By Zósimo Camacho @zosimo_contra
Los mexicanos hemos gastado en los últimos 5 años alrededor de 34 millones y medio de pesos en las andanzas de nuestros muchachos del servicio de inteligencia civil que nos protegen desde 11 lugares del mundo fuera del territorio nacional.
A la cifra habría que agregar lo que los mexicanos también pagamos por el arrendamiento de las casas de seguridad que nuestros
arrojados agentes ocupan en varios países y que asciende a más de 32
millones de pesos, como lo informamos ya en una entrega anterior (Contralínea
483 LINK:
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/04/10/la-cia-a-la-mexicana-el-cisen-en-misiones-en-el-extranjero/).
Por supuesto, faltaría considerar, además, los sueldos que devengan
estos servidores públicos.
Gracias al documento que el órgano de
inteligencia civil del Estado mexicano me entregó la semana pasada, hoy
sabemos que, entre 2011 y 2015, las “representaciones” en el extranjero
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– erogaron un total de 34
millones 473 mil 534 pesos con 62 centavos “para cumplir con sus
funciones”.
¿Cuáles son estas funciones? “Producir inteligencia
estratégica para la toma de decisiones, a fin de preservar la seguridad
nacional, la gobernabilidad y el estado de derecho”, reza la “misión” a
la que remite la institución cuando se le pregunta qué hacen sus agentes
fuera del país. Es decir, los funcionarios del Cisen no están en el
extranjero por motivos académicos, de capacitación o de cualquier otra
índole: van con la clara misión de hacer las labores propias de
“protección” de los intereses del Estado mexicano, a saber,
principalmente, recopilación y análisis de información (¿sólo de fuentes
abiertas o también realizan espionaje e infiltración?, ¿realizan o
participan en operativos en aquellos países?). Por cierto, ¿alguien sabe
cuáles son los “intereses” nacionales que supuestamente tenemos los
mexicanos y que con tanto denuedo protegen nuestros agentes en México y el extranjero?
El
oficio, firmado por la titular de la Unidad de Enlace del propio Cisen,
Carla Alejandra Carrillo Hervert, desglosa los montos por año: 5
millones 624 mil 74.64 pesos para 2011; 6 millones 759 mil 178.37 pesos
para 2012; en 2013 se alcanzó la cifra de 7 millones 435 mil 505.56
pesos; en 2014 se erogaron 7 millones 236 mil 719.62 pesos, y el año
pasado se gastaron 7 millones 418 mil 55.43 pesos.
El documento
también informa que el Cisen cuenta con 11 “oficinas” en el extranjero
en las que laboran 11 de sus integrantes. Es decir, una persona por casa
de seguridad.
La información fue entregada luego de un largo
proceso de medio año que inició con la solicitud de información
presentada por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el 29 de febrero pasado. A cuentagotas e incompleta,
el Cisen se ha visto obligado a entregar la información luego de la
intervención (vacilante, desde mi punto de vista) del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai).
Apenas recibió la solicitud de información, la
reacción inmediata del Cisen fue cerrar todo acceso a los datos e,
incluso, negar que contara con una parte de ellos.
De la solicitud
(0410000005016) que ingresé por medio del entonces sistema Infomex, el
Centro sólo respondió una pregunta. El objetivo de que los mexicanos
mantengamos inmuebles y personal en el extranjero del organismo de
inteligencia civil del Estado mexicano es “preservar la seguridad
nacional” como anotamos líneas arriba.
Pero negó informar de todo
lo demás: número de oficinas en el extranjero; países en las que se
encuentran; número de servidores públicos que laboran en ellas, y monto
erogado por estas oficinas para cumplir sus funciones. De este último
requerimiento dijo no contar con la información a tal nivel de detalle
(“a ese nivel de desglose”, apuntó el Centro textualmente). De los
demás, reservó la información por supuestos daños presentes, probables y
específicos a la seguridad nacional y por posibles daños personales a
los servidores públicos.
Lo peor es que sus negativas fueron
apoyadas en supuestos de información que nunca solicité: “actividades
operativas y logísticas encaminadas a la preservación de la seguridad
interior de la Federación”, “organización interna”, “capacidad de
reacción” y, entre varias otras, “métodos y procedimientos con los que
cuenta el Centro para el desarrollo de tareas de inteligencia y
contrainteligencia”.
La sobrerreacción del Cisen ante un mínimo
ejercicio de rendición de cuentas es una muestra de la poca
disponibilidad de la institución para transparentar sus actividades (sin
menoscabo de sus labores de inteligencia). También es una muestra de la
visión de la “seguridad nacional” que sigue permeando en una
institución: la de la época de la Guerra Fría.
La intervención del
Inai (mediante el recurso de revisión que interpuse y al que se le
asignó el folio RDA 1898/16) permitió que se diera a conocer el número
de oficinas del Cisen fuera del territorio nacional y el monto que nos
cuesta su funcionamiento. Es información valiosa, pero insuficiente. Tal
parece que los consejeros de la instancia responsable de garantizar la
transparencia se sorprenden fácilmente cuando escuchan la frase mágica:
“seguridad nacional”.
Luego de saber del secretismo con que se
maneja la existencia de las “oficinas” de seguridad nacional mexicana en
el extranjero, cabe preguntarse: ¿estamos enviando efectivos de seguridad nacional con la complacencia de los gobiernos de los países en que se encuentran o, acaso, ya mandamos agentes ultrasecretos que violan las leyes locales, como hace la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés)?
Zósimo Camacho
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