La Doctora Raquel
Güereca Torres, coordinadora de Bienestar Universitario y Género, de la
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma, denunció que fue blanco de
exclusión y violencia institucional por parte de la Conavim, pues el Grupo de Trabajo
publicó falsedades sobre ella en la minuta de la tercera reunión del colegiado.
La académica dijo
que fue injuriada y difamada, pues en el sitio de transparencia de la Conavim
se incluye un párrafo donde se muestra inconformidad por su supuesta
inasistencia a las más recientes reuniones, aún cuando ella avisó que no podría
estar presente y envió documentos con sus comentarios vía drive creado
exprofeso para el GT de Sonora.
Esta renuncia se
suma a la de Mercedes Zúñiga Elizalde, quien en el proceso de solicitud de AVGM
para el municipio de Cajeme, Sonora de 2015, denunció irregularidades en el
proceso e intromisión del Gobierno del estado de Sonora para influir en la
decisión del GT para que no se declarara la AVGM en dicha entidad.
Con fecha 31 de
octubre de 2019, Raquel Güereca presentó su renuncia al GT, dos días antes de
haber solicitado una réplica al Acta publicada sin haberla contactado para
preguntar qué había sucedido.
La renuncia fue dirigida
a la titular de la Conavim, Candelaria Ochoa, a la directora adjunta de
Conavim, Nadia Sierra Campos; y al Secretario Técnico del GT, Javier Contreras
Arreaga.
En el documento,
la profesora investigadora de la UAM Lerma, integrante del SNI nivel 1, acusó
al GT de sostener un sesgo consistente en un rechazo hacia las Alertas de
Género. Señaló que todas las veces que se expresó ese sesgo en las sesiones del
GT, ella manifestó que las AVGM no son entidades con vida propia, y que su
eficacia depende del funcionariado responsable de su implementación y
seguimiento.
La académica
expuso que el sesgo referido tiene un efecto negativo en los diagnósticos a
realizar al revelar falta de capacidad institucional y voluntad de mejorar la
implementación del mecanismo de Alerta por Violencia de Género.
Advirtió que hay
diferencias de fondo entre su postura y la del resto del GT acerca del uso de
la perspectiva de género en el análisis de la solicitud de AVGM en seis
municipios de Sonora; así como en su consideración expresa de dar mayor cabida
a la voz de las peticionarias en el proceso de análisis y contraste de la
información.
Maltrato
institucional
La ahora ex
integrante del GT denunció que ha sido objeto de maltrato institucional por
parte de la Conavim, así como de exclusión deliberada por parte del GT, pues no
se consideraron sus aportaciones en el borrador enviado el día 30 de octubre
para ser discutido en las sesiones del 31 de octubre y el 1 de noviembre a
realizarse en Sonora.
El agravio “no sólo
lesiona mi honorabilidad y el prestigio de mi trabajo académico y compromiso
social con la justicia y libertad de las mujeres que realizo en la institución
que dignamente represento en el GT: la Universidad Autónoma Metropolitana”,
expresó en su renuncia.
De acuerdo con la
académica, su renuncia se basó en que no existen condiciones de confianza,
diálogo y buena fe necesarios para continuar con sus labores bajo el respeto y
reconocimiento de su experiencia en la temática.
Con relación al
panorama que encontró en la visita in situ al estado de Sonora, en el mismo
oficio de renuncia lamentó que al entrevistar a jueces de control y otros funcionarios
todavía prevalecen los estereotipos de género, así como la comprensión errónea
de algunos conceptos sobre la perspectiva de género, que conducen a omisiones
en el acceso diligente a la justicia en casos de violencia feminicida.
Como ejemplo citó
la dilación en las denuncias de violencia familiar por parte de los Ministerios
Públicos bajo la creencia de que “las mujeres no van a continuar con los
trámites” y por ello retrasan los procesos.
“Algunos agentes
entrevistados de las policías municipales señalaron que la perspectiva de
género implica “entender cómo las mujeres provocan la violencia en su contra
pues están muy empoderadas”, “que no les den de cenar ¿no es violencia?”.
Se identificó que
no existen condiciones para que tanto el poder ejecutivo como el judicial impidan
y sancionen la violencia contra las mujeres, lo que genera un contexto
feminicida. Los bandos municipales no tienen perspectiva de género y sólo
cuentan con faltas asociadas a la alteración del orden público, especificó.
Güereca Torres
adviertió que en Sonora hay un contexto de vulnerabilidad a la violencia
feminicida derivado de un enfoque “familista”, sin perspectiva de género en la
atención judicial de la problemática. Tampoco se identifican mecanismos de
seguridad para evitar que las mujeres que denuncian alguna modalidad de
violencia fuera del ámbito familiar, reciban protección.
El documento de
renuncia fue enviado con copia para la titular de la Secretaría de Gobernación,
doctora Olga Sánchez Cordero, a la representante legal de las peticionarias, Ana
Yeli Pérez Garrido, entre otras.
CIMACFoto. Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Son.
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