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4/24/2019

Erradicar el ecocidio

La Jornada
Claudio Lomnitz


El domingo pasado murió Polly Higgins con apenas 50 años, pero le bastaron para fundar un movimiento político y social de alcance mundial. Hija de una artista y un meteorólogo, criada en los lagos de Escocia, Polly estudió leyes para poder abocarse a defender el ambiente. Se dio cuenta de que la naturaleza necesita defensores, e inauguró un movimiento social potente, que procura la criminalización del ecocidio.

La conocí hace seis años. Me habían invitado a dar unas conferencias en la Universidad de Oslo, y mis anfitriones nos presentaron. Polly Higgins era una mujer brillante y carismática. En cosa de minutos me dio a entender la importancia del movimiento que había inventado. Comenzó de jovencita emplazando juicios simbólicos a compañías ecocidas en la ONU. Luego, ya con la fuerza de la opinión pública europea, comenzó a incidir como fiscal y jurista para ir formando una jurisprudencia internacional contra el ecocidio. Los humanos, decía, somos custodios de nuestro planeta. Quienes atenten contra él son criminales que deben ser perseguidos.


El trabajo de Eradicating Ecocide se puede ver en la página https://eradicatingecocide.com/, donde se dan informes de los casos judiciales y protestas que se organizan para responsabilizar a corporativos de compañías como la Shell Oil, por ejemplo. La organización de Polly se dedicó, además y muy en especial, a desarrollar una definición jurídica del ecocidio, y a explicar por qué importa perseguirlo.

Ha muerto Polly Higgins, custodia de nuestro planeta. Pero esta primavera ha habido protestas masivas a diario en Londres, justamente contra del ecocidio. Una performance en el Museo de Historia Natural acerca de la extinción (llamada un die-in), por ejemplo; la colocación de esculturas monumentales de basura de plático frente a las oficinas corporativas de grandes contaminadores, como Nestlé; protestas con derrame de simulado de sangre frente a las oficinas de la primer ministra... Muere Polly Higgins, pero el ambientalismo ruge como nunca.

El verano pasado Greta Thunberg, una niña de 15 años de aspecto tímido e introvertido, inició una huelga escolar en defensa del clima frente al parlamento sueco. Hoy Greta liderea un movimiento mundial y hay paros en defensa del clima en unos 70 países como parte de un movimiento llamado Extinction Rebellion (la revuelta contra la extinción). Necesitamos que México ingrese de lleno a ese movimiento. La tradición de los políticos de contraponer el llamado progreso al cuidado del clima y del ambiente debe terminarse ya.
El mes pasado, La Jornada reportó que en México se han asesinado 15 activistas ambientales en lo que va del sexenio. Quince, en apenas cuatro meses. En 2018 el número de ambientales asesinados fue 21 y en 2017 fueron 15. Cada año son más muertos. Hoy México es uno de los países más peligrosos para los ambientalistas. El Estado mexicano ha faltado a su responsabilidad como protector del ambiente. Uno tras de otro, nuestros gobiernos se han sumado alegremente al ecocidio, sea ya por omisión o comisión, haciendo suyos proyectos extractivos cortoplacistas, extendiendo licencias de construcción donde no debería, haciendo la vista gorda ante contaminación de costas, ríos y mantos freáticos, e ignorando los efectos del cambio climático. Las causas ambientales de los problemas sociales rara vez se mencionan, porque el gobierno no quiere encararlas. Ejemplo: el papel del cambio climático en la migración centroamericana no se menciona.

El Estado debe hacerse cargo de oficio de los atentados contra del ambiente y, ante todo, que el propio Estado deje de perpetuar el ecocidio en sus políticas de desarrollo. El gobierno mexicano se ha desembarazado de su responsabilidad y ha cargado todo el peso de la defensa del ambiente a activistas. A la hora de los cocolazos, los ha dejado solos. Eso cuando no los ha visto de plano como francos enemigos. Vulnerables a la persecución, muchos han sido asesinados, como sucedió hace poco con Samir Flores, muerto por protestar contra una planta termoeléctrica. Hoy, una militancia ambientalista en México resulta tan peligrosa como practicar el periodismo. Mientras, la depredación ambiental continúa.

Hace dos semanas viajé de Nueva York a la Ciudad de México. Me tocó ventanilla. La mañana estaba muy despejada, y cuando sobrevolamos Tampico pude ver desde aquellas alturas a un buen pedazo de la Huasteca veracruzana, y la totalidad de las huastecas hidalguense y potosina. Conocí muy bien esa región exuberante y tropical hace unos 40 años. Ya no hay selva en la Huasteca, excepto algunas pocas cimas y uno que otro barranco. Todo lo chaparon para convertir la superficie entera en potreros y sembradíos. Desde el aire se entiende la extensión del ecocidio mexicano. En el caso específico de la Huasteca, el ecocidio tuvo entre sus protagonistas a Pemex, no sólo como contaminador directo en ciudades como Puerto Madero y Poza Rica o en los diversos pozos de la región, sino porque sus empleados participaron activamente en la destrucción de la selva para la fabricación de potreros. ¿Por qué se permitió una destrucción así de vasta, sin regulación alguna?

México necesita hoy un movimiento ambientalista potente y amplio, y un gobierno que se cuadre en la lucha contra el ecocidio. Si no lo hace, no faltará en el mundo quien lo vaya a llevar a cuentas. Polly Higgins tendrá sus sucesoras.

1/31/2016

¡Alto a los ecocidios!, ambientalistas crean frente común para evitar proyectos devastadores


    
Su lucha es tu lucha- de la defensa de los recursos naturales
(31 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante el ecocidio de Tajamar en Quintana Roo donde se evidenció la total indiferencia y complicidad del gobierno federal y estatal por la devastación del medio ambiente,  y ante el cual miles de reclamos por parte no sólo de la comunidad nacional, sino internacional se hicieron presentes, se ha creado un frente común que busca detener futuros crímenes contra el planeta y la vida que lo habita implicada en  ambiciosos  proyectos inmobiliarios.
El día de ayer, se llevó a cabo un evento al que asistieron activistas ambientales en el   Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún. “Conformamos una comisión de derecho ambiental y concluimos que hay que respetar la no retroactividad de la ley, porque el proyecto fue autorizado en 2005, y la protección de humedales y manglares en 2007: la controversia entre ciudadanos que se oponen, desarrolladores y Fonatur llegará al máximo tribunal (…) vendrá una resolución que determinará quién tiene la razón. Allí, cuando se den los cinco casos necesarios se hará jurisprudencia de cómo se va a hacer el desarrollo posteriormente en el país”, adelantó  el  presidente de la Barra de Abogados de la entidad deLuis Armando Esquiel Orozco.
En Tajamar, habitaban cerca de 50 especies animales. Además,  el manglar era considerado una barrera natural contra los huracanes y gracias a su capacidad de captura dióxido de carbono, ayudaba a mitigar el cambio climático, sin embargo, esto no fue un argumento para detener el mega proyecto millonario que de la  que la ambición de los empresarios y políticos se pretendía satisfacer. 
Tajamar “es un ejemplo de una política sistemática de las autoridades para fomentar un modelo de turismo depredador”, y destacaron que “el mensaje que la Profepa está enviando a las inmobiliarias es que las normas pueden matizarse o eludirse sin castigo”, aseguraron los ambientalistas.
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1/24/2016

Repudian activistas hipocresía del Partido Verde en Tajamar


Integrantes del PVEM querían clausurar de forma simbólica la obra

Poner banderas de un partido político es una burla para nosotros, reclaman ambientalistas

El senador Carlos Puente ofrece presentar denuncias penales y de responsabilidad ecológica

Foto
Ambientalistas abuchearon a integrantes del PVEM que querían colocar sus mantas en Tajamar
Foto Carlos Águila
Periódico La Jornada
Integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pretendieron sacar raja política de la devastación de decenas de hectáreas de manglar y fueron corridos por ambientalistas que han denunciado la muerte de miles de especies de flora y fauna en el predio donde se realiza el proyecto turístico Malecón Tajamar, auspiciado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
No les da vergüenza; somos ambientalistas y estamos protegidos por leyes internacionales, aquí (el 16 de enero) nos enfrentamos a la fuerza pública de los tres niveles de gobierno. Todos ustedes estás detrás del aire acondicionado y yo he estado atrás del manglar que había, soportando moscos y haciendo estudios para protegerlo, les endilgó la presidenta de la agrupación Guardianes del Manglar, Katherine Ender.
Encabezados por el senador Carlos Puente y los diputados federales Jesús Sesma Suárez y Remberto Estrada Barba, los verdes intentaron clausurar de manera simbólica el Malecón Tajamar y dijeron que habían venido a sumarse al movimiento porque habían iniciado esa lucha en 2004 con una iniciativa de ley de protección a los manglares, que ya fue aprobada en ambas cámaras.
Los que estamos aquí no aceptamos bandera política, ni tampoco a los que vienen en representación del gobierno municipal: no aceptamos de ninguna manera una clausura simbólica; queremos la clausura oficial de las obras y la reparación de los daños, contestó Khaterine Ender.
Ustedes tienen a delegados en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que no han hecho nada; a nombre de todos los grupos, desde hace seis meses pido su renuncia, agregó.
El senador Carlos Puente tomó la palabra y dijo que su partido condenaba el abuso por parte de los desarrolladores que si bien pueden excusarse en la retroactividad de la ley debería prevalecer la conciencia y el interés del medio ambiente.
Señaló que presentará denuncias penales y de responsabilidad ambiental ante las instancias correspondientes contra todos aquellos que resulten responsables de esos hechos y los que hayan cometido un delito por comisión u omisión.
El legislador afirmó que la denuncia será contra todos los que intervinieron en esta afectación y que los militantes del Verde que trabajan de delegados federales en Quintana Roo tendrán que pronunciarse.
El gobierno mexicano tendrá que responder ante esta devastación, el Poder Judicial tiene que deslindar responsabilidades. Aquí debería cancelarse todo proyecto que ha dañado al medio ambiente, subrayó.
Ante los señalamientos, el síndico municipal y también integrante del PVEM Guillermo Brahamns afirmó que tiene 33 años de vivir en Cancún y que como ciudadano lo único que puede hacer es venir a apoyarlos. Entre rechiflas y gritos de ¡fuera, fuera! los activistas le contestaron: No te puedes quedar, no te aceptamos; tus representantes no han hecho nada, no vengan a poner banderas del Verde, es una burla para nosotros.
Los ecologistas adelantaron que el próximo lunes iniciarán el proceso para rescatar los animales que sobrevivieron a la devastación del Malecón Tajamar, por lo que pidieron redoblar la vigilancia a la zona para evitar otra posible incursión para continuar los trabajos de desmonte del manglar.
Señalaron que el ayuntamiento de Benito Juárez firmó un acuerdo en el que se comprometió a colaborar en los trabajos y advirtieron la urgente necesidad de reubicar a los cocodrilos porque las condiciones en que quedó el manglar no les ga
rantizan alimento, además de que las charcas están en proceso de descomposición por los peces y moluscos muertos.

Patricia Vázquez y Carlos Águila
Corresponsales

1/21/2016

Pese a irregularidades se otorgaron permisos para el proyecto Tajamar


El ayuntamiento de Benito Juárez permitió que se realizaran las acciones de chapeo y desmonte en el manglar


lasillarota.com

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer que la empresa BI&DI, encargada del proyecto Malecón Cancún Tajamar, en Quintana Roo, realizó la remoción de vegetación en el manglar e incumplió a una condicionante de impacto ambiental fijada por la dependencia federal, por lo que en agosto de 2015 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades.
Se detalló que, a pesar de que contaban con los permisos para continuar las obras hasta el próximo 8 de febrero, debían realizarse 11 inspecciones en 10 lotes de este proyecto, ya que se verificó que carecían de autorizaciones propias y no se acreditó la cesión de derechos de autorizaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a su favor.
En noviembre de 2015 un juzgado federal determinó dejar sin efectos la suspensión definitiva contra la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto, por lo que Fonatur se encontraba en plena posibilidad jurídica de ejecutar las acciones de remoción de vegetación hasta el 8 de febrero de 2016, explicó la Semarnat en un comunicado.
Además, se aclaró que los permisos y autorizaciones que derivaron en los trabajos y que recientemente fueron denunciados por activistas, ya se tenían desde antes que se adicionara al "Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre del 1 de febrero de 2007 la prohibición de la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar".
El ayuntamiento de Benito Juárez permitió que se realizaran las acciones de chapeo y desmonte en el manglar, debido a que los desarrolladores inmobiliarios cumplieron las formalidades exigidas en el Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del ayuntamiento.
El funcionario que otorgó el permiso
La autorización ambiental de Fonatur para devastar decenas de hectáreas de manglar en la laguna Tajamar, el pasado fin de semana, fue otorgada en 2005 por Ricardo Juárez, entonces titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat, quien fue inhabilitado en 2007 tras haber otorgado al menos 70 permisos irregulares y denunciado por ello ante la Secretaría de la Función Pública.
Empresas participantes
En la zona se construiría un desarrollo inmobiliario, hotelero, comercial, recreativo y religioso, al que se suman las empresas y particulares Inmobiliaria Temalcab, Organización Editorial Acuario, Desarrollos Inmobiliarios Raipavi, Salvador Daniel Kabbaz Guindi, José Antonio Zamudio Ferrera y Copropietarios, Grupo Azulejo Grupo Inmobiliario Acero, Inmobiliaria 1901, José Olivella Ledezma, José Martí Domene, Vanguard Caribe Comercializadora, Desarrolladora El Arca, Inmobiliaria Moka, y Standard Machinery and Suply Company.
También el Fondo La Comercial Mexicano, Ciscolang, Inmobiliaria La Corte Virreynal, Desarrollo Malecón Lagunas, Oliba Operadora Hotelera, Jaguar Ingenieros Constructores y Gr Inmuebles. 
Con información de Milenio
kach

8/09/2015

Río Sonora: un ecocidio con complicidad gubernamental


La contaminación en el río Sonora. Foto: AP / El Imparcial
La contaminación en el río Sonora.
Foto: AP / El Imparcial
MÉXICO, D.F. (Apro).- “Empecé a tener vómitos, diarrea y ronchas en la piel. Me empezó a arder. Conforme pasó el tiempo, me dolía el cuerpo. Después perdí la motricidad, no podía caminar”, recuerda, con semblante adusto y ojos húmedos, Zoila López, una estilista de 32 años.
Madre de tres hijos y avecindada en Baviácora, Sonora, López ha vivido literalmente en carne propia los efectos del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre sobre el río Sonora el 6 de agosto de 2014.
“Los doctores y la Unidad Móvil de Cofepris me dieron varios diagnósticos, que si era gripa, que si era dengue, que si estaba deprimida, y no lo relacionaban con el derrame. Pedí análisis de sangre y orina y no me los hicieron”, recuerda en entrevista con Proceso.
En noviembre, tres meses después del desastre, se levantó poco a poco y volvió a ingerir alimentos. Su esposo, agricultor y ganadero, cuidó de los niños.
Para agudizar el agravio, la crecida del río Sonora arrasó con sus plantíos de sorgo, chile verde y otras variedades. Su inversión acabó en las aguas.
El testimonio de López se suma a los de cientos de personas perjudicadas por el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, brazo de Grupo México –la mayor minera del país propiedad de Germán Larrea, el segundo potentado nacional según la revista estadunidense Forbes.
Irregularidades, falta de supervisión, de sanciones apropiadas y atención clínica adecuada, así como violaciones a las leyes ambientales y opacidad rodean el derrame, a un año del peor ecocidio en la historia del país, según una pesquisa de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
“A un año, la zona está cada vez peor. El gobierno ha sido negligente y cómplice de Grupo México”, asegura Adolfo López, agricultor y ganadero de Banamichi, a Proceso.
López, padre de tres hijos, vio cómo él y sus homólogos perdieron las siembras por la inundación, primero, y luego por la falta de riego debido a que el gobierno federal ordenó el cierre de pozos por la contaminación.
Chile, cacahuate, frijol, caña de azúcar y nuez engrosan el listado de perjuicios de la tragedia. Por ejemplo, cada hectárea de cacahuate rinde entre 2.5 y 3 toneladas, a un costo de 26 mil pesos por tonelada.
“Sólo resarcieron 10 mil por tonelada, es una pérdida y afecta la economía familiar. Es una burla, no ayuda en absoluto”, denuncia.
A partir del desbordamiento, se puso en marcha una maquinaria corporativa para ocultar y minimizar el suceso, con la omisión de las autoridades federales.
Inicialmente, la minera atribuyó el accidente a las fuertes lluvias caídas en la zona, extremo desmentido por reportes del Sistema Meteorológico Nacional. Luego, la compañía reconoció una fuga en un represo que traslada los materiales a otro, llamado Tinajas 1, donde desaguan los desechos líquidos, y que dio pie al vertido tóxico.
Mediante más de 100 solicitudes de información pública sobre el derrame y sus secuelas y con el apoyo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), la organización, que aglutina a unas 300 personas de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, descubrió que las sustancias que enfilan hacia Tinajas 1 debían de ser conducidas a través un sistema hidráulico a otra área de la mina.
Pero en el momento en que llegó el flujo excesivo, ese sistema se encontraba en reparación y, además, carecía de válvulas para controlar su salida.
Así, la mezcla inició su ruta nociva, al caer en el arroyo “Tinajas” que desemboca en el río Bacanuchi y se conecta con el Sonora.
El acta de inspección 08082014-SII-I-062, orden de inspección número PFPA/32.2/2C27.1/113-14-, da cuenta que la minera, a pesar de haber detectado un filtrado el 6 de agosto a las diez de la mañana, lo notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 25 horas después mediante una llamada telefónica. Además, Buenavista del Cobre presentó el formato de aviso inmediato hasta el 8 de agosto, dos días después del desastre.
Lo mismo sucedió con el formato de aviso de derrames, enviado hasta el 12 de agosto cuando, por ley, debía hacerlo el 11 como máximo.
Por todo ello, la empresa incumplió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La alianza Méxicoleaks, de la que Proceso es parte, participa en la difusión de esta investigación de los Comités de Cuenca del Río Sonora y PODER, dedicada a fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina con un enfoque de derechos humanos.
Buenavista del Cobre es la cuarta mina de ese componente más grande del mundo en términos de producción.
En total, el derrame golpeó a unas 23 mil personas en la zona del río Sonora.
El grupo invertirá 3 mil 400 millones de dólares en Buenavista del Cobre, puesto que como parte de sus planes de negocio se ha propuesto convertir a la mina en la tercera más grande del mundo y aumentar 180% su capacidad de producción de cobre o 505 mil toneladas por año.
A través de su filial, GM posee casi 40% del territorio concesionado en Cananea, poco más de 104 mil hectáreas con 42 concesiones.
Deslinde
Buenavista del Cobre ha señalado como única responsable de la construcción en la zona de los represos a la empresa TECOVIFESA, pero la responsabilidad por el derrame recae en ambas. La primera, por no supervisar el correcto funcionamiento, y la segunda, por los defectos en la construcción, en virtud de la responsabilidad solidaria estipulada por el artículo 24 de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
La minera maneja residuos peligrosos sin las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). En 2011 la minera envió a la citada dependencia su Plan de Manejo de Residuos y un año después la secretaría le solicitó más información para poder avalarlo.
Buenavista del Cobre solicitó una prórroga y durante tres años la Semarnat no ha exigido esa información. Hasta abril pasado, el trámite continuaba pendiente.
Hasta el día del derrame, la compañía trabajó con lixiviados en instalaciones que estaban en construcción y que no contaban con sistemas de detección y control de derrames.
Además, Profepa señaló que el terreno de los represos -en los que desde mayo y junio de 2014 se captan y procesan las sustancias- tiene un avance de 50% en la edificación, según el acta de inspección PFPA/3.2/2C.27.500040-2014-AI-SON.
En el momento del vertido Semarnat revisaba el cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados, según constató Proceso.
Una de las autorizaciones concedidas prácticamente sin atenuantes se refiere al proyecto de la presa de jales para la mina, autorizada el 29 de julio de 2013 y vigente hasta esa misma fecha de 2071.
Además, el 24 de agosto de 2012 le autorizó el desarrollo del terrero Tinajas, con una vigencia de 35 años.
En el primer caso, el documento 26SO2013MD082 titulado “Proyecto nueva presa de jales para Buenavista del Cobre, municipio de Cananea, SON” describe que esa obra consiste en la preparación, construcción, operación y cierre de una presa de jales y que permitirá su disposición final.
“Lo que han hecho es una injusticia. No hay dinero que restituya la confianza. La solución no es el resarcimiento económico, sino el saneamiento ambiental. Queremos que se nos haga justicia”, sostiene Ramón Miranda, vendedor de ropa y calzado en Aconchi, de 56 años de edad y padre de tres hijos.
Para Miranda, el comercio formal e informal –vital junto a la agricultura y la ganadería en la zona y que sostiene a unas 6 mil familias– está devastado.
Grupo México y el gobierno acordaron la creación de un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para atender los perjuicios provocados a la población. De esta manera la minera evitó enfrentar un juicio por responsabilidad ambiental.
Pero los afectados critican que ese fondo ha sido copado por un pequeño grupo que lo ha utilizado con fines políticos. “Por más que hayan respaldado, no se nota en los bolsillos” de la gente, enfatiza Miranda.
Los Comités acusan a la Secretaría de Agricultura de incumplir el Programa de Reactivación Agropecuaria prometido a los productores agropecuarios de los siete municipios afectados, plasmado en un boletín publicado el 14 de septiembre de 2014.
“Con picos y palas”
La organización critica que Buenavista del Cobre adolezca de un Plan de Remediación Ambiental integral que abarque todo el terreno afectado. Luego del derrame, la minera dividió el territorio contaminado en cinco zonas, con un plan para cada una. Pero hasta julio último sólo había entregado a Semarnat el plan correspondiente a la zona uno que abarca 30 kilómetros contiguos a la mina y que ya está aprobado. Quedan más de 200 kilómetros sin programas de manejo para abarcar a las siete comunidades afectadas, sin que Semarnat ni la minera hayan actuado al respecto.
Los Comités consideran que el plan completo debió entregarse y aprobarse posteriormente al ecocidio. El saneamiento “es una burla al público. La han hecho con picos y palas. Hoy no hay trabajo de remediación”, cuestiona Adolfo López.
Greenpeace estima que el saneamiento puede tomar entre 15 y 20 años, pues las sustancias tóxicas permanecen en el fondo y los costados de los ríos y luego pueden ser removidas por las lluvias o se absorben en los organismos vivos.
El riesgo es que esos componentes pasen a largo plazo a la cadena alimenticia de las personas y algunos animales.
La exposición prolongada a componentes como el cobre, arsénico, cadmio y plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el hígado, entre otros perjuicios, precisamente lo que Zoila López y su familia han padecido.
“Nos dijeron que tenemos niveles cercanos al límite máximo de metales pesados. Mi esposo y mi hijo mayor tienen cobre elevado. Mi esposo tiene el hígado inflamado”, enumera López.
En abril pasado, personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se presentó en su casa para revisarla y atenderla. Pero López no recibe ningún tratamiento especial. “Sólo me dan vitaminas y calcio. Tengo que someterme a un examen especial que sólo hacen en Hermosillo y no hay dinero para pagarlo”, lamenta.
Con los amparos interpuestos, los Comités buscan garantizar su participación en los planes de remediación, obligar a las mineras a respetar el ambiente y hacer que Buenavista del Cobre y el gobierno federal reparen el daño de forma integral.
“Queremos que el gobierno cumpla sus promesas, que remedien la zona, que instalen filtros adecuados en los pozos, que ofrezcan atención médica gratuita y que se forme un comité ciudadano para supervisar y auditar el resarcimiento”, demanda Miranda.
A causa del derrame se han presentado seis demandas de acción colectiva que siguen su marcha en los tribunales federales.