Mario Patrón
La Jornada
A finales de la semana pasada
tuvo lugar el cambio de gobierno en el estado de Puebla. Luis Miguel
Barbosa tomó posesión después de cinco gobernadores y dos procesos
electorales en el lapso de un año. La violencia política y la disputa
poselectoral de 2018, sin duda, marcaron el proceso de 2019, que se
caracterizó por la polarización, la descalificación y –en buena medida–
la guerra sucia en la contienda.
Los resultados de lo anterior fueron catastróficos para la agenda de
la democracia. Si bien triunfó Barbosa Huerta, también ganó el
abstencionismo, pues 65 por ciento del padrón electoral no participó. En
resumidas cuentas, el cambio de gobierno del jueves primero de agosto
se da en circunstancias sumamente extraordinarias: a) el abstencionismo
de la ciudadanía; b) Morena ganó teniendo menos votos que el PAN y,
sobre todo, gracias a los sufragios que le dieron el PT y el PVEM; es
decir, el bono electoral-democrático del nuevo gobierno es bastante
estrecho y, c) fue precedido por la tragedia mortuoria –en sentido
literal– del morenovallismo.
La victoria de Morena en Puebla significa que, además del gobierno
federal, este partido dominará una buena parte del centro y el sur de la
nación: son seis entidades en las que además tiene mayoría
parlamentaria en los congresos estatales, a los que habría que agregar
Baja California. El gran mensaje de la toma de posesión de Luis Miguel
Barbosa Huerta fue el apoyo del gobierno federal, del Congreso de la
Unión y de su partido. Estuvieron presentes tres secretarios de Estado,
entre ellos Marcelo Ebrard Casaubón y Olga Sánchez Cordero, los
coordinadores de las bancadas parlamentarias en las dos cámaras, Mario
Delgado y Ricardo Monreal, y la presidenta de Morena, Yeidckol
Polevnsky.
Un día después de la toma de posesión, el propio Presidente de la
República estuvo en Puebla como un signo más de respaldo al nuevo
gobierno. Si bien la llegada de Barbosa al Ejecutivo estatal fue
compleja y precedida de nubarrones, el apoyo que tiene sobre la mesa no
es cualquier cosa. Contar con el gobierno federal y con la mayoría
parlamentaria en el Congreso local podría ser fundamental para que su
gabinete se asiente y gobierne de manera sustantiva.
Desde la perspectiva ciudadana, el abstencionismo fue un mensaje
contundente. Barbosa Huerta tendrá que gobernar para quienes votaron por
él y para quienes no sufragaron por él, pero sobre todo para quienes no
acudieron al proceso electoral. En su primer discurso el gobernador
construyó la narrativa sobre el inicio de la Cuarta Transformación
poblana. ¡Vaya enunciado! Puebla y los poblanos se juegan la oportunidad
de tener lo que la propia 4T promulga como cambio de régimen o
simplemente una alternancia en el poder donde sólo cambian gobernantes y
los colores del partido en turno.
Ésa es la oportunidad que brinda el cambio político en Puebla, pero
al mismo tiempo ése es el riesgo. Expresiones locales de gobiernos y
congresos morenistas no han sido tan felices para la agenda democrática.
Basta recordar las recientes expresiones parlamentarias, con la ley Garrido en Baja California y la ley garrote
en Tabasco, que no son propias de gobiernos progresistas y sí formas
políticas muy parecidas a las de gobiernos que representaron a fuerzas
partidistas del PRI y del PAN.
En suma, el riesgo frente al nuevo gobierno es que sea un poco o un
mucho de lo mismo –sólo una alternancia– e incluso que haya que defender
libertades y derechos básicos ya ganados, como ha sucedido en otros
gobiernos locales de Morena. En contrapartida, la gran oportunidad con
Luis Miguel Barbosa Huerta es que sea, en efecto, un gobierno que
reinvente la racionalidad política del servicio público y que diseñe un
plan de trabajo que ponga en el centro a las personas.
Hay dos ejes transversales que representan las principales
preocupaciones y problemas que afectan a los poblanos y que serán
fundamentales para un cambio de régimen: la agenda del Estado
democrático de derecho y la agenda de la desigualdad y la pobreza.
En la primera se incluye el crecimiento de la violencia junto con el
de los índices delictivos. En el primer cuatrimestre del año, Puebla se
colocó en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva al registrar
25 mil 446 presuntos delitos, y en primer lugar en linchamientos como
expresión de la justicia por propia mano. A esto habría que sumar los
altos índices de impunidad y corrupción en el sistema de investigación e
impartición de justicia.
En la segunda agenda, Puebla es la cuarta entidad a escala nacional
con mayor índice de pobreza y además tiene la segunda ciudad capital más
desigual en la República. La asimetría entre el mundo urbano y el rural
en el estado se define como desigualdad y se materializa en el acceso
raquítico a los derechos básicos elementales para el desarrollo humano
como la educación, la salud y la vivienda.
En la medida en que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta desee y
consiga generar políticas y programas que entren al fondo de estas
agendas, podremos atestiguar un proceso de transformación política en el
que se atenderán los principales ejes de preocupación para los
ciudadanos y se podrá revertir efectivamente la situación que hoy
vivimos. Es ahí donde esta la oportunidad para el nuevo gobierno y para
las y los poblanos.
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