Es un lugar común señalar que aun en el
capitalismo decadente, la guerra impulsa la acumulación de capital y
produce enormes ganancias para quienes participan en ella. Sin embargo,
el tránsito desde las guerras mundiales y los conflictos de la guerra
fría hacia las llamadas guerras asimétricas, introdujo cambios
significativos en las relaciones entre las corporaciones, los estados y
las instituciones que participan en los conflictos bélicos. Estos
cambios pueden ordenarse en torno a dos ejes:
En primer lugar, la
guerra “desborda” sus antiguos límites marcados por conflictos
territoriales con enemigos identificados y generalmente organizados bajo
la forma de fuerzas armadas, para convertirse en una práctica de
“espectro completo” en la que los estrategas y comandantes militares no
reconocen límites territoriales ni distinguen entre combatientes y
población civil.
En segundo lugar, el estado y las instituciones
ceden buena parte de sus actividades bélicas a las corporaciones
privadas: de manera similar a lo que sucede en otros sectores de la
actividad productiva, las tareas de defensa, y no solo la producción de
armamentos, pasan a manos de empresas privadas.
El desplazamiento
del estado como instancia del ejercicio legítimo de la violencia
representa una transformación crucial para la cohesión del capitalismo.
El que corporaciones privadas, independientes de los controles
institucionales y de las leyes del régimen liberal, realicen actividades
de seguridad e incluso de guerra, socava uno de los pilares de la
legitimidad del capitalismo. La privatización del ejercicio de la
violencia produce cuantiosas ganancias, al tiempo que refuerza las
tendencias a la disgregación social y hace frágiles los regímenes
políticos al poner en cuestión la hegemonía cultural y política del
liberalismo y sus instituciones; todo esto estimula las tendencias más
autoritarias tanto del sistema como de grupos y sujetos sociales cada
vez más afectados por la violencia. El recurso generalizado a la
represión, al control social e incluso a las acciones militares, explica
la expansión de las corporaciones militares privadas, que en forma
progresiva, ganan terreno y juegan, cada vez más, un papel estratégico
en las acciones bélicas.
Relaciones empresa-estado
En
los años recientes, asistimos al surgimiento y a la consolidación de
corporaciones dedicadas a proveer servicios ligados a la seguridad y a
las actividades militares. Este tipo de corporación es el sujeto típico
de las nuevas relaciones empresa-estado: en su interior conjunta los
intereses de militares, empresarios y políticos, al tiempo que
desarrolla y se apropia de las tecnologías bélicas de punta, incluyendo
tres de las más mortíferas: las armas autónomas, la "inteligencia", y
las operaciones especiales. Presentamos aquí una caracterización de las
corporaciones que realizan actividades de defensa y de seguridad.
De
acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, las
ventas de las 100 mayores corporaciones productoras de armas pasó de 201
a 398 mil millones de dólares (mmd) entre 2002 y 2017, un crecimiento
de 98%. En este universo, las corporaciones con sede en Estados Unidos
concentran la mayor parte de las ventas: 128 mmd (64% del total) en
2002, y 226 mmd (57% del total) en 2017, un crecimiento de casi 77% de
las ventas en ese periodo. En 2017, solo las ventas de corporaciones
estadounidenses representan 13% del gasto militar mundial, estimado en
1.7 billones de dólares por la misma fuente, proporción que indica la
importancia de las corporaciones en la actividad militar global. Es
preciso señalar que esta fuente no proporciona información sobre las
corporaciones militares con sede en China, a pesar de que reporta el
segundo gasto militar más alto del mundo en 2017, 228 mmd, cifra
equivalente a las ventas de armas de las corporaciones con sede en
Estados Unidos. El gasto en defensa de la potencia líder alcanzó 610
mmd.
Evasión de las leyes de guerra
En este amplio mercado podemos distinguir 4 segmentos principales:
1)
Logística: se trata de empresas que realizan tareas de retaguardia como
provisión de alimentos, avituallamiento, construcción y mantenimiento
de las instalaciones militares, incluso en teatros de guerra (modelo
Halliburton).
2) Operaciones de combate, generalmente operaciones
especiales y protección de personas o posiciones estratégicas (modelo
Blackwater).
3) Capacidades de comunicación y de defensa, defensa y
ataque de las infraestructuras de comunicación, tareas de espionaje y
de vigilancia que permiten obtener información para la guerra y el
control social (modelo Booz Allen Hamilton).
4) Seguridad fuera de
los teatros de enfrentamiento físico, en dos vertientes
complementarias: la llamada lucha antiterrorista y el control social in situ;
es decir, control de multitudes, combate al crimen organizado,
pacificación de la contestación social, combate en megalópolis, etcétera
(modelo G4S).
Estas actividades eran realizadas por instancias y
personal ligados al estado, no siempre de las fuerzas armadas, pero sí
bajo el control estatal; tal es el caso de las agencias de inteligencia
que existen en muchos países. La transformación en curso, por tanto, no
sólo implica la complementariedad entre el estado y las corporaciones
privadas (que es la justificación de gobernantes y estrategas militares
para privatizar las actividades), sino la cesión de tareas estratégicas a
las instituciones privadas, que aúnan un alto impacto en la trayectoria
de los conflictos con la evasión de las leyes de guerra y los controles
gubernamentales e internacionales. A través de esta cesión, los
estados rompen con uno de los principios de la seguridad nacional: el
control de los aspectos estratégicos de la defensa nacional, que al ser
controlados por entidades privadas, generan vulnerabilidades para los
gobiernos y las fuerzas armadas. La tríada Manning – Assange – Snowden
logró poner en evidencia tanto la extensión de las actividades de los
contratistas privados militares como la gravedad de los crímenes que
cometen de manera cotidiana y en total impunidad. No obstante, el nuevo
sentido común de gobernantes y militares habla de complementariedad y
afirma que el cometido esencial de las corporaciones privadas militares y
de seguridad es la realización del "trabajo sucio" que implican todos
los conflictos que enfrentan con la mayor eficiencia y el menor costo
posibles.
Para ilustrar la importancia de estas corporaciones, ofrecemos dos botones de muestra.
En
primer lugar, destaca el peso creciente de los contratistas privados en
las fuerzas estadounidenses de ocupación durante las invasiones en
Afganistán e Irak. De acuerdo con el Servicio parlamentario de
investigación del Congreso de Estados Unidos, en 2008, año en que se
alcanzó el máximo histórico de la participación de personal de
corporaciones privadas, se reportaron más de 188 mil elementos de las
fuerzas armadas contra más de 201 mil contratistas, de los cuales 168
mil eran contratistas locales y de países terceros, una proporción de
uno a uno. Si consideramos únicamente el personal destinado a
Afganistán, esa proporción se eleva a 1.8. En 2016, el personal de las
fuerzas armadas estadounidenses se redujo de manera significativa a
13 887 personas, en tanto que los contratistas fueron más de 28 mil
elementos, una proporción de 2 a 1. Por lo que toca al presupuesto
asignado para financiar las operaciones en esos países, se estima en 1.5
mil millones de dólares durante el periodo de auge de las operaciones
militares en esos países, de 2001 a 2008. Estos datos parecen indicar
que la privatización de la guerra llegó para quedarse. Los contratistas
constituyen ejércitos privados con todo tipo de capacidades para hacer
frente a todo tipo de conflictos bélicos, y por esa vía, apuntalan la
posición hegemónica de Estados Unidos al crear grandes asimetrías
militares.
En segundo lugar, podemos mencionar el caso de las
empresas de seguridad. Entre las corporaciones más importantes de esta
actividad están: G4S (Reino Unido) que en 2018 tuvo ingresos de 9.5 mmd
resultado de sus operaciones en más de 90 países, con más de 546 mil
empleados, es uno de los principales empleadores del mundo; Securitas AB
(Suecia) que reportó ingresos por 10.5 mmd, más de 370 mil empleados y
actividades en 58 países; y Allied (Estados Unidos), con ingresos de 5.8
mmd y 200 mil empleados. Estas corporaciones realizan tareas de
vigilancia y protección de instalaciones, de eventos públicos,
transporte de dinero y de personas e incluso acciones armadas y de
administración de prisiones. Una de sus actividades más controvertidas
son las misiones de “mantenimiento de la paz”, contratadas por
organismos multilaterales como Naciones Unidas, y en las que han
cometido diversos crímenes y violaciones a las leyes de guerra entre los
que se cuentan: dos escándalos por tráfico de personas y prostitución
organizada cometidos por la empresa Dyncorp en Bosnia (1999) y en
Afganistán (2009); 6 empleados de CACI y Titan, que trabajaron como
interrogadores y traductores en la prisión de Abu Ghraib en 2003 fueron
acusados por actos de tortura contra prisioneros; la masacre cometida
por empleados de Blackwater contra civiles iraquíes, con un saldo de 17
muertos y 20 heridos en septiembre de 2007; el mismo año, empleados de
Triple Canopy y Aegis fueron denunciados por disparar contra civiles en
Irak, acción que fue filmada por los mercenarios; Aegis fue acusada de
emplear a ex-niños soldados provenientes de Sierra Leona como una forma
de reducir sus costos de operación.
Una ventaja estratégica
Las
corporaciones privadas militares y de seguridad tienen en común el
recurso a tecnologías de vanguardia, así como la creación de sistemas de
vigilancia y procesamiento de la información que les permiten tener una
ventaja estratégica sobre las empresas e instancias estatales que no
pueden acceder a tales medios de producción. Muchas de ellas han sido
fundadas y emplean a ex-militares con alta capacitación, lo que en
principio ofrece tres tipos de ventajas: 1. ahorros al no pagar la
formación de su personal de mayor preparación, mismo que puede
transmitir su saber-hacer a menores costos que las formaciones
disponibles en el mercado; 2. el cumplimiento adecuado de las tareas
contratadas; 3. contar con relaciones en las esferas militares y
gubernamentales que permiten la expansión de sus negocios; aunque el
mercado es extenso, sin duda, los mayores contratos, tanto en monto como
en duración, son los asignados por los gobiernos.
El auge del
autoritarismo y la adopción de políticas militaristas y securitarias han
creado un campo fértil para la expansión de las corporaciones militares
y de seguridad. Tanto para los movimientos contestatarios como para el
pensamiento crítico, el estudio de estos actores es de gran
importancia, puesto que no será posible hacer frente y eventualmente
desmontar los dispositivos de control social sin entender la fusión
progresiva entre actividades militares y actividades de seguridad, así
como el retiro paulatino del estado de tales tareas.
Raúl Ornelas
es Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas de
la UNAM e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
Coordinador del Laboratorio de Empresas Transnacionales (LET). raulob@iiec.unam.mx
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