Los estilos imperiales

Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

"Las potencias se han empeñado en construir, mantener y ensanchar sus respectivas esferas de influencia, de constreñir la soberanía de actores nacionales más débiles".

No hay “imperialismos buenos, pero sí los hay de simplemente nocivos a peores. Sin embargo, en la práctica la diferencia entre ellos pudiera ser significativa para quienes viven a la sombra de alguna potencia hegemónica.

Al menos eso es lo que se desprende de una discusión que actualmente tiene lugar entre dos teóricos de una potencia imperial -Estados Unidos- ambos académicos de gran renombre examinan la naturaleza del fenómeno de la hegemonía en el contexto internacional actual y hoy coinciden en su crítica -demoledora, por cierto- de la política imperial del Presidente Donald Trump, lo mismo en Irán como en Ucrania. Los dos consideran que, pese a que Washington se niegue a reconocerlo, Estados Unidos y sus aliados -Israel en Irán y la OTAN en Ucrania- van camino a fracasar en sus objetivos políticos y militares originales. Los dos enfoques no difieren mucho en sus conclusiones, pero si en su concepción de la naturaleza de la política imperial norteamericana posible en Irán y en Ucrania si la Casa Blanca hubiera estado habitada por un personaje menos inmoral e ignorante que su actual ocupante. Los académicos de referencia son John J. Mearsheimer -R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor de Ciencia Política de la Universidad de Chicago- y Jeffrey D. Sachs -University Professor de la Universidad de Columbia y director en esa universidad del Centro para el Desarrollo Sustentable.

Como el concepto de soberanía está en el centro de visión de ambos académicos, no está de más recordar que la definición actual de soberanía emergió de un conflicto terrible: de la llamada “Guerra de los 30 años” y que en 1648 desembocó en la llamada “Paz de Westfalia”. Ahí, tras el fin de un conflicto religioso y político particularmente sangriento dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico, se propuso que para evitar un nuevo choque de poderes en el corazón de Europa, los firmantes -monarquías y principados en que se había dividido el otrora gran imperio- se comprometieran a observar una regla en su relación: el respeto de las fronteras ya establecidas y el abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los demás, es decir que se respetaran la soberanía de cada estado. 378 años después de la “Paz de Westfalia” es claro que ninguno de los dos principios se respetó, pero en cambio ambos sobreviven en la Carta de las Naciones Unidas.

Para examinar la naturaleza de la política entre naciones Mearsheimer parte de la concepción realista del ejercicio del poder. Se trata de una visión donde el ser y el deber ser suelen no coincidir, una donde principios y acuerdos entre estados en torno a fronteras y soberanías internas valen sólo en la medida en que se tiene poder para defenderlas. Este autor sostiene que la competencia incesante entre las grandes potencias es una realidad estructural e histórica del sistema internacional y que producto inevitable de la desigual distribución mundial del poder. Por su naturaleza el internacional es un sistema competitivo donde el ideal del componente más poderoso es lograr la hegemonía mundial o al menos que en la realidad sus rivales no acumulen poder ni consoliden alianzas que puedan menoscabar su seguridad y prosperidad. En cualquier caso, la evolución de un sistema de esta naturaleza es impredecible y siempre estará cargada de inseguridades porque en ese ámbito no existe ninguna instancia supra nacional efectiva a la que las naciones puedan apelar cuando sus intereses chocan intereses. La política del poder es la única instancia verdadera y efectiva.

Mearsheimer constata como, en cualquier época, las potencias se han empeñado a sangre y fuego en construir, mantener y ensanchar sus respectivas esferas de influencia, es decir de constreñir la soberanía de aquellos otros actores nacionales más débiles que constituyen “su” zona de dominio geopolítico.

En contraste, el profesor Sachs sin negar las conclusiones de Mearsheimer y sin proponer una explicación alternativa al realismo del profesor de Chicago, elabora una teoría normativa para las grandes potencias centrada en el concepto de las esferas de seguridad. En este caso, la gran potencia podría y debería abstenerse de intervenir en el juego interno de los actores políticos de cada país dentro de lo que la geopolítica le permite considerar como “su” zona natural de seguridad, y limitarse a impedir en ella la presencia militar de otra potencia. Un ejemplo de que tal política es posible se tiene en el examen de las condiciones aceptadas por Austria en 1955. Ahí y entonces se materializó la aceptación de la neutralidad explícita de ese país derrotado en la II Guerra Mundial y ocupado en 1945 por sus vencedores. Tras la derrota del régimen nazi, Austria fue ocupada por los aliados vencedores pero diez años más tarde pudo recuperar la esencia de su soberanía a condición de formalizar su compromiso de no unirse a la OTAN (aunque si a la Unión Europea) y mantener una neutralidad militar a cambio de recuperar la libertad de decidir soberanamente su régimen político y hoy Austria este integrada económica y política con Europa Occidental pero no militarmente.

Desde la perspectiva de Mearsheimer y de Sachs, Ucrania es un país que tiene frontera con Rusia que por razones geopolíticas el Kremlin considera que es un país que debería quedar claramente dentro de la esfera “natural” de influencia y de seguridad de Rusia, pero donde poco a poco la OTAN y quien le domina o dominaba entonces -Estados Unidos- se propuso intervenir en sus procesos internos para llevar al poder a un gobierno anti ruso favorable a ingresar a la OTAN para terminar como parte activa de una alianza militar básicamente antirrusa.

Para la OTAN y sobre todo para Estados Unidos, Ucrania no es un país cualquiera sino uno particularmente estratégico. En 1997 Zbigniew Brezezinski, un teórico de la política internacional muy influyente en el diseño de esa política en Washington publicó The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. En ese libro, Brezezinski propuso que Washington debería seguir una política que convirtiera a Ucrania en lo que ese teórico de origen polaco definió como un “estado pivote” de Occidente, es decir convertir a Ucrania como un país que por sí mismo era irrelevante para Estados Unidos pero que por su posición geoestratégica podría ser transformado en un estupendo instrumento para desde ahí promover una serie de políticas y acciones que debilitaran aún más a una Rusia que ya había dejado de ser la gran potencia que había sido la URSS, dividirla y eliminarla definitivamente como competidora de Estados Unidos. Pues bien, Zbigniew Brezinski ya murió, pero su propuesta fue puesta en marcha y sigue vigente, quizá con menos entusiasmo por parte de Washington, pero sí de Berlín, Londres o París, aunque cada vez pareciera tener menos posibilidades de materializarse y Ucrania cada vez parece un Estado menos viable.

Quizá a Ucrania le hubiera convenido seguir el camino de Georgia y no el que le marcó Brezinski. Sus muertos y destrucción no tendrían las enormes dimensiones que hoy tienen. Como se recordará, en 2004 el Presidente de Georgia Mijaíl Saakashvil se propuso acabar con movimientos prorrusos en dos provincias fronterizas, Osetia del Sur y Abjasia, y negociar su ingreso a la OTAN para protegerse de Moscú. El proyecto se vino abajo tras una invasión rusa en 2008 para apoyar a los rebeldes de Osetia y Abjasia, y transformar a ambos territorios en estados independientes respaldados por tropas rusas. Finalmente, aunque Georgia dice mantener su aspiración a ingresar a la OTAN en la práctica esa posibilidad ha desaparecido y todo indica que el Kremlin ya no ve a Georgia como una amenaza para la seguridad rusa. En este caso y en el de Austria, lo propuesto por Sachs puede funcionar: un país en la zona de seguridad de una gran potencia puede salvaguardar su soberanía interna a condición de no jugar el papel de “país pivote” de los rivales de esa potencia.

Mearsheimer y Sachs por la vía de dos conceptos diferentes pero emparentados –“zonas de influencia” en el primer caso y “zonas de seguridad” en el segundo-, llegan a un punto de confluencia: Rusia perdió su estatus de gran potencia hegemónica de la Europa del Este al desaparecer la URSS en 1991 pero perdería aún más si dejara que Ucrania se convirtiera en el “estado pivote” de Occidente que vislumbrara Brezinski.

¿Y cómo concluir esta columna desde México? Para Estados Unidos y para el mundo nuestro país está en una de las zonas definidas por los conceptos de Mearsheimer y Sachs. Imposible evitar el que Estados Unidos no lo considere como parte de su “zona de seguridad” pero dirigentes y sociedad debemos esforzarnos por no caer en la condición de “zona de influencia” es decir en un país como es el caso de varios en América Latina donde las políticas y procesos internos son determinados o condicionados por Washington. La Presidenta Sheinbaum debe tener todo el apoyo para mantener el máximo espacio posible para el ejercicio de nuestra soberanía que la natural dureza de la política entre naciones permite a quienes vivimos a la sobra de un imperio.

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50 años y Cosío Villegas sigue vigente

Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

"Cosío Villegas concluyó que de no reconocer la contradicción entre el discurso y la realidad, el entonces nuevo régimen llegaría a un callejón sin salida".

A Daniel Cosío Villegas fallecido hace ya 50 años se le puede definir como abogado, economista, historiador, investigador, ensayista, creador de instituciones culturales (Fondo de Cultura Económica, La Casa de España transformada luego en El Colegio de México del que él sería presidente a partir de 1958), cofundador de la Escuela de Economía de la UNAM, generador de publicaciones periódicas como El Trimestre Económico, Historia Mexicana o Foro Internacional, director y coautor de la voluminosa Historia Moderna de México (10 muy gruesos tomos publicados entre 1955 y 1972 y de los cuales el escribió cinco), generador y coordinador de los 23 volúmenes de Historia de la Revolución Mexicana, publicados por El Colegio de México, autor de 20 libros de investigación o de ensayo político (el último apareció de manera póstuma). Y la lista podría seguir como profesor, impulsor de otras obras colectivas, diplomático, etc.

Don Daniel Cosío Villegas -quienes le tratamos en su madurez siempre anteponíamos el “don” a su nombre- fue un intelectual notable por la independencia política de su pluma y de su conducta pública en un régimen de naturaleza autoritaria y donde esa independencia “desde dentro” no era frecuente. Y fue por esa independencia y no por su ideología -don Daniel fue básicamente un liberal en política, aunque no necesariamente en economía- que nunca se le abrieron las puertas para ocupar un puesto de mando en la estructura formal del poder político autoritario y presidencialista de la postrevolución.

Al cumplirse medio siglo de su fallecimiento, El Colegio de México le rindió un homenaje y ahí me correspondió examinar su obra en materia de política exterior.

Don Daniel nació en la Ciudad de México en 1898. En la madurez del Porfiriato y justo en el año en que Estados Unidos declaró la guerra a España, hundió a su flota sin mayor problema en Manila y debió cederle Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Como resultado de lo anterior Estados Unidos confirmó su vocación imperial y entró a formar parte del Club de las grandes potencias. Y esa coyuntura trajo aparejada una modificación en el equilibrio del poder mundial. Una modificación no muy radical pero que para México y para Cosío Villegas, significó la acentuación del desequilibrio estructural en la relación bilateral con el vecino del norte.

En 1956 Cosío Villegas publicó Estados Unidos contra Porfirio Díaz que en realidad sería parte medular de la parte dedicada al Porfiriato en la gran Historia Moderna de México. El nacionalismo mexicano y de Cosío Villegas tiene su razón de ser en la confrontación, a veces abierta y otras soterrada, pero siempre presente y en condiciones de extrema desigualdad de intereses mexicanos con los de la gran potencia vecina.

En 1947, justo cuando arrancaba ya la Guerra Fría, apareció el duro juicio de don Daniel sobre la Revolución Mexicana hecha gobierno en un amplio ensayo que tituló La crisis de México. Ahí y a contracorriente de los diagnósticos optimistas de los intelectuales que apoyaban y eran parte del régimen postrevolucionario en su etapa de ascenso, Cosío identificó y calificó el problema político central de México no como resultado de fallas circunstanciales sino como su problema central y de orden moral. Se trataba, según Cosío, de una crisis producto de la contradicción y corrupción sistemática entre los valores sociales y culturales que la Revolución Mexicana había proclamado como su esencia, su razón de ser, y el ejercicio efectivo del poder presidencial sin contrapesos. Desde entonces Cosío Villegas concluyó que de seguir sin reconocer la contradicción entre el discurso y la realidad, y no ponerle remedio, el entonces nuevo régimen llegaría a un callejón sin salida que ni la oposición de derecha (el PAN) o de izquierda estarían en posibilidades reales de resolver. En esas condiciones y sin una reforma desde dentro, los hombres e intereses en el poder se verían tentados a recurrir al apoyo de Estados Unidos -como efectivamente lo harían con la firma de las “cartas de intención” al FMI o del TCAN-, apoyo que quizá lograran, pero a un precio muy alto, pues México dejaría de ser México para convertirse en lo que Estados Unidos quisiera hacer del país, es decir que perdiera el espacio relativo de soberanía ganado por la Revolución.

Una década más tarde, en 1956, apareció el libro que Cosío Villegas tituló: Estados Unidos contra Porfirio Díaz que en realidad sería parte medular de uno de los tomos de la Historia Moderna de México. Esa obra es un examen muy detallado de como Porfirio Díaz negoció el reconocimiento norteamericano de su Presidencia tras el triunfo de su rebelión en 1877 contra el gobierno de Lerdo de Tejada. La fórmula en virtud de la cual Díaz pudo llegar en abril de 1878 a un entendimiento con Washington fue cumpliendo en tiempo y forma con el acuerdo sobre el pago de reclamaciones hechas por Estados Unidos, pero sin ceder a una de sus exigencias que ponía en entredicho la soberanía mexicana misma: autorizar y por tanto legitimar algo que ya ocurría: el cruce de la frontera con México por tropas norteamericanas cuando éstas perseguían a grupos indígenas o a ladrones de ganado. Y es que detrás de estos cruces ya había un plan de acción para proceder a una ocupación temporal de regiones del norte mexicano e imponer ahí un “orden” a la norteamericana ya que las autoridades mexicanas no podían o no querían controlar su propia geografía.

Así pues, la fórmula de Díaz para lograr el reconocimiento de la potencia vecina y no chocar con el ejército norteamericano estacionado en Texas fue actuar con fuerza en el escenario interno: tomar medidas de política interna políticamente costosas para forzar a los ricos mexicanos a facilitarle fondos para pagar lo demandado por Washington y, a la vez, poner orden a lo largo de la frontera norte para no dar pretexto al ejército norteamericano de seguir incursionando en territorio mexicano y que podría desembocar en una ocupación indefinida de la zona argumentando que el desorden en esa región afectaba el interés nacional norteamericano pues ponía en peligro vidas y propiedades en los estados fronterizos al norte del Bravo. En suma: la mejor política externa entonces consistió en acciones dentro de México: conseguir recursos monetarios de las grandes fortunas privadas y concentrar los recursos de fuerza del Estado mexicano a lo largo de la frontera para imponer el control federal efectivo en la región.

Al final los dos generales que Díaz mandó a imponer “su orden” en el norte mexicano -Treviño y Naranjo- se mantuvieron fieles al Presidente pero no hay que olvidar que éste corrió el riesgo de que ellos le hicieran lo que él le había hecho a su antecesor -a Lerdo de Tejada- y emplearan sus tropas para arrebatarle a Díaz una presidencia que entonces estaba lejos de tener la fuerza que alcanzaría más tarde.

Más adelante al abordar la totalidad de la política exterior porfirista en los tomos correspondientes de la citada Historia Moderna de México, Cosío Villegas subrayó el otro esfuerzo de Díaz para poder ejercer la soberanía relativa que México llegó a tener al iniciarse en siglo XX: atraer al capital europeo, particularmente al británico, al corazón del proyecto de modernización de la economía mexicana para crear una presencia económica europea que equilibrara la creciente influencia del capital norteamericano. Y por un tiempo esta política de pesos y contrapesos funcionó.

La reflexión histórica de don Daniel lleva a concluir al menos dos cosas: una es que si sustituimos a los apaches y a los ladrones de ganado del siglo XIX por los carteles del narco tenemos que las fallas en el control del orden interno siguen siendo un factor de conflicto con Estados Unidos. La otra es que en el sistema multipolar de finales del siglo XIX México encontró en el capital europeo una forma de equilibrar el predominio económico norteamericano pero esa posibilidad es hoy más difícil de materializar.

Finalmente, pese a la asimetría de poder entre el norte y el sur del Río Bravo, es posible para el lado sur maniobrar para generar coyunturas internas y aprovechar las externas para permitir a nuestro país mantener un espacio de independencia relativa que le dé sentido como Estado nacional pese a una realidad geopolítica que lo coloca inevitable, y permanentemente en las esferas de influencia y se seguridad de una gran potencia imperial.

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A cien años de “La cristiada”

Lorenzo Meyer

"Debe siempre subrayarse la composición social y religiosa de los contendientes en esta guerra civil que tuvo un carácter particularmente brutal".

Como bien observara Carl von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. La definición del militar prusiano viene muy al cuento al reflexionar sobre el centenario de una de nuestras guerras internas más enconadas: la guerra cristera o “cristiada” y que hoy apenas ocupa un par de páginas en los libros de texto escolares y seis en el libro publicado en 1979 por la Secretaría de la Defensa: El ejército mexicano, una voluminosa historia donde los mapas y listas de poblaciones apenas si dejaron espacio para un brevísimo texto donde lo que realmente llama la atención por venir de donde viene es una especie de conclusión que acepta que los cristeros “mexicanos al fin, lucharon con denuedo” contra el Gobierno establecido.

El tema de la aparición hace exactamente cien años de un ejército popular antigubernamental en el centro del país da pie para una reflexión más profunda pues esa lucha que costó la vida a decenas de miles de mexicanos -no sabemos exactamente cuántos- finalmente no llevó a un cambio político sustantivo.

La pugna iglesia católica-régimen revolucionario devino en guerra justamente porque las partes fallaron en lo que Clausewitz subrayara: el período anterior a las hostilidades, es decir el tiempo de la negociación política. Lo que ocurrió después del choque violento fue simplemente la consolidación del estatus quo ante en la relación entre el régimen y la iglesia, y que acabó por institucionalizar una convivencia muy cómoda para ambas partes, lo que lleva a preguntarse si la guerra sirvió de algo.

El inicio convencional de la que fue una nueva gran guerra civil justo cuando apenas había concluido la de la Revolución Mexicana, suele datarse en el 2 de julio de 1926 cuando se publicó en el Diario Oficial la “Ley Calles” -una reglamentación del artículo 130 constitucional que endurecía y reducía el espacio y la forma en que las iglesias (la católica, en realidad) podían desarrollar sus actividades profesionales. Claro que el inicio también podría datarse unos días más adelante, el 26 de ese mes, cuando la iglesia católica anunció que, en protesta por el reglamento que se le imponía, cerraría sus templos y suspendería sus servicios (misas, sacramentos, etc.). Como sea, para fines de agosto tuvieron lugar los primeros choques armados entre las fuerzas del Gobierno y grupos de civiles católicos que terminarían por organizarse como el ejército cristero.

La confrontación que para 1927-1928 se había convertido en un choque armado sustantivo y en el que la parte insurgente buscaría, en nombre de la defensa de la religión católica, poner fin al régimen revolucionario que apenas estaba tomando forma. Sin embargo, la raíz de tamaño empero puede encontrarse muy antes: en la diferencia y choque de los proyectos políticos que emergieron poco después de que México lograra su Independencia. Se trató del choque de dos proyectos de Nación, el liberal y el conservador, que a mediados del siglo XIX se combatieron a muerte pero que a inicios del siglo siguiente parecía que había superado de manera definitiva como resultado del triunfo de las armas liberales en 1867.

Sin embargo, la violencia que por motivos religiosos volvió a convulsionar a nuestro país cuando todavía se vivían las secuelas de la Revolución Mexicana, se puede entender mejor si se le ve como la reemergencia de ese tremendo choque político y militar que fueron las guerras civiles del siglo anterior.

Esa violencia que conocemos como la Guerra de Reforma tuvo como causa central, aunque no única, el esfuerzo del bando liberal por separar de manera radical y definitiva las estructuras del Estado de las de la iglesia católica. La unión Estado-iglesia fue una de las características principales del sistema político de tres siglos en la Nueva España y el proyecto conservador fue justamente mantener esa simbiosis por considerar que en el México independiente era la única manera de dar unidad a una Nación que estaba montada en una base social muy fragmentada. Para los liberales de entonces, por el contrario, desligar al Estado de la influencia de la iglesia era una condición sine qua non para hacer viable a la economía del joven país, empezar a poner fin a la fragmentación histórica de su base social y lograr una identidad nacional más allá de las creencias religiosas.

La derrota del proyecto conservador original sellada con el fusilamiento del emperador Maximiliano no significó como se vería en los acontecimientos de los 1920 la resignación y adaptación de la jerarquía católica a la nueva realidad. La influencia de la iglesia católica en la vida cotidiana del país, sobre todo en los universos del México rural y mayoritario, era dominante. Obras como Pedro Páramo de Juan Rulfo y Al filo del agua de Agustín Yañes o microhistorias como Pueblo en vilo de Luis González, son otras tantas ventanas que nos permiten aquilatar la importancia no sólo religiosa sino política, cultural e identitaria de la iglesia católica en una buena parte del México central donde, pese a los cambios introducidos por la Revolución o justamente por eso, resultó ser un terreno fértil para el resurgimiento de una reacción violenta contra un Gobierno que, entre otras cosas, seguía empeñado en imponer los valores del Estado laico en ámbitos que, en la práctica, la iglesia y la comunidad católica aún consideraban suyos.

La gran obra -más de mil páginas- de Jean Meyer, La Cristiada, publicada en español y en tres volúmenes en 1973, muestra que en su zona de operaciones el ejército cristero tenía una base social de apoyo sólida, multiclasista y muy motivada por la posibilidad de poner fin no simplemente las medidas anticlericales del gobierno del Presidente Calles sino de poner fin y en nombre de Cristo Rey y la santísima Virgen de Guadalupe, a un régimen que suponían empeñado en acabar con la religión del pueblo. Es de notar que en esa coyuntura y aunque un buen número de curas tomaron las armas, la iglesia católica como tal no optó por sumarse abiertamente a la rebelión. El Gobierno federal, que en ese período también debió de hacer frente a un antiguo levantamiento con base indígena -el de los Yaquis en Sonora-, tenía un ejército que apenas se estaba organizando y profesionalizando, pero cuya jefatura tenía divisiones internas serias que explotarían más tarde. Como sea, la cabeza de la fuerza del Gobierno -el general Joaquín Amaro- concentró sus efectivos en los estados donde la base social cristera era más fuerte -Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Durango- y logró que una fuerza de irregulares compuesta por agraristas, notablemente de San Luis Potosí, operara como auxiliar del ejército regular.

Aunque resulta obvio, debe siempre subrayarse la composición social y religiosa de los contendientes en esta guerra civil que tuvo un carácter particularmente brutal por ambos bandos y donde prácticamente no se tomaron prisioneros, resultó muy similar, pues los soldados federales y sus auxiliares agraristas también era mayoritariamente católicos y de origen campesino.

A diferencia de lo ocurrido durante la Revolución, en la guerra cristera no hubo grandes enfrentamientos decisivos como, por ejemplo, fueron unos años antes las grandes batallas de Zacatecas o de Celaya. Los cristeros siempre tuvieron dificultades para armarse y no contaron con el concurso de militares profesionales, salvo por el caso del general Enrique Gorostieta, muerto en acción. Para 1929 era evidente que los cristeros no iban a derrotar a las fuerzas del Gobierno, pero era igualmente claro que el Gobierno no podría terminar con sus adversarios de manera rápida y contundente. De ahí que con la mediación del Gobierno de Washington -que no deseaba más inestabilidad al sur del Bravo- el Presidente interino Emilio Portes Gil se reunió con dos obispos -Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz- para finalmente volver a la política, y declarar cada quien por su lado, que el Gobierno no se proponía interferir con las creencias religiosas de la sociedad ni destruir a la iglesia católica y que ésta, a su vez, no se proponía desconocer la autoridad del Gobierno y que hacía un llamado a los rebeldes a deponer las armas.

El 21 de junio de 1929 las campanas de las iglesias se echaron al vuelo para anunciar el retorno a la normalidad. Pero como los combatientes cristeros mismos no fueron tomados en cuenta en lo que se llamó “los arreglos” del 29, éstos no se consideraron vencidos sino traicionados por la jerarquía católica. La mayoría de los rebeldes depusieron las armas, pero no todos. Y para mejor entender a los que continuaron la lucha hasta fines de los años treinta -en lo que se ha llamado la “Segunda Cristiada”- se puede recurrir a una obra autobiográfica conmovedora: Rescoldo. Los últimos cristeros, de Antonio Estrada.

En 1934 el general Lázaro Cárdenas quedó al frente del nuevo régimen, en 1936 el expresidente y autor de la “Ley Calles” fue expulsado por Cárdenas del país, la Reforma Agraria cobró fuerza y generó una gran base campesina de apoyo al régimen de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el rescoldo de la guerra, de la “Segunda Cristiada”, se mantuvo a lo largo de la segunda mitad de los 1930 aunque a partir de 1940 “la cristiada” empezó a ser historia, de nuestra historia como nación.

Y entonces ¿cómo interpretar hoy un conflicto que le costó la vida según cálculos que varían entre 90 mil a 200 mil mexicanos? En la práctica el gobierno se impuso sobre sus adversarios y los católicos militantes ya no volvieron a poner en duda la legitimidad o la reversibilidad del Estado laico. El modus vivendi logrado en 1929 simplemente arraigó y a finales del siglo pasado, en 1992, se institucionalizó con el reconocimiento gubernamental de las iglesias como organizaciones legítimas con derechos y obligaciones, y con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Gobierno mexicano y el Vaticano.

¿Se hubiera podido llegar a este resultado sin que la confrontación política se transformara en la guerra que fue? Es muy probable, pues finalmente esa penosa lucha no modificó en nada sustantivo el marco legal en que operaba la laicidad del Estado, sino que la reafirmó. Por otro lado, la catolicidad del grueso de los mexicanos se mantuvo y si algo en este último aspecto cambió fue más producto del paso del tiempo y del cambio social que resultado de políticas específicas del Gobierno.

En fin, que la guerra cristera debe reconocerse como una parte trágica -una entre otras- del proceso de formación de nuestra Nación y también como un ejemplo del alto costo que pueden tener para la sociedad las pugnas políticas entre las cúpulas del poder cuando éstas actúan de manera irresponsable.

Examinar el examen

 Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

Examinar el examen

"La situación ideal en materia de educación sería que cualquier joven que deseara ingresar a una institución pública de educación superior pudiera hacerlo".-

Se supone que en determinadas circunstancias los estados modernos tienen la capacidad y el derecho de encuadrar a la mayoría de sus ciudadanos jóvenes en sus instituciones armadas vía el servicio militar obligatorio o legislaciones propias de tiempos de guerra. Los exámenes a los que se les somete al momento de su reclutamiento no son particularmente estrictos y menos en materia de conocimientos generales.

Sin embargo, la situación se invierte cuando son los jóvenes quienes demandan masivamente al Estado su ingreso a instituciones públicas de educación superior. Aparecen entonces unos exámenes relativamente complejos que buscan, entre otras cosas, rechazar a un buen número de los solicitantes -a veces a la mayoría- bajo el supuesto de su falta de los conocimientos académicos que ya debían poseer. Se trata de un mecanismo de discriminación en nombre de priorizar una cierta definición de calidad y capacidad intelectual.

El fenómeno se agudiza en el caso de las instituciones de supuesta excelencia académica y científica, lo mismo en países ricos que en los no lo son. En Estados Unidos, por ejemplo, el conjunto de las universidades de mayor prestigio -Harvard, Yale, Princeton, Columbia, etcétera- rechazan, en promedio, al 95 por ciento de los solicitantes (Washington Post, 03/08/26). En nuestro país y en el pasado inmediato la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la universidad pública más importante del país recibió en 2025 alrededor de 200 mil solicitudes para presentar el examen de ingreso a alguna de sus licenciaturas, 160 mil lo presentaron y finalmente fueron aceptados 19 mil 554, es decir, el 10 por ciento de los que inicialmente iniciaron el trámite.    

Como se sabe, este año la UNAM recibió 191 mil 306 solicitudes para cursar alguna de sus licenciaturas; de ese total 158 mil 712 presentaron el examen de ingreso, y por primera vez lo hicieron en línea, 21 mil 962 recibieron la aceptación. Sin embargo, y como también se sabe, los aspirantes que tuvieron más de cien aciertos en un examen de 120 interrogantes fue de 16.3 por ciento cuando en el pasado inmediato -entre 2021 y 2025- el porcentaje había sido de apenas entre el tres por ciento y el 3.5 por ciento. Pero lo realmente fuera de rango fue que aquellos que tuvieron más de 110 aciertos fueron alrededor del 5.5 por ciento cuando en el pasado el porcentaje apenas rozó el uno por ciento. Obviamente, variaciones tan espectaculares no pueden ser atribuibles a una igualmente espectacular transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las preparatorias mexicanas, sino a fallas en la forma en que se llevó a cabo el examen.

Pero dejémosle a la comisión de expertos ad hoc que se formó para encontrar la explicación y la solución de la incógnita, y abordemos un tema de más fondo: ¿hasta qué punto un examen de conocimientos adquiridos por estudiantes jóvenes en su paso por las instituciones de educación elemental, media y media superior en México, puede ser un indicador efectivo y justo de las capacidades intelectuales y del compromiso con la actividad académica de quienes buscan obtener un título universitario? ¿Hasta qué punto las universidades públicas tienen el derecho de admitir sólo “a los mejores” medidos por ese examen de conocimientos y rechazar al resto de quienes dijeron estar dispuestos a adentrarse en el mundo de las ciencias y las artes universitarias para obtener un título que les de acceso a una profesión y a la forma de vida a la que aspiran?

En un país como el nuestro, tan claramente marcado por las diferencias de clase, aquellos a quienes les tocó en suerte nacer en un hogar de clases media o alta, tienen de entrada mayores oportunidades de acceso a todos esos conocimientos y experiencias que permiten tener éxito en los exámenes de ingreso a las instituciones universitarias.

Un hogar con libros y medios electrónicos de información puede estimular desde muy temprano el contacto de niños y adolescentes con el “ancho mundo” y por esa vía obtener un conocimiento temprano de la naturaleza de la ciencia y las artes, de hechos y datos, de experiencias y ambientes diferentes y contrastantes con el entorno propio. Un hogar donde la educación formal e informal de la familia también estimula la discusión temprana y constante de temas que van más allá de las experiencias del entorno inmediato influye decisivamente en el conocimiento, imaginación y voluntad de niños y jóvenes de ampliar sus horizontes y por ende su visión y comprensión del mundo que les rodea. Obviamente “los viajes ilustran” lo mismo que el dominio de un segundo idioma adquirido en casa o en instituciones privadas, y que permite a esos jóvenes tener acceso y confianza en el manejo de fuentes de información útiles para hacer frente con éxito a exámenes de admisión a centros educativos y al posterior dominio aprovechamiento de las ciencias y artes que ahí se ofrecen bajo el concepto de “educación superior”.

Es claro que son principalmente los jóvenes provenientes de los sectores privilegiados los que pueden permitirse retrasar su entrada al mercado de trabajo y por un tiempo -años- vivir sin preocuparse por tener que ganar un salario y enfocar su energía en familiarizarse y emplear los medios que su clase social ha puesto a su disposición desde el inicio para enfrentar los retos propios del ingreso al mundo del adulto. En contraste, los jóvenes que provienen de hogares donde desde el inicio ha dominado una “cultura de la pobreza” desde sus comienzos están en desventaja en su esfuerzo por salir del entorno en que nacieron, y no por falta de inteligencia o voluntad, sino por lo limitado de su educación formal e informal.

Para ponerle “datos duros” -cifras y porcentajes- a los efectos de la desigualdad social sobre las oportunidades de los jóvenes en el campo que aquí se discute se puede recurrir a los estudios sobre el fenómeno. De acuerdo con lo publicado por el Coneval, en 2022, 45.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años en México vivían en situación de pobreza multidimensional, equivalente a unos 17.0 millones de menores.  Un investigador, Emilio Blanco Bosco, encontró que en México y en el grupo de personas nacidas entre 1962 y 1971 las diferencias en los recursos o “activos económicos” de sus familias podían explicar hasta en un 36 por ciento los efectos de la desigualdad social en relación con el acceso a la educación superior.  A lo anterior se añade que el nivel de escolaridad formal de los padres aportaba otro 30 por ciento al mismo fenómeno. Finalmente, el tipo de ocupación de quien encabezaba la unidad familiar añadía otro 18 por ciento a la explicación, (véase el estudio en Revista Mexicana de Investigación Educativa, No. 98, 2023). Es claro que a los indicadores mencionados se podrían añadir otros más que operarían en el mismo sentido como son el sexo, el fenotipo, la naturaleza del lugar de residencia (urbano o rural y el tipo de comunidad), la región, la religión y otros.

La situación ideal en materia de educación sería que cualquier joven que deseara ingresar a una institución pública de educación superior pudiera hacerlo y sí su desempeño lo ameritara tuviera beca, pero incluso entonces aparecería otro obstáculo: el título universitario sólo tiene pleno sentido si el mercado laboral ofrece empleos adecuados, pero ese ya es tema para otra columna. Para ésta, lo importante es considerar que si bien dadas las limitaciones de recursos destinados para la educación pública, la oferta de plazas en las universidades del Estado es muy inferior a la demanda. De ahí que la exigencia de un examen de ingreso a esas instituciones sea una solución práctica, pero que sirve para ocultar una injusticia social: la selección de “los mejores” sólo con base en un examen de conocimientos tiene un inevitable sesgo en contra de los aspirantes que nacieron y se desarrollaron en condiciones de pobreza. Y eliminar ese sesgo requeriría modificaciones urgentes y de mucho calado en la estructura social mexicana. Se trata de un tema vital para la juventud mexicana que urge abordar.

Corrupción y oportunidad

 Lorenzo Meyer

"La 4T tiene como compromiso también transformar la realidad y la percepción internacional sobre la calidad y efectividad de nuestro sector público". 

Del año pasado a la fecha se han destapado varios casos de corrupción a lo grande en materia de introducción ilegal al país de productos petrolíferos. Se trata del contrabando de combustible y derivados procedentes de Estados Unidos (EU), lo mismo por vía marítima que terrestre. Todo lo descubierto hasta ahora puede terminar en meros registros de otros tantos escándalos en la larga y deprimente historia de la inmoralidad pública. Sin embargo, bien llevadas las investigaciones, los casos actuales tienen el potencial de ser sendas oportunidades para que el Gobierno de Claudia Sheinbaum demuestre que en este campo efectivamente ya hay un nuevo régimen y que, por tanto, el país tiene la oportunidad de hacer realidad el largamente pospuesto ideal del combate a fondo contra uno de los males seculares más arraigados en la vida pública mexicana: la ausencia de honestidad en sus estructuras gubernamentales.

En el índice de 2024 de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional, México ocupó el nada envidiable lugar 140 entre 180. ¿Peor que nosotros? ¡Apenas cuatro decenas de países! Independientemente de lo adecuada que pueda ser la metodología de la clasificación, la 4T tiene como compromiso central no sólo el de “primero los pobres”, sino también el transformar la realidad y la percepción internacional sobre la calidad y efectividad de nuestro sector público que, hoy por hoy, es un Talón de Aquiles en la relación con Washington. Y es que los críticos externos que operan desde la derecha como Stephen Miller -el Subdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca- siguen insistiendo en que el Gobierno mexicano se encuentra bajo la influencia o dominado por los cárteles del narcotráfico y que por lo tanto es un peligro para seguridad norteamericana.

Claro que a críticos como Miller se les podría responder con una cita evangélica: “Quien este libre de culpa que tire la primera piedra”, pero lo apropiado -lo ideal- sería responderles con resultados, con acciones contra la corrupción y entre más contundentes mejor. Y es que si bien en todos los sistemas políticos se pueden encontrar casos de deshonestidad -obviamente se pueden encontrar en el propio gobierno de nuestro vecino del norte y a su nivel más alto-, también es igualmente cierto que hay grados de corrupción y que es imposible negar que en México el fenómeno ha sido históricamente notable y sistemático.

Con lo investigado y escrito sobre la naturaleza de la corrupción en todas las civilizaciones, épocas y estructuras de Gobierno se podrían llenar bibliotecas enteras. En la actualidad, un profesor de las universidades de Gotemburgo y de Oxford, Bo Rothstein, ha elaborado una teoría donde la explicación de fondo del fenómeno que nos ocupa no se localiza tanto en las fallas morales de los funcionarios -fallas que desde luego existen-, sino en los sistemas dentro de los que esos personajes operan, especialmente en donde la corrupción es norma y que por tanto no sólo es irracional, sino incluso peligroso apartarse de ella.

La característica central de todo sistema administrativo corrupto es que funciona a contracorriente de lo que debiera ser su eje axiológico: el principio de imparcialidad. Si el sistema tolera y alienta decisiones particularistas tales como el nepotismo, el clientelismo o el favoritismo, tarde o temprano llegará a aceptar la captura de instituciones completas por intereses particulares, como por ejemplo una Secretaría de Estado o un Gobierno e incluso que el Gobierno como un todo quede a merced de los corruptos. En esos casos la regla que dominará entre sus funcionarios de cualquier nivel será: “Yo sólo hago lo que todos los demás hacen y esperan que yo también haga”. De esta manera y en la práctica, el interés general, así como la eficacia y la legitimidad del poder quedan relegados o anulados en favor de intereses particulares.

Rothstein sugiere que si hay la voluntad política de combatir la corrupción, no debe de optarse por la vía del cambio lento, gradual, sino por las acciones de fondo y sin titubeos. Hoy en México el combate al llamado “huachicol fiscal” -la importación en gran escala de derivados del petróleo amparados con documentación alterada o falsa y donde operan coordinadamente redes empresariales y personal de aduanas e incluso cárteles criminales- se presenta como una oportunidad para castigar ejemplarmente casos concretos y, sobre todo, dejar en claro que lo mismo se actúa contra empresarios que contra personajes políticamente notables o altos mandos en la administración pública, incluyendo a las Fuerzas Armadas.

Un caso destacado de contrabando de petrolíferos a gran escala ha involucrado tanto a empresas como a altos mandos de la Secretaría de Marina habilitados como responsables de aduanas marítimas. Y es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró en el sexenio pasado que, ante la prevalencia de la deshonestidad en muchas áreas de la administración pública y ante la falta de un cuerpo de servidores civiles de carrera disciplinados y honestos, las estructuras del Ejército y la Armada podían ser el mejor escudo contra la deshonestidad administrativa, en tanto que se construía ese servicio civil de carrera realmente comprometido con su labor. Para AMLO, las Fuerzas Armadas podían ser la alternativa inmediata para mejorar la seguridad y llevar a cabo, entre otras misiones delicadas, la vigilancia de las aduanas, el revivir y manejar una línea aérea nacional emblemática y construir nuevas líneas de ferrocarril. Desafortunadamente, la corrupción logró cooptar a ciertos elementos dentro de las estructuras más disciplinadas de las que dispone el Gobierno.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han llevado a concluir que las aduanas marítimas a cargo de la Armada no están enteramente libres de corrupción. Los indicios disponibles permiten suponer que en un par de puertos de Tamaulipas -Tampico y Altamira- se ha llevado a cabo un activo contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y donde altos mandos de la Armada incurrieron en faltas graves.

A raíz de una investigación iniciada en 2025 sobre la carga declarada del buque Challenge Procyon en Tamaulipas surgieron los nombres dos hermanos: uno Vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, y otro Contralmirante, Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del que fuera Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. Ya en junio de 2024 un Contralmirante, Fernando Rubén Guerrero, había advertido a la superioridad sobre posible participación de los hermanos Farías Laguna en un fraude fiscal, pero el 8 de noviembre de ese año el denunciante y en su último día de vacaciones, fue asesinado por sicarios a plena luz del día y hasta la fecha ese crimen no se ha esclarecido. La FGR ya tiene abierta la investigación sobre los Farías Laguna; Manuel está detenido y vinculado a proceso, y su hermano Fernando fue capturado en Argentina, pero su extradición va para largo, pues el Contralmirante ha pedido asilo político y al gobierno de ese país, gobierno que hoy está muy distanciado del nuestro.

Desde el año pasado la prensa informó sobre la existencia de un gran convoy ferroviario con combustible importado y detenido en el norte del país. Se trató del hallazgo que hicieran agentes locales y federales de 129 carrotanques cargados con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y otros derivados del petróleo no declarados. Obviamente se trataba de un caso del llamado “huachicol” que ha a partir de 2022 ha dado el salto del robo en los ductos de Pemex y donde el combate al ilícito había tenido éxito, a otro cuantitativa y cualitativamente más dañino para el interés público: el tráfico internacional de combustible en gran escala empleando documentación alterada o falsa para su importación y distribuido a través de complejas redes de comercialización aparentemente legales. Por mucho tiempo Pemex había sido la única empresa autorizada para importar combustible, pero la política de privatización de lo público abrió ese campo a las empresas privadas y la corrupción del sistema aduanero les abrió la puerta para documentar la introducción y distribución ilegal de petrolíferos a través de establecimientos formalmente legales.

El Gobierno, como se sabe, ya abrió una investigación que ha llevado ante los tribunales a un grupo de empresarios entre los que destaca el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como propietario de una firma -Ingemar- que presuntamente sirvió para la importación de los derivados del petróleo vía el ferrocarril y defraudar al fisco por un monto calculado en cuatro mil millones de pesos. En este caso, el golpe del Gobierno al contrabando pretende ser doble: por un lado, contra el “huachicol fiscal” y por el otro contra una figura política relevante de la oposición.

En fin, que en 2024 y teniendo como base las diferencias entre el total del combustible registrado en Estados Unidos como exportado a México y lo registrado en México como importado, lleva considerar que alrededor del 30 por ciento de los petrolíferos no pagó los impuestos debidos (datos de la consultora Petro Intelligence, El País, 09/10/25).

En esta coyuntura la calidad y profundidad de las investigaciones de la FGR es fundamental, así como la voluntad política de la Presidencia de un actuar a fondo contra los responsables, pero con imparcialidad, justo como lo demanda la ética del servicio público. Investigar a las aduanas y esclarecer el asesinato del Contralmirante Guerrero no debería considerarse como un ataque a la Armada, sino todo lo contrario, ambos, contrabando y asesinato son temas que conviene y deben esclarecerse y presentarse como esfuerzos por reafirmar ante la sociedad que la institución naval es capaz de actuar contra los elementos corruptos y mantenerse a la altura de la buena imagen que revelan las encuestas de opinión que tiene.

En suma, lo que está en juego en los casos mencionados y en otros similares es mucho más que grandes cantidades de recursos fiscales: es la reputación internacional del país y, sobre todo, la necesidad de mostrarnos a nosotros mismos que el actual régimen político, producto de una larga lucha democrática, es efectivamente nuevo y mejor que el antiguo y que vale la pena el empeño en apoyarlo frente a las presiones en contra internas y externas.

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Reflexiones sobre un proyecto

 Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

"La coyuntura internacional requiere que México tome decisiones sobre cómo hacer frente a los cambios de política internacional de Trump".

En hecho es innegable: México exporta muchísimo a Estados Unidos, pero crece muy poco, casi nada. De seguir así nuestro proyecto económico nacional seguirá siendo eso, un proyecto que contrasta con la realidad de un país ensamblador de lo importado que luego reexporta, muy dependiente del mercado de su poderoso vecino del norte y por consecuencia con una soberanía siempre bajo presión, siempre bajo amenaza.

El actual, es un momento que demanda y permite una reflexión a fondo en torno a las ventajas y los peligros de los acuerdos comerciales pactados con Estados Unidos desde diciembre de 1992 y ratificado este año, es decir el TLCAN y su sucesor, el TEMEC. Examinar con ojo crítico el papel de ambos acuerdos comerciales y convertidos en columnas centrales de nuestro proyecto nacional es ya un tema insoslayable y de mucho fondo. Y es eso justamente lo que nos propone un libro recién publicado, Estado, dependencia e innovación en el siglo XXI, (Clacso, 2026), producto de la inusual colaboración entre un economista, José Romero, y un hombre de letras, Emilio Navarro.

Esta obra abre una ventana para discutir, sin tecnicismos y en muy buen castellano, una alternativa a la economía política bajo la que hoy opera el Mexico económico. El TLCAN nació en el salinismo como un producto legítimo del neoliberalismo, como un proyecto basado en el principio de que la mejor política industrial es la que nace de la decisión de no tener política industrial y dejarle al mercado la asignación de prioridades y recursos en ese campo. Tal posición en torno al manejo de la economía ha sido rechazada explícitamente y desde el principio por los gobiernos de la 4T, pero resulta que el heredero legítimo del acuerdo original, el T-MEC firmado en 2020 y prorrogado ahora por diez años más, sigue siendo neoliberal y sigue manteniéndose en el centro de nuestro proyecto económico nacional. Es por eso por lo que México ya es una potencia exportadora, pero una donde el PIB apenas crece pues el 70% del valor de sus exportaciones de manufacturas proviene de componentes manufacturados ¡en el exterior! Ahora bien, la 4T desearía sacudirse de sus espaldas ese acuerdo con el vecino, pero por ahora no puede hacerlo so pena de generar una crisis económica mayúscula. Sin embargo, de continuar con el T-MEC una década más sin empezar a construir una alternativa estaríamos llevando nuestro desarrollo económico a un callejón sin salida, a una crisis en cámara lenta. Por tanto, hay que considerar ya la posibilidad de iniciar con cautela un “gran viraje” que nos conduzca en otra dirección, en la que lleve a una economía con una base tecnológica a la altura de nuestra ambición: una que nos haga pasar de meros ensambladores a auténticos fabricantes, de dependientes a interdependientes, de ahí lo oportuno e importante de las propuestas de Romero y Navarro.

Las tesis desarrolladas en el libro Estado, dependencia e innovación están cimentadas en el examen de casos históricos de países que buscaron y encontraron una ruta diferente a la que México tomó hace casi siete lustros. Se trata de una variedad de fórmulas económicas y políticas pero que probaron ser alternativas exitosas para cimentar una industrialización nacional no dependiente sino interdependiente con el resto del mundo. El supuesto es que en cada caso las fórmulas aplicadas lo mismo por Estados Unidos que por Alemania o la URSS en los inicios de sus respectivas industrializaciones hasta las que después pusieron en marcha China, Corea del Sur o Taiwan, ofrecen lecciones que México debe examinar y en su caso adaptar a nuestras circunstancias pero siempre y cuando nuestras élites tomen las nada fáciles decisiones de modificar elementos y procesos centrales del modelo vigente en México, que es una combinación de elementos neoliberales -el T-MEC- con políticas propias de un Estado con capacidad de dar dirección a su política social y empezar a disciplinar a sus elites económicas para encaminarlas a cumplir misiones directamente destinadas a generar una industrialización con la capacidad de manejarse con visión de largo plazo, espíritu nacionalista y creatividad tecnológica y que le permita seguir aprovechando la cercanía del gran mercado norteamericano pese a los obstáculos arancelarios que el Washington de Trump está construyendo para protegerse de la competencia externa.

La coyuntura internacional requiere que México tome decisiones sobre la forma en que mejor puede hacer frente a los cambios de política internacional del gobierno de Donald Trump, cambios marcados, sobre todo, pero no únicamente, por la emergencia de China como gran potencia industrial y militar. La transformación de las correlaciones de fuerza a nivel mundial y el creciente déficit fiscal norteamericano han llevado al gobierno del país vecino del norte a optar por la dureza y relativa cerrazón en la conducción de sus relaciones con el exterior. En el campo económico esa dureza se ha mostrado tanto en los impuestos a las importaciones como en las presiones a las grandes empresas para retornar sus plantas industriales en el extranjero a territorio norteamericano renunciando a la mano de obra barata en países como México, en acelerar la expulsión de migrantes indocumentados -actualmente detiene a dos mil diarios, en promedio-, en exigir a la Unión Europea que adquiera volúmenes masivos de energéticos norteamericanos o que haga inversiones directas igualmente sustantivas en su economía, etc.

En buena medida este endurecimiento de Estados Unidos en materia migratoria y de economía internacional está guiado por algo que si bien Romero y Navarro ya no pudieron conocer en su versión final si vislumbraron y es lo que hoy conocemos como la “Doctrina Bessent”, enunciada por el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent. Se trata un cambio en el régimen de las relaciones económicas externas de Estados Unidos. Y es con ese “nuevo régimen” que México ha tenido que renegociar y tendrá que seguir negociando T-MEC. Evidentemente la exigencia de subordinar abiertamente toda relación económica con Estados Unidos a la aceptación incondicional de los términos que exija Washington no será el mejor entorno para las revisiones anuales del T-MEC.

Es este ambiente de dureza económica y política de la gran potencia imperial lo que refuerza la conveniencia de poner sobre la mesa de nuestra discusión interna los puntos y enfoques desarrollados en la obra de Romero y Navarrete. Esos enfoques parten de hechos ya irrefutables: el mercado por sí mismo no lleva al desarrollo de un país, “sin política industrial no hay desarrollo posible…sin intervención estatal no hay industrialización…y sin industrialización no hay soberanía”. Para los autores la ausencia de una planta manufacturera plena y propia y no sólo ensambladora como es, por ejemplo, el caso de la industria automotriz, no hay aprendizaje y “sin aprendizaje no hay soberanía”. Y aquí conviene resaltar la definición de soberanía y es esta: “la capacidad de un país para dominar los procesos que definen su inserción en el mundo” y ese dominio implica “estrategias deliberadas de aprendizaje, innovación y acumulación de capacidades”. A su vez, esas estrategias sólo las puede diseñar y poner en práctica un Estado que sea “capaz de construir legitimidad y disciplinar intereses… pero también de inspirar confianza, generar consensos y sostener políticas de largo plazo”. Para los autores la meta de los responsables de dirigir la política nacional en ese largo debería ser el uso de sus recursos políticos para, en economía, construir cadenas de valor que generen “aprendizaje [local], innovación y autonomía tecnológica”.

Finalmente, una conclusión: si bien la legitimidad del régimen de la 4T ya se cimentó, hay que mantenerla viva vía la efectividad y esa efectividad demanda, entre otras cosas, disciplinar a las élites económicas. Pero aquí los obstáculos son serios pues buena parte de esas élites no son nacionales, sino que no sólo son extranjeras, sino que son norteamericanas y que pueden recurrir a los mecanismos formales de protección de un TEMEC neoliberal más a la generación de presiones políticas gracias a sus conexiones con la administración de Trump.

Y aquí entra también el concepto de nacionalismo, que Romero y Navarro ven como un elemento indispensable que ha acompañado la construcción de todos los casos que este estudio ha presentado como exitosos. Igualmente, en estos éxitos debe considerarse la creación de una burocracia cercana al modelo ideal weberiano: profesional, de carrera, con seguridad en su empleo, distante de la corrupción e identificada con la construcción y preservación del Estado nacional y no de intereses de grupo ni partidistas.

En fin, y resumiendo, subraya que los Estados exitosos de industrialización en el siglo XXI lo son, entre otras cosas, porque tienen soberanía tecnológica y es ahí donde debemos poner el acento en el presente y el futuro para abandonar nuestro estatus como país de industria maquiladora y dependiente: en el dominio de la nueva tecnología como prerrequisito de la verdadera soberanía, una soberanía no absoluta, pero si suficiente para no ser dependientes.

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¿Nos estamos quedando solos?

 

¿Nos estamos quedando solos?

Agenda Ciudadana

Lorenzo Meyer

"El proyecto imperial de Trump para reafirmar a su país como el gran e indiscutible poder dominante en el hemisferio pareciera imponerse sin grandes problemas".

No sería la primera vez que México tendría que recorrer en solitario el camino político que demanda la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos -lo hizo durante la Revolución- pero es de desear que las próximas elecciones en Brasil no le entreguen el poder a la derecha para que México pueda mantenerse en compañía de ese país en el empeño por hacer frente a la política imperial de Donald Trump.

Pese a lo asimétrico del choque, los indicadores llevan a concluir que en el Medio Oriente los Estados Unidos y su aliado Israel no han ganado la guerra que ellos mismos desataron contra Irán en febrero. Y esos indicadores no son otros que los objetivos públicamente anunciados por los propios atacantes y que hasta hoy no han alcanzado plenamente o que de plano ya fracasaron. Lo que el Presidente norteamericano se propuso lograr al anunciar al mundo su decisión de atacar a Irán era la rendición incondicional de ese país, la destrucción total de sus instalaciones nucleares, la destrucción del arsenal y de las fábricas de misiles balísticos iraníes, poner fin al apoyo de ese país a los grupos armados en la región -Hezbolá, Hamás y los hutíes- y, finalmente, cambiar el régimen teocrático de la antigua Persia por uno más afín a Washington.

Sin embargo, ahora lo que Trump intenta es algo menos espectacular: apenas negociar los términos de una tregua para evitar una crisis de la economía mundial por la disminución en el suministro de petróleo proveniente del Golfo Pérsico. Es evidente que Washington ha causado y puede seguir causando un gran daño a la infraestructura militar y civil de Irán, pero no ha logrado cabalmente ninguno de sus objetivos iniciales. Por otro lado, es claro que la resistencia de Irán ha modificado la configuración política de la región y no en el sentido deseado por los gobiernos de Washington y Tel-Aviv y que era poner fin al papel de ese país como potencia regional.

En términos humanos el costo pagado por Irán y sus aliados en el Líbano ha sido alto: tres mil 400 muertos en Irán y alrededor de cuatro mil el Líbano. Sin embargo, Irán ha sabido usar muy bien sus misiles y drones contra las bases norteamericanas en la región y, sobre todo, ha mostrado su capacidad para interrumpir el suministro de petróleo y fertilizantes al mercado mundial. Por eso y contra su voluntad, Trump se ha visto obligado a olvidar sus demandas de rendición incondicional y cambio de régimen y hoy se limita a buscar un acuerdo sobre cómo reducir el proyecto atómico del país de los ayatolas.

En contraste con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en el hemisferio occidental, particularmente en la América Latina, el proyecto imperial de Trump para reafirmar a su país como el gran e indiscutible poder dominante en el hemisferio pareciera imponerse sin grandes problemas, lo que para México no es una buena noticia. Veamos.

En Venezuela la “Presidenta encargada”, Delcy Eloína Rodríguez, cumple sin chistar lo que Washington le ordena sobre todo en materia petrolera. En Colombia el candidato presidencial de derecha recibe las felicitaciones de Trump y su Secretario de Estado, y al felicitarle le han asegurado todo el apoyo de Washington pues como le expresó Marco Rubio:“El futuro de Colombia está por venir”. Obvio que todo futuro está por venir, pero lo sustantivo de ese futuro es que el derechista De la Espriella, que como Trump transita sin escalas de empresario a Presidente, tiene como tarea impedir que Colombia quedara en manos de personas como Iván Cepeda, que según Trump es “un marxista radical”, y en cambio marche por el camino que ya recorren Argentina, Ecuador, El Salvador y que Chile también ya inició guiado por un personaje identificado con el pinochetismo. Y eso no es todo, sino que también el Perú que será gobernado por Keiko Fujimori también es candidato para añadirse a ese grupo en la medida en que el fujimorismo es un movimiento personalista y populista de derecha, aunque ante la señora Fujimori tendrá que mostrar que puede mantenerse al frente de una Presidencia particularmente inestable como es la peruana.

En fin, que en el futuro inmediato el proyecto que tiene como bandera a la llamada “Doctrina Donroe” tiene frente a sí un horizonte mucho más propicio que el que enfrenta en el Medio Oriente. Y vale cerrar este recuento reconociendo el creciente daño del bloqueo energético norteamericano a Cuba y el cerco que la derecha local apoyada por el Departamento de Estado a construido en torno a la Presidencia de Bernardo Arévalo en nuestra vecina Guatemala.

Fijemos ahora la atención en Brasil. Un eje Brasil-México englobaría al 51.3 por ciento de la población de América Latina y El Caribe y a dos de las economías más importantes de la región. Luis Inacio Lula da Silva es el Presidente latinoamericano con mayor experiencia para el cargo pues el actual es su tercer mandato, su ideología es de una izquierda moderada, Brasil es fundador del grupo de los BRICS y por ello y otras cosas se ha enfrentado a Trump y mantiene una buena relación con el Gobierno de México. Lula, pese a su edad -80 años- va en busca su cuarta reelección no consecutiva en este octubre. Y para ello tendrá que vencer al “bolsonarismo”, un movimiento de derecha encabezado por Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro -hoy en prisión por pretender dar un golpe de Estado contra Lula- y que según las encuestas es una corriente política en ascenso. En cualquier caso, la familia Bolsonaro mantiene relaciones personales con Trump y el apoyo abierto del mandatario norteamericano al vástago del expresidente golpista es un factor que sin duda jugará en la elección de octubre.

Bueno, ahora veamos a México. Desde la perspectiva del Gobierno de la 4T, al mal tiempo político para la izquierda continental debe ponérsele no una “buena cara” sino una batería de acciones que activen y refuercen la base de apoyo social al régimen. Hay que insistir en lo mucho que está en juego en la defensa de ese “primero los pobres” y de la soberanía mexicana frente a la avasalladora ofensiva del trumpismo. Hay que fortalecer las bases de la 4T con el discurso, pero sobre todo con la selección de buenos candidatos para las elecciones intermedias y con acciones eficaces y bien difundidas en materia de seguridad y combate a la corrupción, incluida la que se da dentro del partido en el poder. Hasta hoy, la derecha mexicana no encuentra un liderazgo y un proyecto nacional a la altura de su meta -poner fin al proyecto lopezobradorista- pero ya cuenta con la formación de un nuevo partido de cuadros, con el apoyo de los medios tradicionales de información, con la renuencia del gran capital mexicano a invertir más para sacar a la economía de su estancamiento y finalmente también cuenta con la presión sistemática de Washington sobre el Gobierno de Claudia Sheinbaum para hacerlo aparecer como débil e incapaz. La derecha mexicana y el gobierno de la potencia del norte van a insistir en minar al régimen de la 4T con la esperanza de transformar a México en una pieza más del proyecto trumpista en el hemisferio occidental.

Desde el 2016, al inicio de su primera campaña presidencial Trump encontró políticamente redituable caracterizar a México como un peligro para la seguridad y bienestar de su país. El hombre de negocios inmobiliarios neoyorkinos transformado en Presidente de la mayor potencia señaló como peligros para su país a la amplia y “desprotegida” frontera sur y al empleo de millones de indocumentados como la explicación de la pérdida de empleo de trabajadores norteamericanos, también del tráfico en gran escala de drogas ilegales aunque sin mencionar el papel central que jugaban tanto la demanda masiva de mano de obra indocumentada por parte de los empleadores norteamericanos como la demanda de drogas por los adictos en ese país ni la voluntad de sus vendedores para proveer de armas a los ejércitos privados de los carteles mexicanos. La caracterización inicial de Trump del peligro que viene del sur se mantiene hasta hoy como un elemento de cohesión que presenta al trumpismo como la única fuerza capaz de enfrentar y someter al peligro mexicano.

Finalmente, por lo que respecta al Tratado de Libre Comercio Trump lo caracteriza como un instrumento para “robarle” empleos a su país sin considerar que la enorme corriente de exportaciones mexicanas a Estados Unidos está básicamente en manos norteamericanas y que el gran crecimiento de esas exportaciones tiene lugar al mismo tiempo que el crecimiento del PIB mexicano se ha estancado, lo que indica que los más beneficiados por ese intercambio están al norte del Bravo.

En enero Trump declaró “vamos a empezar a atacar por tierra a los carteles [del narcotráfico]. Los carteles están controlando México”. Luego, el 6 de mayo afirmó que si México no hacía su trabajo en este campo Estados Unidos lo haría. Y el 17 de junio en la reunión del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) insistió en que México estaba “controlado por los carteles” y su Presidenta era “una mujer muy asustada.” ¿La pregunta que cierra esta columna es: ¿a dónde busca el autor de la “Doctrina Donroe” llevar su presión sobre México?

Es claro que el discurso de Trump -prepotente y brutal- y sus acciones no siempre se corresponden, pero a veces sí. La incertidumbre en la relación es entonces la norma y por eso es justo caracterizar a la actual como “La Era de la Mala Vecindad”. Si en el Medio Oriente la hegemonía norteamericana va en retirada, en nuestro continente no.

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