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11/17/2018

Detenciones arbitrarias contra defensoras nicaragüenses obedecen a un patrón


Criminalizadas, agredidas y torturadas


Organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) nicaragüenses denunciaron que existe un patrón en las detenciones arbitrarias a defensoras de DH para criminalizarlas, agredirlas y torturarlas, con el fin de que éstas se responsabilicen de los delitos de narcotráfico, delincuencia, entre otros que no cometieron, cuyas condenas van de los 6 a los 30 años como máximo.
Las organizaciones nicaragüenses aseguraron que hay más de 46 mujeres encarceladas en los centros penitenciarios “El Chipote” y “La Esperanza”, de las cuales casi 20 son defensoras quienes están sujetas a procesos legales arbitrarios, pues no hay pruebas que acrediten los delitos que se les imputan.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, explicó que el patrón que siguen las autoridades al inicio de una detención es dejar incomunicadas a las defensoras con el fin de que éstas se vean obligadas a acceder a sus peticiones por medio de actos de tortura como terapia de electroshocks, hacer sentadillas, que su cuerpo esté en una sola posición, o ser golpeadas durante horas.
Después de ello, dijo, las defensoras son encarceladas por casi 2 semanas sin ser presentadas ante una autoridad y exhibidas en los medios de comunicación nicaragüenses con el uniforme penitenciario de este país de color azul, a pesar de que éste sólo debe usarse cuando las personas ya son condenadas, no detenidas.
Una vez procesadas, comentó la defensora, son aisladas de las demás mujeres en reclusión “para que nadie se solidarice con ellas”. Respecto a las visitas de sus familiares y abogadas, éstas son concedidas o suspendidas según “los deseos de los directores de los penales”, por lo que dijo los DH de las defensoras están sujetos “al contentillo” y hay una violación a su derecho a una defensa.
En las audiencias preliminares, agregó, ni los abogados ni ellas son notificados, las defensoras son enviadas a cáceles en otras ciudades, lo cual genera un gasto emocional, físico y económico a las familias que no pueden costear.
Este panorama, comentó, ha dado como resultado que defensoras de DH y de la tierra como Brenda Muñoz y Amaia Eva Coppens, quienes sufren de enfermedades crónicas (bronquitis y diabetes) se les niegue el derecho a una atención médica y sus familiares cuenten con alternativas para brindarles ayuda, ante ello han optado por hacer públicos los casos para que organismos internacionales de DH intervengan.
En ambos casos, dijo Marlin, los escritos y gestiones que han entregado los abogados de las defensoras han sido ignorados, por lo que las organizaciones temen que de no “haber un cambio rápido” la salud de estas defensoras empeore y fallezcan. Ambas fueron víctimas de hostigamiento, amenazas, desprestigio y agresiones hacia ellas y sus familias.
Resaltó que hay una violación extrema de todo el marco penal jurídico nicaragüense y existen otros casos como el de Alejandra y Elsa, una defensora y otra estudiante, quienes tuvieron un aborto espontáneo después de ser golpeadas por personal de la policía tras ser detenidas arbitrariamente, dos casos que hasta el momento han quedado impunes.
Estas dos mujeres estaban acusadas de “terrorismo” por portar una bandera “blanca y azul” (colores de Nicaragua) durante una protesta. Luego de su aborto espontáneo, las autoridades dijeron que “al no haber encontrado pruebas de delito después de un mes, estaban libres, sin más”, explicó.
La defensora dijo que todo ello es resultado de la ineficiente respuesta que organismos internacionales de DH han tenido para dar una repuesta y tomar acciones contra la política de represión y violencia del presidente de este país, Daniel Ortega, la que ha llevado al desplazamiento forzado de las y los nicaragüenses. Datos del Cenidh registraron que hay más de 182 defensoras detenidas y que en promedio son detenidas de 4 a 5 personas.
Detalló que la situación de la población, y en específico de las defensoras, es muy difícil pues las autoridades actúan a favor y según las decisiones del presidente y su esposa, Rosario Murillo, quienes se han mantenido en el poder por más de 5 años a través de procesos ilegales de reelección.
Por su parte, integrantes de la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), denunciaron que hace una semana alrededor de 20 hombres vestidos de negro y encapuchados irrumpieron en las celdas de la cárcel de mujeres y las golpearon “brutalmente”.
Ante ello, organizaciones con trabajo en defensa de Derechos Humanos, exigieron una vez más al gobierno nicaragüense detenga la represión estatal y violencia paramilitar e hicieron un llamado a organizaciones, organismos de DH y a la sociedad a civil, a no olvidar la grave crisis de Nicaragua y sumarse en la demanda de una “solución inmediata y pacífica” para este país.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

8/02/2017

Detienen arbitrariamente a locutora de Caborca, Sonora


Alejandra Alegría lleva 4 días en Cereso

Ni su nombre ni sus huellas digitales coinciden con las de una mujer a la que se investiga por fraude, pero la locutora de Radio, Alejandra Alegría Alvarado, está recluida en el Centro de Readaptación Social número 1 (Cereso) de Hermosillo, Sonora, desde el viernes pasado.
 
Un supuesto fraude a una casa financiera de préstamos con domicilio en esta ciudad -que tiene alrededor de 29 denuncias en su contra- es el delito por el que investigan a dos mujeres, una llamada Alejandra López, y otra llamada Flor.
 
Alejandra Alegría Alvarado salía de su trabajo en el grupo Radio Palacios, en donde se desempeña como locutora de radio, cuando la abordaron varios hombres que le preguntaron su nombre, a lo que ella respondió indicando la parte de su uniforme en donde lo tiene bordado.
 
De ellos, solo uno traía puesta una camiseta con las insignias de la Policía Estatal Investigadora (PEI), cuyo nombre actual es Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), los otros no portaban ninguna identificación como tampoco la traía el vehículo en el que se transportaban, un pick up sin ningún tipo de insignia ni leyenda.
 
Uno de los hombres le dijo que tenía que acompañarlos pues tenía “un reporte de un asunto”. Ella respondió que si se trataba de los pagos de su auto, el cual está pagando a crédito, iría a liquidarlos de inmediato, contó en entrevista con Cimacnoticias su hermano, Armando Alegría.
 
El narró que los hombres le dijeron a Alejandra que no, que se trataba de otra cosa y que tenía que acompañarlos. Su esposo quiso ir con ella, pero no se lo permitieron por lo que tuvo que seguirlos en su propio vehículo.
 
Ya en la oficina del ministerio público, en la calle 16 de la colonia Aviación de Caborca, nunca le mostraron orden de aprehensión, pero sí le informaron del supuesto fraude del que la acusaban, le mostraron unos documentos de traslado sin explicarle a dónde, por qué, de qué se trataba; tampoco le dijeron sus derechos, simplemente le colocaron esposas en los brazos, y también le sujetaron las piernas.
 
En un proceso irregular, Alejandra Alegría Alvarado pasó al estatus de detenida. Después de informarle que sería trasladada a Hermosillo, sin más la subieron a la unidad que viajó de Caborca a Hermosillo, seguida por el vehículo de sus familiares.
 
Armando Alegría explicó que al ingresar al Cereso le hicieron revisiones médicas de rutina para corroborar el estado en que llegó.
 
Pese a que cuando la pasaron para registrar sus huellas digitales las personas encargadas de hacer el procedimiento señalaron que sus huellas no correspondían con la persona que buscan, Alejandra fue privada de su libertad, ya lleva cuatro días, lo que ha ocasionado alteraciones a su salud como insomnio por hiper alerta, ataque de ansiedad por estar encerrada, pérdida de apetito y depresión.
 
Su primera audiencia se realizó el sábado 28 de julio. El juez Octavio Castrejón preguntó al ministerio público si había tomado nota de que ni las huellas digitales ni su nombre coinciden con la persona a la que están investigando.
 
A Alejandra le preguntó que si ella era la persona a la que se señalaba como investigada; ella respondió que no y que lo había acreditado con su credencial para votar, además de que nunca le mostraron orden de aprehensión.
 
El ministerio público Jesús González Moreno, aseguró tener documentos firmados por Alejandra en donde se le da a conocer la orden de aprehensión, pero ella afirmó ante el juez que nunca firmó nada puesto que no le exhibieron ningún documento.
 
Sus familiares consideran que “tal vez alguien cometió un error”, por lo que esperan su pronta liberación y expresaron su indignación por las violaciones a los Derechos Humanos de Alejandra, quien es locutora, narradora de partidos de béisbol y voluntaria en patronatos de salud.
 
Alejandra Alegría Alvarado es muy popular en Caborca, por lo que sus radioescuchas se han manifestado en redes sociales ante lo que consideran, una detención arbitraria.
 
Foto: tomada de video de Facebook de radio La UK 95.3, Radio Palacios
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 

2/22/2017

Con EPN, Sedena ha realizado más de 12 mil detenciones; documentan casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada


On Feb 22, 2017

“Con el inicio de la guerra contra el narcotráfico por Felipe Calderón se le asignó a las fuerzas armadas un papel central en la estrategia de seguridad pública. Esta política superpuso las premisas de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos, incluso de aquellos que no pueden ser suspendidos”, ha dado a conocer Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Además ha destacado que en el sexenio pasado 96 mil elementos militares estuvieron involucrados en tareas de seguridad nacional; mientras que en el primer mes del sexenio de Enrique Peña Nieto se tenía una cifra de 49 mil efectivos militares.
“Tal ha sido la magnitud de la intervención del ejército en operaciones que corresponden a la policía que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares. En lo que va del sexenio de Peña Nieto (hasta enero de 2015) se han registrado 12 mil 840 civiles detenidos por la Sedena.
Por su parte, se han registrado 6 mil 254 personas civiles detenidas por parte de la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014; institución que ha realizado mil 770 operativos conjuntos con otras instituciones estatales, municipales y federales tan solo del 2012 al 2014”, agrega.
Cabe señalar que por la experiencia del trabajo de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, la CMDPDH ha documentado casos que involucran a víctimas civiles, en los que se tiene probada la participación de elementos militares en violaciones graves a derechos humanos, tales como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, cometidas, no sólo a partir del 2006 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, sino en diferentes contextos de la historia reciente de México, como lo son la Guerra Sucia y el conflicto armado en Chiapas (1994-1997).
Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir tanto la Comisión (CIDH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), han podido constatar que la jurisdicción militar, tal como está reglamentada en México, no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De las principales violaciones a Derechos Humanos, señaladas por distintas organizaciones, incluyendo la CMDPDH, se encuentran las ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo a la ONG, en el país, el único registro sobre homicidios que existe es llevado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Este registro proporciona información sobre muertes en el país, especificando la muerte por homicidio o alguna otra causa violenta. No obstante, “no incluye información sobre las particularidades del crimen, impidiendo conocer si son casos de violaciones a derechos humanos”.
Según cifras oficiales, desde la guerra contra el narcotráfico se rompió una tendencia de casi 20 años en la que la tasa nacional de homicidios había disminuido sistemáticamente cada año, alcanzando un mínimo histórico de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007. En 2011 la tasa de homicidios se disparó a 24 por cada 100 mil habitantes. Según los registros del INEGI, entre 2007 y 2011 se reportaron 95 mil 646 homicidios, un promedio de más de 50 personas por día.
De acuerdo al informe del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, destacó en su Informe final de su misión a México, que durante la administración de Felipe Calderón (2006 – 2012) se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico.
Según Heyns, debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado. Del 2006 al 2014 la CNDH emitió 56 recomendaciones en relación con la privación del derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas; 31 estaban dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y 6 la Secretaría de Marina.
Así pues, 3 de cada 4 recomendaciones de la CNDH relativas al derecho a la vida, en ese periodo, fueron dirigidas a las fuerzas armadas. Estas cifras resultaron alarmantes para el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, al poner de manifiesto las violaciones a derechos humanos cometidas por cuerpos militares.
El uso de la fuerza indiscriminada por parte del Estado para contrarrestar el uso de drogas y la proliferación de mercados ilegales ha resultado particularmente mortífero para las generaciones más jóvenes, se ha informado.
Actualmente, uno de cada cuatro muertos de la guerra contra el narcotráfico es joven. El incremento de la violencia y la inseguridad en el país ha tenido un impacto particular en las y los jóvenes entre 20 y 29 años de edad. Durante los últimos años, la tasa de homicidio juvenil se ha triplicado, pasando de 7.8 jóvenes asesinados por cada 100 mil en 2007 a 25.5 por cada 100 mil en 2011. Es así que desde el año 2008 la principal causa de muerte entre jóvenes en México es el homicidio, incluso superior que los accidentes de tránsito, que históricamente habían sido la principal causa de muerte entre jóvenes.