Los primeros focos rojos surgieron a principios de 2016. Decenas de vecinos de la Delegación Cuauhtémoc reportaron que las cámaras de videovigilancia de sus calles no funcionaban. En marzo de 2017, le llegó a la directora general de Servicios Urbanos de esta demarcación, Aliza Chelminsky, un reporte pormenorizado de 7 cámaras elegidas al azar por el Consejo Coordinador de la Colonia San Rafael. En ninguna funcionaba el panel de control.
Ese mismo reporte le llegó al diputado local de Morena, José Alfonso Suárez del Real, quien le solicitó a Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública, que revisara estas cámaras de viodeovigilancia. Todas corresponden a la empresa Seguritech S.A. de C.V.
Estas cámaras inservibles forman parte de las 501 mil “alarmas vecinales” que la adjudicó desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018 el gobierno de Miguel Ángel Mancera a esta empresa.
El multimillonario contrato señala que para la “adquisición de alarmas vecinales con servicio integral de enlace, monitoreo y mantenimiento de las mismas” se le entregará a Seguritech un total de 2 mil 318 millones de pesos.
Cada una de las 501 mil alarmas vecinales de Seguritech se cotizó en casi 4 mil pesos (3 mil 989 pesos), según la copia del contrato administrativo, cuya copia posee Proceso. Esta misma alarma vecinal, en otras empresas como Rivata Telecom se cotizan en 350 pesos por casa y tiene lo mismo que el servicio de Seguritech: sirena por cada 10 casas, botones de pago, asesoría, garantía y mantenimiento por un año.
A pesar de las fallas en la mayoría de las alarmas vecinales y del escandaloso sobreprecio y elevado costo del mantenimiento de los aparatos de Seguritech, el gobierno de Miguel Ángel Mancera planea adjudicarle otro multimillonario contrato para la adquisición y sustitución del equipo de videovigilancia del C5, en el marco del proyecto “México Ciudad Segura” que inició en 2009. Originalmente, el gobierno de Marcelo Ebrard le adjudicó este proyecto a Telmex y a su socio tecnológico, la empresa francesa Thales.
Este contrato incluyó un centro de comando, control, comunicación, cómputo y calidad (C5), cinco centros regionales de monitoreo y vigilancia  (C2), 15 mil cámaras, 9, 800 botones de auxilio, 10 mil altavoces y 850 cámaras de reconocimiento de placas vehiculares. Fue en el Centro Histórico y en las colonias aledañas de la Delegación Cuahtémoc donde se desplegó este proyecto.
El contrato con Telmex-Thales se venció en noviembre de 2017 y el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha tenido diversos acercamientos con representantes de Seguritech, la misma empresa que ha acaparado el 80 por ciento de las adjudicaciones directas en el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública.
La bonanza de Seguritech ha ido de la mano de la peor temporada de violencia y de inseguridad pública en el país. Mientras los homicidios dolosos y los delitos que más afectan a los ciudadanos han llegado a niveles históricos en este sexenio, tan sólo en 11 entidades Seguritech ha obtenido contratos por 22 mil 307 millones de pesos, según la investigación realizada por las bancadas de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Cámara de Diputados.
Tan sólo para tener una dimensión del crecimiento de Seguritech,  en el Estado de México el gobierno de Eruviel Avila le adjudicó un contrato para instalar 10 mil cámaras de videovigilancia por 6 mil 379 millones de pesos, en diciembre del 2013, y para mayo de 2014 le modificó el contrato original para incrementarlo a 6 mil 721 millones de pesos, según la copia de los contratos que tiene Proceso.
Según ese multimillonario contrato –el más grande que tiene Seguritech en las 22 entidades donde opera- la empresa privada le propuso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense abarcar 30 municipios durante 49 meses para dar servicios de “solución integral de enlace y monitoreo de vigilancia urbana” para la entidad.
La “solución integral” incluye videovigilancia urbana, arcos carreteros, red de transporte de datos , administración de video, sistema de posicionamiento GPS, sistema de atención a llamadas de emergencia, administración y consolidación, adecuación y equipamiento del C4 estatal, adecuación de centros de mando regionales y municipales, así como “mantenimiento preventivo y actualización tecnológica”.
Las quejas por el mal servicio de Seguritech, en especial, en municipios altamente poblados como Ecatepec y Tlanepantla se han multiplicado en el Estado de México.
Seguritech ha acaparado otros millonarios contratos por adjudicación directa como el de Michoacán, por 5 mil 500 millones de pesos, con las mismas características que e proyecto de “solución integral” del Estado de México; 2, 400 millones de pesos en Sonora por el arrendamiento de un C5; 1,307 millones de pesos por videovigilancia y “botones de pánico” en Sinaloa durante el gobierno de Mario López Valdez (2011-2016); 2 mil 727 millones de pesos en Guanajuato donde el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó irregularidades en la adjudicación directa que le dio el gobierno de Miguel Márquez para echar a andar el “Programa Escudo” que fracasó; 800 millones de pesos en Colima, por videovigilancia y operación de un C4; 2,407 millones de pesos con el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo por botones de pánico, un C5 estatal y otros sistemas.