8/29/2017

Los periodistas pal café. . . .




Llegado al límite de la ridiculez amenazante respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el declinante Donald Trump ha colocado al arrinconado equipo mexicano de negociaciones en una situación tragicómica: mantenerse en los trabajos formales que el jefe máximo de la parte estadunidense patea grotescamente en Twitter, aparentando que los diálogos se producen en una situación de normalidad y no en el marco de la locura ejecutiva instalada en la Casa Blanca.
Bien podría ocuparse centralmente el susodicho Trump de hechos graves e inmediatos: la zona metropolitana de Houston (la cuarta ciudad más poblada del vecino país) anegada como nunca y con población necesitada de más ayuda (¿mensajes del señor Cambio Climático a la oficina del rubio negacionista?) y el cielo japonés cruzado por un misil disparado por Corea del Norte, por dar dos ejemplos, pero el despechado que quiso ser amante de los negocios a la mexicana (en su etapa de inversionista, no como político) pareciera sólo tener ojos para México: obsesivo, envenenado, abusivo y sin contraparte válida. La nación en tiempos de Peña Nieto.
Trump, el César de caricatura, ha advertido que es mejor iniciar el proceso de retiro de Estados Unidos de las negociaciones del TLCAN, que se reanudarán en los días inmediatos. Es evidente que trata de golpear a la economía mexicana y obligar a México a concesiones extremas, con tal de salvar el tratado en mención. A ese amago añadió su cantaleta preferida: México ha de pagar el muro fronterizo, haiga de ser como haiga de ser.
En México, mientras tanto, el secretario de Hacienda nos asegura que todo pinta para bien, aunque las cosas parezcan mal: el precandidato presidencial independiente (que podría terminar como distractor del movimiento realmente deseado por la futura encuesta personal del dedo de Peña, la del niño Nuño) hace saber que, a pesar de recortes presupuestales e insuficiencias económicas para 2018, ¿qué creen, santos inocentes?: en términos generales el país va en la dirección correcta, pues el año entrante se mantendrá la estabilidad económica y se conservará la sensibilidad en lo social. Eso sí, la oda de José Antonio Meade Kuribreña reconoce que, en todo caso, harán falta más velocidad y contundencia en las variables económicas.
Pero, de que México está bien, no hay que dudar. Bueno, en realidad, México está mejor que antes (los críticos latosos, a los que ningún producto picante les embona, dirán que estamos menos peor que antes). Que se solacen esos inconformes por consigna con los nuevos y bellos datos proporcionados por el muy autónomo Instituto Nacional de Esadística y Geografía, popularmente conocido como Inegi, en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Con una oportunidad que nada tiene que ver con la elaboración de las tarjetas que en teleprompter leerá Enrique Peña Nieto al otro día de su quinto Informe de labores, dicho Inegi, a través de la ENIGH, nos hace saber que las cosas no están tan mal como han parecido. Lo que ha sucedido es que se medían de manera distinta y, ahora, se han utilizado métodos que confirman lo que ya proclaman con aire complacido tanto Peña Nieto como el citado Meade Kuribreña.
Tres votos, por su parte, buscan los exploradores camarales del PRI y del Verde para redondear la cifra mágica de votos que permitirán imponer a Raúl Cervantes Andrade, cuasi carnal de Peña Nieto, como fiscal faccioso por nueve años (para más datos, y contexto, el Astillero de este lunes: Cervantes: guardaespaldas transexenal, https://goo.gl/CaCfYg).
Habilidosos, los mandos priístas habrán de encontrar la manera que en el Poder Legislativo se consigan esos tres votos, o se ajusten cifras mediante ausencias concertadas de algunos opositores. Instalar a Cervantes Andrade es fundamental para que continúe el sistema de impunidad que da cohesión a la clase política actual. Con ese priísta en la fiscalía general de la nación, que sustituirá a la Procuraduría General de la República, para darle más autonomía, el peñismo tendrá, por un sexenio y medio, garantía de manipulación y control del sistema de investigación y búsqueda de castigo por delitos federales.
Insólito ejemplo del triunfo de un ciudadano independiente de partidos, sin rebasar los reducidos márgenes del gasto de campaña establecido, el joven Pedro Kumamoto (diputado de mayoría por un distrito local de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara) ha logrado que una iniciativa por él impulsada haya sido confirmada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para así condicionar la asignación de recursos a una nueva fórmula que descansa sustancialmente en la votación recibida por cada partido.
La confirmación en el máximo tribunal del país, por siete votos contra cuatro, significa un paso adelante en la búsqueda de reducir el escandaloso gasto de México en materia de partidos y elecciones. La misma propuesta jalisciense ha sido presentada para que pueda aplicarse a escala nacional.
Astillas
Consejeros del Instituto Nacional Electoral buscan la manera de pedir que Gobernación intervenga para frenar la intervención en política de la Arquidiócesis de México (Norberto Rivera, pues). Esos consejeros aseguran que la instancia religiosa viola el principio de laicidad. ¿A qué santo se encomendará Osorio Chong para no perder indulgencias rumbo a 2018?... Ricardo Monreal pide a Morena que haya transparencia, autocrítica y enmienda respecto del proceso que designó a Claudia Sheinbaum como virtual candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México… Décadas atrás, todo se suspendía u opacaba en materia política, desde semanas atrás, para dar marco dominante al Informe presidencial. Ahora, el opacado es ese Informe, que se entregará al Congreso de la Unión el próximo viernes… ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



Foto
Una sacudida estremeció a la partidocracia, en particular a personajes que han hecho de los partidos un negocio doméstico. (Dicen que el Niño Verde hasta se puso morado.) La Suprema Corte de Justicia avaló la llamada Ley Kumamoto por siete votos contra cuatro. Esta ley, conocida por el hashtag #SinVotoNoHayDinero, fue promovida por el diputado local independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto. El objetivo: cambiar la forma como se distribuye el dinero público entre los partidos. Establece que dependerá del número de ciudadanos que voten por ellos. Ahora Kumamoto buscará que se aplique a escala federal, lo que podría ‘‘generar una reducción de 52 por ciento de los recursos que actualmente reciben los partidos políticos’’, señaló el legislador.Habían impugnado la ley: el Verde, Nueva Alianza y Morena. Con la fórmula actual, con base en el padrón electoral, recibirían 6 mil 745 millones de pesos, de acuerdo con el anteproyecto del Instituto Nacional Electoral. Con la fórmula propuesta, menos de la mitad. A pesar de la decisión de la Corte, el INE aprobó el presupuesto 2018: $25 mil millones (alrededor de mil 400 millones de dólares). Dijo Ciro Murayama: ‘‘No deseamos que se sacrifique ningún rubro de gasto público por las elecciones, por eso si el IFE costó en promedio 35 centavos de cada cien pesos del presupuesto, ahora proponemos que el INE cueste los mismos 35 centavos de cada cien pesos del gasto público federal’’. ¿Y por qué no 15 centavos? ¿Cuál artículo de la Constitución o de la legislación electoral dice que el presupuesto del instituto debe crecer en forma directamente proporcional al del gobierno federal?
¿Cómo votaron los ministros?
Hay que anotarle un punto bueno a los señores ministros, aunque está reciente la trastada que cometieron contra los consumidores al eliminar de la Constitución la tarifa 0 del servicio telefónico. Pero sólo a los siete que votaron en favor de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero. Sus nombres: Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando González, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier LaynezPotisek, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Votaron los restantes cuatro en contra: el autor del proyecto, Jorge Mario Pardo Rebolledo; Eduardo Medina Mora; el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, y Margarita Beatriz Luna Ramos.
Impunidad
Si bien la impunidad no nació con el actual gobierno se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Los resultados del Índice Global de Impunidad 2017, estudio que analiza y compara la información relacionada con los indicadores en materia de justicia, seguridad y derechos humanos, realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, México ocupa el cuarto lugar a escala mundial con un índice de impunidad de 69.21 puntos y es el primer lugar en el continente americano. De acuerdo con el reporte, en nuestro país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos cometidos. Del total de delitos denunciados, sólo existe 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana a 95 por ciento en ilícitos acreditados por la autoridad como consumados.
¿Dónde quedó la canasta?
La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes expresa su desacuerdo con el anuncio del presidente del Inegi, el controvertido Julio Santaella, en relación con cancelar el apartado de la canasta básica del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, ¿cómo va a medir el alza de precios, la inflación? Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación, dice que ‘‘esto es una afrenta a la inteligencia del pueblo de México y es querer vernos la cara de tontos’’. Añade: ‘‘Los mexicanos no tenemos un pelo de tontos, nos damos perfecta cuenta de que tal vez lo que se pretende ocultar es la realidad económica tan sofocante y adversa que padecemos’’. (Es que estamos en tiempos de elecciones y hay que pintar de color rosa las cifras.)
Ombudsman Social



El próximo viernes el gobierno peñanietista divulgará el contenido de lo que denomina Informe de gobierno (el penúltimo de esa administración), en el que sin duda uno de los puntos que destacará el inquilino de Los Pinos será el de las plazas laborales inscritas en el IMSS, tema en el que privilegiará la cantidad (cerca de 3 millones en casi cinco años, incluidos los empleos existentes, pero ahora formalizados) y minimizará la cada día más precaria calidad.
¿Qué tan alegres pueden estar los mexicanos por las cifras a presumir? El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados hace un ejercicio temático –del que se toman los siguientes pasajes– con base en las cifras oficiales y considerando los siete primeros meses de 2017.
De acuerdo con los registros del Seguro Social, continuó la generación de empleo formal y mostró mayor dinámica; el total de asegurados en el instituto pasó de un aumento anual de 3.55 por ciento en julio de 2016 a uno de 4.43 por ciento en el mismo mes de 2017; así, mantiene su tendencia al alza desde mediados de 2009 y acumula 90 meses de incremento consecutivos. La cantidad de asegurados en el IMSS llegó a niveles históricos.
No obstante, la afiliación por tipo de condición laboral empeoró; de los empleos formales creados en julio de 2017, 85.73 por ciento fueron permanentes y 14.27 por ciento, eventuales urbanos; un año atrás, la proporción había sido de 95.21 y 4.79 por ciento, respectivamente. Lo anterior implicó que, aunque hubo mayor generación de empleos, fue de menor calidad dado que se elevó la participación de la eventual.
El salario real se deterioró al disminuir 1.39 por ciento en junio de 2017, su sexta baja después de 34 alzas consecutivas; además, la cifra referida contrasta con el incremento que tuvo en el mismo mes de 2016 (0.98 por ciento), lo que se podría explicar, en parte, por el repunte de la inflación que comenzó a observarse desde enero de 2016.
Según el IMSS, en julio de 2017 documentó 19 millones 23 mil 215 trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados, lo que implicó un aumento anual de 4.43 por ciento de cotizantes; es decir, 807 mil 251 empleos formales más con relación al mismo mes de 2016; además, dicha cifra fue superior a la registrada un año atrás (3.55 por ciento o 625 mil 214 trabajadores).
Por tipo de afiliación, de los empleos formales creados en el séptimo mes de 2017, 692 mil 041 fueron permanentes y 115 mil 210, eventuales urbanos. El empleo permanente registró un incremento anual de 4.38 por ciento, dato superior a 3.92 por ciento que se observó en el mismo mes de 2016; en tanto que el eventual urbano tuvo una ampliación de 4.74 por ciento, cuando un año atrás había subido 1.25 por ciento.
Durante julio de 2017 el empleo subió en ocho de los nueve sectores en los que se clasifica la actividad económica. El de mayor incremento fue el de transporte y comunicaciones, seguido por la industria de la transformación. En los servicios para empresas, personas y hogar, si bien se generaron más plazas la dinámica perdió fortaleza.
En la industria agropecuaria la creación de empleo aumentó de 7.01 por ciento en julio de 2016 a 4.21 por ciento en el mismo mes de 2017; en el comercio pasó de 3.9 a 3.42 por ciento, en el mismo periodo, lo que implicó una menor fortaleza y creció por debajo de la nacional. En el sector de electricidad y agua fue donde se redujo el empleo al transitar de un alza de .34 por ciento a una caída de 1.74 por ciento. Del total de plazas generadas, la industria de la transformación aportó 35.32 por ciento.
En julio de 2017 el empleo se acrecentó en 28 estados del país (incluyendo la Ciudad de México), mientras retrocedió en Tabasco, Campeche, Chiapas y Veracruz, entidades con importante presencia de actividades extractivas (petróleo). El estado con el mayor crecimiento de empleo fue Quintana Roo, con un aumento anual de 10.93 por ciento en el mes de referencia, seguido por Baja California Sur, al observar una ampliación de 10.31 por ciento. En Querétaro creció 8.59 por ciento, en San Luis Potosí, 8.1 por ciento, y en Tlaxcala, 7.63 por ciento.
Sin embargo, la mayor generación de empleo, en términos absolutos, se dio en la Ciudad de México al concentrar 13.35 por ciento del total. Jalisco se situó en el segundo lugar, con 10.76 por ciento, y Nuevo León, con 9.18 por ciento. El estado de México representó 8.87 por ciento del total y Guanajuato, 6.6 por ciento.
En junio de 2017, el salario diario nominal asociado a trabajadores asegurados en el IMSS fue de 334.21 pesos, superior a los 318.80 pesos reportados un año antes, e implicó un aumento nominal de 4.83 por ciento. Además, representó 4.58 veces el salario mínimo general promedio para el sexto mes de 2017. Sin embargo, el salario real (descontada la inflación) fue de 264.39 pesos, lo que significó una reducción de 1.39 por ciento, cifra que contrasta con el alza observada en el mismo mes de 2016 (1.51 por ciento). Esto implicó su sexta caída después de haber registrado 34 meses de alzas consecutivas, lo que podría explicarse, en parte, por el repunte de la inflación que comenzó a observarse desde enero de 2016.



El concurso mercantil de ICA, de Bernardo Quintana, fue ampliamente anunciado desde principios de año. Algunos analistas pensaban que la empresa se podía salvar sin llegar a la quiebra; sin embargo, la deuda, cercana a 3 mil 500 millones de dólares, volvió imposible el proceso sin recurrir al concurso mercantil.
El gran problema que no se ha dado a conocer es que la familia Quintana y demás socios de control comenzaron a descapitalizar la empresa e iniciaron la venta de sus acciones desde hace tiempo, con lo que minimizaron sus pérdidas. En contraparte, los inversionistas minoritarios no tenían la información necesaria para protegerse y no fue hasta que llegó Guadalupe Phillips a la dirección de la firma cuando conocieron la magnitud de la crisis.
Incluso, algunos accionistas minoritarios, fundamentalmente trabajadores y ex empleados, decidieron mantener sus acciones, pasara lo que pasara, por lo que ya perdieron más de 95 por ciento de su capital.
Quien vio una oportunidad para tomar el control de la empresa fue David Martínez, un habilidoso financiero regiomontano que vive en Nueva York y quien le apuesta a empresas y países que requieren financiamiento con urgencia. Martínez, por conducto de su firma, Fintech, ha tomado el control de diversas compañías en bolsa y ha obtenido rendimientos muy elevados de países latinoamericanos altamente endeudados.


En materia de seguridad, nada como culpar al gobierno federal, no importa si se trata de las consecuencias de la fallida guerra contra el narcotráfico o del aumento de los delitos del fuero común; qué más da si se habla del incremento de los homicidios dolosos o del robo a casa habitación: los gobiernos estatales y municipales no pierden la oportunidad de echar la bolita a la administración central, ya sea porque no apoya con recursos humanos suficientes o por los siempre escasos fondos para mejorar las policías.
Aguascalientes no ha sido la excepción. Tanto el gobernador Martín Orozco Sandoval como la alcaldesa de la capital, María Teresa Jiménez, se lavan las manos ante la creciente percepción de inseguridad. En el caso del gobierno estatal, luego de ocho meses, los panistas no han logrado pasar del modelo de mando único heredado por los priístas –y del que tanto se quejaron en campaña– al de mando mixto. Es evidente la falta de pericia para lograr acuerdos y coordinación, a tal grado que resulta una revelación periodística que sea Orozco Sandoval quien nombró a todos los jefes de policía municipales, pero al asumir la responsabilidad, el gobernador simplemente levanta los hombros e indica que los alcaldes pueden destituir a los encargados.



Rodolfo Raúl González Vázquez, quien se identifica como ex trabajador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), afirmó ayer en conferencia de prensa que el día 24 anterior presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle por operar una oficina clandestina desde la cual se realizaban escuchas ilegales a políticos del más alto nivel, a los familiares de éstos, e incluso a periodistas. De acuerdo con el denunciante, las intervenciones telefónicas no sólo tenían la finalidad de obtener información sobre rivales políticos, sino que se usaron para poner en manos de criminales a ciudadanos.

Finalizar el TLCAN, la mejor alternativa para México
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un asunto económico de la mayor importancia para México, por su incidencia en el desarrollo económico y social de nuestro país. Las reglas estipuladas así lo han plasmado en 23 años de vigencia, y las que en su caso se establezcan para renovarlo seguirán influyendo de forma decisiva en la definición y aplicación de las estrategias y políticas que determinen la forma y ruta de la evolución de nuestra nación.

Con Donald Trump los ataques contra México y sus ciudadanos no cesan. Desde el primer día que anunció su candidatura, declaró que México enviaba a Estados Unidos asesinos y violadores fomentando odio contra mexicanos. Trump y sus asesores calculan que atacar a México y los mexicanos y en particular los inmigrantes, no les incurre un costo político. En la semana pasada Trump amenazó con cerrar el gobierno si el Congreso no provee fondos para construir su muralla, planteó la posibilidad de cancelar el programa que protege a los llamados soñadores, indultó a Joe Arpaio, el sheriff racista de Arizona que fustigaba a los inmigrantes y reiteró la posibilidad de retirarse unilateralmente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Mantenemos deliberadamente en el título la palabra hoy, porque los vertiginosos cambios ocurridos en las pasadas seis o siete décadas, que muchos insisten en llamar globalización y que resultan de una compleja combinación de innovación tecnológica, expansión inusitada del capital y dominio de los valores de la civilización moderna, han dejado muy atrás las tesis sobre las que los teóricos e ideólogos más avanzados de la izquierda han diseñado los gobiernos reales o potenciales. El evidente divorcio entre ciencia y política ha abonado también en el triste espectáculo que hace ver las posiciones supuestamente de vanguardia como propuestas obsoletas. Este anacronismo en las visiones ha sido esencial para entender el fracaso o estancamiento de los llamados gobiernos progresistas que en Latinoamérica nos han llenado de expectativas y esperanzas.

En un súbito arranque de internacionalismo proletario, una organización sindical mexicana realizó el pasado sábado 26 de agosto un mitin en solidaridad con la dirigente gremial venezolana Marcela Maspero y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

En la esfera política, para el futuro inmediato (2017-2018), no podemos sino pensar sin certezas. Muchos observadores y analistas de la política han dicho esto, pero, en un sentido distinto del que trataré de presentar en esta contribución.

La semana pasada, durante una conferencia de prensa realizada en un hotel del sur de Ciudad de México, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), José Luis Morán López, se refirió a dos temas centrales de transición que vive el país. Por una parte, el gasto del gobierno federal en ciencia, tecnología e innovación, que ha sufrido importantes recortes en los dos años pasados luego de un periodo de crecimiento acompañado por la promesa presidencial de alcanzar el uno por ciento del producto interno bruto. También, el especialista en nanociencias tocó el tema de la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, al plantear la necesidad de contar con un modelo capaz de trascender las limitaciones propias de los periodos sexenales.

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