1/13/2011

Se incumple protección ante amenazas de muerte


Denuncian anomalías en juicio de defensora agredida

Por Patricia Mayorga, corresponsal

Chihuahua, 12 ene 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), denunció irregularidades en el proceso por violencia familiar contra el ex subprocurador de Chihuahua Mario Gilberto Alarcón Barragán, quien agredió y amenazó de muerte a su esposa y visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lara Armendáriz Carbajal.

Luz Estela Castro, abogada y directora del CEDEHM y quien lleva el caso de Lara Armendáriz, dijo a Cimacnoticias que el juicio contra Alarcón Barragán demuestra una vez más cómo las autoridades “violan las leyes que se supone se han creado para resguardo de las personas y dejan al descubierto su incapacidad para realizar un proceso legal en contra de quienes atentan contra la estabilidad de la sociedad”, expuso. Al iniciar el proceso contra el ex subprocurador, el juez de Garantía Jorge Alberto Armendáriz declaró: “Ustedes (Lara Armendáriz y Mario Alarcón) decidieron pasar de un asunto privado a lo público, con todo lo que aquí (en el juzgado) se ha vertido (testimonios de ambas partes)”.

El juez exhortó a ambos a “sentarse a hablar y solucionar el problema”.
Asimismo, el impartidor de justicia insistió en que puede existir un arreglo posterior entre ambos, “como profesionales del derecho y personas civilizadas”. El juez determinó que Alarcón –quien fue subprocurador durante la gestión de Francisco Barrio– demostró “un uso nocivo de su poder y autoridad”, y decidió que el ex subprocurador enfrente el proceso en libertad. Jorge Alberto Armendáriz no ordenó medidas de protección para la visitadora de Derechos Humanos, a pesar de que Luz Estela Castro, como representante legal de Lara Armendáriz, le solicitó al juzgador que actuara con base en lo estipulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los artículos 6 y 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Castro demandó al juez que implemente mecanismos judiciales y administrativos para garantizar la seguridad de Lara y su familia. Cabe recordar que el artículo 40 de Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Chihuahua obliga a las autoridades del estado a “promover la atención inmediata y eficaz a las víctimas de violencia familiar por parte de diversas instituciones hospitalarias, asistenciales y de servicio, tanto públicas como privadas”.

A su vez, estipula que se debe proporcionar de manera temporal “un lugar seguro a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos, a efecto de garantizar su seguridad personal y sustraerlos de la situación de riesgo”.
El numeral VI del mismo artículo prohíbe “los acuerdos reparatorios, por ser inviables en una relación de sometimiento entre la víctima y el agresor”.

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