Ricardo Rocha
La ley propuesta carece de visión estratégica, que nos garantice el derecho constitucional al agua en el presente y en el futuro
El propio presidente Peña Nieto ha reconocido que México atraviesa una crisis de credibilidad y desconfianza. Lo que de ninguna manera es un asunto menor, sino por el contrario, plantea un escenario de crispación extrema. Así que me gustaría saber quién fue el genio al que se le ocurrió que este era el mejor momento para imponer una iniciativa tan tsunámica como la nueva Ley General de Aguas.
Enturbiada de origen, apareció en la Cámara de Diputados apenas el pasado 26 de febrero; cuatro días después ya se discutía en las comisiones de Agua Potable y Recursos Hidráulicos; si se consideran los dos fines de semana, está claro que los diputados apenas tuvieron tiempo de hojearla, aunque eso sí ya estaba lista para ser palomeada fast track ayer en el pleno. Así que la pregunta obligada es ¿cuál es la prisa para aprobarla lo antes posible?
Además, está el factor sospecha: nadie en el sector académico reconoce haber sido consultado; ni en la UNAM, la UAM o el Politécnico; así que, según los redactores e impulsores de esta ley, son absolutamente inútiles nuestras instituciones educativas en áreas clave como Geografía, Geofísica, Hidrología y las mismas Investigaciones Jurídicas, para dar sustento a su argumentación; que por cierto más parece encaminada a la productividad y explotación de nuestros cada vez más escasos recursos hídricos, que a la preservación del líquido vital.
Hay que decirlo con toda claridad: ese lugar común de que las guerras del futuro serán por el agua ya está rebasado. Para no ir tan lejos en el tiempo y el espacio sobre lo que ha ocurrido en los más diversos lugares del planeta en las disputas internacionales por cuencas y ríos, basten dos casos en México: el viejo pleito entre Tamaulipas y Nuevo León por el agua de la presa El Cuchillo: o el encono feroz entre dos ciudades del mismo estado por el agua que los de Hermosillo se beben, mientras que los de Obregón destinan a la siembra. A propósito, el agua es, sin exageración alguna, la sobrevivencia o el colapso para este país de más de 110 millones; fundamental para la producción de alimentos; el problema es que tenemos ya 25 millones de hambrientos y nueve millones que no tienen acceso al agua. Y la ley propuesta carece de una visión estratégica, que nos garantice el derecho constitucional al agua en el presente y en el futuro.
Menos mal que la presión social y la inconformidad de un sector legislativo, que la juzgó privatizadora, llevó a posponer para mejor ocasión el debate y votación en el pleno. Porque, la verdad hay muchas más dudas que certezas: ¿Por qué la iniciativa habla de 50 litros por habitante cuando la norma mundial es de 100? ¿Cuándo se plantea la participación de la sociedad, se refiere a las sociedades anónimas? ¿De verdad sus panegiristas están dispuestos a escuchar y debatir con todas las voces, incluidas ONG, expertos y académicos? ¿De las entrañas de qué monstruo salió esta iniciativa? ¿De dónde sacan que quienes cuestionamos participamos de una gran conspiración en contra de una ley perfecta?
Así lo han de creer o así les ordenaron que lo crean quienes tienen una extraña prisa y volverán a la carga por una Ley de Aguas, que está muy lejos de ser potable.
Periodista.
ddn_rocha@hotmail.com
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