Madre de Mariana Lima no pierde la esperanza de lograr justicia
Irinea
Buendía Cortez con su esposo Lauro Ignacio Lima Cervantes minutos antes
de entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
postergó su respuesta al reclamo de Irinea Buendía Cortez, quien exige
que el asesinato de su hija, Mariana Lima Buendía –presuntamente
cometido por el agente judicial Julio César Hernández Ballinas–, no
quede impune.
Hoy se tenía previsto que la Primera Sala resolviera en una
audiencia pública el amparo 554/2013, que obligaría a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a reabrir el caso de
Mariana Lima a fin de que se corrija la investigación retomando los más
altos estándares en materia de casos sobre muertes violentas de mujeres.
No obstante, luego de tres horas de espera el proyecto se enlistó para ser discutido en otra sesión sin precisar alguna fecha.
Poco antes de las 11 de la mañana, Irinea Buendía llegó a la SCJN con
la esperanza de que las y los ministros finalmente le abrieran el
tantas veces bloqueado camino a la justicia.
Con ella iban su esposo, Lauro Ignacio Lima Cervantes –de 85 años de
edad– y Rodolfo Domínguez Márquez, director de la organización civil
Justicia, Derechos Humanos y Género, y quien además es el abogado
responsable –junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF)– de que el caso del asesinato de Mariana Lima
llegara hasta la máxima instancia de justicia del país.
Acompañando también el silencio y la esperanza de la mujer de 62 años,
estaban otros integrantes del OCNF, académicas como Lucía Melgar y
Cynthia Galicia; defensoras de Derechos Humanos como Norma Andrade;
representantes ciudadanos como Fernando Ríos, y familiares de otras
víctimas de feminicidio, como Viviana Muciño, hermana de Nadia Muciño
Márquez (asesinada en 2004), y Conrrado Sánchez, padre de Karen Joana
Sánchez Gochi (asesinada en 2012).
En conjunto, ellas y ellos hicieron suyas las escaleras y la estancia que anteceden a las Salas de la SCJN.
Compartían el nerviosismo que mostraban las manos de Irinea, pues
confiaban en que la eventual resolución de hoy pudiera abrir brecha
para todas las mujeres, especialmente las mexiquenses, que desde hace
años han sido víctimas de la violencia machista y torturadas por la
impunidad.
Tras esa fatídica llamada, Irinea se trasladó al municipio
mexiquense de Chimalhuacán, donde encontró el cuerpo de su hija en la
cama; tenía rasguños en el cuello, un golpe en la frente, en la sien,
en el pómulo, en el muslo derecho, de las rodillas para abajo varios
golpes, tenía la mandíbula como fuera de su lugar, y marcas en los
tobillos “como si los hubiera tenido amarrados”.
En la casa también vio dos maletas de “la flaquita” –como ella le decía
de cariño– con su ropa y libros, y en el comedor había otra maleta de
ropa. Un día antes, su hija estuvo en su casa y le dijo que estaba
decidida a abandonar a su esposo, harta de la violencia doméstica que
sufría.
Julio César Hernández Ballinas dijo a las autoridades judiciales que
su esposa se había quitado la vida, y él retiró el cuerpo de donde se
había colgado y lo colocó en la cama, pero antes le tomó fotografías
para que las policías observaran el cuerpo que pendía de una
“armellita”, sujetado con un hilo de macramé de cinco milímetros de
ancho.
Agentes de la PGJEM concluyeron la inspección ocular en 10 minutos,
no acordonaron el lugar, no preservaron la evidencia, y no tomaron
fotografías de toda la casa. En el colmo, durante las pesquisas nunca
consideraron la violencia previa sufrida y denunciada por Mariana.
En todo momento creyeron la versión del judicial mexiquense, quien
nunca fue detenido y por el contrario fue ascendido de rango dos años
después del asesinato.
En septiembre de 2011 el Ministerio Público cerró el caso al
concluir que no contaba con elementos para determinar la intervención
de terceras personas en la muerte de la víctima.
Sin embargo, férrea en su lucha, Irinea se aprendió el expediente de su
hija, acudió a todas las dependencias mexiquenses encargadas de
procurar y administrar justicia, pero ninguna la ayudó.
La
ayuda llegó –como en casi todos los casos de violaciones a los Derechos
Humanos (DH)– de las organizaciones civiles. Fue así que Irinea pudo
presentar todos los recursos jurídicos necesarios para lograr que se
reabriera el caso y se consideraran todas aquellas diligencias que la
misma PGJEM había omitido desde el inicio de la investigación.
En febrero de 2013 se solicitó a la SCJN la atracción del asunto y fue
en septiembre del mismo año que la Primera Sala admitió el caso por
reunir los “requisitos necesarios de interés y trascendencia”.
Desde entonces, Irinea esperaba con ansia este día. Pocos minutos
después de las 2 de la tarde, ella, su esposo y sus representantes
legales entraron a la Primera Sala.
El corazón de la mujer que ahora se dedica a defender los DH se detenía
por segundos al escuchar el número de proyecto que sería votado por los
ministros. Finalmente el amparo 554/2013 fue turnado como “proyecto
enlistado”, es decir, pospuesto.
Al principio los ojos de Irinea se entristecieron, pues no entendían lo
que implicaba el término jurídico de “enlistado”. Su abogado Rodolfo
Domínguez le explicó que la SCJN decidió resolver el amparo en otra
sesión (aunque sin precisar fecha).
Irinea salió al pasillo, a donde ya la esperaban –además de sus
compañeras de lucha– representantes de los medios de comunicación. “No
estoy triste, ni desilusionada, sigo esperando dos cosas de la SCJN:
justicia y justicia”, dijo ante las cámaras y grabadoras.
| CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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