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9/20/2026

La IA es nueva, pero hay partes de esta película que ya hemos visto


Alerta. La IA se nos ha ido de las manos. El mensaje nos está llegando por tierra, mar, aire y redes. De ex trabajadores a directivos del sector, las voces de alerta son contundentes. La coordinación también. Hay que prestar atención a ambas, porque en este juego no es fácil dirimir qué es preocupación genuina y qué es interés.

Hay motivos para preocuparse. Primero, porque Trump dice que no hay que preocuparse. Segundo, porque ya han ocurrido incidentes graves, como el ataque autónomo contra la compañía Hugging Face, en la que no participó ningún ser humano. Y tercero, por la velocidad que ha adquirido la “automejora recursiva”, es decir, la capacidad de la IA de crear por su cuenta la siguiente generación de IA sin intervención humana. El riesgo: dejar de comprender y controlar los nuevos sistemas.

En un extenso documento publicado estos días, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, ha reclamado frenar el avance de la IA para ganar tiempo y garantizar que se desarrolle de una forma segura. Para lograrlo, articula tres propuestas. Merece detenerse en el texto. En primer lugar, propone que las empresas punteras de IA incorporen auditores externos a sus compañías, de manera que verifiquen que están desarrollando sistemas seguros. En segundo lugar, reclama una “coordinación democrática” entre las empresas de países democráticos. Y en tercero, demanda una coordinación con “gobiernos autoritarios”. Es decir, China.

El golpe de efecto llega cuando dice que Anthropic incorporará unilateralmente auditores externos, aunque deja claro que “controlar el ritmo no significa detener el entrenamiento de los modelos ni el progreso técnico”.

El movimiento es inteligente. No cabe duda de que Amodei conoce la obra de Thomas Schelling, original economista que rompió las costuras de la disciplina y ganó el Premio Nobel en 2005 sin apenas escribir un número. “Si el trabajo de Tom tiene un hilo conductor, es la contraintuición”, dice su pupilo Michael Spence. Una de esas singulares ideas asoma en el anuncio de Amodei: reducir tu margen de acción puede reforzar tu posición. Se le llama estrategia del compromiso y Anthropic la aplica al anunciar la incorporación de verificadores, una medida que establece un estándar que atrae al resto de competidores. ¿Servirán de algo? Es difícil saberlo.

Schelling desarrolló sus teorías en el marco de la guerra fría, un contexto cuyo eco resuena con fuerza en el debate sobre el desarrollo de la IA. El prisionero en su dilema, de nuevo. Yo quiero frenar, sé que debo hacerlo, pero pienso que mi competidor no va a seguir el mismo camino, por lo que acelero. La desconfianza mutua –no cooperar– nos lleva a todos a escenarios peores.

Pero ahora hay un problema añadido, y es que en el caso del bloque que Amodei califica de “democrático”, no hay control público sobre las empresas de IA. Son operadores privados que responden a sus intereses y a los de sus inversores, mientras quien debería atarlos en corto –el gobierno estadunidense– renuncia a hacerlo porque considera que los peligros de la IA no son más que bulos y porque, en realidad, no quiere que China se les adelante. “Nada más importaría” si Pekín toma la delantera en la carrera por la IA, ha dicho Scott Bessent, secretario del Tesoro.

La carrera hacia el abismo, por tanto, es doble en esta ocasión, porque, por un lado, las empresas punteras estadunidenses compiten entre sí, y por otro, EU como ecosistema compite con China.

Cuando habla del gigante asiático, Amodei invoca de nuevo a Schelling al establecer “una analogía con los tratados SALT”, que en los años 70 limitaron parcialmente los arsenales nucleares de Estados Unidos y la URSS a través de un marco negociador inspirado, según la literatura de la época, en las intuiciones del Nobel de Economía. Ese marco resulta ciertamente fascinante y, de nuevo, contraintuitivo. Ambas partes no encontraron el punto de equilibrio tanto en una reducción de la capacidad de destrucción, como en mantener la posibilidad de ser destruidos. Los alicientes para cooperar son mayores cuando uno se sabe vulnerable.

Pero este relato también tiene sus trampas, porque algunas investigaciones recientes, basadas en documentos desclasificados estos últimos años, apuntan a que Estados Unidos –Henry Kissinger, concretamente– negoció varios puntos de los SALT no en busca de una estabilidad global, sino de una posición de superioridad sobre la URSS.

Amodei no se esconde, en este sentido: “Deberíamos abordar cualquier decisión de regulación mundial, sobre todo a corto plazo, de manera que se proteja la ventaja de EU y sus aliados”. ¿Qué alicientes debería tener entonces China para frenar? Pekín lo ha visto venir de lejos y esta misma semana un editorial del oficialista Global Times chino ha señalado la jugada, acusando a las tecnológicas estadunidenses de “poner en marcha el manual de la guerra fría”.

¿Cuál puede ser el punto de compromiso para frenar la IA a nivel global? No lo sabemos. Los Schelling del presente deberían estar pensando en ello. No sabemos quiénes son, pero sabemos que no se llaman ni Amodei ni Altman.

8/09/2026

La IA alucina, pero no imagina

Beñat Zaldua

Hace un año, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, recibió contundentes críticas tras reconocer que utilizaba “con bastante frecuencia” herramientas de inteligencia artificial (IA) a la hora de tomar decisiones. Las principales críticas, al margen de la publicidad gratuita ofrecida a algunas plataformas, fueron dos. La primera tenía que ver con la seguridad. ¿Qué clase de información estaba compartiendo el dirigente conservador con una empresa privada como ChatGPT? En la medida en que la IA aprende con nuestras propias preguntas, ¿incorporaría la información de Kristersson en respuestas futuras a otros usuarios? La segunda tenía que ver con los errores y los sesgos asociados a la inteligencia artificial. No es una máquina neutral ni infalible, hay aspectos en los que falla más que una escopeta de feria, por lo que supeditar decisiones gubernamentales a sus respuestas tiene sus peligros.

En agosto de 2025 ignoré consciente y activamente la polémica. En parte por una pereza innata hacia todo lo que tiene que ver con la IA, y en parte porque las críticas no me parecieron excesivamente trabajadas. Si EU tuvo pinchado durante años el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel, y el rey de Marruecos tuvo acceso, como parece, al del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no creo que las consultas que un mandatario haga a la IA constituyan semejante peligro. Y sobre los errores de la inteligencia artificial, el trabajo del gobernante es, a menudo, decidir entre diferentes opciones presentadas por sus colaboradores. Con consulta a la IA o sin ella, la decisión seguía siendo humana, pensé.

Así, de entrada, no me gusta la inteligencia artificial. La uso en el trabajo, como si de un buscador avanzado se tratara, pero le sigo pidiendo las cosas “por favor”, lo cual a estas alturas creo que es más signo de estupidez que de educación. Se me cae el alma a los pies cada vez que me toca editar un artículo manifiestamente creado con IA; son textos-barbie, perfectos por fuera, huecos por dentro. Con lo bonito y útil que es el error. Sé que ha venido para quedarse y que va a cambiar muchas cosas, algunas de ellas para bien. Hacerle frente con las armas del ludismo me parece la mejor forma de comprar billetes para el fracaso, pero echo de menos críticas constructivas y comprensibles a la irrupción de la IA. Entre el optimismo ciego y la crítica a cualquier precio debería haber algún punto medio. Un poco de finura entre tanta brocha gorda.

La he encontrado, en el ámbito de las políticas públicas, en un artículo académico publicado este mes de julio en la Revista Española de Ciencia Política. Se llama ‘‘La irrupción de la inteligencia artificial en la decisión pública’’ y está firmado por el catedrático y ex ministro de Universidades Joan Subirats, por Marta Cruells y por Jaume Blasco.

En el texto, los autores consideran que la entrada de sistemas avanzados de IA en ámbitos gubernamentales y administrativos está empezando a reorganizar “la naturaleza misma de la decisión pública”, y no en la mejor de las direcciones, ya que puede comprometer la legitimidad democrática de un sistema y los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo? Básicamente de dos maneras. Por un lado, afectando a la evidencia científica que sirve para tomar decisiones políticas, reforzando la engañosa idea tecnocrática de un gobierno de expertos –¿qué sería entonces de la política que tanto nos entretiene?–. Por otro, asumiendo el papel de decisor en una administración, por ejemplo a la hora de adjudicar ayudas o pensiones, un ámbito en el que el diseño –opaco y con sesgos– de la IA condiciona el resultado, sin que los afectados puedan acudir a alguna ventanilla a protestar. “La discrecionalidad no desaparece con la automatización, sino que migra, a menudo, fuera del alcance de los mecanismos de control democrático”, dicen en el artículo.

“La doble presencia de la IA, como productor de conocimiento y como apoyo o sustituto del decisor, multiplica las preguntas democráticas sobre legitimidad y responsabilidad”, añaden los autores, que no obstante reconocen que “la IA ofrece también oportunidades reales para mejorar la decisión pública”. Pero subrayan que su incorporación a una administración “requiere garantías sustantivamente más robustas que las disponibles hoy”.

El artículo es de acceso libre para todo aquel que quiera algo de finura en la crítica a la IA. A mí me ha servido para ordenar ideas y confirmar académicamente algunas prevenciones hacia estos algoritmos predictivos. El principal tiene que ver quizá con nuestra capacidad de innovar políticamente, de imaginar y disputar futuros mejores. Helga Nowotny ha estudiado esto. La IA aprende del pasado, por lo que a la hora de tomar decisiones, siempre parte de los patrones que han dado forma al presente, cayendo en una forma de determinismo políticamente nefasto. Nos interesa la política exactamente para lo contrario. La IA, por lo tanto, tiene respuestas viejas para preguntas nuevas, cuando a veces, lo que necesitamos son respuestas nuevas a preguntas viejas.

7/12/2026

Para seguir llamando a esto democracia

Beñat Zaldua

Quién sabe si para tratar de restaurar su maltrecha imagen como institución independiente, la Suprema Corte estadunidense decidió la semana pasada, por una vez, propinar un revés a Donald Trump y tumbar el decreto presidencial que acababa con la ciudadanía por nacimiento. Es decir, frenó el intento de negar la nacionalidad a los nacidos en suelo estadunidense de padre o madre migrante en situación administrativa irregular.

Conviene no llamarse a engaño. Pocos días antes, los mismos jueces avalaron la retirada de los permisos de residencia a 350 mil haitianos y 6 mil sirios, así como un endurecimiento de la expulsión de solicitantes de asilo en la frontera. En los mismos días, una corte de apelación daba su visto bueno a la generalización del proceso de expulsión acelerada. Pero la ciudadanía por nacimiento se ha salvado de la quema.

Pie en pared puso también la ciudadanía suiza, en el reciente referéndum impulsado por la derecha para limitar a diez millones la cantidad de habitantes del país alpino. Más allá de la estupidez de la propuesta –¿cómo se iba a controlar, con un contador en paritorios y fronteras?– ésta buscaba poner un freno a la migración, pero 54.8 por ciento de los votantes descartó la propuesta.

La migración, junto al antifeminismo, sigue siendo el principal caballo de batalla global de una extrema derecha que modula su discurso país a país. En el Estado español, PP y Vox han puesto el grito en el cielo por un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que está superando todas las expectativas. El gobierno preveía procesar cerca de medio millón de solicitudes, pero una vez finalizado el plazo para presentar peticiones, estas han superado el millón.

El proceso ha sido impugnado judicialmente por los partidos de la derecha, que utilizan la medida para alimentar la idea del supuesto pucherazo que Pedro Sánchez prepara para las próximas elecciones. Concretamente, acusan al presidente de estar inflando el censo electoral mediante esta regularización y mediante la llamada “ley de nietos” –que permite solicitar la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados tras el golpe de 1936–.

La acusación es otra estupidez, para empezar porque las personas que obtengan ahora permisos de residencia y trabajo no van a poder votar en las próximas elecciones generales –para eso deberían nacionalizarse–, pero sitúa el debate en torno a la migración en una encrucijada interesante. Aquí es donde queríamos llegar.

Volvamos a Suiza. En la ciudad-cantón de Basilea viven 211 mil personas, pero sólo la mitad de ellas pudo votar en el último referéndum sobre migración. El 50.3 por ciento de sus habitantes no pudo hacerlo porque no tiene la nacionalidad suiza, porque es menor de edad o porque está bajo tutela. Es el primer cantón en el que los habitantes sin derecho a voto superan a quienes pueden optar por el sufragio, y la causa es el aumento de población extranjera, que en tres décadas ha pasado de 20 a 32 por ciento.

Aunque tiene su trampa por incluir a los menores de edad, el titular es demasiado jugoso como para dejarlo escapar: una minoría decide ya sobre una mayoría. Este fenómeno va a ir acentuándose en los próximos años, por lo que o se hace algo, o seguir llamando a esto democracia presenta sus problemas.

El caso de Basilea clama al cielo, pero la tendencia es generalizada en el Norte global. En mi país, Euskal Herria, la evolución sigue derroteros parecidos, aunque las cifras estén a años luz. En el sur del país –la parte encajada en el Estado español–, en 1998 había empadronadas 2 millones 633 mil 637 personas y el censo electoral estaba compuesto por 2 millones 283 mil 337 personas.

Dos décadas después, en 2020, el número de personas con derecho a voto apenas se había movido (2 millones 303 mil 929), pero ya había empadronadas 2 millones 874 mil 718 personas. Es decir, la brecha entre padrón y censo pasó de 350 mil 300 a 570 mil 789 personas. O lo que es lo mismo, en veinte años, el porcentaje de empadronados con derecho a voto pasó de 86.7 a 80.1 por ciento. Y es fácil pensar en que la tendencia no habrá hecho sino agravarse.

Cada vez viven entre nosotros más personas sin derecho al voto, y es precisamente ahí donde el discurso utilitarista en torno a la migración encuentra sus límites. Abanderado por patronales necesitadas de mano de obra, el argumento –real– según el cual un Norte global con tasas de natalidad muy bajas necesita a personas de otros países para mantener la economía goza de predicamento también en la izquierda, que encuentra un asidero para salir de las acusaciones de “buenista” que le lanza la derecha.

Un paréntesis en forma de espejo. Si alguien os llama de “buenistas”, habrá que colegir que existen los “malistas”, entre los cuales se sitúan quienes lanzan semejantes acusaciones. Ser mala persona está de moda, pero no nos cansemos de señalarlo.

Dicho esto, apropiarse de los argumentos de los empresarios es más que lícito, pero sin olvidar los originales, porque ellos no quieren migrantes, quieren mano de obra barata y precaria. Es decir, con cuantos menos derechos mejor. Y, sin embargo, si viven, trabajan y cotizan aquí, ¿por qué no van a tener nuestros mismos derechos?