Concertación gobierno-televisoras

La Jornada

Mauro Jarquín Ramírez

La SEP presentó su estrategia de regreso a clases: una versión 2.0 del programa Aprende en Casa, ahora fortalecido por una estrecha colaboración con Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios. El acuerdo favorece a ambas partes: el gobierno aumenta el alcance de su programa educativo y desactiva el incipiente debate sobre el uso de plataformas digitales con miras al desarrollo de un modelo híbrido, y las televisoras reciben 450 millones de pesos, consolidan su compromiso social empresarial, incrementan el valor de sus acciones de mercado y fortalecen la presencia de sus fundaciones en el campo de la educación pública nacional. Dicha concertación es unsoplo de vidapor parte de la 4T, el cual partió de las posibilidades de acción brindadas por las circunstancias actuales.

El programa se presentó para dar respuesta a un problema concreto: la cobertura de los servicios educativos durante el tiempo en que las clases presenciales no pudieran reactivarse. ¿Podría plantearse una opción distinta de política en un país donde la accesibilidad a Internet es de 50 por ciento de los hogares, mientras la de la televisión es de 90 por ciento? Dada la premura y las condiciones reales, no parece ser muy probable.

No obstante, la polémica decisión provocó críticas tanto de tirios como troyanos, quienes la han señalado de insuficiente, inequitativa, privatizadora, improvisada, etcétera. Sin embargo, el que aparentemente exista un disenso común respecto de la política educativa federal no significa que quienes disienten busquen lo mismo.

En el debate educativo actual podemos ver dos grandes narrativas: por un lado se encuentra la perspectiva liberal-tecnocrática, preocupada particularmente por las evaluaciones de impacto de los programas, la evidencia disponible para la toma de decisiones en los procesos de gobierno y el logro de resultados cuantificables. Debido a su primacía por la eficiencia y resultados, ha apoyado sistemáticamente la incursión al debate educativo de actores privados, corporaciones y filantrocapitalistas, que han puesto por delante una supuesta capacidad para ayudar a mejorar los niveles de rendimiento en las escuelas, ya sea con la elaboración de estándares educativos, el desarrollo de alianzas público-privadas, etcétera. Para esta perspectiva, la respuesta del gobierno es incierta porque, pese a ser una continuidad del programa Aprende en Casa, no cuenta con información clara sobre sus resultados. Es esencialmente un problema de diseño y evaluación.

Por otro, se ubica la tradición democrático-popular, que si bien exige claridad en programas y resultados, pone énfasis en el desarrollo de las políticas a partir de sus efectos respecto de las comunidades educativas, el magisterio y el gobierno educativo. Dado que su análisis de la política pública parte de la escuela, las experiencias cotidianas de la práctica pedagógica constituyen el pilar de sus reflexiones. Esta tendencia ha buscado ampliar el margen de autonomía del trabajo docente, así como la integración de lógicas comunitarias en los planteles. Derivado de ello, persiste una preocupación permanente respecto al carácter público de la educación, tanto en su financiamiento como en sus contenidos y en la toma de decisiones. Para esta tendencia, la concertación entre SEP y televisoras representa un paso más en el camino de la privatización, lo cual genera también implicaciones en el proceso pedagógico. No estamos sólo ante un problema de falta de planeación, sino frente a un reto para la preservación de la escuela pública.

La concertación avanza en la privatización educativa en las transferencias de recursos del sector público al sector privado, la redistribución de responsabilidades entre sector público y privado en la política educativa e incremento del protagonismo de actores privados en el proceso político. Una decisión que puede plantearse como solución necesaria, pero que puede convertirse en un nuevo problema.

Lo anterior es parte de una inercia en que la autoridad educativa federal ha decidido dar respuesta a problemas y necesidades por la vía empresarial, sin mayor participación sustantiva del magisterio en sus deliberaciones. Mientras el titular de la SEP encuentra en el sector privado las ideas y las propuestas para dar forma al sistema educativo, pareciera percibir al magisterio como gran colectivo que históricamente ha trabajado en las aulas –y ahora desde casa– a contracorriente, sin necesidad alguna de reconocimiento real a su trabajo, más allá de un bien armado y repetitivo discurso de unidad.

La cada vez mayor dependencia de la educación pública respecto de la iniciativa privada es producto de una larga hegemonía liberal-tecnocrática en la burocracia educativa nacional. Tengamos cuidado con suscribir cualquier señalamiento hacia la propuesta educativa de la 4T, porque también en el camino de la crítica las derechas buscan perpetuarse.

*Politólogo

Twitter: @MaurroJarquin

Corporaciones, Big Data y la educación que viene

Mauro Jarquín Ramírez*

Esteban Moctezuma concluyó su mensaje al Consejo Técnico Escolar del mes de junio afirmando que un millón de maestros habían sido capacitados por Google para Educación en el uso de su plataforma G Suite, tal como había sido adelantado en el boletín número101 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto fue producto de una alianza público-privada entre el gobierno federal y la empresa tecnológica que planteó originalmente desarrollar una estrategia auxiliar de educación a distancia ante el generalizado cierre de escuelas. Sin embargo, más que una estrategia auxiliar, la relación entre la SEP y una corporación central del oligopolio mundial del conocimiento será un elemento constitutivo de la educación nacional post-pandemia.

Según el secretario de Educación, México ha dado un paso gigante en la adopción –no desarrollo– de tecnología educativa. La página web de la Estrategia de Educación a Distancia afirma que se busca establecer las bases de un sistema de educación a distancia sustentable y escalable, y contribuir a que los estudiantes refuercen las habilidades digitales para los trabajos del futuro. En la práctica, la SEP ha dado un paso sin precedente en la incorporación de grandes corporaciones tecnológicas a la política educativa oficial. Algo que sin lugar a dudas debe ser motivo de un gran debate público, partiendo de la experiencia internacional sobre el uso de dichas herramientas y sobre el papel que tales empresas han tenido en el debate educativo.

La incorporación de tecnología digital se potenció en todo el mundo como efecto de la pandemia. De esta forma, también se ha visto el incremento en el uso de tecnología Big Data (capaz de almacenar y analizar enormes cantidades de datos recopilados a partir de los patrones de búsqueda e intercambio virtual de los usuarios, con miras a generar diagnósticos o brindar soluciones). Tal incorporación tecnológica en las escuelas ha sido justificada con la enunciación de una serie de ventajas que, a juicio de proveedores de servicios tecnológicos y burócratas educativos, conlleva para el aprendizaje de los estudiantes. Entre estas se encuentran: a) la posibilidad de concentrar y analizar grandes volúmenes de datos con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones; b) desarrollar programas de aprendizaje personalizado para los estudiantes y c) incrementar la productividad del trabajo docente. De fondo persiste una visión atomizada respecto a los protagonistas del sistema educativo, objeto de análisis, medición, evaluación y predicción computarizada.

Pese a las ventajas anunciadas de la modernización de los sistemas educativos y el uso de Big Data, no son pocos los riesgos que podrían cuando menos generar escepticismo respecto al rumbo de este proyecto: a) espionaje y manejo lucrativo de los datos obtenidos por las plataformas, que se ha evidenciado con los distintos procedimientos que ha enfrentado Google por hacer uso indebido de los datos de usuarios; b) afectaciones en los procesos de socialización educativa de los estudiantes, debido a los cambios en la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante; c) consolidación del desplazamiento del espacio de toma de decisiones sobre educación, de las comunidades educativas a las empresas contratistas del gobierno, lo cual podría impulsar una gobernanza corporativa de la educación, orientada ahora por criterios técnicos; d) mayor control centralizado del trabajo docente y e) transferencias de recursos del sector público al sector privado, como efecto de contratación de servicios de software y hardware.

Es importante también considerar que los efectos buscados del uso tecnológico en educación responden en gran medida a proyectos políticos. Al parecer, dichos proyectos impulsados por las corporaciones ahora aliadas de la Nueva Escuela Mexicana, no han sido reflexionados. En la página oficial del programa Aprende en Casa, es posible encontrar una sección de Agradecimientos especiales a organizaciones que de distintas formas colaboraron con su desarrollo. Entre algo que parece un catálogo de empresas y fundaciones, aparecen Microsoft y Facebook.

La historia de Microsoft y la fundación Bill & Melinda Gates (que se reconoce independiente pero mantiene una agenda de trabajo vinculada a los negocios de la empresa) en el debate educativo es bien conocida. Han sido soporte de procesos de privatización educativa en el contexto estadunidense, ya sea con el impulso de escuelas chárter, el pago por mérito al trabajo docente o el apoyo para la realización del documental Waiting for Superman, inspiración de la película De Panzazo. Por su parte, Facebook ha sido también señalado por el uso indebido de datos, ejemplo de ello fue el escándalo de Cambridge Analytica. Al igual que con Microsoft, su incursión en la escuela pública ha sido apoyada por el filantrocapitalismo, ahora de Mark Zuckerberg y la polémica Chan Zuckerberg Initiative, que ha generado programas de aprendizaje personalizado criticados por su excesivo enfoque hacia el aprendizaje digital. En la práctica, Google, Microsoft y Facebook no son necesariamente elementos aislados, dada la posibilidad de su integración.

El gran paso hacia la tecnología educativa se realiza en un sistema educativo desigual. La revalorización del trabajo docente –cliché del discurso oficial– podría iniciar por atender las necesidades básicas de las escuelas e impulsar una formación tecnológica sólida en el magisterio, apoyada quizás en las instituciones públicas de educación superior a lo largo del país y el fortalecimiento del software libre. Pero ha optado por facilitar la mina de oro de datos de maestros y estudiantes.

Ante el riesgo de una mercantilización educativa generalizada en el plano de lo intangible, la reorganización (lucha) magisterial y de las comunidades educativas resulta impostergable.

*Politólogo

Twitter: @MaurroJarquin

¿Quién reconstruirá el sistema educativo?

Mauro Jarquín Ramírez*

▲ En el contexto del Día del Maestro, algunos docentes salieron de sus carros a manifestarse y exigir el pago de su bono completo; con cubrebocas, mascarillas y su sana distancia gritaron consignas frente a Palacio de Gobierno mexiquense.Foto Cuartoscuro

El pasado 7 de mayo Esteban Moctezuma se unió a la Junta Nacional Virtual con la Comisión de Educación de la Coparmex en un ejercicio de rendición de cuentas sobre la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la pandemia de Covid-19. La Comisión –cuyos orígenes se remontan hacia los años 70, en plena disputa entre la confederación empresarial y el gobierno de Luis Echeverría por el contenido socializante de los libros de texto– está actualmente encabezada por Luis Durán, presidente y director general de Laureate International Universities México y consejero de Aspen Institute México, la organización que con financiamiento de fundaciones empresariales realizó el Laboratorio de Educación, a través del cual el gobierno federal buscó legitimar la continuidad de una reforma educativa gerencial.

Este acercamiento no es algo fortuito ni coyuntural. Una herencia aún vigente del Salinismo es la atenta recepción que las autoridades federales han mostrado respecto a las percepciones y propuestas del sector privado en materia educativa. Actor que, por cierto, se ha integrado cada vez más –ya sea por la vía de sus cámaras o sus ramificaciones en la sociedad civil– a los procesos de deliberación sobre políticas, impulsando propuestas, programas específicos o formas de gestión del trabajo docente.

En la reunión, el secretario afirmó que el sistema educativo no se había paralizado, que los estudiantes seguían aprendiendo y que el impulso a la digitalización sería determinante para el futuro educativo nacional.

Lo dicho resulta al menos desafortunado si recordamos que al momento de tales declaraciones las cifras oficiales marcaban ya 2 mil 961 muertes por el nuevo coronavirus, una de cada tres familias mexicanas reportaba una disminución de 50 por ciento en sus ingresos mensuales, el desempleo se veía en aumento y la violencia familiar y de género se disparaba a lo largo del país.

Lo anterior aunado a una circunstancia de distanciamiento necesario para poder superar la contingencia.

De lo mencionado por Moctezuma Barragán se pueden desprender dos comentarios y una duda importante.

Parece ser que aún sigue vigente en la SEP una visión estrecha de la naturaleza y relevancia del sistema educativo en nuestra sociedad.

¿Cómo afirmar que el sistema educativo sigue trabajando cuando el dolor y la incertidumbre se han ubicado en el centro de la vida cotidiana de los estudiantes? O más preocupante aún, ¿cómo pensar que la única condición para que un sistema educativo avance es que los estudiantes aprendan contenidos particulares? Quien en algún momento ha pisado una escuela sabe perfectamente que el aprendizaje no es un elemento aislado, sino forma parte de un abanico de situaciones, prácticas y vivencias que le dan sentido a la educación. En todo caso, el aprendizaje es socialmente relevante cuando se comparte, cuando se desarrolla en común y cuando permite construir preguntas y resolver problemas de nuestra vida cotidiana. En ello, el bienestar emocional y el contacto humano resultan fundamentales.

Desde luego, hay otras perspectivas sobre el problema. Por ejemplo, aquellas que encuentran en el aprendizaje una condición sine qua non del capital humano; es decir, que conciben a la escuela y sus efectos individuales como elementos centrales para la generación de ganancia y producción de valor de cambio. Bajo esta concepción, quien aprende se guía bajo una lógica maximizadora, calculada y ajena al contexto social en el que se encuentra. Sin embargo, parte de una lectura muy cuestionable sobre la naturaleza humana, además de responder específicamente a los requerimientos del mercado de trabajo y no al imperativo complejo del bienestar en nuestras sociedades.

Si bien la narrativa oficial anuncia que el programa Aprende en Casa es seguido por ocho de cada 10 docentes y nueve de cada 10 alumnos, las evidencias de quienes trabajan día con día en las escuelas y conocen sus comunidades de trabajo no respaldan tal afirmación. A las muy conocidas desigualdades en el acceso a la tecnología se suma el hecho de que el hogar no es necesariamente el mejor ambiente para fomentar el aprendizaje. Además, los tiempos determinados para el desarrollo de contenidos no siempre son suficientes. Por otro lado, a pesar del respaldo neocorporativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al programa del gobierno federal, no ha sido sencillo para el profesorado mantenerse en contacto con los estudiantes, mucho menos si trabajan en comunidades rurales en donde no siempre viven.

Pese al home office docente y a lo que algunas autoridades educativas parecieran considerar un home schooling transitorio, el sistema educativo ha sido golpeado profundamente por la pandemia y es importante aceptarlo porque después de la contingencia será importante atender cada una de sus grietas.

Por otro lado, la digitalización de los procesos educativos ha resultado ser un componente fundamental en la respuesta de los gobiernos al cierre de escuelas, pero está lejos de ser una panacea a los problemas de accesibilidad, logro educativo y desarrollo profesional del magisterio. Como ha apuntado, entre otros, el pedagogo Philippe Meirieu, el uso acrítico de las herramientas digitales podría generar problemáticas a nivel de los procesos evaluativos y el trabajo docente. Pero también, hay que decirlo, podría abrir nichos de mercado que cuestionarían la condición de gratuidad del sistema educativo nacional.

Con lo anterior, podemos decir que el secretario parece vivir en un escenario donde la negación de los problemas se ha convertido en su solución, pero debemos tomar en cuenta que después de este momento crítico en la historia educativa nacional, las cosas no serán como antes, o no exactamente como antes. Si bien es un imperativo concluir el ciclo escolar en todo el país para preservar la salud y la vida de las poblaciones, es también momento para hacer preguntas respecto a hacia dónde caminar, qué aspectos del sistema educativo atender y cómo comenzar. Una que considero fundamental es: ¿Quién reconstruirá el sistema educativo tras la pandemia?

Aprovechando la cercanía con el gobierno y alejados sustancialmente del trabajo cotidiano en las escuelas, grupos privados de interés han alzado la mano, con propuestas que van desde el desarrollo de un currículum educativo nacional ante emergencias por organizaciones civiles pro empresariales, hasta la profundización de la digitalización educativa.

Ya veremos si el ingreso a la nueva normalidad significa también un rostro más explícito del gobierno empresarial de la educación.

* Politólogo

Twitter: @MaurroJarquin

La Nueva Escuela Mexicana en tiempos de pandemia

Mauro Jarquín Ramírez*

La Nueva Escuela Mexicana se halla en una encrucijada. Los efectos de una crisis económica de larga data coincidente con la del Covid-19, cuestionarán las limitaciones del fundamento gerencial del proyecto educativo lopezobradorista. Y es que la escuela no sólo tiene que educar para la vida en las circunstancias existentes, sino también generar cuestionamientos sobre el origen de tales circunstancias.

Es preciso decir que la SEP reaccionó correctamente ante la contingencia. Con prontitud adoptó la suspensión de las actividades escolares para mitigar la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus, pese a los costos socioeconómicos que ello representa. Sin duda, se tomó en consideración el contexto de las escuelas. La condición desigualde nuestro sistema educativo ha combinado históricamente la inequidad en infraestructura, la sobrepoblación por salón, así como la insuficiencia de insumos de higiene, personal de salud y atención especializada en los planteles. En las circunstancias actuales, esto representa un escenario desfavorable para el bienestar de las comunidades educativas, integradas por casi 40 millones de personas entre estudiantes, profesorado, personal administrativo y de asistencia.

Como afirmó Esteban Moctezuma en el pasado consejo técnico escolar, con ello las autoridades buscan achatar la curva de infección, aunque esto representa también una oportunidad para ganar tiempo en el diseño de una estrategia ante lo que viene luego del aislamiento, sea en abril o hasta agosto. Entonces se tendrán que tomar medidas para atender los efectos negativos del paro de actividades, como deserción escolar y afectación al logro educativo, así como continuar políticas de monitoreo de la salud de los alumnos. Estamos ante una larga epidemia, como reiteradamente ha afirmado López-Gatell.

El gobierno mexicano ha desarrollado un programa de educación a distancia. Aprende en Casa, alternativa para mantener actividades educativas durante el periodo de contingencia utilizando tanto Internet como algunos canales de televisión pública. De cualquier forma, las condiciones sobre las cuales se lleva a cabo el aprendizaje desde casa no son siempre favorables, ya sea por ambientes hostiles, falta de oportunidades de acceso a la tecnología o de pericia en su uso. Este programa terminará por profundizar la desigualdad entre hogares, que expresa también de las oportunidades de aprendizaje en el sistema.

Sin embargo, este escenario ha sido una oportunidad para experimentar masivamente las bondades de la educación a distancia y las plataformas digitales de aprendizaje. A dicho experimento han acudido ya gigantes de los edu-bussines y empresarios interesados en la tecnología educativa, como Microsoft y Carlos Slim. La creación de futuros nichos de mercado está a la orden del día.

Según el secretario de Educación, cuando se presenta una crisis es importante ver qué oportunidades nos abre. Esta crisis nos presenta, cuando menos, dos oportunidades: tomar en serio el pensamiento crítico, elevado ahora a rango constitucional e impulsar una discusión pública sobre el financiamiento educativo nacional.

Sobre al pensamiento crítico, es preci-so superar la moda del desarrollo de ha-bilidades para la resolución de problemas prácticos inmersos en la sociedad del conocimiento. El escenario que se presentará en México, después de la pandemia, requerirá el incentivo a la construcción de interpretaciones holísticas desde las escuelas, las cuales pueden partir de la pregunta ¿por qué?

Vincular al pensamiento crítico con las dimensiones sociales de su realización exigirá entonces problematizar temáticas como la desigualdad o las distintas expresiones de malestar social en el mundo contemporáneo. Existe una clara ausencia de esto en el proyecto educativo de la 4T. La educación financiera entendida como vía a la bancarización de la infancia o la educación musical, en tanto realización de un proyecto patrimonialista con sello empresarial (Orquestas Esperanza Azteca) son prueba de ello. Ni qué decir de la ausencia de un programa nacional de fomento al pensamiento crítico en la alimentación, en un país con graves problemas de sobrepeso y obesidad infantil… y un contexto donde la pandemia está afectando más a personas con obesidad y diabetes.

Los cuestionamientos derivados de este ejercicio didáctico del pensamiento crítico podrán ser el aporte innovador de la Nueva Escuela Mexicana en la construcción de una sociedad más democrática, por la vía de la formación de una ciudadanía atenta a las problemáticas públicas.

La contingencia ha mostrado la necesidad de una discusión pública sobre el financiamiento educativo, más allá del consenso neoliberal de hacer menos con más. En efecto, fortalecer la lucha contra la corrupción es clave para optimizar el uso de los recursos públicos, pero dadas las dimensiones y desigualdad del sistema educativo, ampliar la proporción del gasto hacia el sector resulta básico para la atención de las profundas disparidades que enfrentan día a día miles de escuelas. En este sentido, se requerirá hacer efectivo el gasto público anual en educación equivalente a 8 por ciento del PIB, tal como lo estipula la Ley General de Educación.

Ante la crisis, el sistema educativo debe responder con preguntas profundas que ayuden a pensar por qué estamos aquí y para hacerlo es importante brindar a las escuelas condiciones dignas de funcionamiento. Por ello, será preciso un apoyo y reconocimiento sustancial del gobierno hacia el profesorado, quien desde ahora comienza a hacer frente a los estragos de la pandemia.

*Politólogo

Twitter: @MaurroJarquin

Torreón y Columbine: violencia y seguridad

Mauro Jarquín Ramírez*

La vestimenta del agresor no es la única semejanza entre las tragedias de Torreón y Columbine. Ambas ocurrieron en colegios de excelencia académica; las dos gozaron de una cobertura mediática excepcional; comparten además ser el último eslabón de la larga cadena de violencias que México y Estados Unidos reproducen en sus sistemas educativos y por igual generaron como respuesta políticas de seguridad en el espacio escolar.

Para poder encontrar soluciones a los problemas de violencia que vive nuestro sistema educativo, es importante revisar las experiencias previas de otros actos trágicos, más allá de la espectacularidad con la cual ha sido tratado el tema por ciertos medios de comunicación y autoridades. El asesinato de personas al interior de una escuela es de hecho un síntoma, sumamente doloroso, de una desfavorable condición sistémica que, constituida por varias expresiones de violencia (sexo-genérica, étnica, clasista, etcétera) se ha desplegado a lo largo y ancho de nuestro sistema educativo, en todos los niveles.

Tomar esto en consideración nos permite superar ciertas posiciones idealistas que consideran a la escuela como un espacio impoluto, autónomo de la vida social en la cual se encuentra inmersa. Un espacio que, en todo caso, debe ser protegido de amenazas externas que puedan generarle un daño determinado. Tal perspectiva es el punto de partida de distintas políticas de carácter inmunitario que, en la búsqueda de preservar la armonía en los espacios escolares, asientan el problema de violencia escolar, circunscribiéndola únicamente a agentes peligrosos, que representan una amenaza a la comunidad educativa. Es por ello que la primera aproximación a la tragedia de Torreón se realizó en función de la presunta inspiración de un videojuego hacia el asesinato, para después señalar un acto de 20 años atrás.

Tal lógica es, a todas luces, equivocada. La escuela no es un espacio libre de violencia. La escuela vive y reproduce un amplio abanico de violencias en el bullying, el ciberacoso, el autoritarismo docente, el trato de las familias hacia los estudiantes, el currículum oculto de los planteles, etcétera. En distintos sentidos, es la escuela misma la que desarrolla y reproduce la violencia que ha derivado en grandes tragedias como Columbine y Torreón. ¿Acaso no recordamos los casos de acoso sexual en escuelas primarias? ¿O el sistemático bullying del que son objeto miles y miles de estudiantes en las más distintas condiciones socioeconómicas?

Reconocer esta realidad no es culpar a la escuela de los males de nuestra sociedad. Al contrario, nos invita a reconocer la gran dificultad que tienen los planteles educativos en atender prácticas plenamente institucionalizadas en el entorno en el cual se encuentran. Esto nos permite impulsar un enfoque de prevención de la violencia que ponga por delante el bienestar de los estudiantes y no únicamente su seguridad. Después de Columbine, las políticas de seguridad tomaron un nuevo aire, ya que habían sido llevadas a cabo desde los años 80 bajo el lema de tolerancia cero, el cual partía de la idea de que la mejor forma de disminuir el crimen en las escuelas era el señalamiento y la punitividad. En este contexto, se impulsaron políticas de control y disciplinamiento del espacio escolar enfocadas a incrementar la seguridad en los planteles, por ejemplo, con la contratación de servicios de seguridad privados, la revisión de mochila con rayos X y cámaras, entre otros. No obstante, la evidencia empírica nunca mostró resultado claro sobre su efectividad; de hecho, efectos negativos se hicieron patentes, tanto a escala de la integridad de los estudiantes, como en el rubro de su desempeño académico. Ello sin tomar en consideración el gasto incremental que dichas políticas representaron para algunas escuelas, con el fortalecimiento de un redituable mercado de seguridad privada escolar.

Ante la tragedia de Torreón, es comprensible que la respuesta inmediata del gobierno sea revivir el programa Mochila segura, debido a que, pese a su costo e ineficiencia señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, permite generar una sensación de seguridad a muchas angustiadas familias, bombardeadas por el espectáculo mediático. Lo que no se entiende es cómo, a más de un año de inicio de su gestión, la actual Secretaría de Educación Pública no haya desarrollado un programa nacional de pacificación escolar, que consista en construir paulatinamente y de manera transversal el bienestar necesario para atender la diversidad de casos de violencia en las escuelas.

Impulsar un programa de esta naturaleza requerirá más que hacer de las familias y el profesorado los policías de las escuelas; se necesita formación docente, atención sicológica en los planteles educativos, programas sólidos de educación para la no violencia, que tendrían como antecedente el Proyecto de Educación para la Paz y Derechos Humanos impulsado por Pablo Latapí a finales de la década de los 80. Estas políticas podrían armonizarse con los trabajos del fantasmal Consejo para la Construcción de la Paz, presente en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ausente en el trabajo cotidiano.

Construir paz desde las escuelas requiere de una auténtica política de Estado.

Por cierto, hace algunos meses la SEP invitó a empresarios cerveceros de Constellation Brands a deliberar sobre el futuro educativo de nuestra nación, y participaron en el Laboratorio Educativo de Aspen Institute y Méxicos Posibles. En días recientes, contra las denuncias ciudadanas y el riesgo ecológico, se ha anunciado que dicha cervecera, en Mexicali, va, ya que no representa peligro alguno al abasto de agua. Habrá que recordarle al gobierno que anteponer los intereses privados a los del pueblo no es necesariamente procurar la paz

* Profesor FFL-UNAM

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Los think tanks de la Nueva Escuela Mexicana

Mauro Jarquín Ramírez

Aspen Institute es un think tank fundado en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Su interés se ha dirigido históricamente a la defensa del libre comercio entre América Latina y nuestro vecino del norte, el fomento a la inversión extranjera directa en la región y la generación y fortalecimiento de organizaciones civiles situadas en Latinoamérica estrechamente vinculadas a ciertos sectores de la clase política estadunidense.

Desde principios de la década de los 90, se ha interesado en la construcción –y ejecución– de un proyecto de reforma educativa en la región asociado a un nuevo modelo de desarrollo. Como compañero de ruta en tal empresa educativa, Aspen ha colaborado con Interamerican Dialogue, otro poderoso think tank creado a principios de la década de los 80. Por años, Dialogue ha impulsado programas de reforma educativa gerencial en América Latina apoyado por grupos empresariales, asociaciones civiles vinculadas a corporativos y otras fuerzas políticas. Ambas organizaciones comparten un logro en común: influir directamente en la conformación de la Nueva Escuela Mexicana.

Los think tanks pueden ser definidos como entidades generadoras de conocimiento aplicable al desarrollo de políticas públicas. Para tener éxito, echan mano de mecanismos de difusión de sus ideas, tales como campañas mediáticas, reuniones con políticos de alto nivel y foros de discusión con otras organizaciones. Mantienen su trabajo gracias a aportes brindados por fundaciones corporativas y consorcios empresariales, quienes pueden colocar varios intereses en la agenda de dichas organizaciones. Aunque la intervención de think tanks estadunidenses y sus redes internacionales en la política educativa nacional no es un tema nuevo, sí es novedosa la forma con la cual el fenómeno se ha presentado en el actual proceso de reforma. Si antes dichas organizaciones se hacían presentes con fines de consultoría, a solicitud de instancias gubernamentales, ahora han pasado a formar parte del proceso político mismo, ya sea realizando trabajo logístico (Aspen), dotando de contenido a determinadas políticas (Dialogue) o desarrollando iniciativas constitucionales (México Evalúa).

El alcance político de tales organizaciones se mostró con claridad el pasado 8 de octubre con la presentación del Laboratorio de Educación, un proyecto realizado entre la organización Méxicos Posibles y Aspen Institute, con colaboración de la consultora internacional Reos Partners, vinculada en otro momento a Todos pela Educação, una organización hermana de Mexicanos Primero, situada en Brasil. El acto fue presidido por el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, acompañado de políticos de distintos partidos, integrantes de Mexicanos Primero, autoridades educativas locales y representantes sindicales del magisterio, tanto oficiales como disidentes.

El Laboratorio inició sus trabajos en noviembre de 2018 con la finalidad de apoyar los esfuerzos de transformación de la educación para mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes de México. Para ello, se convocó a actores clave de los sectores público, privado y social. Entre ellos podemos encontrar a David Calderón y Jennifer O’Donoghue (Mexicanos Primero), Patricia Vázquez (ex consejera del INEE), Irán Santiago (Morena), Enrique Ku (Conalep), Beatriz Paredes (PRI), Carlos Jonjitud (hijo del ex dirigente del SNTE) y Víctor Zavala (CNTE), entre otros.

Por otro lado, los trabajos del Laboratorio contaron con un significativo financiamiento de fundaciones privadas tradicionalmente interesadas en intervenir en el campo educativo, como Coppel Comunidad, Fundación Bimbo, Fundación Cinépolis, Fundación UVM, Grupo Salinas y el SNTE.

Más allá de la composición del grupo, resultan interesantes los resultados y conclusiones obtenidas a partir del trabajo que el equipo llevó a cabo durante casi un año, los cuales embonan claramente con el contenido de los cambios constitucionales y las nuevas leyes secundarias. Estos resultados tomaron forma de proyectos educativos que buscarán probarse a nivel piloto, para posteriormente ser lanzados a escala nacional. Hay algunos elementos preocupantes. Tales como:

Asignación presupuestal directa a las escuelas con el fin de aumentar las posibilidades de resolver problemas identificados por la comunidad y desarrollar proyectos propios. Dicha propuesta, elemento constante en las políticas de autogestión escolar, representa un riesgo para la condición de gratuidad en la educación. Al ampliar el margen de intervención de los padres de familia, se amplían también sus responsabilidades con respecto a las necesidades de manutención escolar.

Educación para la paz y participación ciudadana en el modelo pedagógico y en el currículo. Al igual que en las leyes secundarias, se mantiene el esquema de gobernanza en educación, que en términos concretos ha significado la inclusión de grupos privados, representantes de la sociedad civil, a la esfera de toma de decisiones sobre el destino educativo nacional.

Liderazgo escolar que ejerce el directivo. Con ello se busca que éste se constituya como el agente disciplinario del espacio escolar. Sin embargo, la mejora educativa no requiere más coerción, sino cooperación entre quienes integran las comunidades educativas.

La primavera de los think tanks ya está aquí. Y ante el soberbio arribo del conocimiento experto apuntalado por el nuevo oficialismo, la apuesta vigente es aún construir futuros desde nuestras escuelas.

Profesor FFL/UNAM

Twitter: @MaurroJarquin

Nueva Escuela Mexicana ¿una política de importación?

Mauro Jarquín Ramírez*

La Jornada

Durante una reunión de discusión sobre la Ley General de Educación, legisladores de Morena le preguntan a una reconocida investigadora educativa: ¿qué significa literacidad? Buscando la mayor certeza posible, ésta les responde con una definición encontrada en una página web especializada. ¿Eso qué significa? insisten los legisladores con un claro gesto de incomprensión. ¡Pero ustedes lo aprobaron! exclama ella, abriéndose paso a unos momentos de profundo silencio.

Al igual que excelencia y calidad en la educación, literacidad forma parte del cuerpo conceptual de la reforma educativa de la 4T expresada tanto en los cambios constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo como en las leyes secundarias aún en discusión.

Lo anterior nos muestra cómo, debido a la inédita legitimidad de origen del actual gobierno, no ha sido sencillo –ni para los propios legisladores– problematizar un ordenamiento conceptual ajeno a la realidad y tradiciones pedagógicas nacionales, y estrechamente vinculado con ciertas tendencias internacionales de reforma educativa gerencial. Basta con dar seguimiento a los discursos y presentaciones oficiales, leer los documentos del gobierno y analizar sus propuestas para comprender que la actual reforma educativa parece referirse a una política de importación de principios, metas y estrategias respaldada por los promotores de anteriores reformas educativas, sean actores del campo educativo nacional o instituciones multilaterales. Lo anterior puede encontrarse, por ejemplo, en temas relativos a determinados contenidos educativos, propuestas de administración y organización escolar, así como en políticas de atención a la primera infancia.

Con respecto los nuevos contenidos, literacidad es un anglicismo que refiere a literacy, definido por la OCDE como la capacidad de comprender y emplear información impresa en las actividades diarias con el fin de lograr determinados objetivos. En política educativa, es también un rubro de evaluación de la calidad educativa, posicionado a escala internacional gracias a la relevancia que la OCDE ha logrado adquirir en sistemas educativos en el mundo, dada la difusión de la prueba PISA durante las pasadas dos décadas. La centralidad de tal asignatura ha sido tal que distintas investigaciones han mostrado cómo desde el inicio del presente siglo se ha posicionado junto a las habilidades matemáticas en el foco de atención de sistemas educativos en detrimento de otros contenidos académicos. Lo anterior ha permitido la continuidad de políticas de estandarización educativa en evaluación y currículo con todo y los efectos imprevistos reconocidos abiertamente en la investigación académica de distintas latitudes e incluso por la propia Unesco hace algunos días. Si bien las capacidades de lectura habían adquirido relevancia desde los gobiernos panistas, nunca se habían situado en rango constitucional, lo cual nos habla de una particular tendencia político-pedagógica imperante en el diseño de la nueva normatividad educativa. Esto garantiza, por otro lado, la continuidad de la prueba PISA en las escuelas mexicanas no sólo como una herramienta de diagnóstico sobre el estado de la educación en terrenos específicos, sino también como un mecanismo de gobernanza educativa que opera en función de los resultados obtenidos en contraste con las metas unilateralmente establecidas.

En materia de organización y administración escolar, el anuncio de la desapa-rición del Inifed y la posible asignación directa de recursos económicos a las escuelas –con todo y la consecuente redistribución de responsabilidad entre los actores educativos– nos pone frente a un escenario en el cual las políticas sexenales parecen caminar también hacia una ruta de autonomía de gestión de carácter gerencial. En este rubro, será el BID el encargado de identificar los desafíos y oportunidades del proyecto escolar de la 4T, así como de apoyar en el intercambio de mejores prácticas sobre gestión escolar. La anunciada cooperación técnica, solicitada por la Subsecretaría de Educación Básica, resulta preocupante debido a la naturaleza de las propuestas del BID en temas de gestión escolar, más enfocados en la construcción de alianzas público-privadas para la solución de problemáticas específicas, que en la participación democrática de las comunidades escolares en la vida cotidiana de los planteles educativos. La experiencia internacional nos ha mostrado que a mayor margen de autonomía en las escuelas en materia financiera y de gestión, mayor es la tendencia a la generación de alianzas público-privadas para la provisión de servicios o la resolución de problemas, de los cuales el Estado deja de hacerse cargo parcialmente. Es en distintos sentidos una ruta a la privatización educativa.

Por otro lado, la estrategia de atención a la primera infancia –por cierto, tan necesaria en un contexto de marginación y violencia hacia los infantes de nuestro país– recién anunciada por el gobierno federal, se inscribe en una campaña regional de inversión temprana en capital humano, iniciada hace un par de años bajo el auspicio de instancias multilaterales, organizaciones del sector privado y think tanks regionales, con la participación abierta tanto de Ernesto Zedillo como de Claudio X. González Guajardo y sus organizaciones.

Sin lugar a dudas, la propuesta educativa de la 4T se ha nutrido de distintas voces, entre las cuales sobresalen los órganos de gobernanza educativa global-regional y actores privados nacionales. Mientras tales actores –señalados abiertamente como conservadores por el titular del Ejecutivo– se reúnen y comparten mesa con las autoridades educativas federales para dar forma al proyecto sexenal, el magisterio se encuentra preocupado por la falta de claridad respecto a su estabilidad laboral y el futuro del normalismo ¿Coincidencia o estrategia?

*Politólogo / profesor FFyL-UNAM

Twitter: @MaurroJarquin