Por: Edgar Rosas
(21 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En palabras de
Edith Escareño, integrante del Colectivo contra la Tortura y la
Impunidad (CCTI), en nuestro país existen una serie de fallas
estructurales que impiden que la tortura sea investigada y sancionada
adecuadamente. La mala aplicación de las pruebas para determinar la
existencia de tortura-como el Protocolo de Estambul- es uno de los
elementos centrales que, de acuerdo con la defensora, entorpece la
persecución del delito.
Al participar en el Foro internacional sobre investigación, procesamiento y sanción de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, Escareño
enfatizó que la práctica de la tortura es generalizada y sistemática.
Sin embargo, dijo, por lo menos desde 2013 México no ha atendido las
recomendaciones hechas por organismos internacionales para enfrentar el
problema y mejorar la capacidad técnica para investigar el delito.
La defensora hizo mención de la propuesta de Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, presentada por Enrique Peña Nieto
al Senado de la República el mes de diciembre pasado. Criticó que la
iniciativa enviada por el Ejecutivo carece de medidas óptimas para
atender el problema. Además que no tomó en consideración las propuestas
hechas por organismos de la sociedad civil para contar con una
legislación efectiva.
“En 2015 se comenzó un proyecto general de ley de tortura, en el que
varias OSC hemos participado. En este proceso generamos, trabajamos en
insumos básico que debe contener una ley (…) las OSC presentamos los
insumos mininos que una ley general de tortura debería tener. En el
proceso nos reunimos con PGR, reestructuramos su proyecto y lo que
presentó Enrique Peña Nieto en diciembre fue una ley rasurada en donde
se siguen admitiendo pruebas bajo tortura y el Protocolo de Estambul se
baja a nivel de evaluación, un examen médico-psicológico”, señaló.
Sobre el contexto que vive México en torno al fenómeno, la
especialista enumeró algunas de las fallas que impiden la investigación
adecuada del delito, mismas que el CCTI ha detectado. En primera
instancia, dijo, en el país no hay un acceso efectivo al Protocolo de
Estambul, es decir las autoridades no garantizan que las presuntas
víctimas sean evaluadas para determinar si fueron sometidas a tortura.
“Para 2013 sólo dos estados habían adoptado formalmente el Protocolo
de Estambul y establecido la obligación de que los órganos de
investigación solicitaran evaluación médica-psicológica, basada en el
Protocolo de Estambul, para todas las denuncias de tortura. Sin embargo
no ocurre, incluso en los estados en lo que se ha adoptado, las
autoridades que conocen el Protocolo de Estambul, no lo emiten o no lo
hacen, aunque es de carácter obligatorio. Este incumplimiento de los
procedimientos de investigación viola el derecho de la víctima a una
investigación eficaz y exhaustiva de las denuncias de tortura. Además no
hay sanciones o medidas disciplinarias para funcionares que incumplen”,
señaló.
En este sentido, dijo, la falta de un examen oportuno es un problema
grave que afecta la investigación de la tortura. Señaló que la no
aplicación de una prueba en el momento indicado puede llevar a que la
tortura no se castigue, debido que los síntomas físicos que deja el
delito pueden borrarse rápidamente.
“Muchos de los responsables de impartir justicia desconocen qué es el
Protocolo de Estambul y quienes lo conocen no lo solicitan. El
Protocolo de Estambul en la mayoría de las veces es solicitado por la
víctima y su defensa, al igual que la propuesta de peritos
independientes”, dijo.
Aunado a lo anterior manifestó que las instituciones carecen del
personal calificado para realizar el Protocolo de Estambul. Este hecho,
dijo, provoca que los exámenes no puedan ser practicados oportunamente.
“Muchos estados no cuentan con expertos forenses calificados para
llevar a cabo el Protocolo de Estambul y tienen que remitir la petición a
nivel federal. Incluso cuando esto sucede no hay un número suficiente
de expertos forenses para cumplir esta demanda. Esto conduce a una
situación de que los exámenes rápidos no son posibles. Esto es
especialmente importante ya que la autoridad sólo considera que hay
tortura si hay lesiones físicas o estrés postraumático y esto puede
desaparecer con el tiempo”, dijo.
La defensora lamentó la poca preparación de los peritos oficiales
para la aplicación del Protocolo. Dijo que la falta de conocimiento
lleva a que la calidad técnica de los exámenes para conocer si hubo
tortura sea deficiente.
“Hay una falta de capacitación, de conocimiento, de técnica por parte
de los peritos que operan en la parte oficial. La calidad técnica de
los exámenes es deficiente, a pesar que las autoridades han dicho que
han hecho un gran esfuerzo por capacitar a sus expertos forenses.
Además, en los protocolos realizados por los peritos oficiales se
establecen condiciones que son retraumatizantes para las víctimas y por
tanto no conducen a conclusiones fiables”, dijo.
Otra de las fallas estructurales detectas es la falta de
independencia por parte de los peritos oficiales que aplican los
exámenes, además de la nula supervisión de órganos independientes hacia
el trabajo de los agentes encardados de realizar el Protocolo.
“Si bien se han documentado las deficiencias en los informes del
protocolo, en los peritos hay falta de independencia. Quienes detienen y
torturan, son las mismas que se dedican a investigar o evaluar la
tortura, lo cual es un despropósito.”
De acuerdo con de Edith Escareño organismos como la ONU han emitido
recomendaciones al Estado mexicano, mismas que no ha atendido. Entre
ellas se encuentra la necesidad de que el gobierno asegure la
investigación profunda de las denuncias de tortura.
“Algunas de las recomendaciones han sido: el gobierno de México debe
asegurarse que como parte de una investigación de tortura, toda presunta
víctima tenga acceso efectivo a una minuciosa investigación, rápida y
efectiva; que tenga acceso al Protocolo de Estambul independiente; la
adopción del Protocolo de Estambul en todos los estados; garantizar la
disponibilidad suficiente de profesionales calificados para que las
víctimas tengan derecho al protocolo de forma más rápida, incluido el
derecho de ver a un médico cuando estén detenidas; así como las
sanciones administrativas por los retrasos en la investigación.
Además, garantizar el acceso rápido y eficaz para los profesionales
de la salud independientes a personas detenidas, incluído el acceso con
el equipo médico necesario para llevar a cabo estos exámenes. Tomar
fotografías y la garantía de que el Protocolo de Estambul independiente
tenga el mismo valor que los oficiales”, señaló.
La defensora expresó su preocupación ante la mala aplicación del
Protocolo de Estambul. Señaló que en el país, dicho Protocolo es
contemplado como la única prueba, por lo que una mala aplicación
determinará que no hubo tortura, a pesar que la víctima sí haya sido
sometida a castigo.
“A finales del año pasado hubo un acuerdo, y nos preocupa. En el acuerdo se establece que el Protocolo de Estambul
sea la prueba plena, única en los casos de tortura. Entonces si los
Protocolos de Estambul están mal hechos y apuntan a conclusiones
negativas entonces no hubo tortura. En este acuerdo se dice que si es
negativo se declara incompetente para seguir con la investigación.
Estamos preocupados porque no se toman las otras pruebas. Si el
protocolo de Estambul se realizara como marca los estándares
internacionales señalan, tendríamos varias líneas de investigación (…)
Tomar al Protocolo de Estambul como positivo o negativo sólo si hay
huellas físicas o estrés postraumático niega el derecho a la justicia a
las personas víctimas. Y también sigue negando el derecho a la justicia
para las víctimas de violaciones a DD.HH. También siguen negando el
derecho para las víctimas del delito al fabricar culpables bajo
tortura”, apuntó.
La defensora hizo mención de la actitud que ha tomado el gobierno
mexicano. Dijo que la posición tomada ante declaraciones como la del
relator especial de la ONU, Juan Méndez, es el ejemplo de que la tortura
existe y es una práctica sistemática tomada por los cuerpos de
seguridad como un método de investigación.
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