Cuando la ayuda se convierte en una trampa

 Escrito por Wendy Figueroa Morales - Psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios A.C. 

El verdadero acompañamiento no crea dependencia.-¿Cómo reconocer redes de apoyo que realmente protegen?

Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, repetimos algo muy importante: nadie debería enfrentar la violencia sola. Y es cierto. Las redes de apoyo pueden salvar vidas.

Sin embargo, rara vez nos preguntamos ¿Cómo sabemos que una red de apoyo realmente nos protege? Porque no toda persona o institución que ofrece asistencia realmente quiere cuidar.

No toda persona o institución que ofrece ayuda tiene realmente la intención de cuidar. Existen personas, grupos e incluso organizaciones que identifican momentos de vulnerabilidad —como haber experimentado violencia, necesitar trabajo, estar lejos de la familia, enfrentar dificultades económicas o sentirse en soledad— para idear métodos de ofrecer ayuda y luego controlar, manipular o explotar.

Por eso, hoy no solo quiero hablar de la necesidad de construir redes de apoyo, sino también de aprender a descubrir cuándo una red se cuida y cuándo una red controla. Primero quisiera decir algo, nadie es manipulada porque sea ingenua. Quienes quieren controlar o usar a otras personas saben reconocer la vulnerabilidad.

No comienzan con amenazas. Comienzan, en ese momento particular, proporcionando justo lo que la persona necesita: un lugar para dormir, un trabajo, compañía, afecto, protección, dinero o simplemente alguien que escuche. Por eso necesitamos dejar de preguntarnos “¿cómo cayeron?” y comenzar a preguntar “¿qué condiciones permitieron que alguien se aprovechara de esa vulnerabilidad?”

Esas vulnerabilidades son el resultado de desigualdades estructurales como la violencia machista, la pobreza, la discriminación, el desplazamiento, la falta de oportunidades laborales y, en muchos casos, respuestas institucionales insuficientes o que no llegan a tiempo. Cuando la protección falla, otras personas ocupan ese espacio, y no siempre con la intención de cuidar.

Estas formas de manipulación son también una de las estrategias utilizadas por redes de trata de personas, explotación laboral, explotación sexual y otras formas de violencia que comienzan mucho antes de que la víctima identifique el peligro.

Entonces, ¿cómo reconocer una red de apoyo segura?

• Primero. Una red segura respeta tu autonomía. No decide por ti, no te presiona y no condiciona la ayuda.
• Segundo. Una red segura nunca te aísla. Si alguien te pide alejarte de tu familia, amistades o instituciones, es una señal de alerta.
• Tercero. La ayuda auténtica es transparente. Explica quién es, qué ofrece y cuáles son los límites de ese apoyo. No promete soluciones milagrosas ni asegura que cambiará tu vida de un día para otro.
• Cuarto. Nadie debería exigirte entregar documentos personales, dinero, contraseñas, acceso a tus cuentas, tu ubicación permanente o información privada como condición para ayudarte, sin explicarte claramente por qué la necesita y cuáles son tus derechos.
• Quinto. Si algo te hace sentir miedo, presión o culpa, detente. La incomodidad también puede ser una señal de alerta.

Una red de apoyo real no toma decisiones por ti ni se molesta porque pongas límites. Las redes saludables amplían tus posibilidades. Las redes de control las reducen poco a poco. Quien busca controlar necesita que dependas únicamente de esa persona.

Cuando la ayuda exige renunciar a tu privacidad, a tus derechos o a tu libertad de decisión, vale la pena detenerse y preguntarse por qué. Buscar una segunda opinión, hablar con alguien de confianza o acudir a una institución especializada también forma parte del cuidado.

Hay señales tempranas que muchas veces pasamos por alto porque estamos concentradas en resolver aquello que nos angustia.

No siempre aparecen amenazas. A veces aparecen personas que quieren resolver todos tus problemas desde el primer día; generan mucha confianza en muy poco tiempo; prometen empleos demasiado buenos para ser verdad; ofrecen dinero fácil; dicen tener todos los contactos; insisten en que sólo ellas saben qué es lo mejor para ti o te hacen sentir que les debes algo por ayudarte.

Todas estas son banderas amarillas que vale la pena observar.

Hay tres preguntas muy sencillas que pueden ayudarnos antes de aceptar cualquier apoyo:

• ¿Puedo decir que no?
• ¿Puedo dejar de hacer lo que me están pidiendo sin sufrir represalias?
• ¿Puedo irme cuando quiera?

Si alguna de estas respuestas es “no”, probablemente no estamos frente a una relación de apoyo, sino frente a una relación de control.

Muchas redes de captación ya no comienzan en la calle. Empiezan con un mensaje, una oferta de trabajo, una oportunidad para viajar, una promesa de estudios o una relación afectiva con alguien que parece perfecto. Por eso es importante verificar siempre quién está detrás de ese mensaje u oferta antes de compartir información personal o aceptar encuentros.

Las redes de apoyo salvan vidas. Pero también debemos aprender a reconocer cuándo una relación deja de ser apoyo y comienza a convertirse en control. No se trata de desconfiar de todas las personas, se trata de contar con información que nos permita tomar decisiones más seguras.

Construir redes de apoyo seguras también es una responsabilidad colectiva. Necesitamos comunidades solidarias, instituciones confiables y políticas públicas que garanticen protección, porque cuando existen respuestas accesibles y oportunas disminuye el espacio para quienes buscan aprovecharse de la necesidad y la vulnerabilidad social de otras personas.

Quien realmente te cuida no busca que dependas de él o de ella; busca que recuperes tu autonomía.

Porque una red de apoyo no sustituye tu voz: la fortalece. No limita tu libertad: la protege. El verdadero acompañamiento no crea dependencia; construye autonomía, dignidad y la posibilidad de vivir una vida libre de violencias.

 

Cuando el “Mundial verde” ignora la violencia contra las mujeres

Escrito por Wendy Figueroa 

.- El llamado de la jefa de gobierno a retomar el home office durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México se presenta como una medida ambiental y de movilidad. Menos traslados, menos emisiones, más orden urbano.

En el papel, parece una política progresista.

Pero hay una pregunta que no se está haciendo —y que es urgente—: ¿qué implica esta decisión para las mujeres que viven violencia dentro de sus hogares?

Diseñar políticas públicas como si todas las casas fueran espacios seguros no solo es un error: es una omisión grave.

El hogar, para miles de mujeres en México, no es un lugar seguro. Es el principal espacio donde ocurre la violencia. Así lo han mostrado durante años los datos sobre violencia familiar, y así lo confirmó con crudeza el confinamiento por COVID-19.

Durante ese periodo, desde la Red Nacional de Refugios registramos un incremento significativo en las solicitudes de apoyo y atenciones a mujeres, niñas y niños en situación de violencia. El encierro no protegió: aisló, incrementó el riesgo, dificultó el acceso a la ayuda y la justicia.

Hoy, frente a un evento masivo como el Mundial, se plantea nuevamente una lógica similar: permanecer en casa para facilitar la operación de la ciudad.

Pero el contexto no es menor. Los eventos deportivos de gran escala han mostrado un incremento en la violencia contra las mujeres. La combinación de consumo de alcohol, euforia colectiva y modelos de masculinidad que legitiman la agresión y el uso del cuerpo de las mujeres como descarga de frustraciones, no es un detalle cultural: es un factor de riesgo.

¿Y qué ocurre cuando a ese contexto se suma el confinamiento? Se traslada el riesgo al interior de los hogares.

Además, el home office no es una medida neutra, tiene impactos diferenciados.

Para muchas mujeres significa una ampliación de la jornada laboral: trabajo remunerado, trabajo doméstico y cuidados simultáneos. Significa menos tiempo propio, más exigencias invisibles y mayor desgaste emocional.

Una política pública que no reconoce estas desigualdades no es neutral: reproduce la carga histórica que han sostenido las mujeres. La sostenibilidad no puede construirse a costa de sus cuerpos.

A esto se suma un problema estructural: las políticas públicas no pueden seguir diseñándose sin la participación de organizaciones de la sociedad civil que llevamos años atendiendo y documentando la violencia.

Excluir estas voces no solo empobrece las decisiones, también las desconecta de la realidad.

No podemos construir políticas que simulan condiciones que no existen.

Reducir la ciudad a una lógica de “orden” o “eficiencia” para que funcione durante un evento internacional puede verse bien en el discurso, pero invisibiliza las desigualdades y los riesgos que viven miles de mujeres todos los días.

La pregunta no es solo cómo reducir emisiones durante el Mundial. La pregunta es cómo hacerlo sin aumentar los riesgos para las mujeres.

Porque no todas las casas son espacios seguros. Y diseñar políticas públicas como si lo fueran también es una forma de violencia institucional.

La seguridad de las mujeres no puede ser una variable secundaria en la planeación de la ciudad. Debe ser un eje central.

Incorporar una perspectiva feminista no es un añadido opcional: es una condición mínima para garantizar derechos.

De lo contrario, incluso las mejores intenciones pueden convertirse en decisiones que profundizan la desigualdad y el riesgo de violencia feminicida y sexual.

La sostenibilidad, la movilidad y la seguridad no son agendas separadas. Son, o deberían ser, parte de una misma conversación.

No se puede gobernar desde la simulación, ignorando la realidad de las mujeres.

De pie, a pesar de todo: la historia de quienes sostienen la esperanza

 Escrito por Wendy Figueroa Morales 

.-Al cierre de 2025 se repite una consigna que busca nombrar un horizonte común: “llegamos todas”. Ojalá bastara decirlo para que fuera cierto.

En los dos últimos años, la Red Nacional de Refugios atendió a más de 27 mil 000 mujeres, niñas y niños que enfrentaron violencia machista. Y en los primeros 11 meses del 2025 atendimos a 11 mil 442 personas. Identificando un aumento de 9% en 2025 respecto al 2024 del total de Mujeres atendidas. Este dato refleja no sólo la urgencia y magnitud del problema, sino también la enorme responsabilidad que asumimos día tras día, a pesar de la precariedad que enfrentamos.

Desde la Red Nacional de Refugios llegamos a este cierre cansadas, sí, pero de pie. No por la eficacia del sistema, sino a pesar de sus omisiones. Llegamos habiendo sostenido la atención a miles de mujeres, niñas y niños en contextos de violencia extrema, aun cuando la incertidumbre, los retrasos presupuestales y el silencio institucional marcaron 2025 y es una pincelada de lo que nos espera el 2026.

En 2024, el presupuesto destinado a refugios llegó con un retraso de más de cuatro meses, lo que comprometió la continuidad de servicios vitales para mujeres, niñas y niños en situación de violencia.

Además, el monto asignado equivale apenas al 0.015% del gasto total en seguridad pública y justicia, una cifra alarmantemente insuficiente frente a la magnitud de la crisis que enfrentamos. Esta situación empeoró en 2025, cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación sufrió una reducción de 21.8 millones de pesos, retrocediendo en la garantía efectiva de los derechos de las mujeres y limitando aún más la capacidad de respuesta ante la violencia machista.

Para agravar la precarización del sector, fue hasta diciembre de este año que los refugios en todo el país comenzaron a recibir por completo los recursos designados, y a menos de dos semanas de concluir 2025, la mayoría de los espacios todavía no cuentan con el presupuesto para cubrir los honorarios del personal, lo que profundiza la precarización y vulnerabilidad del sistema de atención.

Si llegamos todas, no fue porque las condiciones estuvieran garantizadas. Llegamos porque las mujeres organizadas hicimos lo que el Estado no quiso o no supo asumir plenamente.

Llegamos después de meses de exigir información básica, de documentar impactos reales, de tocar puertas que no siempre se abrieron y de negarnos a normalizar la precariedad como si fuera parte del trabajo de cuidar la vida.

En la Red Nacional de Refugios cerramos 2025 resistiendo: sosteniendo espacios de vida con recursos incompletos, con equipos precarizados y con una carga emocional profunda que rara vez se nombra, pero que atraviesa cada jornada. Por eso es necesario decirlo con honestidad: no llegamos todas si el cuidado de la vida se sostiene en el desgaste de las mujeres.

Y, aun así, llegamos, pero no llegamos solas. Llegamos gracias a las mujeres que sostienen los refugios día tras día; a las profesionistas que acompañan aun sin certeza laboral; a las aliadas que amplifican la exigencia; a las organizaciones hermanas; a quienes documentan, denuncian, donan, cuidan y no sueltan.

Llegamos también gracias a las propias mujeres sobrevivientes de las violencias machistas, cuya fuerza transforma el dolor en futuro, quienes nos cuentan que después de ir a 5 instancias gubernamentales han llegado a un lugar donde les creen, donde son escuchadas y tratadas como humanas.

Por eso, cuando se dice “llegamos todas”, es indispensable preguntarnos: ¿todas con derechos garantizados?, ¿todas con condiciones dignas?, ¿todas con protección real?

Porque mientras el presupuesto llegue tarde, mientras las ministraciones sean incompletas y mientras los refugios sigan siendo tratados como un gasto y no como una obligación, no llegamos todas.

Hacia 2026: llegar todas no es una consigna, es una responsabilidad

Si la situación continúa igual en 2026, no vamos a retroceder ni a acostumbrarnos. Llegar todas no puede significar resistir indefinidamente.

En 2026 vamos a seguir documentando, denunciando y exigiendo con datos, con testimonios y con la fuerza colectiva de la Red, porque cada retraso, cada simulación y cada omisión tiene consecuencias reales en la vida de mujeres, niñas y niños.

Vamos a demandar presupuesto suficiente, etiquetado y garantizado desde el inicio del año. Porque decir “llegamos todas” sin recursos completos y oportunos es solo una promesa vacía. La tardanza también es violencia institucional.

Al mismo tiempo, seguiremos cuidando a quienes sostienen los refugios. Porque el feminismo que defendemos no sacrifica a sus propias cuidadoras. Fortaleceremos alianzas nacionales e internacionales y llevaremos esta discusión a los espacios donde el Estado ya no puede seguir evadiendo su responsabilidad.

Esperanza violeta

Nuestra esperanza no es ingenua; es una esperanza violeta, nacida de la memoria, de la digna rabia y de la organización colectiva.

Por eso lo decimos con claridad: los refugios no son una concesión, son un derecho. Y mientras ese derecho no esté plenamente garantizado, no llegamos todas.

Llegaremos todas cuando proteger la vida deje de ser un discurso y se convierta en una obligación cumplida a través de presupuesto visible, progresivo y entregado sin dilaciones.

Mientras tanto, llegamos cansadas, sí…pero juntas, organizadas y de pie.

El derecho a la ciudad también es un derecho feminista

 Escrito por Wendy Figueroa Morales. Psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios 

.- Por décadas, el “derecho a la ciudad” ha sido discutido desde la planeación urbana, la movilidad o la vivienda, pero pocas veces se nombra lo que es evidente en la vida cotidiana: este derecho también es feminista, porque nuestras experiencias en el territorio están profundamente marcadas por el género, la clase, la raza y otras desigualdades estructurales y sistémicas.

La defensa feminista por el territorio cuestiona los megaproyectos inmobiliarios que desalojan a comunidades, principalmente mujeres para instalar zonas de “lujo” o turísticas. Porque sí, ser mujer y habitar una ciudad siendo mujer no es igual que habitarla siendo hombre. Las mujeres, sobre todo las más empobrecidas, racializadas o migrantes, enfrentan un riesgo mayor al despojo.

Las mujeres han tejido históricamente redes comunitarias que sostienen la vida en los barrios: en la organización vecinal, en la crianza colectiva, en los mercados. En esos entornos donde el acceso a la vivienda digna, la movilidad segura o los espacios públicos libres de violencia son lamentablemente privilegios y no derechos garantizados.

La gentrificación, el turismo masivo y los megaproyectos inmobiliarios no son procesos neutrales. Estos fenómenos son, promovidos y permitidos por los gobiernos y tienen impactos devastadores sobre las mujeres: expulsan a quienes habitan los territorios, rompen las redes de cuidado, arrebatan los espacios públicos y encarecen la vida. Quienes quedan fuera son, principalmente, mujeres que trabajan en el comercio informal, en labores de cuidado, en la economía popular, en actividades que sostienen la vida pero que son sistemáticamente invisibilizadas. Lo que se rompe entonces, no es solo el acceso a la vivienda, se rompen vínculos, memorias y formas de vida.

Desde el feminismo, el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a habitarla, sino también el derecho a decidir sobre ella y participar en los cambios y proyectos. Las ciudades no deberían convertirse en mercancías, sino en espacios donde todas las personas, especialmente las mujeres y las disidencias, podamos acceder a una vida digna, segura y comunitaria. Por ello, es urgente que los gobiernos dejen de priorizar la acumulación del capital sobre el bienestar de las personas.

No basta con discursos sobre la «resiliencia urbana» o las «ciudades inteligentes» mientras se permite la expulsión de quienes no pueden pagar la nueva renta. El estado es responsable de proporcionar vivienda digna y asequible, transporte público seguro, servicios y espacios comunes que faciliten una comunidad de cuidado.

Es indispensable reivindicar el derecho feminista a la ciudad, lo que implica exigir que las políticas públicas coloquen al centro a quienes cuidan, trabajan y sostienen la vida. Es un llamado directo al Estado para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho humano y feminista y no tratarlo como un bien de mercado, garantizar territorios donde las mujeres puedan habitar sin miedo y entornos donde ninguna mujer en cualquier etapa de vida y en todas sus diversidades sea desplazada por el dinero.

También surge una pregunta que muchas veces debatimos en conversaciones cotidianas: ¿es posible una ciudad sin gentrificación, turismo masivo y megaproyectos inmobiliarios? Esta pregunta me llevó a leer e investigar y encontré que hay países que han demostrado que cuando se protege la vivienda como un derecho, las mujeres, las niñas y niños, las comunidades tienen más posibilidades de habitar la ciudad y no ser expulsadas.

La gentrificación, entonces, no es inevitable, es una consecuencia directa de decisiones políticas y desde el feminismo más allá de calificarla como “buena” o “mala”, la identificamos como un proceso profundamente violento, patriarcal y racista que afecta desproporcionadamente a las mujeres: las expulsa de los territorios que cuidan y ocupan, precariza sus condiciones de vida, reproduce lógicas patriarcales y coloniales, socava los derechos que las mujeres tienen a la ciudad y no resuelve las desigualdades, sino las agrava.

Hemos escuchado decir que la gentrificación “mejora” los barrios. Pero ¿para quién? ¿A costa de qué? ¿Quién puede pagar esa mejora? En un país donde el 35.4% de la población vive en pobreza multidimensional y, el 51.7% son mujeres, mejorar no puede significar expulsar.

Ahora, más que nunca, necesitamos ciudades donde la dignidad no dependa del ingreso, sino del compromiso colectivo y del gobierno con la justicia social y la igualdad de género. Esto es posible, hay países que han logrado reducir los impactos de la gentrificación mediante políticas transversales: control de rentas, el reconocimiento de la vivienda como un derecho garantizado y un enfoque comunitario y social del urbanismo. Austria, Suecia, Dinamarca y Uruguay son ejemplos en donde la gentrificación existe en ciertas zonas, pero está tan regulada que no expulsa ni daña como en México, la razón es que el acceso a la vivienda digna y segura no depende exclusivamente del mercado, el derecho a la vivienda es para toda la ciudadanía y no un privilegio para algunas personas.

Por ejemplo, en Viena, más del 60% de la población vive en viviendas públicas, sociales o cooperativas con rentas accesibles. Ahí las mujeres sobre todo quienes están al frente del hogar, adultas mayores o migrantes, tienen prioridad de acceso y no son expulsadas cuando los barrios cambian. Esto es posible porque el Estado controla los precios de la renta, limita la especulación y conserva la propiedad de grandes extensiones del suelo urbano, lo que impide que el mercado expulse a quienes ya habitan estos espacios. Mientras que, en México, nada de esto existe, la vivienda es vista como un negocio, no como un derecho garantizado. Los desarrollos inmobiliarios privados son prioridad, la vivienda social es menor al 16.4%, y el mercado determina quien merece quedarse y quien debe irse.

La gentrificación puede cambiar la estética o el comercio en un barrio o colonia, pero nunca debería generar la expulsión masiva, el desarraigo o la perdida de redes comunitarias que, desde el feminismo, nombramos como formas de violencia territorial y económica.

La verdadera transformación feminista es aquella que no embellece para expulsar, es aquella que cuida la vida, protege el derecho a la vivienda y mantiene a las mujeres en el centro de la ciudad, de las políticas, no en sus márgenes.