Guillermo Almeyra
La Jornada
La decisión del Concejo
Indígena de Gobierno (CIG) de dirigir colectivamente la movilización
indígena y popular contra el poder oligárquico y de nombrar a María de
Jesús Patricio Martínez (Marichuy) como su vocera, así como la
declaración de ésta diciendo que el CIG utilizará la campaña electoral
para organizar y no meramente para conseguir votos aportan un rayo de
luz al sombrío panorama nacional.
Después de Rosario Ibarra de Piedra, quien fue la primera candidata
en unas elecciones presidenciales mexicanas, Marichuy es símbolo de las
mujeres populares y de los indígenas y no sólo, como Rosario, de un
puñado de madres valientes en busca de sus hijos desaparecidos y de una
organización revolucionaria anticapitalista –el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT)–, políticamente muy importante, pero
minoritaria; esta candidatura cuenta además con el apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Tanto éste como el CIG hasta ahora declararon ser anticapitalistas,
pero no expusieron un programa que dé forma y objetivos al
anticapitalismo en México y, por tanto, la campaña de organización
popular, indígena y de los trabajadores corre todavía con los pies
atados.
Además, de las declaraciones de Marichuy de que no quiere ganar el
gobierno de México sino organizar, podría desprenderse la intención de
presentar una candidatura simbólica y virtual, no registrada, como fue
en su momento la muy importante de Valentín Campa, candidato del Partido
Comunista Mexicano y del PRT, trotskista.
Esta posibilidad hace correr el riesgo de una contraposición, por un
lado, entre el desarrollo de la conciencia y la organización y, por
otro, la recolección de más de 800 mil firmas que avalen a Marichuy y la
utilización revolucionaria del proceso electoral. Los partidos
defensores del sistema capitalista de explotación y opresión, en efecto,
sólo buscan votos para ocupar posiciones institucionales, pero los
revolucionarios, por el contrario, utilizan siempre todos los
instrumentos y todos los campos, incluso los elegidos por los
explotadores, como si fuera posible ganar poder por esa vía.
Además, en el caso de una candidatura simbólica, de propaganda, los
votos que se pudieran obtener no serían registrados y aparecerían
simplemente mezclados con otros como votos nulos, perdiendo así peso
simbólico.
Ni el CIG ni el EZLN han aclarado hasta ahora si centrarán su acción
política solamente sobre las legítimas demandas de las diversas etnias
indígenas o si, por el contrario, se orientan hacia la concientización y
la organización de los oprimidos en todo el país –lo cual les obligaría
a formular propuestas concretas para situaciones y problemas muy
disímiles y a cotejarse con otros hombres y mujeres en lucha
pertenecientes a organizaciones diferentes y con posiciones políticas
diversas. No está claro, en una palabra, si Marichuy espera contar con
la movilización y el apoyo de las organizaciones y movimientos de muy
diverso tipo que luchan hoy en las calles y plazas contra el gobierno
capitalista o si se dirige sólo a las bases de apoyo tradicionales del
EZLN, que son importantes, pero minoritarias.
El programa revolucionario es lo que podría atraer a muchos
que piensan abstenerse o votar en blanco porque ven la candidatura de
Morena como una tabla de salvación para el capitalismo en crisis
económica, política y moral o, incluso, a otros muchos que no son
seguidores ciegos de Andrés Manuel López Obrador, pero piensan que una
victoria de Morena podría crear mejores condiciones para revertir todas
las reformas reaccionarias implantadas por PRI-PAN-PRD y responder mejor
a la ofensiva imperialista y a la brutalidad de Donald Trump.
Los símbolos, en política, son muy importantes, pero no bastan. No es
suficiente presentar una vocera indígena. Ni el sexo ni el carácter
étnico son garantía suficiente: es necesario proponer ideas
anticapitalistas, objetivos de lucha, una organización horizontal y
democrática en la que todos discutan y decidan.
Los puntos del programa podrían incluir:
– Reconocimiento pleno de los derechos y reivindicaciones indígenas.
– Aumento general de salarios y jubilaciones, para crear un vasto mercado interno. Igualdad salarial entre ambos sexos.
– Seguridad social y atención sanitaria para todos, controlada por los derechohabientes.
– Anulación inmediata de las leyes y decretos antipopulares y
reaccionarios (en especial de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y
de la ley energética o de la ley de enseñanza).
– Auditoría a la deuda externa. Anulación de todos los acuerdos
lesivos para México (Tratado de Libre Comercio de América del Norte y
otros).
– Retorno de los militares a los cuarteles. Su remplazo por policías
comunitarias y milicias populares y dotación a las mismas de armas
modernas.
– Estatización de los bancos para evitar el lavado de dinero, frenar la evasión de capitales y estimular el crédito.
– Plan nacional de creación de empleos elaborado comunidad por
comunidad, colonia por colonia en asambleas que evalúen los recursos
disponibles, las necesidades y las prioridades.
– Fin inmediato de la gran minería depredadora y expulsora de campesinos.
– Tribunales populares para juzgar los asesinatos de mujeres, la trata, el narcotráfico.
– Control de periodistas y usuarios sobre los medios de información que apoyan ideológicamente al sistema.
– Separación total entre el Estado laico y las diversas religiones.
– Política internacional independiente y antimperialista.
Propongo que el CIG ponga a discusión estos puntos u otros similares y defina el carácter de su campaña de organización.
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