¿Nos robará el tren el paraíso?

Paloma Escalante Gonzalbo*

Quienes leen los artículos, las denuncias, las solicitudes de amparo y de suspensión contra el Tren Maya desde las diversas ciudades del país, seguramente imaginan que en la península de Yucatán caminamos por frondosas selvas llenas de animales libres entre la exuberante vegetación y encontramos pueblos mayas que trabajan sus milpas en sus territorios ancestrales, realizan sus rituales y viven en paz.

Cuando recorremos los caminos y poblados, lo que encontramos son comunidades, unas mayas, otras mestizas, que son ejidatarios, que tienen tierras ejidales, los territorios ancestrales se perdieron hace siglos, quienes producen cada vez menos por las sequías de los años recientes, que se ven en la necesidad de migrar para buscar empleo en las ciudades turísticas o en algún otro lugar, que se tienen que ir de sus pueblos porque no hay trabajo en ellos, que tienen que abandonar su lengua porque si no hablan bien español no tienen oportunidades. Que han vuelto deportados de Estados Unidos, sin nada, después de pasar las penalidades del camino y varios años de su vida.

Encontramos selvas asoladas por la tala clandestina y los cazadores furtivos, que incluso inician incendios para hacer salir a los animales y acaban con reservas forestales de siglos. No pasean en libertad por ahí los jaguares, monos y tucanes, sino amenazados, por esa caza furtiva y por las carreteras y caminos por las que pasan a todas horas tráileres a gran velocidad que, por su peso, no pueden detenerse, aunque quisieran, y los atropellan cada día.

Desde esa realidad la promesa del tren significa muchas cosas, entre otras, pasos de fauna, vigilancia y presupuesto para la conservación, ofertas de empleo que harán que la tala, por parte de los mismos pobladores locales, no sea la única opción para la supervivencia. Significa la esperanza para los jóvenes de no tener que salir de sus pueblos para tener de qué vivir, sin tener que sumarse a las filas del crimen organizado porque no haya otra opción. Significa que los pueblos puedan ser lugares para habitar con los servicios básicos de agua, electricidad, salud, educación y actividades económicas que les permitan vivir dignamente.

Los impactos ecológicos se pueden resolver con planes de mitigación que existen. Los pueblos han sido consultados, y, por más que haya habido quejas contra la consulta por parte de asociaciones civiles, la consulta fue muy bien recibida en las comunidades.

¿Por qué entonces hay organizaciones que se pronuncian en contra de esa forma? ¿Quiénes son? ¿Qué persiguen?

En el caso del estado de Campeche, en particular en el municipio de Calakmul, se han presentado solicitudes de amparo y de suspensión a lo largo de meses –por cierto el amparo fue resuelto a favor del Tren Maya– ésas han estado firmadas por dos organizaciones: el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil y la Asamblea de Defensores de Territorio Maya Múux Xíimbal. Los primeros son un grupo que ha sido rechazado por los pobladores de las comunidades del municipio, que incluso impidieron que se metieran a obstaculizar la realización de la asamblea de consulta a los pueblos en diciembre del año pasado, porque la mayoría de los pobladores opinan que no los representan a ellos ni a sus intereses. Son cercanos al Concejo Indígena de Gobierno. La asamblea de Defensores del Territorio Maya está integrada por una veintena de personas, que tienen presencia en unas 20 comunidades de la península, que han hecho un gran trabajo, especialmente en Yucatán, enfrentando a las plantas fotovoltaicas y eólicas y en algunos casos, logrando pararlas cuando afectaban seriamente al medio ambiente y a las comunidades. Sin embargo, no habitan en Calakmul ni los habitantes de Calakmul se sienten representados por ellos. Esto no quiere decir que no señalen puntos importantes que hay que considerar y responder con seriedad, les preocupa la forma en que se pueden tomar las decisiones, la posible vulneración de la identidad maya y el riesgo de despojo y abuso en un proyecto que queda fuera de las manos de la comunidad en toda su dimensión y, desde luego, a lo largo de la historia no han tenido razones para pensar que en los gobiernos federales se podía confiar.

El actual gobierno federal, que no es ya el mismo de antes, a través de todas las dependencias involucradas y presentes en el Proyecto Tren Maya tendrá que ir mostrando su confiabilidad y cumpliendo con las metas que se planteó en el inicio, el lograr la posibilidad de desarrollo regional participativo, mitigando la desigualdad y respetando el medio ambiente.

Algo tienen claro los pobladores de la región, el paraíso hace demasiados años que no existe, lo que ya no se puede es no hacer nada. Si transformar esto es lo que ofrece el gobierno, pues hay que poner en esto la esperanza, no a ciegas, sino acompañando, trabajando, vigilando para que las cosas resulten en beneficio del pueblo.

* Profesora e investigadora del INAH, posgrado en antropología social ENAH

El llamado Tren Maya y la ingeniería de conflictos

Magdalena Gómez

El próximo día 20 se cumplirá un año del artero y no investigado asesinato de Samir Flores. Este crimen marcará al actual gobierno pese a que parece no dar cuenta de ello. Numerosos pueblos están realizando acciones en todo el país y algunas en otros países, como parte de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, Samir Somos Todas y Todos, que culminará en Amilcingo, Morelos. Este movimiento es un telón de fondo, ahora que está en curso la estrategia gubernamental del llamado Tren Maya sí o sí, o va porque va, o su traducción más reciente y absurda como es la declaración del titular de Semarnat, Víctor Toledo, en el foro Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec, en el sentido de que la consulta indígena fue totalmente legítima, a pesar de reconocer que no fue técnicamente adecuada, como marcan los estándares internacionales. Agregó: La respuesta general fue un sí condicionado.

Ya se ha escrito mucho respecto al principio de validez. Habermas, en especial, destaca que éste es la suma de los principios de legalidad y legitimidad. No uno u otro, ambos y en este caso ambos están ausentes, de donde resulta inválida la consulta oficial.

Cuando hablo de estrategia me refiero a la que evidentemente está en curso para defender la seudoconsulta a través de voces que interpelan a quienes hemos denunciado la invalidez de la misma. Mientras, el proyecto avanza y la gran mayoría de las comunidades que resultarán afectadas desconocen su impacto ambiental y cultural, y en lo inmediato, en el incremento del mercado de tierras para los polos de desarrollo que se proyectan a partir de las estaciones del llamado Tren Maya.

No es sólo con indispensables debates mediáticos como se resolverá este diferendo, ni a través de ellos las comunidades que no fueron consultadas tendrán condiciones para aceptar o rechazar el referido megaproyecto. El daño ya está hecho; la simulación de consulta ha sido consumada. Habrá que ver la postura resolutiva del juzgado primero de distrito con sede en Campeche (12/2020) el próximo 3 de marzo, respecto del amparo promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que cuenta con suspensión provisional. Al que seguramente le seguirán otros, impugnando justamente la validez de un proyecto que no se decidió con y desde los pueblos indígenas. Por lo pronto, de parte oficial la respuesta ha sido la descalificación y amenazas a los promotores del amparo, a través de quienes están alineados con el proyecto. Tarea que se asemeja mucho a la llamada ingeniería de conflictos, que consiste en el método clásico para mantener el control de un grupo, aumentar la visibilidad de sus diferencias internas, resaltar sus contradicciones, a fin de amplificar sus divisiones latentes y paralizar su organización. El desafío no es menor y las consecuencias de esa promoción serán responsabilidad estatal.

Sin embargo, lo determinante será la resistencia de las comunidades indígenas que han sido desplazadas en la llamada consulta y suplantadas por autoridades ejidales y municipales en las cinco entidades por las que cruzará el llamado Tren Maya, que como se ha insistido es más que un tren y aun cuando fue enunciado como plan de reordenamiento territorial ya se ha optado por no mencionar esta dimensión. El referido funcionario llamó a los opositores a no caer en el negacionismo simple y no ser inmaduros. Un día después, en un comunicado (016/20), se anunció la continuidad del esquema de tomar decisiones sin consulta: “La Semarnat está organizando la formación de comités en los 84 municipios involucrados en los proyectos, en los que se van a generar ordenamientos ecológicos participativos para desencadenar procesos de diálogo permanente con el propósito de no repetir ‘el modelo Cancún’, que es presa de enormes corporaciones turísticas”.

¿Van a formar comités sin que las comunidades indígenas den su voz? ¿Seguirán con la interlocución ejidal y municipal? ¿Cómo harán para explicar que esos comités son un mecanismo supuestamente paliativo de un daño de origen sobre una decisión viciada en torno a un proyecto que no ha sido analizado en la integralidad de sus impactos y que ante todo nunca fue consultado previamente?

De Semarnat se esperaba firmeza frente a la ausencia de estudios de impacto ambiental, ante lo cual no es suficiente con señalar que no se tumbará ningún árbol, pues el daño ya se hizo cuando se construyeron las antiguas vías del ferrocarril. Es evidente que todo el gobierno federal se ha sumado con Fonatur a la defensa del llamado Tren Maya. Mientras tanto, organizaciones, como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch ‘Xíinbal, pese a las amenazas contra Pedro Uc Be, continúan su labor con las comunidades opositoras a éste y a otros megaproyectos devastadores de su territorio.

Samir Vive es una siembra, esperen la cosecha.

Tren Maya: turismo de aventura

Giovanna Gasparello*

En la víspera de la licitación de dos tramos de la ruta del Tren Maya, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, y Miguel Torruco, secretario de Turismo, inauguraron hace una semana en Madrid el pabellón del Caribe Mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Promovieron los destinos de Bacalar, Chetumal y Mahahual, lugares de reciente incorporación a la industria turística de Quintana Roo. Para la actual administración federal, el desarrollo del sureste mexicano está definitivamente ligado a la economía del turismo, en función de la cual se concibe el megaproyecto Tren Maya.

Sin embargo, frente a las decantadas bondades de la economía turística como panacea para una vida mejor, testimonios de quienes viven en la costa quintanarroense, incluso en las localidades aún marginales para el turismo de masas, coinciden en una preocupación común: el incremento de la violencia por la presencia de grupos criminales. Observando la trayectoria de Cancún y la región turística denominada Riviera Maya, se proyecta una tendencia en la cual el crecimiento de la industria turística se acompaña del incremento de la incidencia delictiva, entre otras variables. Aquí la industria turística ha impulsado el desarrollo complementario de la economía legal –marcada por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, culturales, laborales, ambientales– y la economía ilegal estrictamente imbricada a la primera. La economía criminal se articula en diferentes giros: el tráfico, principalmente de cocaína, hacia Estados Unidos; la venta directa en el próspero mercado local, que incluye también la red de prostitución en los clubs nocturnos; y la reinversión blanqueada en los desarrollos inmobiliarios de las ganancias obtenidas, favorecida por las administraciones de Villanueva (1993-1999) y Borge (2011-2016).

Entre los indicadores que muestran el incremento de la violencia ligada a la criminalidad organizada, los homicidios dolosos son tal vez el dato más contundente. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2019 el número de homicidios intencionales en Quintana Roo alcanzó una tasa de 39 por cada 100 mil habitantes, rebasando la media nacional de 28.3. Los otros estados de la península, con un desarrollo turístico menor, presentaron tasas de incidencia delictiva mucho menores (Campeche con 7.2 y Yucatán 1.3 homicidios dolosos por 100 mil habitantes). La ciudad de Playa del Carmen –o Playa del Crimen, como es conocida por los lugareños– denota una emergencia insoslayable: la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes llega a 83.1 en 2019, casi tres veces la media nacional.

Si la situación en los afamados paraísos del ocio del Caribe es alarmante, el contexto en los nuevos destinos que Joaquín y Torruco promovieron en la Fitur muestra una idéntica tendencia. El enfrentamiento acontecido el 27 de enero entre el Ejército y el grupo armado que defendía una avioneta cargada con alrededor de 800 kilos de coca colombiana, es el más reciente de una larga serie de hechos violentos que posicionan el sur de Quintana Roo como zona estratégica para el trasiego del codiciado polvo blanco. El narco-triángulo, entre Bacalar y Othón P. Blanco y que se extiende hacia la frontera con Belice y Campeche, se ha vuelto en años recientes un destino para la recepción de velívolos procedentes de Centro y Sudamérica. En 2017 se encontró un jet abandonado; en 2018 fueron tres las narcoavionetas que se hallaron calcinadas en la región; mientras en 2019 se desplomaron un jet y dos avionetas con cargamentos de cocaína.

Bacalar dista pocos kilómetros de la costa donde las embarcaciones de los narcotraficantes sueltan el tiburón blanco, paquetes de cocaína que son recogidos y direccionados en la ruta terrestre hacia el norte del estado, o embarcados clandestinamente en cruceros internacionales que atracan en el puerto de Majahual. Cuando tienen suerte, los pescadores de Xcalak, comunidad fronteriza, en su playear pescan algún paquete perdido entre el sargazo.

El estudio de las cifras del SNSP devela la elevada incidencia en homicidios dolosos (38 por 100 mil hab. en 2018) en Bacalar, escasamente poblado y prevalentemente rural. Su atractivo es la laguna De los Siete Colores, muy codiciada por un incipiente desarrollo turístico desde su declaración de Pueblo Mágico y que aumentaría exponencialmente con la instalación de la estación del Tren Maya. Actualmente Bacalar reúne en menor escala todos los problemas que acompañan el turismo como máquina de despojo: cercamiento de la ribera de la laguna y de los cenotes, privatización del acceso al agua; despojo violento de tierras ejidales y privadas; colusión de las autoridades municipales, especulación de tierra y para la construcción, ausencia de ordenamiento territorial y ecológico, contaminación ambiental, etcétera.

En conclusión, considerando el objetivo declarado del proyecto Tren Maya de impulsar la economía del turismo y la creación o ampliación de núcleos urbanos con vocación exclusivamente turística, en el contexto social y político que actualmente caracteriza a la península, es evidente la tendencia que multiplicará en los nuevos polos de desarrollo las problemáticas ya presentes, particularmente en relación con el incremento exponencial de la violencia criminal. ¿Quiénes serían, en tal contexto los beneficiarios del desarrollo económico? ¿Qué dimensiones de la economía y cuáles negocios prosperarían?

*Investigadora del DEAS-INAH