Campesinos
del noroccidente de México reclaman el pago de la indemnización por la
construcción de una carretera, ante el Palacio Nacional, frente a la
plaza de la Constitución, en la capital del país, sede de la
Presidencia, se ha convertido en lugar donde diferentes grupos
manifiestan sus demandas durante los primeros seis meses de gobierno del
izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Emilio Godoy/IPS
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Andrés Manuel López Obrador, el presidente izquierdista, cuyo triunfo
representó un cambio de régimen en México, cumple seis meses de gestión,
marcados por claroscuros en su tratamiento a temas socioeconómicos,
ambientales y, también, de derechos humanos.
Desde que asumió el 1 de diciembre, su gestión se ha caracterizado
por el diseño de buenas ideas y una mala aplicación, lo cual ya se
refleja en el desempeño del país y la percepción social sobre el primer
gobierno ajeno a los tradicionales y conservadores Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
“Frente a las grandísimas expectativas generadas y con un amplísimo
voto mayoritario (en las elecciones de julio), vemos situaciones
encontradas”, señaló Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz.
“Preocupan
las decisiones precipitadas. Los programas sociales son muy riesgosos
por ser clientelares. Hay un riesgo real de que el reparto de recursos
de manera directa sin control se vuelva botín para extorsión y otras
formas de violencia”: Alberto Solís.
El activista mencionó, entre los avances, la liberación de una
veintena de presos políticos, la cancelación del proyecto de un nuevo
aeropuerto de Ciudad de México, el relanzamiento de la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas y el cambio de discurso sobre la violencia
institucional y criminal.
López Obrador, de 65 años y
conocido popularmente por AMLO, sus iniciales, “goza de un bono
democrático y la confianza de la gente de querer creer, en un país tan
devastado por la corrupción y la violencia”, valoró a IPS el director de
la organización no gubernamental que brinda servicios para la paz, la
justicia y la dignidad.
Desde la campaña electoral de 2018, López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), prometió un cambio radical y rápido respecto al legado de su
predecesor, Enrique Peña Nieto (2012–2018), del PRI. Pero esa
transformación aún no se materializa en asuntos como los derechos
humanos.
El nuevo gobierno ha sufrido una dura curva de aprendizaje, transfigurado en los resultados de las decisiones tomadas.
Entre las medidas bien valoradas se incluyen el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, que da unos 180 dólares mensuales a aprendices de oficios, además del plan “Sembrando vida”,
que destina unos 257 dólares mensuales a pequeños productores
agroforestales, y concede bimestralmente unos 130 dólares a adultos
mayores.
Pero, para inyectar recursos a la estatal Petróleos Mexicanos, a fin
de incrementar la producción petrolera, López Obrador, de 65 años, y
tres veces candidato presidencial, dictó medidas de austeridad, como un
recorte salarial para los trabajadores públicos, freno a compras de
medicinas y rebajas presupuestarias, una receta neoliberal que se
contradice con sus idearios y discurso.
Asimismo, redujo el financiamiento a guarderías infantiles, refugios
para mujeres víctimas de violencia y organizaciones de la sociedad
civil.
El gobierno de AMLO abrió el ingreso a migrantes de Guatemala, El
Salvador y Honduras que buscan llegar a Estados Unidos, pero en la
práctica limitó poco después la medida, que acrecentó la tragedia
humanitaria que ya padecían las fronteras sur y norte.
Esas acciones han generado renuncias de cuadros medios y altos,
vitales para la labor gubernamental diaria en tareas de supervisión
ambiental, cobro de impuestos y vigilancia financiera. Además, la
crónica escasez de medicamentos en el sistema público de salud se ha
agudizado.
Así, el gobierno mexicano padece de la paradoja de las consecuencias
no previstas, acuñada por el sociólogo estadunidense Robert Merton
(1910-2003), respecto a no medir el alcance de las medidas y terminar
por provocar efectos opuestos a los deseados.
En el primer semestre “ya se evidencian algunas debilidades del
planteamiento que deben corregirse si se quiere lograr un buen
resultado”, aseguró Juan Moreno-Brid, profesor de la Facultad de Economía de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.
“Hay una parte en la que tiene razón el presidente, como quitar
corrupción e ineficiencias. Pero que la receta sea cortar gasto e
inversión es bastante cuestionable, sobre todo porque México tiene un
gobierno que no participa en la inversión”, planteó el académico.
Diariamente, López Obrador, a quien se sitúa dentro del populismo de
izquierda, presume de su combate a la corrupción y a favor de la
regeneración democrática, los ahorros presupuestarios y los programas
sociales para romper las desigualdades estructurales en este país de 129
millones de personas.
Asimismo, el mandatario está decidido a construir una refinería y una línea férrea
en el sureste del país, así como un corredor que una las costas de los
océanos Pacífico y Atlántico, proyectos que cuestionan organizaciones
ambientales y grupos indígenas por su falta de estudios ambientales y de
la obligada consulta libre, previa e informada.
Además, su estilo personalista lo ha situado en confrontación con los
medios críticos, a los que ataca un día sí y otro también, con
descalificaciones que acentúan la vulnerabilidad de los periodistas, en
un país muy peligroso para ejercer el oficio.
La economía mexicana se contrajo 0,2 por ciento en el primer
trimestre de 2019, en comparación con el trimestre previo, en la caída
más acentuada desde 2009, según el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El gobierno proyecta
un crecimiento económico de 1,6 por ciento en 2019 y 1,9 en 2020,
frente a la promesa durante la campaña de incrementar el producto
interno bruto (PIB) en cuatro por ciento anual.
Además, el desempleo
se ha mantenido estable, cotejado con el mismo lapso de 2018. A esas
cifras, el presidente opone su propia realidad, al asegurar que “tiene
otros datos”.
La idea de AMLO gira en torno a la construcción de un Estado
benefactor que provea de todos los servicios a la población, sin
incrementar la carga tributaria, la más baja de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a las economías más
grandes del planeta.
El financiamiento vendría del ahorro derivado del combate a la
corrupción, asegura López Obrador, quien ha adoptado drásticas medidas
de austeridad para sí mismo y sus colaboradores, como ejemplo de
regeneración democrática.
Sobre la parte negativa, Solís situó la profundización del modelo de
seguridad militarizada, con la creación en enero de la Guardia Nacional
–integrada mayoritariamente por soldados– para afrontar la violencia
criminal y los carteles del narcotráfico.
Además incluyó la construcción de megaproyectos sin análisis
ambientales ni mecanismos de consulta apropiados, la persistencia de la
impunidad y la continuación de la violencia contra defensores
humanitarios y ambientales y los periodistas.
“Preocupan las decisiones precipitadas. Los programas sociales son
muy riesgosos por ser clientelares. Hay un riesgo real de que el reparto
de recursos de manera directa sin control se vuelva botín para
extorsión y otras formas de violencia”, cuestionó el activista.
Solís consideró que “seguimos viendo una presidencia muy
centralizada, que toma todas las decisiones, y lo cual no es lo más
sano. Hay un rechazo cada vez más explícito hacia valoraciones técnicas
frente a los argumentos presidenciales”.
La gestión ya impactó en la popularidad del presidente. Una encuesta divulgada el lunes 27 por la firma De las Heras Demotecnia,
mostró un retroceso en su aceptación, que pasó de 80 por ciento en
marzo a 70 por ciento en mayo. Además, su reprobación creció de 14 por
ciento a 21 por ciento.
Los encuestados valoraron que la economía y la seguridad empeoraron desde diciembre.
Para consolidar la gestión, Moreno-Brid aconseja a López Obrador
realizar una reforma fiscal progresiva, impulsar la inversión y promover
tanto una política industrial como una política universal de seguridad
social.
“La nueva administración impuso límites severos a la posibilidad de
fortalecer y modernizar la infraestructura, de aplicar políticas
fiscales para reducir la desigualdad, sin olvidar el alivio de las
grandes brechas en las condiciones socioeconómicas de los pobres. La
política social y económica fracasará otra vez, falla que puede costarle
caro a la sociedad e incluso a la democracia”, sostuvo.
Edición: Estrella Gutiérrez
Esa
agrupación reúne a residentes de 43 comunidades de 12 municipios de la
cuenca del Río y, junto con otras organizaciones, logró suspender la
obra que construyen la empresa brasileña Odebrecht y la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz.
