el patriarcado y el machismo. Su pensamiento feminista se alineó con la izquierda, corriente política desde donde formó una red de lucha con otras mujeres y la cual también le fue inculcada desde su seno familiar.

El feminismo como revolución vital

Para Delia, el feminismo representó una revolución pacífica orientada en transformar la humanidad. Desde su causa académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, impulsó constantemente la perspectiva de género en todos los niveles educativos. Fue parte de la fundación de la cátedra de Problemas Sociales de la Mujer en 2973, creada junto con Alaide Fopa y el entonces director Víctor Flores Soler.

A partir de ahí, promovió asignaturas como el Taller de Investigación Sociológico de Género y el Seminario de Titilación en Género. No obstante, la integración en los planes de estudio fue una dura cuesta arriba, ya que el reconocimiento del feminismo en la academia está marcado por resistencias. Por lo que encontrarse en su camino a mujeres como Marcela Lagarde, Amalia García, Graciela Hierro y otras mujeres de la genealogía feminista, aminoró la carga.

Su activismo trascendió las aulas, pues trabajó por la institucionalización de la perspectiva de género en leyes, políticas públicas y el espacio académico. Participó activamente en el desarrollo del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y acompañó procesos similares en otras instituciones como la UAM o la Universidad de Colima.

Juventud

Como parte de su acción estudiantil, impulsó la creación de brigadas universitarias que atendían problemáticas sociales en comunidades históricamente marginadas y sobreexplotadas, tanto en contextos rurales como urbanos. Estas brigadas no solo llevaron asistencia, sino que buscaban tejer redes solidarias y construir saberes colectivos con quienes vivían en contextos de exclusión.

Poco a poco, Delia Selene de Dios, observó las desigualdades que enfrentaba las mujeres desde un ambiente diferente en casa donde su familia, en especial sus padres, abrieron su pensamiento a través de los libros y el pensamiento crítico. Desde niña tuvo acceso a juguetes considerados socialmente para niños para extender sus posibilidades.

En 1955 llegó a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales para estudiar Sociología, pero ya se había involucrado con mujeres que militaban en el feminismo, aunque muchas de ellas evitaban el término por el estigma que cargaba dentro de los grupos de izquierda. La consideración del término era un movimiento de mujeres de clase media en zonas urbanas, a pesar de la diversidad de lideresas campesinas o migrantes que lo conformaban.

En la universidad, Delia vivió la exclusión de primera mano cuando participó en la elaboración de una revista: sus compañeros hombres le asignaban tareas menores como la gestión de suscripciones, pero no le permitían escribir ni participar plenamente en los espacios intelectuales. A pesar de su cercanía con figuras como Carlos Monsiváis y Alejandro Pereza, nunca le otorgaron un lugar equitativo.

A lo largo de su trayectoria, fue servidora pública en instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de México (ISSSTE), el Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Participó activamente en oficinas de planeación y centros de capacitación, donde impulsó programas sociales en el marco del Estado del bienestar.

Fue, además, directora técnica y fundadora del Centro de Capacitaciones para el Servicio Social Voluntario, consolidado espacios formativos desde una ética del cuidado colectivo.