En su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que, conforme a la Ley de Austeridad, la reducción corresponderá a los presupuestado el año pasado, equivalente aproximadamente a una cuarta parte de lo que se ejerció.
De acuerdo a los datos abiertos en la plataforma ComSoc, de la Secretaría de la Función Pública, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 50 mil millones de pesos en sus seis años de gobierno, cuando sólo tenía autorización para ejercer 23 mil 410 millones de pesos.
En 2018, el presupuesto autorizado por el congreso para gasto publicitario fue de alrededor de tres mil 278 millones de pesos, por lo que con base en esa cifra y lo expuesto por López Obrador, en 2019 se ejercerán unos mil 600 millones de pesos.
En una entrevista realizada durante el período de transición con el vocero Jesús Ramírez, publicada en la edición 2184 del semanario Proceso, el plan original era reducir a la mitad el presupuesto ejercido para publicidad, e inclusive, el hoy vocero presidencial advertía que hacerlo sólo por presupuesto autorizado implicaría profundizar la crisis económica y los despidos en medios que dependen principalmente de la publicidad gubernamental.
Antigua herramienta de control y subordinación, la política de asignación de publicidad oficial fue abordada hoy por el presidente López Obrador, sin planteamiento de por medio, al referir que las asignaciones por concepto de publicidad son una función del Estado, y añadió:
“Malo sería que se utilizara los recursos del Estado para comprar lealtades. Comprar conciencias. Eso nunca lo vamos a hacer. Pero sí va a haber un plan de contratación de publicidad para que los medios puedan salir adelante por la función social que realizan. Desde luego no las cantidades que se destinaban anteriormente”.
Fue entonces cuando identificó como una mala práctica la forma en que se asignaba la publicidad en el presupuesto, pero se gastaba mucho más.
“Esto se va a entregar con toda la transparencia y con un criterio que estamos por definir, que tiene que tomar en cuenta la influencia, la cobertura del medio su vinculación social, si se trata de una empresa”, expuso.
La publicidad oficial es un tema espinoso pues hasta ahora, ninguna administración ha aceptado una regulación que establezca criterios claros de asignación, ha sido el instrumento histórico de control de medios, así como de castigo a los medios que resultan incómodos al poder.
Hasta ahora los compromisos han sido incumplidos (Enrique Peña Nieto planteó en su período de transición en 2012 que sería una de sus primeras tres iniciativas, pero incumplió) y los intentos han sido infructuosos (el año pasado se aprobó una ley que terminó controvertida en la Suprema Corte).
El arranque de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido poco claro al respecto y hasta ahora no se tiene información de asignación de contratos por publicidad, pues de acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas por Apro, estos podrían iniciar una vez que se presente el Plan Nacional de Desarrollo.
Dicho Plan incluiría también la política de comunicación social que desde hace meses trabaja el equipo de Jesús Ramírez con diferentes expertos en la materia, entre otros el colectivo “medios libres”, especializado en libertad de expresión y derecho a la información.