En el contexto actual, a diferencia de lo ocurrido en otras circunstancias de la historia reciente del país, sería erróneo atribuir la responsabilidad primordial por los incrementos en los precios a productores, intermediarios, acaparadores o especuladores. El conjunto de los protagonistas de la cadena de producción y distribución de alimentos –agricultores, transportistas, comerciantes– coincide en señalar el factor del alza de tarifas oficiales –especialmente, los constantes gasolinazos– como el disparador de la carestía.
Esos reiterados señalamientos obligan a poner atención en los requerimientos monetarios del gobierno, siempre al alza, a los elevadísimos costos de una administración pública que cada día cuesta más y que, sin embargo, ofrece resultados siempre menguantes en todos los terrenos: salud, educación, empleo, seguridad e infraestructura, por no hablar del ámbito del combate a la pobreza, en el que el fenómeno a combatir se ha multiplicado de manera regular en los pasados cuatro años.
Resulta injustificable, por donde se vea, que el poder público traslade los costos de su ineficiencia a la población, que los dispendios oficiales se realicen a costa del encarecimiento de la alimentación popular, que en un país exportador de petróleo –como México– se deba importar gasolina cara, y que en la administración federal no exista indicio alguno de voluntad para emprender una rectificación de políticas fiscales y distribuir así en forma equitativa el costo del gobierno.
Hace muchos años que la alimentación de los sectores mayoritarios de la población experimenta una degradación directamente relacionada con las alzas en la canasta básica. Para no ir más lejos, en el primer trienio de la administración federal, ese indicador experimentó un incremento de 93 por ciento, en tanto que, en ese mismo periodo, los aumentos al salario mínimo sumaron sólo 17 por ciento.
Las autoridades se empecinan en desdeñar las implicaciones políticas y sociales de este desequilibrio creciente y en cerrar los ojos ante la relación causal entre pobreza alimentaria, por un lado, e inestabilidad política y fenómenos delictivos, por el otro.
Lo sepan o no, están jugando con fuego. La paciencia de los sectores populares tiene un límite, y éste no se define únicamente por la línea del hambre, sino también por la exasperación ante la desigualdad, la injusticia social, la ineficiencia gubernamental y los déficit de representatividad política. Cabe esperar que exista, en el actual gobierno, la prudencia y la sensibilidad necesarias para advertir que se está rozando ese límite y que emprenda, en consecuencia, las rectificaciones necesarias.
La necesidad de energéticos por parte de Estados Unidos, en lugar de atenderse como parte de una agenda bilateral entre ese país y el nuestro, se ha convertido en un negocio de pingues ganancias para un grupúsculo de connotados panistas, entre los que destacan el ex gobernador Ernesto Elorduy, el ex secretario general de Gobierno Bernardo Martínez y el ex procurador de la República Daniel Cabeza de Vaca –actual consejero de la Judicatura–, que presiona por todos los medios habidos y por haber para favorecer a la trasnacional, atendiendo las indicaciones formuladas por su tutor, amigo, compañero de partido y abogado de Sempra Antonio Lozano Gracia, también ex titular de la PGR. Si estos son los que defendían a la nación, cómo estarán los que la atacan. El nuevo presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, tiene la tarea de poner orden en esta área tan sensible para la vida nacional.
Múltiples atropellos han caracterizado la ruta seguida por Sempra Energy para instalarse en Baja California y desde ahí suministrar gas y energía a Estados Unidos, pero el colmo de la tragedia, que parece comedia, es cuando deciden comprarle
el terreno para la zona de amortiguamiento para la instalación de una terminal de gas natural licuado en el municipio de Ensenada, BC, a una difunta de nombre Elodia Gómez Castañón, que había fallecido el 10 de octubre de 2004, un año y cuatro meses antes de que se concretara la operación de compraventa, el 31 de enero de 2006.
Con qué cara se puede presentar al mundo una empresa que presume de ser seria pero acusa a quienes se defienden de sus atracos de que la quieren extorsionar, cuando son ellos los que en el colmo del cinismo, en complicidad con las autoridades panistas de ese tiempo llegaron a la vulgaridad de realizar negocios de ultratumba, reviviendo
a una persona difunta para simular una operación de compraventa y despojar de un terreno a su legítimo propietario. Cuando Sempra denuncia que la quieren extorsionar es como escuchar al burro hablando de orejas
.
La legislación del estado de California, al igual que las normas mexicanas y las internacionales, indica que el área de amortiguamiento de este tipo de instalaciones es de cuatro millas a la redonda. La de Sempra Energy en Ensenada es como de cuatro centímetros, que es lo que mide el tubo de la alambrada que rodea sus instalaciones.
Al respecto el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado un Punto de Acuerdo en el Senado de la República donde expone:
“Ante la evidencia y posibilidad real de que el terreno de marras pudiera ser regresado a su dueño legítimo, los directivos de Sempra optan por contratar a la empresa Lloyd Germánico de México, S de RL de CV. De esto da cuenta Bill Séller, vicepresidente de ingeniería y construcción mundial de Sempra Energy, cuando en forma apurada le comunica a Mark Fisher lo siguiente:
‘Mark, necesitamos hacer pagos a Lloyd Germánico lo antes posible. Aun cuando nosotros pagamos por sus servicios, ellos en realidad se reportan con Semarnat, la agencia responsable de otorgar los permisos para ECA. Ya tenemos el permiso pero apenas empezamos el proyecto de nitrógeno, el cual creo que también Lloyd Germánico proveerá verificación a Semarnat. No creo que sea en nuestro mejor interés molestar a Lloyd Germánico o Semarnat al demorar el pago aún más’. En este documento queda claro que en lugar de cumplir con las leyes mexicanas, lo que buscan los directivos de Sempra es violentarlas, por la vía de la intervención de empresas que se prestan a ese tipo de acciones vergonzantes. Esto se produce tiempo después (30 de julio de 2008) de que con urgencia se le había solicitado al señor Fisher el pago de facturas pendientes a la empresa Lloyd Germánico de México por un monto de 641,548.34 dólares de EU.”
El punto de acuerdo del PVEM solicita que comparezca el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca con el fin de que explique por qué se autorizó la operación de la empresa en Ensenada, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002 y explique por qué en el mundo la única regasificadora sin zona de amortiguamiento es la de Sempra Energy en Ensenada. ¿Cuál será la respuesta de la Semarnat?
Un último dato, mientras Pemex es gravado con más de 60 por ciento de sus utilidades por Hacienda, Sempra Energy no tributa en México porque factura en su país de origen. Para México, los riesgos, los atropellos, el daño al medio ambiente y para la trasnacional las ganancias y las ventajas. A cambio de ello, como en los tiempos de la conquista, regalas espejitos, dádivas, limosnas, embutes a la prensa y contrata a altos funcionarios del PAN para defender lo indefendible y encubrir el historial delictivo de la trasnacional en su paso por Baja California.
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