Ante la proximidad de la selección de aspirantes a candidatos a diputados y senadores por el PRI, un torrente de funcionarios, exlíderes del partido, dirigentes sindicales y sectoriales, legisladores, exgobernadores, empresarios e hijos de mandatarios con biografías cuestionables han hecho una larga fila en la que se pelean los primeros lugares.
Entre los 525 inscritos ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI que buscan una diputación o una senaduría uninominal, y una centena más que busca llegar al Congreso por la vía plurinominal, destacan algunos personajes investigados judicialmente; otros, acusados de desvíos de recursos públicos; algunos más que no alcanzaron sus aspiraciones de ser presidente o gobernador y muchos que llegan por influencias familiares.
Hay varios aspirantes problemáticos. Una es Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, investigada por el caso Odebrecht, que le tocó por haber sido presidenta de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.
Mayorga –quien busca una senaduría por Hidalgo– es un personaje cercano al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El último día de enero el periódico Reforma publicó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales le pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos sobre los movimientos financieros de Nuvia Mayorga en sus cuentas y en otras que habría administrado en su calidad de funcionaria partidista.
La aspirante a senadora desestimó esa información y en una carta que circuló en redes sociales explicó que sus funciones en el PRI durante la campaña de Enrique Peña Nieto “se circunscribieron en forma colegiada a labores estrictamente de dictaminación, supervisión y vigilancia con fundamento en los estatutos, los cuales no conceden ninguna función de ejercicio financiero a dicho órgano”.
Manifestó que ninguna autoridad le ha requerido información de sus movimientos bancarios pero dijo estar dispuesta a que se investigaran sus cuentas.
Sin embargo, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, dijo que si el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, no hace algo por evitar que se le otorgue fuero o cualquier candidatura a ella, “pierde cualquier autoridad moral la propuesta legislativa que en materia anticorrupción presentó hace unos días”.
En la lista preliminar de aspirantes al Senado también está Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, alcalde priista de Hermosillo y extitular del Registro Agrario Nacional e implicado en el presunto desvío de 447 millones de pesos del erario municipal.
Quien es conocido en la entidad como Maloro, intenta ser senador junto con Sylvana Beltrones Sánchez –hija del exlíder priista Manlio Fabio Beltrones– y Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez.
Se suma a la lista de aspirantes al Senado el exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, a quien el actual secretario de Gobierno de esa entidad, Gustavo Rosario Torres, acusó de abrir las puertas del estado a Los Zetas.
Andrade llegó al gobierno de Tabasco en una segunda elección, pues la primera fue anulada luego de que las autoridades electorales comprobaron que su protector, Roberto Madrazo, había intervenido mediante la compra de publicidad en los medios locales.
Destacan en la lista de candidatos a una diputación federal algunos excolaboradores de Javier Duarte, el exgobernador veracruzano actualmente en la cárcel.
Son Elisa Marilda Rodríguez Aguirre, exdirectora del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, quien aspira a una diputación por el distrito 8; Raúl Zarrabal Femat, candidato a diputado por el distrito 12 de Veracruz, quien fue diputado local y titular de la Secretaría de Comunicaciones durante el gobierno de Duarte de Ochoa; y Pedro Montalvo Gómez, candidato a diputado por el distrito 18, que fue titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz durante el gobierno duartista.
Otro personaje problemático es Martín Vázquez Villanueva. Busca la precandidatura al Senado por Oaxaca y está seguro de conseguirla, confiado en el apoyo de su tío, Augusto Gómez Villanueva, quien destrabó la precandidatura presidencial de José Antonio Meade, al impulsar los cambios en los estatutos del PRI que impedían las candidaturas ciudadanas.
Vázquez Villanueva fue secretario de Salud de Oaxaca en la administración de Ulises Ruiz, tiene investigaciones en la PGR por un desvío de 500 millones de pesos y permitió el ingreso de más de 3 mil “aviadores” a la nómina de la secretaría a su cargo y que provocaron el estallido del conflicto en la entidad, con paros y bloqueos de estos “trabajadores” que fueron despedidos porque cobraban sin laborar.
La selección de candidatos en el PRI no ha sido fácil y en entidades como Chiapas ha ocasionado escisiones, como la ruptura de la alianza del PRI con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal) que hace seis años llevo al gobierno a Manuel Velasco.
Por Querétaro está en la lista Ernesto Luque, amigo de Meade –quien lo hizo delegado de la Sedesol en la entidad–, sobrino de Emilio Gamboa y nieto de Francisco Ramírez Luque, exgobernador queretano.
Incluso ya hay inconformidades en entidades donde parecía que el control era absoluto, como el Estado de México, donde militantes del Valle de Toluca, la zona de mayor poder político, denunciaron en conferencia de prensa, el pasado viernes 2, la imposición de los candidatos a las alcaldías de esa región. Aseguraron que eso llevará a la derrota del partido en la entidad.
“Hay mucha gente que no se registró, que tampoco cubre los requisitos de la convocatoria; son en su mayoría apadrinados de los jerarcas de partidos. Eso, sin duda, es una mala señal”, dijo a los medios el expresidente municipal de Ocoyoacac, Tito Castillo.
El dedazo
Una vez que el CEN del PRI emitió la convocatoria para elegir a sus representantes en el Congreso, en todo el país los cuadros priistas comenzaron a moverse con la idea de ser palomeados por la convención de delegados o ser ungidos por el dedazo de la dirigencia nacional, del equipo de Meade y hasta del presidente Enrique Peña Nieto.
El PRI llega a la contienda de este año con un enorme déficit electoral: poco más de 10 millones de votos perdidos en los últimos seis años. Al inicio del gobierno de Peña Nieto el priismo gobernaba en 20 estados; ahora sólo en 14. Pasó de tener 47.3 millones de electores (55% de los votantes del país) a poco más de 37 millones (43% de los posibles votantes).
Ante ese panorama, la pelea entre grupos y personajes se ha cerrado para conseguir un lugar seguro en el Poder Legislativo. De acuerdo con la lista de la Comisión Nacional de Procesos Internos, para el Senado se registraron 71 candidatos, de los cuales 11 fueron declarados improcedentes; para diputados, 454, de los cuales 160 fueron dictaminados improcedentes para su registro.
Aparecen en la lista de candidatos a dipu­tados el excandidato al gobierno de Durango, Esteban Villegas; el exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña; la dueña de la revista Siempre!, Beatriz Pagés Llergo Rebollar; mientras que en Aguascalientes se menciona a José Carlos Lozano, hijo del exmandatario Carlos Lozano de la Torre.
Para el Senado, en la lista de aspirantes por la vía plurinominal se menciona al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien desea tener una oportunidad de ser el candidato presidencial del PRI el próximo sexenio. Igualmente al secretario de Salud, José Narro Robles, y al de Turismo, Enrique de la Madrid, quienes el año pasado fueron mencionados como posibles presidenciables.
También aparecen Luis Miranda Nava, extitular de la Sedesol; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; José Calzada, titular de Agricultura; Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transportes; así como el exgobernador de Chihuahua y director del ISSSTE, José Reyes Baeza.
Otros funcionarios federales que podrían buscar un escaño son el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga, director general de Liconsa, quien también quiere ser gobernador; Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas y director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y Héctor Gutiérrez de la Garza, director del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa.
De igual modo, en la lista de posibles beneficiarios del fuero estarían la actual secretaria general del PRI y excanciller Claudia Ruiz Massieu; el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, actual coordinador de la precampaña de Meade; el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira; así como Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presunta hermana del zapatista subcomandante Galeano.
Quienes también pretenderían llegar al Senado son el diputado duranguense Rubén Escajeda; la excandidata al gobierno de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez; el exgobernador del Estado de México y excoordinador de la bancada priista en San Lázaro, César Camacho Quiroz; y el exlíder de la Confederación Nacional Campesina, Augusto Gómez Villanueva.
En la lista de quienes quieren llegar al Senado por la vía plurinominal: el dipu­tado y aspirante al gobierno yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín; Marco Antonio García Ayala, actual diputado federal; Jorge Estefan Chidiac, exdirector general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; y la exgobernadora de Tlaxcala y exdirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.
Simpatizantes
En el ánimo de sumar simpatizantes, el PRI aprobó la inclusión de 10 no militantes del partido para ser postulados como precandidatos a diputados o senadores.
Destaca la aprobación de Silvia Esther Pérez Ceballos, exdiputada panista y quien trabajó en la oficina de Margarita Zavala; Carlos Armando Girón Gutiérrez, medallista olímpico en la disciplina de clavados en 1980; Jorge Agustín Zepeda Cruz, quien fue diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; Luis Antonio Mahbub­ Sarquis, empresario y exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio; Sandra Patricia Palacios Medina, funcionaria del municipio de Escobedo, Nuevo León; Luis Toussaint Elosua, quien fue director de asuntos públicos de Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina.
Otros son Fernando Baños Sánchez, exregidor de Coatzacoalcos y exlíder de la sección 32 del SNTE; Maneh Tamer Cha­hin, industrial veracruzano; Alejandro Turrent Silva, empresario de la industria tabacalera de Tabasco y presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Puros; y José Luis Oliva Cano, del Grupo Oliva Radio, beneficiario del gobierno del veracruzano Javier Duarte con un contrato de 1 millón 200 mil pesos.
Este reportaje se publicó el 4 de febrero de 2018 en la edición 2153 de la revista Proceso.