9/26/2026

Presupuesto 2027 destina 636 mil mdp a igualdad; pensiones y becas concentran la mayor parte

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 propone 636 mil 133.1 millones de pesos para el Anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, un monto que representa un incremento nominal de 6.2 por ciento frente a los 599 mil 145.4 millones aprobados para 2026.

En términos reales, el aumento cambia según la metodología utilizada para descontar la inflación. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula un crecimiento real de 2.9 por ciento, mientras que Fundar, al utilizar el deflactor del PIB, estima 2.1 por ciento.

La cifra total, sin embargo, requiere una lectura más detallada: una parte importante de los recursos contabilizados en el Anexo 13 corresponde a programas sociales de amplia cobertura y no exclusivamente a políticas diseñadas para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres.

El PPEF 2027 fue entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión el 8 de septiembre y todavía está sujeto a discusión y modificaciones en la Cámara de Diputados.

¿Qué es el Anexo 13?

El Anexo 13 es el instrumento presupuestario mediante el cual el gobierno federal identifica recursos vinculados con la política de igualdad entre mujeres y hombres dentro de los distintos ramos y programas presupuestarios.

Esto significa que los 636 mil 133.1 millones de pesos no constituyen una bolsa adicional que será entregada a la Secretaría de las Mujeres ni pueden interpretarse como recursos que serán ejercidos exclusivamente por instituciones especializadas en género.

Los anexos transversales permiten identificar qué parte del presupuesto de distintas dependencias se vincula con determinados objetivos. Por ello, un mismo programa puede aparecer en más de un anexo transversal y los montos no deben sumarse entre sí.

La propia Secretaría de Hacienda mantiene dentro del Paquete Económico 2027 la clasificación de las Acciones Transversales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Anexo 13 como parte de la información presupuestaria del proyecto.

Pensiones y becas concentran la mayor parte

El principal dato que permite dimensionar la composición del Anexo 13 es que tres programas concentran alrededor de 72 por ciento del total.

Se trata de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y la Pensión Mujeres Bienestar.

La pensión para personas adultas mayores tendría en 2027 un presupuesto total de 543 mil millones de pesos. De ese monto, Hacienda contabiliza alrededor de 292 mil millones dentro del Anexo 13, equivalentes a aproximadamente 46 por ciento de todo el presupuesto identificado para la igualdad entre mujeres y hombres.

La Beca Universal Rita Cetina aportaría alrededor de 107 mil millones de pesos al Anexo 13, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, tendría 57 mil millones de pesos considerados dentro de este anexo.

En conjunto, estos tres programas representarían alrededor de 458 mil millones de pesos, es decir, cerca de 72 por ciento del Anexo 13.

La composición explica por qué el monto global del Anexo 13 no puede leerse por sí solo como una medida directa de cuánto dinero se destina a programas especializados para enfrentar las desigualdades de género.

¿Cuánto llega directamente a políticas para las mujeres?

La diferencia entre el tamaño total del Anexo 13 y los recursos de las instituciones especializadas es particularmente visible en el caso de la Secretaría de las Mujeres.

De acuerdo con los análisis disponibles sobre el PPEF 2027, el componente correspondiente al Ramo 54, Mujeres, representa una proporción pequeña del total del Anexo 13.

Esto ocurre porque el anexo incorpora recursos de dependencias como Bienestar, Educación Pública, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE, entre otras, cuando sus programas son clasificados como contribuciones a la igualdad.

Por ello, 636 mil millones de pesos no significan que la Secretaría de las Mujeres tendrá ese presupuesto para operar sus políticas, sino que esa cantidad representa el conjunto de recursos identificados por el gobierno federal dentro de diferentes programas y dependencias bajo el objetivo transversal de igualdad.

Los programas contra las violencias representan una fracción menor

La diferencia de escala también puede observarse en los programas dirigidos específicamente a prevenir y atender las violencias contra las mujeres.

En el presupuesto de 2026, el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas contó con 857 millones de pesos dentro del Anexo 13. De ese monto, 515 millones correspondieron al componente relacionado con espacios de refugio para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos.

La comparación permite observar que mientras cientos de miles de millones de pesos son contabilizados a partir de programas sociales de cobertura masiva, las políticas especializadas para enfrentar la violencia de género representan montos considerablemente menores.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha advertido, además, que la inclusión de programas dentro del Anexo 13 no necesariamente significa que todos tengan el mismo nivel de vinculación con el cierre de brechas de género. En un análisis de los programas incluidos en el anexo, encontró diferencias importantes entre su alineación con objetivos explícitos de igualdad sustantiva.

¿Qué cambia para la Secretaría de las Mujeres?

El PPEF 2027 también contempla recursos para la Secretaría de las Mujeres, creada en 2025 a partir de la transformación del entonces Instituto Nacional de las Mujeres.

Dentro del Anexo 13, la dependencia participa mediante programas vinculados con la política nacional de igualdad sustantiva, la atención integral para el bienestar de las mujeres y la prevención y detección de las violencias feminicidas.

El decreto presupuestario mantiene, además, la disposición para que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de las Mujeres revisen las reglas y lineamientos de operación de los programas presupuestarios con modalidades “S” y “U” incluidos en el Anexo 13, con el objetivo de garantizar que cumplan con la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Esta disposición coloca el énfasis no sólo en cuánto dinero se etiqueta, sino también en cómo se ejercen y evalúan los recursos vinculados con la igualdad.

El reto: medir qué recursos transforman las desigualdades

El tamaño del Anexo 13 permite identificar una prioridad presupuestaria, pero también plantea una pregunta sobre la forma en que se mide el gasto destinado a la igualdad.

La clasificación reúne programas con objetivos y poblaciones distintas: desde pensiones universales para personas adultas mayores hasta becas educativas, transferencias dirigidas a mujeres y programas especializados para prevenir las violencias.

Por ello, el monto total debe analizarse junto con los objetivos de cada programa, su población beneficiaria, sus indicadores y los resultados que se esperan alcanzar.

El CIEP señala que en el PPEF 2027 el Anexo 13 representa alrededor de 6 por ciento del gasto total propuesto, pero también identifica una alta concentración de los recursos en pensiones y becas.

La discusión del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados permitirá modificar las asignaciones antes de que el gasto para 2027 quede aprobado.

Para las organizaciones y colectivas feministas, el seguimiento no sólo implica observar el monto global del Anexo 13, sino revisar qué recursos llegan a la prevención de las violencias, atención a víctimas, autonomía económica, salud, cuidados, derechos sexuales y reproductivos y otras políticas dirigidas específicamente a cerrar las brechas que afectan a mujeres y niñas.

Claudia y las otras: ¿qué nos dice la Alerta de Violencia de Género en Morelos?

 

-Hay muertes que, además del dolor e indignación que provocan, obligan a hacer preguntas.

El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico, es una de ellas. Claudia fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla, uno de los ocho municipios de Morelos donde existe una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde hace más de once años.

Su muerte provocó indignación en México y España. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad de Granada, autoridades estatales, organizaciones feministas y organismos de derechos humanos exigieron investigar los hechos con perspectiva de género y garantizar justicia.

El 16 de agosto de este año, apenas 27 días antes del asesinato de Claudia, autoridades de Morelos y del Gobierno de México se reunieron para “fortalecer el seguimiento de la AVGM”.

La secretaria de las Mujeres de Morelos, Clarisa Gómez Manrique, habló entonces de la necesidad de contar con un seguimiento permanente y resultados medibles. La representación federal señaló que el cumplimiento de las declaratorias requiere «la participación coordinada de los ámbitos federal, estatal y municipal y de las instituciones responsables de cada medida», (Gobierno del Estado de Morelos)

Veintisiete días después, Claudia fue asesinada en Cuautla.

La coincidencia temporal no permite establecer una relación causal. Pero sí, formular una pregunta que las autoridades deben responder: ¿Cuáles eran esos resultados medibles en Cuautla antes del 12 de septiembre?

Y antes de abril de 2025, cuando fue asesinada Aylin Rodríguez, de 20 años, ¿cuáles eran los resultados “medibles”? ¿Qué había cambiado para marzo de este año, cuando fueron asesinadas Kimberly Ramos y Karol Toledo, ambas de 18 años, o para junio, cuando fue asesinada Michelle, de 15 años? Todas ellas eran estudiantes de la UAEM.

Cuando la antropóloga Marcela Lagarde, entonces diputada, junto con Angélica de la Peña y otras legisladoras, impulsó la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la intención era dotar a los gobiernos de un mecanismo para responder ante situaciones de emergencia provocadas por la violencia feminicida en una determinada zona.

Marcela Lagarde lo ha señalado en diversas ocasiones: la idea detrás de la alerta surgió tomando como referencia los mecanismos de protección civil. Frente a una alerta de tsunami o un incendio, las autoridades desarrollan acciones para salvar vidas: evacúan poblaciones enteras, colocan barreras, llevan agua y crean cortafuegos.

¿Cuáles serían esas barreras o cortafuegos que tendrían que desarrollarse para mantener a salvo a las mujeres en Morelos?

Acaso sería realmente garantizar la justicia para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en cualquier lugar de la zona alertada.

Porque aceptar, 11 años después, que de las cinco medidas de seguridad, cuatro de prevención y seis de justicia y reparación, además del mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, ninguna haya sido realmente cumplida, resulta difícil de explicar.

Once años después.

La AVGM fue declarada en Morelos el 10 de agosto de 2015 para Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

No es una declaración simbólica. Implica medidas concretas de seguridad, prevención, justicia y reparación, así como responsabilidades para autoridades estatales y municipales.

Sin embargo, el cuarto dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la Alerta, aprobado en diciembre de 2023, encontró un panorama que debería preocuparnos.

De las cinco medidas de seguridad evaluadas, ninguna fue considerada cumplida. En el conjunto de las 15 medidas analizadas, sólo una se encontraba en proceso de cumplimiento; ocho estaban parcialmente cumplidas y seis no estaban cumplidas.

El propio GIM señaló además una dificultad que parece menor frente a la dimensión de la violencia, pero que en realidad resulta fundamental: la falta de medios de verificación oportunos y la presentación desarticulada de las evidencias impedían evaluar adecuadamente los avances del estado.

Es decir, después de más de una década de programas, acciones, reuniones y recursos, todavía resulta difícil responder con precisión qué se había hecho, dónde, con qué recursos y con qué resultados.

Y ahí está una de las mayores debilidades de las alertas de violencia de género: su aplicación. Hecho en el cual coincidía la ex titular de la Semujer, Citlalli Hernández, “la falla está en las autoridades, no en la herramienta en sí misma”.

Hay que asumir que hacer acciones no es lo mismo que tener resultados que garanticen que se va por el camino de una vida libre de violencia para las mujeres, mucho menos cuando esas acciones se convierten en una rutina administrativa.

Gobierno anuncia jornada nacional para prevenir el embarazo en adolescentes

 

La Secretaría de las Mujeres y las instituciones que integran la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) anunciaron una Jornada Nacional para reforzar las acciones de prevención del embarazo adolescente y avanzar en la erradicación de la maternidad infantil.

La jornada se realizará en el marco del 26 de septiembre, Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y contempla acciones territoriales, educativas y comunitarias en distintas entidades del país.

El anuncio se realizó durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Comité Ejecutivo de la ENAPEA, donde las instituciones participantes acordaron fortalecer la coordinación para atender las causas estructurales relacionadas con el embarazo en niñas y adolescentes, entre ellas las desigualdades sociales y de género y las distintas formas de violencia que afectan a esta población.

Jornada abordará violencia sexual y derecho a la interrupción del embarazo

Como parte de la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, financiada mediante el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), la Secretaría de las Mujeres realizará el próximo 25 de septiembre la jornada “Conocer sus derechos también es cuidarlas”.

La actividad se desarrollará mediante brigadistas y promotoras en espacios públicos y en los Centros LIBRE.

Uno de los componentes de la jornada será la difusión de información sobre el acompañamiento familiar y comunitario ante casos de violencia sexual infantil, así como sobre la aplicación de la NOM-046, que establece criterios para la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres en los servicios de salud, incluida la atención relacionada con la interrupción legal del embarazo en los casos previstos por la norma.

Durante la sesión, Alina Herrera Fuentes, directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres, señaló que la estrategia busca atender las condiciones que impiden que niñas y adolescentes vivan libres de violencia y reducir las brechas sociales y de género relacionadas con el embarazo infantil y adolescente.

Más de 21 mil acciones territoriales

La dependencia informó que la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras ha realizado más de 21 mil acciones territoriales en 29 entidades federativas, particularmente en municipios y localidades considerados prioritarios.

El despliegue contempla la participación de promotoras y brigadistas, quienes realizan actividades de información y acompañamiento directamente en los territorios.

La nueva jornada pretende ampliar este trabajo alrededor del 26 de septiembre y movilizar a los tres órdenes de gobierno mediante actividades educativas y comunitarias.

Niñas y adolescentes tendrán participación en la ENAPEA

Durante la reunión también se presentaron avances del Mecanismo de Participación de Infancias y Adolescencias, mediante el cual participan 32 representantes, una por cada entidad federativa.

De acuerdo con la información presentada durante la sesión, este mecanismo busca incorporar directamente las voces de niñas, niños y adolescentes en los procesos de decisión y en las estructuras de gobernanza de la ENAPEA.

La participación de niñas y adolescentes resulta particularmente relevante en una estrategia cuyo objetivo es prevenir embarazos a edades tempranas y garantizar que las políticas públicas respondan a las condiciones y necesidades de quienes viven estas situaciones.

ENAPEA acuerda proyecto piloto en municipios prioritarios

En la Segunda Sesión Ordinaria 2026, el Comité Ejecutivo estableció tres acuerdos.

  • El primero consiste en implementar un proyecto piloto para la prevención del embarazo adolescente en municipios prioritarios.
  • El segundo contempla dar seguimiento sistemático a las actividades que se desarrollen a nivel nacional alrededor del 26 de septiembre.
  • El tercer acuerdo fue validar una herramienta homologada de seguimiento y acompañamiento para los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).

Estas acciones forman parte de la Fase III de la ENAPEA, correspondiente al periodo 2026-2030, con la que las instituciones participantes buscan fortalecer la coordinación nacional para reducir el embarazo adolescente y avanzar en la eliminación del embarazo y la maternidad infantil.

Debilitadas las instituciones de derechos de las mujeres

 

Un mapamundi muestra los lugares en los que las mujeres ocupan puestos de liderazgo político. En todo el mundo las instituciones creadas para defender sus derechos y avanzar hacia la igualdad de género pierden recursos y poder, según un nuevo estudio de las Naciones Unidas. Imagen: Ryan Brown / ONU Mujeres.- Corresponsal de IPS

NACIONES UNIDAS – Una de cada tres instituciones creadas en el mundo para impulsar los derechos de las mujeres y avanzar en la igualdad de género sufrió recortes de recursos y perdió poder en los últimos dos años, reveló un estudio de las Naciones Unidas divulgado este viernes 18.

“Estamos viendo cómo se desmantelan las instituciones, la financiación y los movimientos que fueron creados para promover los derechos de las mujeres”, señaló al presentar los datos Sarah Hendricks, directora de Políticas, Programas y División Intergubernamental de la entidad ONU Mujeres.

Al ritmo actual, harán falta 171 años para alcanzar la igualdad de género, señala el estudio hecho por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Y las mujeres siguen lejos de los espacios donde se concentra el poder político y económico, con seis de cada siete países liderados por hombres.

El debilitamiento de las instituciones significa, en algunos casos, menos personal; en otros, menor influencia en las decisiones del gobierno, la desaparición de unidades especializadas, una rebaja de su categoría institucional o el traslado de sus funciones a otros organismos.

Cerca de una cuarta parte también ha sufrido recortes presupuestarios y nueve por ciento ha perdido el control de su propio presupuesto, registra el estudio.

La ayuda bilateral destinada a programas que incluyen objetivos de igualdad de género cayó 13 % entre 2023 y 2024. Los fondos dirigidos específicamente a organizaciones de derechos de las mujeres disminuyeron todavía más: 28 %.

Los recortes se sienten incluso dentro del sistema de  Naciones Unidas, pues 42 % de sus entidades informa de un debilitamiento, real o previsto, de sus esfuerzos por la igualdad de género debido a la crisis de financiación.

Una encuesta entre 855 organizaciones dirigidas por mujeres o dedicadas a sus derechos en 52 países, y contextos afectados por crisis, reveló que 88 % ya no podía responder a todas las necesidades.

Cerca de un millón de mujeres y niñas dejaron de recibir servicios que antes tenían disponibles. Casi la mitad de las organizaciones contaba con fondos para seis meses o menos, y dos de cada cinco consideraban posible tener que suspender sus actividades o cerrar.

El informe pone el foco no sólo en cuántas mujeres llegan a las instituciones, sino en cuánto poder ejercen una vez dentro.

Seis de cada siete países están actualmente dirigidos por hombres, y las mujeres ocupan alrededor de 22 % de los puestos ministeriales en el mundo, una proporción que incluso ha disminuido durante los últimos dos años.

Y cuando consiguen entrar en los gobiernos, no necesariamente acceden a los puestos donde se concentran las decisiones económicas y de seguridad: casi nueve de cada 10 ministros de defensa son hombres, al igual que más de ocho de cada 10 responsables de finanzas.

“El mundo se ha vuelto mucho mejor dando asientos a las mujeres, pero sigue fallando a la hora de garantizar que tengan poder”, resumió Hendricks.

La desigualdad se extiende al sector privado. Las mujeres ocupan apenas 5,8 % de los puestos de dirección ejecutiva de las empresas que cotizan en bolsa, y una cuarta parte de los asientos en sus juntas directivas.

Para muchas mujeres, las barreras aparecen antes incluso de alcanzar esos espacios, porque presentarse a unas elecciones puede costar, en algunos países, más de 100veces el ingreso medio por habitante. Y quienes consiguen superar esa barrera económica se enfrentan con frecuencia a otra: la violencia.

Datos de 13 países muestran que ocho de cada 10 candidatas al parlamento, y seis de cada 10 aspirantes a gobiernos locales, sufren violencia psicológica, sexual, económica o física durante las campañas.

Hendricks insistió en que esas agresiones no son un problema separado de la falta de representación: “Las mujeres están pagando un precio por buscar el poder”, afirmó.

El informe apunta también a una herramienta que ha mostrado resultados: las cuotas electorales. En los países con sistemas ambiciosos y bien diseñados, las mujeres ocupan 16 puntos porcentuales más de escaños parlamentarios y 17 puntos más de puestos en gobiernos locales que en aquellos sin esas medidas.

América Latina y el Caribe muestra con claridad la distancia entre participar y dirigir.

Las mujeres ocupan aproximadamente 32,6 % de los puestos en órganos deliberativos locales, pero solo 16,6 % de las alcaldías.

Su representación, por tanto, se reduce prácticamente a la mitad cuando se pasa de integrar una institución local a encabezarla.

El informe cita, sin embargo, que Chile muestra que el liderazgo femenino puede cambiar prioridades concretas: la elección de alcaldesas se relaciona con un aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres, al prestar mayor atención política al problema y destinar más recursos a organizaciones comunitarias.

También destaca la fortaleza creciente de los movimientos feministas de la región. Durante la última década han registrado una expansión comparable, por su magnitud, a la del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer de 1976 a 1985, pese a un contexto de creciente oposición a las políticas de género.

Pero la violencia sigue condicionando quién puede participar. Entre los países estudiados, 77 % de las candidatas al parlamento en Colombia reportó haber sufrido violencia durante la campaña, mientras que en Argentina la cifra llegó a 82 % entre candidatas a cargos locales.

Y el informe llega en vísperas de que el 81período de sesiones de la Asamblea General de la ONU encare la elección del décimo secretario general de la organización, un puesto que ninguna mujer ha ocupado en sus 80 años de historia.

Elecciones 2027: IA, violencia política y paridad, los retos para las mujeres en el Edomex

 

Con el inicio del proceso electoral en el Estado de México rumbo a 2027, uno de los principales desafíos para las autoridades electorales será garantizar que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad, sin violencia política en razón de género y frente a nuevas formas de agresión que pueden amplificarse mediante redes sociales y herramientas de inteligencia artificial.

Así lo señaló la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Vaquera, quien advirtió que el proceso electoral que ya comenzó en la entidad tendrá que enfrentar, entre otros retos, la regulación insuficiente de la inteligencia artificial, la guerra sucia digital, la participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados a organizar los comicios.

Durante una entrevista con CIMAC Noticias, Vaquera consideró que estos desafíos adquieren una dimensión particular cuando se observan desde la perspectiva de género, pues las mujeres que participan en política pueden ser las primeras afectadas por campañas de desprestigio, manipulación de contenidos y violencia difundida a través de plataformas digitales.

El proceso electoral mexiquense comenzó formalmente el 14 de septiembre, con una sesión solemne del IEEM. De acuerdo con la consejera, la entidad enfrenta un proceso de grandes dimensiones, entre otras razones porque cuenta con la mayor lista nominal y padrón electoral del país.

En este contexto, sostuvo que las autoridades electorales tendrán que fortalecer sus mecanismos de comunicación con la ciudadanía, particularmente frente a un escenario en el que las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para informarse.

Inteligencia artificial, un nuevo reto para las elecciones

Para Vaquera, uno de los principales desafíos del proceso electoral será el uso de inteligencia artificial en la generación y difusión de contenidos políticos.

La consejera señaló que actualmente existe un vacío normativo frente a estas herramientas, lo que puede dificultar la actuación de las autoridades cuando se utilicen para alterar o modificar la percepción de la realidad durante una contienda.

Advirtió que las herramientas de inteligencia artificial, combinadas con redes de bots y trolls, pueden utilizarse para construir narrativas artificiales, modificar contenidos y generar campañas de guerra sucia digital.

El riesgo, explicó, no se limita a la difusión de información falsa. También puede utilizarse para atribuir características a candidatas y candidatos que no corresponden con su trayectoria o con sus acciones, lo que puede incidir en la percepción de quienes votan.

“La inteligencia artificial va a tocar todo”, planteó durante la entrevista.

Desde su perspectiva, las autoridades electorales deberán desarrollar estrategias de comunicación capaces de proporcionar información veraz y oportuna a la ciudadanía, especialmente ante escenarios en los que las plataformas digitales pueden convertirse en espacios para manipular la conversación pública.

La preocupación adquiere una dimensión de género porque, señaló, las mujeres suelen ser particularmente afectadas por este tipo de campañas.

Las herramientas digitales pueden convertirse así en una vía para reproducir y amplificar formas de violencia política contra las mujeres que ya existen fuera de internet.

La violencia política contra las mujeres también cambia en internet

La violencia política contra las mujeres en razón de género constituye otro de los retos centrales para el proceso electoral.

Vaquera recordó que actualmente existen registros de personas sancionadas por este tipo de violencia y señaló que en el Estado de México hay 28 registros en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, dentro de los 492 registros nacionales que mencionó durante la entrevista.

Para la consejera, sin embargo, las cifras no pueden interpretarse como una medida de la dimensión real de la violencia.

“Decir 28 registros son muy poquitos, no existe violencia, no”, señaló.

El problema, explicó, también está relacionado con las dificultades que enfrentan las mujeres para acreditar la violencia que viven, particularmente cuando ésta ocurre mediante herramientas digitales.

Vaquera habló desde su propia experiencia como víctima de violencia política y cuestionó las dificultades que puede representar para una mujer saber ante qué autoridad acudir, cómo presentar una denuncia y, especialmente, qué pruebas pueden demostrar una agresión cuando ésta ocurre a través de medios digitales.

En su caso, relató, recurrió a un dictamen pericial relacionado con la gesticulación de un representante político como elemento probatorio. La resolución posterior reconoció una falta de perspectiva de género, pero, sostuvo, la experiencia permite observar las dificultades que persisten para acreditar este tipo de violencia.

Por ello consideró necesario revisar y actualizar las hipótesis normativas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género.

“La ley está corta en el sentido de admitir pruebas que no son la vía a través de la cual se genera esa violencia”, afirmó.

El desafío será todavía mayor en un contexto en el que las agresiones pueden producirse mediante publicaciones, videos manipulados, cuentas anónimas, bots o contenidos creados con inteligencia artificial.

El IEEM tiene una ruta para atender casos de violencia política

Frente a este escenario, la consejera destacó que el IEEM aprobó una ruta de acción para realizar análisis de riesgo en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La finalidad, explicó, es que las mujeres que consideren haber sido víctimas de este tipo de violencia puedan activar mecanismos de atención y que el instituto pueda generar, cuando corresponda, medidas cautelares y de protección.

Para Vaquera, el reto no consiste únicamente en aprobar documentos o protocolos, sino en hacerlos conocidos y accesibles para las mujeres que participarán en el proceso electoral.

“Tenemos que hacer lo posible y, más allá de solamente tenerlo ahí como un documento, informarle a la ciudadanía y a las mujeres que contiendan que está esta ruta de acción”, sostuvo.

La consejera consideró que las autoridades electorales deben explicar de manera clara qué mecanismos existen para denunciar y qué posibilidades de protección tienen las mujeres frente a situaciones de violencia.

Paridad: 50 por ciento no es un techo

Otro de los temas que marcarán la elección 2027 será la paridad en las candidaturas y la integración de los espacios de representación política.

Vaquera recordó que el IEEM tuvo un antecedente en 2021 cuando aprobó un acuerdo que no garantizaba la paridad en el Congreso local. La decisión fue posteriormente modificada a partir de una sentencia de la Sala Superior.

A partir de ese proceso, explicó, el instituto cuenta actualmente con lineamientos que establecen reglas para garantizar la paridad y evitar simulaciones por parte de los partidos políticos.

La consejera puso particular énfasis en que la paridad no debe entenderse como un límite para la participación de las mujeres.

“El 50 es un piso”, afirmó.

Esto significa, explicó, que la obligación constitucional de garantizar la paridad no impide que los partidos políticos puedan postular a más mujeres.

“Eso no significa que estén en contra de los hombres, significa simple y sencillamente que estamos cumpliendo con una deuda histórica que se tiene con nosotras las mujeres”, señaló.

Para el proceso electoral que comienza, uno de los pendientes estará en revisar los bloques de competitividad de los partidos y evitar que la paridad se convierta en una simulación.

También será necesario observar la integración de los ayuntamientos.

De acuerdo con Vaquera, existen 15 municipios del Estado de México que nunca han tenido una mujer al frente de la presidencia municipal, una situación que coloca nuevamente la responsabilidad sobre los partidos políticos para garantizar que las mujeres tengan acceso a candidaturas competitivas.

Mujeres indígenas, con discapacidad y otros grupos siguen enfrentando barreras

La discusión sobre participación política no se limita a la representación de mujeres en términos generales.

Durante la entrevista, Vaquera destacó la necesidad de garantizar la participación de mujeres y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, entre ellos mujeres indígenas y mujeres con discapacidad.

En estos casos, dijo, el reto no consiste únicamente en establecer un determinado número de candidaturas, sino en verificar que quienes sean postulados realmente representen a los grupos para los cuales fueron diseñadas las acciones afirmativas.

La consejera señaló que el IEEM cuenta con un estudio elaborado por El Colegio de México que identifica aspectos que deben considerarse en la aplicación de estas medidas.

Para Vaquera, la autoridad electoral debe acercarse a las comunidades y no limitarse a esperar que la ciudadanía acuda a las instituciones.

“Yo creo que un instituto no puede decir que está abierto y que está cercano a la ciudadanía esperando a que la ciudadanía venga”, sostuvo.

Desde su perspectiva, las consejerías deben tener mayor cercanía con los distritos, municipios y comunidades para conocer las condiciones en las que viven las personas que buscan ejercer sus derechos político-electorales.

La participación, añadió, debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos y de inclusión, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo primero constitucional.

Mujeres jóvenes y participación ciudadana

Otro de los desafíos para 2027 será combatir el desencanto ciudadano.

Vaquera señaló que los institutos electorales y los partidos políticos han perdido niveles de aprobación y que esta situación debe llevar a las autoridades a reflexionar sobre la manera en que comunican su trabajo y se relacionan con la ciudadanía.

En ese escenario, consideró especialmente importante involucrar a las juventudes.

Muchas mujeres jóvenes, señaló, participan por primera vez en un proceso electoral y posteriormente pueden experimentar desencanto con las instituciones.

Frente a ello, llamó a reconocer que la participación electoral también es una forma de ejercer poder e incidir en la realidad.

Las mujeres representan, de acuerdo con la consejera, más de 52 por ciento del electorado, tanto en el ámbito nacional como en el mexiquense, por lo que su participación resulta central para el proceso electoral.

Pero esa participación no se limita a acudir a las urnas.

Las mujeres pueden intervenir como candidatas, funcionarias de mesa directiva de casilla, observadoras electorales, militantes o simpatizantes de partidos políticos, comunicadoras y periodistas.

“No duden”: el llamado a las mujeres ante 2027

Al hablar directamente a las mujeres que participarán en el proceso electoral, Vaquera hizo un llamado a no abandonar los espacios de participación por miedo a posibles represalias.

“No duden, que sepan que tenemos derechos, que hay garantías”, expresó.

También llamó a denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género y aquellas situaciones en las que los partidos políticos obstaculicen la participación de las mujeres, las excluyan de candidaturas o impidan su incorporación efectiva a la vida política.

Para la consejera, el temor a las represalias no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos político-electorales.

Recordó que las mujeres mexicanas llevan apenas alrededor de siete décadas ejerciendo plenamente el derecho al voto y que la participación política actual es resultado de las luchas de generaciones anteriores.

“Tenemos una importante deuda con todas aquellas que hicieron posible que pudiéramos ejercer un derecho tan importante como es votar”, sostuvo.

De cara a 2027, su llamado es a que las mujeres participen desde los espacios que decidan ocupar, pero también a que conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para defenderlos.

La elección, planteó Vaquera, no debe observarse únicamente desde las candidaturas y los partidos políticos. También debe mirarse desde las condiciones que permiten —o impiden— que las mujeres participen en igualdad, que puedan ejercer sus derechos sin violencia y que las instituciones electorales respondan ante las nuevas formas de agresión política.

El dolor también tiene género, mujeres lo viven con mayor frecuencia en México

 

El dolor crónico también tiene una dimensión de género. En México, las mujeres adultas reportan este padecimiento con mayor frecuencia que los hombres, de acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Dolor Crónico en México, presentada este 17 de septiembre por el Observatorio del Dolor.

El estudio, realizado durante julio de 2026 en 4 mil 200 hogares de todo el país, encontró que 22 por ciento de las mujeres adultas vive con dolor crónico, frente a 15.8 por ciento de los hombres.

La diferencia forma parte de un panorama en el que 17.5 por ciento de las personas adultas en México vive con dolor crónico, mientras que 19.4 por ciento reporta dolor continuo.

La encuesta, que incluyó hogares de zonas urbanas y rurales, distintos niveles socioeconómicos y personas usuarias de servicios públicos y privados de salud, busca dimensionar por primera vez a nivel nacional la presencia del dolor continuo y crónico entre la población adulta.

Mujeres, con mayor prevalencia de dolor

Los resultados muestran una diferencia entre mujeres y hombres que coloca al género como una dimensión que debe considerarse al hablar de atención y tratamiento del dolor.

Las causas más reportadas se relacionan con padecimientos óseos, articulares y degenerativos, así como con consecuencias de accidentes y cirugías. Las principales zonas donde se presenta el dolor son las extremidades y las articulaciones.

Sin embargo, la encuesta no solo permite observar cuántas personas viven con dolor, sino también las consecuencias que tiene en su vida cotidiana. El 70.8 por ciento de las personas con dolor enfrenta al menos una dificultad para realizar sus actividades diarias.

La prevalencia también aumenta conforme avanza la edad: entre las personas mayores de 75 años alcanza 45.9 por ciento.

Estos datos adquieren particular relevancia para las mujeres, quienes además de presentar una mayor prevalencia de dolor crónico, históricamente han enfrentado procesos de atención médica en los que sus síntomas pueden ser minimizados o normalizados.

Más que asumir que las mujeres “soportan” mejor el dolor, la diferencia registrada por la encuesta abre preguntas sobre las condiciones sociales y médicas que pueden estar detrás de esta mayor prevalencia y sobre la manera en que se reconoce, diagnostica y atiende el dolor de las mujeres.

Atención que no siempre resulta eficaz

Vivir con dolor no solo implica una afectación física. También puede limitar la autonomía, el trabajo, las actividades cotidianas y la calidad de vida.

De acuerdo con los resultados presentados por el Observatorio del Dolor, solo una de cada cuatro personas adultas considera que el tratamiento que recibe es muy eficaz o completamente eficaz.

A esto se suman desigualdades relacionadas con las posibilidades de acceder a atención oportuna y de calidad. La encuesta identifica diferencias vinculadas con el lugar donde viven las personas, su nivel socioeconómico y el tipo de servicio de salud al que recurren, ya sea público o privado.

Otro dato relevante es el desconocimiento sobre los cuidados paliativos: únicamente 19.5 por ciento de las personas con dolor crónico dijo conocer este tipo de atención.

El dolor también alcanza a quienes cuidan

La problemática no termina en quienes padecen dolor. La encuesta también visibiliza a las personas cuidadoras, particularmente en hogares donde viven personas adultas mayores.

La doctora Amparo Espinosa Rugarcía, fundadora de Derecho a Morir con Dignidad (DMD), llamó la atención sobre el hecho de que en los hogares mexicanos puede existir más de una persona adulta mayor con dolor que requiere cuidados.

De acuerdo con los resultados, 70 por ciento de las personas cuidadoras realiza estas tareas todos los días, mientras que 8.8 por ciento lo hace varios días a la semana.

Las labores incluyen desde apoyar en las tareas del hogar hasta alimentar, bañar y atender otras necesidades personales de quienes viven con dolor.

La distribución de estas tareas también plantea una dimensión de género que requiere ser observada, particularmente en un país donde las labores de cuidado recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres.

DMD plantea el debate sobre muerte médicamente asistida

La presentación de la encuesta se realizó en el marco de la agenda de DMD, asociación civil que desde 2009 impulsa en México la discusión sobre la legalización de la muerte médicamente asistida.

Para la organización, los resultados permiten ampliar el debate sobre las alternativas para las personas que viven con dolor y sobre las condiciones en las que reciben atención médica.

La asociación sostuvo que “nadie merece vivir con dolor” y señaló que los datos de la encuesta evidencian la necesidad de discutir la atención de quienes viven con dolor crónico, así como la posibilidad de avanzar en la legalización de la muerte médicamente asistida.

La encuesta, no obstante, muestra una problemática más amplia: millones de personas adultas viven con dolor que puede limitar sus actividades cotidianas, mientras una proporción reducida considera completamente eficaz el tratamiento que recibe.

En el caso de las mujeres, la mayor prevalencia registrada plantea además la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación, diagnóstico y atención del dolor, para evitar que vivir con él sea considerado una condición inevitable o que sus manifestaciones sean minimizadas.

Lindeza de finales de verano


 Antonia siempre ha admirado la belleza que habita en la nostalgia del final del verano. Los pétalos de los mirasoles a medio secar y el zacate madurando con sus flores llenas de grillos. La tristeza melancólica del canto de las últimas chicharras opacado por los días de lluvia siempre fue una melodía cargada de poesía silvestre.  

En los últimos días del verano el bochorno de la humedad comienza a disiparse y poco a poco mientras los campos se llenan de las semillas de encino que caen de golpe anunciando el comienzo del otoño, los zancudos se despiden del festín y dan paso a los colores zapotes y pitayos de la época del frío que en el bosque los arces celebran con los tonos achiote y ocre que engalanan sus hojas.

 

A Antonia lo cotidiano siempre le ha provocado una especie de asombro, la forma en la que las aves construyen sus nidos, la templanza de empezar de cero si los vientos se los destruyen y el arrojo para hacer en la nada su hogar. La paciencia de las hormigas cargando las migas que encuentran en el camino, una tras otra, organizadas como ninguna otra especie. El nacimiento de las libélulas, el encanto de la oruga que se convierte en mariposa. Y el espejo que nace de los charcos. 

 

El amarillo del polen emponchando las patitas de las abejas. Los pétalos secos de los rosales que fueron el encanto del verano, para Antonia son la belleza del paso del tiempo, como las canas y las arrugas en la piel. El monte comenzando a secarse, la tierra rajada por la canícula, las cáscaras de los árboles y las ramas secas que se encuentra en el sendero cuando va al bosque, el sonido de estas quebrándose cuando las estruja al caminar. Todo, todo es parte de la hermosura de finales de verano.

 

Las luciérnagas embelleciendo la hora de oración. Y el vaho único de las alboradas con el rocío sobre las hojas, lindeza de finales de verano. Lo cotidiano es así de hermoso, piensa Antonia para sus adentros, sorbiendo una taza de café de tortilla. Es poesía, es encanto, es parte de la nube de locura en la que habitan los que encuentran en lo habitual un hálito que les permita seguir resistiendo, en medio del bullicio de una metrópoli de cemento y falsedad a la que los embusteros le han llamado progreso.

 

Ilka Oliva-Corado.

20 de septiembre de 2026.

Estados Unidos.


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Ilka Oliva-Corado.

Mujeres con discapacidad: menos empleo, menores ingresos y más barreras

 

Las mujeres con discapacidad enfrentan una doble barrera en el mercado laboral mexicano: tienen una menor participación económica y, cuando consiguen un empleo, perciben ingresos considerablemente menores que los de hombres sin discapacidad con características comparables.

Así lo documenta “Las Dos Ausencias: mujeres y discapacidad en el mercado laboral mexicano”, un estudio elaborado por Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios.

El análisis revela que 47.2 por ciento de las mujeres con discapacidad de entre 15 y 64 años participa en el mercado laboral, frente a 87.5 por ciento de los hombres sin discapacidad del mismo rango de edad. Es decir, menos de la mitad de las mujeres con discapacidad en edad laboral participa en el mercado de trabajo.

La investigación identifica esta situación como la primera de las dos “ausencias” que dan nombre al estudio: la exclusión o participación desigual de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral.

Una brecha que combina género y discapacidad

Entre las mujeres con discapacidad que sí trabajan, el estudio estima una diferencia de alrededor de 53 por ciento menos de ingreso mensual respecto de hombres sin discapacidad de la misma edad, escolaridad, situación conyugal y entidad federativa.

Pero el dato requiere una precisión importante: no significa que una mujer con discapacidad gane 53 por ciento menos que un hombre por realizar exactamente el mismo trabajo.

Se trata de una comparación entre grupos con características sociodemográficas similares. Cuando el análisis incorpora además las horas trabajadas, la diferencia estimada se reduce a 42 por ciento.

El resultado permite observar cómo se acumulan dos dimensiones de desigualdad: el género y la discapacidad.

El estudio fue elaborado a partir de información de cinco fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2026 y el Censo de Población y Vivienda 2020. Éntrale señala que el análisis fue sometido a dos rondas de revisión externa y que se acompañó de código de replicación.

El autoempleo como alternativa de subsistencia

La desigualdad también aparece en la forma en que las mujeres con discapacidad consiguen ingresos.

El estudio encontró que 34.8 por ciento de las mujeres con discapacidad ocupadas trabaja por cuenta propia, frente a 26.2 por ciento de las mujeres sin discapacidad.

Sin embargo, esta alternativa tampoco representa las mismas condiciones económicas.

La mediana del ingreso mensual de las mujeres con discapacidad que trabajan por cuenta propia es de 2 mil 124 pesos, mientras que para las mujeres sin discapacidad llega a 2 mil 782 pesos.

Éntrale denomina a este fenómeno “autoempleo de subsistencia”, al considerar que para una parte de las mujeres el trabajo por cuenta propia puede funcionar como una vía para obtener ingresos ante las barreras existentes para acceder a empleos formales.

La situación muestra que hablar de inclusión laboral no implica únicamente contabilizar cuántas mujeres con discapacidad tienen un empleo. También requiere observar qué tipo de trabajo realizan, cuánto reciben por él y qué posibilidades tienen de permanecer y crecer laboralmente.

La segunda ausencia está en los cuidados

El estudio identifica una segunda desigualdad que suele permanecer fuera de las estadísticas laborales: las mujeres que trabajan y viven con una persona con discapacidad.

De acuerdo con el análisis, 15.6 por ciento de las mujeres ocupadas en México vive con una persona con discapacidad, es decir, aproximadamente una de cada seis.

Estas mujeres no necesariamente abandonan el mercado laboral. Sin embargo, su participación en el trabajo remunerado ocurre junto con una mayor carga de cuidados.

Frente a mujeres con características comparables, quienes viven con una persona con discapacidad realizan casi cuatro horas adicionales de cuidados no remunerados a la semana y registran un ingreso laboral mensual 9.4 por ciento menor.

Cuando la comparación considera también que tengan el mismo número de horas trabajadas, la diferencia de ingreso se ubica en 6.6 por ciento.

El estudio encuentra que, entre los hombres que viven en hogares con una persona con discapacidad, la diferencia es menor: dedican 1.82 horas adicionales de cuidado no remunerado y registran un ingreso 2.8 por ciento menor.

No obstante, Éntrale advierte que estos resultados no prueban que el cuidado sea la causa directa de la diferencia de ingresos. El análisis identifica la convivencia con una persona con discapacidad, pero no permite determinar por sí mismo quién dentro del hogar realiza las tareas de cuidado.

La evidencia del INEGI permite dimensionar la desigual distribución de estas responsabilidades. La ENASIC 2022 reportó que 71.8 por ciento de las personas que cuidan dentro del hogar a una persona con discapacidad son mujeres y que dedican, en promedio, 33.9 horas semanales a esta actividad.

Una brecha que también tiene impacto económico

Éntrale realizó además una estimación sobre la diferencia de ingresos entre las mujeres ocupadas que viven con una persona con discapacidad y mujeres comparables.

Bajo un escenario estático basado en la brecha observada, calculó alrededor de 33 mil millones de pesos anuales de ingresos laborales no percibidos, a precios de 2024. El rango estimado va de 20 mil a 46 mil millones de pesos.

La organización aclara que esta cantidad no representa una pérdida causal atribuible exclusivamente a los cuidados ni debe interpretarse como producto perdido. Se trata de una estimación asociada a la brecha observada y no debe sumarse a otras estimaciones del estudio.

Más que contratar, garantizar condiciones laborales

Para Éntrale, las cifras muestran que la inclusión laboral no puede medirse solamente por el número de personas con discapacidad contratadas.

El estudio plantea que también es necesario revisar las condiciones en las que las personas ingresan, permanecen y pueden desarrollarse en un empleo.

En el caso de las personas cuidadoras que actualmente no trabajan, las condiciones que identifican como importantes para incorporarse al mercado laboral incluyen el trabajo de medio tiempo y la cercanía entre el empleo y el hogar.

La organización anunció un piloto de 12 meses con empresas aliadas para aplicar una guía de inclusión y medir resultados relacionados con retención, ingreso y promoción.

Los datos, sin embargo, colocan una discusión que rebasa al sector empresarial: las desigualdades que enfrentan las mujeres con discapacidad no comienzan cuando llegan a una oficina o solicitan un empleo.

Buscan romper exclusión histórica en la UAT: piden reservar para mujeres la Dirección de Derecho

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Ante una historia institucional marcada por la ausencia de mujeres en los espacios de mayor poder y decisión, tres académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) solicitaron que la convocatoria para renovar en 2026 la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria sea exclusiva para mujeres.

Las docentes piden que la Asamblea Universitaria apruebe una acción afirmativa “especial, temporal, objetiva y correctiva”, limitada al proceso de elección de 2026, para garantizar que únicamente mujeres puedan registrarse como aspirantes.

La medida busca romper el techo de cristal que, desde la creación de la Facultad, ha impedido que una mujer llegue a su máximo cargo directivo, pese a la presencia mayoritaria de alumnas en el área de Ciencias Sociales y Derecho.

El documento está dirigido a Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la UAT y presidente de la Asamblea Universitaria, para que someta la petición al análisis y aprobación de ese órgano colegiado. Está fechado el 7 de septiembre de 2026 y cuenta con sello de recibido de la Secretaría General de la Universidad.

La solicitud fue suscrita por Martha Cecilia Manzano Ortiz, profesora de tiempo completo con perfil PRODEP; Kenia Garza Reyes, profesora de horario libre, y Lidda Consuelo Delgado Cortina, profesora de horario libre e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

De acuerdo con la reconstrucción histórica incluida en el escrito, las 12 personas que han ocupado la Dirección han sido hombres. Para las promoventes, esta ausencia absoluta de mujeres no puede explicarse únicamente como la suma de decisiones individuales, sino que constituye un indicador de desigualdad estructural.

Aunque las convocatorias anteriores permitieron formalmente la participación de mujeres, ninguna ha conseguido acceder al máximo cargo de decisión de la Facultad. Las académicas sostienen que este resultado muestra que la igualdad formal en las reglas no necesariamente garantiza una igualdad real en el acceso al poder.

La brecha también se observa al revisar la composición de la matrícula. Durante el ciclo escolar 2024-2025, el campo de Ciencias Sociales y Derecho de la UAT registró 7 mil 934 estudiantes: 4 mil 907 mujeres y 3 mil 27 hombres.

Esto significa que las mujeres representaban el 61.8 por ciento del alumnado en esa área de formación, pero continuaban sin presencia histórica en la Dirección.

Una acción afirmativa, no una designación automática

La propuesta no supondría el nombramiento directo de una mujer ni la eliminación de los criterios académicos establecidos por la Universidad. Las aspirantes tendrían que cumplir los requisitos de elegibilidad, mérito e idoneidad previstos en la normativa interna y participar en las etapas de auscultación, evaluación y elección.

La comunidad universitaria conservaría la facultad de elegir entre las candidatas registradas. La acción afirmativa solamente modificaría, por una ocasión, el universo de personas con derecho a contender, con el propósito de corregir una exclusión prolongada durante décadas.

Las promoventes solicitan al rector convocar oportunamente a una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria para resolver la petición antes de que avance el proceso de renovación.

Argumentan que la Asamblea tiene atribuciones para aprobar la medida con fundamento en el artículo 22, fracción X, del Estatuto Orgánico de la UAT, que le permite conocer y resolver los asuntos no asignados expresamente a otro órgano universitario.

De aprobarse la acción afirmativa, el Consejo Técnico de la Facultad tendría que emitir la convocatoria exclusiva para mujeres y desarrollar las distintas etapas de la elección.

Las docentes también solicitan que las autoridades universitarias preserven la materia de la petición mientras se emite una resolución. Si la convocatoria fuera publicada antes de que la Asamblea analice el planteamiento, proponen suspender temporalmente sus plazos, registros y efectos.

Además, demandan garantías reforzadas de imparcialidad, transparencia y neutralidad institucional, así como mecanismos que impidan la utilización de recursos humanos, materiales, financieros o comunicacionales de la Universidad para favorecer o perjudicar a alguna aspirante.

Un precedente judicial en Morelos

Como referente, las académicas citan el Amparo en Revisión 90/2021, relacionado con la elección de la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

En ese caso, un tribunal colegiado ordenó dejar sin efectos la convocatoria impugnada y emitir otra dirigida exclusivamente a mujeres, al considerar que una competencia formalmente abierta resultaba insuficiente para corregir una desigualdad histórica y estructural.

El razonamiento fue recogido en una tesis aislada que no constituye jurisprudencia obligatoria para la UAT. Sin embargo, las promoventes consideran que tiene un valor persuasivo relevante por las similitudes entre ambos casos: universidades públicas autónomas, facultades de Derecho y Ciencias Sociales, cargos directivos unipersonales y antecedentes de falta de acceso de las mujeres a la Dirección.

La solicitud también se sustenta en la Constitución federal, la Constitución de Tamaulipas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW—, la Ley General de Educación Superior y la legislación federal y estatal en materia de igualdad y no discriminación.

Asimismo, invoca el Código de Ética y Conducta de la UAT, que reconoce las acciones afirmativas como una herramienta para promover la igualdad en el acceso a oportunidades académicas, laborales, sociales y económicas.

Para las firmantes, reservar la convocatoria de 2026 para mujeres no constituiría una concesión ni un privilegio permanente, sino una medida excepcional encaminada a garantizar la igualdad sustantiva y corregir una brecha histórica.