El negocio del “derecho al olvido”

By Claudia Villegas

Fue hace unos días, en el marco de un foro internacional para analizar el llamado “derecho al olvido”, cuando comisionados y funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), defendieron la eliminación de datos personales en el marco de la tutela integral de la privacidad. Muy bien y no me imagino alguien que esté en contra de ese objetivo.

Para el Inai, el derecho al olvido –mediante el cual una persona puede solicitar se borren datos personales publicados en internet que atenten contra su integridad personal– es una “precavida sugerencia para hacer ajustes sobre un determinado contenido informativo, de carácter personal, con carácter de confidencialidad”. Así lo definió al menos el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Pero, en el mismo foro, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar, reconoció que en México no se conoce el estatus del derecho al olvido.

 “No sabemos el nombre de los derechos que lo conforman, si es que es un conjunto de derechos, no sabemos cuál es la ruta, pero lo cierto es que estamos aquí, señalando algo que queremos tener”, recalcó.

Así el contexto. Sin embargo, 18 meses después de que los consejeros del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información votaran por unanimidad ordenar a Google desvincular información de sus motores de búsqueda que afectaba a un empresario de nombre Carlos Sánchez de la Peña –accionista de Estrella Blanca y vinculado con la familia Fox Sahagún– (bajo la defensa del llamado derecho al olvido), un tribunal colegiado concedió un amparo para dejar sin efecto esa resolución que obligaba a Google a eliminar de su motor de búsquedas el enlace de una nota de la revista Fortuna que incomodaba a ese socio de Estrella Blanca con aspiraciones políticas.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) brindó apoyo jurídico a la publicación. Se trata de una organización no gubernamental de jóvenes abogados dispuestos a defender nuestra memoria en internet. Hace unos días se obtuvo esta resolución histórica que tiene que ver con el llamado derecho al olvido que en Europa ha puesto en jaque a varios medios que sí padecieron esta censura con cargo a las supuestas responsabilidades que enfrenta el gigante Google.

Por eso es relevante esta suspensión. En México, con esta resolución, no será así (al menos no se ha sentado un precedente negativo) y muchos políticos tendrían que pensar dos veces el contratar a empresas que ofrecen “borrar el pasado” aunque éste tenga que ver con fraudes o corrupción. “Necesitamos memoria”, escribió en Twitter el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Trejo Delarbre.

¿Quién si tiene derecho al olvido? Las víctimas de un crimen; aquellos que en defensa de sus derechos humanos piden que se retiren fotografías, datos o hechos que afectan su integridad. Que no se confunda. El derecho al olvido no es un negocio. Ya dimos un paso. Gracias a R3D, jóvenes y entusiastas abogados educados en el aprendizaje de la defensa de los derechos humanos ante las nuevas tendencias tecnológicas.

Por pequeña y humilde que sea una publicación hoy tiene derecho a engarzarse en el gigante Google para hacer llegar su información y la relevancia la marca el hecho.

La empresa española Eliminalia, por cierto, llegó a México con la esperanza de usar las resoluciones del Inai como una palanca para generar un nuevo mercado: el de la promesa de borrar todos aquellos datos incómodos sin mediar el respeto a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.

En línea con los códigos periodísticos, la ruta más ética sería la de solicitar a los medios que resguardan sus archivos y la información para sus audiencias una nueva cobertura o actualización del caso, si es de interés del personaje hacer saber que está libre de cargos o que la situación del conflicto ha cambiado. De otra forma, borrar contenidos o esconder trabajos periodísticos representa un acto de censura bajo cualquier ángulo.

Mexicanos ahorran 50 por ciento de lo que necesitan para su retiro

Mientras Petróleos Mexicanos busca, por todos los medios, convencer a los trabajadores de esa empresa productiva a individualizar sus pensiones para ingresar al sistema de aportaciones y no de reparto, el sistema de administradoras de fondos para el retiro (Afores) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) sigue con la mira en el ahorro directo para impedir que fracase este modelo. En la actualidad, el monto que están ahorrando los mexicanos para sus pensiones, el 6.5 por ciento, es sólo el 50 por ciento de lo que se recomienda a nivel internacional. Con las aportaciones obligatorias patronales, la aportación de un trabajador a su Afore puede llegar al 11.5 por ciento. El problema es que el ahorro promedio es de 7.2 por ciento mientras la recomendación internacional es estar básicamente al doble, entre el 12 y 15 por ciento.

En el sistema mexicano de pensiones, la cobertura es el otro reto: más de la mitad de la población en México sigue laborando sin estar afiliados a los institutos de seguridad social, es decir, sin contar con la cobertura de ley en materia de salud, pensiones y vivienda. El sistema de pensiones tiene ese reto. Estas dos variables están más allá de la competencia también de las Afores, es decir, estos intermediarios no pueden cambiar la ley a voluntad ni inducir a que los trabajadores se afilien o que los patrones afilien a sus trabajadores. Por ahora, el desafío es convencer a los trabajadores mexicanos que aporten más y mejor.

ICA, quiere recuperar mercado

La constructora ICA espera, por supuesto, los resultados de las licitaciones para el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Se trata de la constructora con mayor experiencia en este sector porque ha construido gran parte de las pistas más importantes de aeropuertos en el país. ICA, sin embargo, enfrenta una gran competencia por parte de empresas extrajeras que van por los jugosos contratos que se otorgarán directamente. ICA también revisa minuciosamente sus obras y posibles contractos en ciudades de Veracruz en donde se prevé un resurgimiento de los contratos vinculados con el sector petrolero.

Audi y su apuesta por Puebla

El presidente para México de Audi, Walter Hanek, está a punto de dar el banderazo de salida para la operación de la planta de esta empresa en Puebla. Para Hanek, el episodio de un supuesto fraude por 10 millones de pesos que involucrarían acuerdos sindicales no tiene importancia mientras se resuelvan satisfactoriamente para no afectar el inicio de la producción de los autos que se venderán y exportarán desde el mercado mexicano. Audi tiene en México, según Hanek, la operación más importante para América Latina y, definitivamente, se apoyarán en la experiencia de Volkswagen en esa ciudad. A diferencia de KIA, la relación de los ejecutivos alemanes de Audi con el gobierno de Puebla si bien, no ha estado libre de problemas, ha caminado de una manera más ordenada y productiva.

Claudia Villegas