Análisis de la auditoría superior detecta faltantes
En el sistema hubo mil 514 más que las del informe 2018 de la dependencia
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de
México ocultó en su informe de la Cuenta Pública 2018 mil 514 carpetas
de investigación, ya que reportó una cantidad inferior al que fue
registrado en el Sistema de Interoperatividad de Actuaciones
Procedimentales (SIAP).
En una auditoría de desempeño practicada por la Auditoría Superior de
la Ciudad de México (ASCM) a la integración de carpetas, hay una
diferencia entre las 253 mil 774 reportadas en el informe, contra 255
mil 288 que contiene el sistema estadístico que levantan los usuarios
para dar seguimiento a su denuncia.
El SIAP registra el inicio de la carpeta de investigación y todas las
actuaciones requeridas por el Ministerio Público a los peritos y a la
Policía de Investigación (PDI).
Aunado a que no se contó con las relaciones de carpetas de investigación correctamente registradas, la (ASCM) reportó que
se observó falta de metodología relacionada con actividades preventivas de control que permitieran identificar con oportunidad desviaciones en los procesos operativospara la integración de dichas carpetas.
En cuanto a la eficiencia y eficacia en la integración de las
carpetas, se revisó una muestra de 383, en las que se vincularon 916
actos de investigación, con promedio de 2.4 por cada una, mientras en
249 casos se observaron peritajes en diversas materias como química,
valuación, fotografía, video, balística, entre otros, según la
naturaleza del delito y las necesidades de cada caso.
Además, fueron verificadas las acciones realizadas por la visitaduría
ministerial, la cual reportó 73 mil 585 revisiones de expedientes, y si
bien sus informes tienden a mejorar la forma en la que se integran las
carpetas, se observaron diligencias que no se efectuaron de forma
oportuna, lo que generó deficiencias en la investigación.
En la comprobación de la competencia profesional de los servidores
públicos vinculados con la integración de carpetas de investigación, la
ASCM revisó una muestra de 181 expedientes entre un universo de 345
servidores públicos que ingresaron a laborar en 2018, de los cuales 108
son de la PDI, 40 peritos, 21 oficiales secretarios, cuatro Ministerios
Públicos supervisores, cuatro Ministerios Públicos e igual número de
orientadores jurídicos.
Si bien la dependencia tuvo un diagnóstico de necesidades para
elaborar su programa anual de capacitación, se hallaron deficiencias en
los mecanismos de supervisión para verificar su cumplimiento.
Otra de las anomalías detectadas en la revisión fue la falta de
metodología, procedimientos y controles, así como en el diseño de
indicadores de desempeño relacionados con la integración de carpetas,
pues si bien la PGJ presentó una guía, no incluía los elementos
requeridos según el procedimiento que emitió el Consejo Nacional de
Armonización, como tener una ficha que contenga, mínimo, el nombre del
indicador, su definición, método de cálculo, frecuencia de medición,
unidad de medida y metas.
Esto, advierte el informe, no permite valorar objetivamente el desempeño de las actividades a su cargo del personal de la PGJ.
Ángel Bolaños Sánchez
Periódico La Jornada
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