El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) del actual gobierno dijo a finales de septiembre que se importará, en el breve lapso que les queda, de Estados Unidos petróleo crudo ligero.
El todavía funcionario Carlos Treviño señaló que el crudo importado alimentará la refinería en Salina Cruz, la más grande de las seis que tiene Pemex en el país, y ayudará a cumplir con la meta de procesamiento de 800 mil barriles por día de la petrolera a finales de 2018.
Hemos tomado la decisión de importar algo de crudo para poderlo meter en nuestras refinerías y poder mejorar el nivel de proceso de refinerías, crudo ligero, y capturar el margen de refinados, dijo Treviño en una entrevista que le hizo Reuters y difunde información.
Pemex ha manejado desde hace tiempo la idea de importar crudo para mezclar en sus refinerías, cuyo procesamiento está a 40 por ciento de su capacidad (aparentemente ha caído ya más).
Treviño indicó que Pemex no cumplirá con su meta de producción de crudo para 2018, estimada en 1.95 millones de barriles por día (bpd), pero no dio un estimado de en cuánto se ubicaría el bombeo al cierre del año.
Pemex no ha logrado frenar el declive de su producción de crudo, que actualmente se ubica en mínimos de dos décadas. En lo que va del año, ha producido un promedio de 1.87 millones de bpd, frente a los 1.95 del año pasado y muy lejos del máximo histórico de 3.4 millones de bpd alcanzado en 2004. La caída iba en 1.82 en agosto y sigue bajando.
Es un campo que empezó a migrar mucho más rápido de lo esperado hacia el aceite, obligándonos a cerrar varios pozos por invasión de agua (...) golpeando nuestro escenario de producción, mencionó Treviño en el contexto del congreso petrolero en el balneario de Acapulco.
El 23 de octubre la empresa estadunidense Phillips 66 ganó la licitación de Pemex para importar crudo ligero Bakken a México cuatro cargamentos de 350 mil barriles cada uno de ese crudo para entrega durante noviembre.
Como lo dijimos en nuestro artículo del 7 de octubre en estas páginas, esto coincidió con el acuerdo final del pacto económico de América del Norte, principalmente con Estados Unidos, especialmente en este terreno. Eso más que triplicó el acuerdo inicial de importación de crudo de ese país, muy probablemente como concesión final para la firma del tratado.
La compra, que marcará la primera importación de crudo estadunidense que hace Pemex en más de una década, fue solicitada la semana pasada para cubrir los requerimientos de la refinería Salina Cruz.
Actualmente, se está en el proceso de firmar los contratos correspondientes, informó en un comunicado.
Se espera que el crudo Bakken sea transportado por ducto desde Dakota del Norte, en Estados Unidos, hasta los puertos del Golfo. Phillips 66 Partners, una unidad de Phillips 66, tiene 25 por ciento de interés en el sistema Oleoducto Bakken.
Está encima la consulta pública de si se sigue con el aeropuerto nuevo (pero con más de cuatro años de envejecimiento en su muy inicial obra realizada) con un enorme derroche de dinero. Hemos dicho que la solución no está en otro aeropuerto sino con un sistema de ferrocarriles de alta velocidad, pero no se nos pregunta sobre esta opción. Tenemos que irnos por el menos peor y tirar a la basura el enorme nuevo aeropuerto.
El Senado demandó al presidente Enrique Peña Nieto revocar de inmediato los 10 decretos que firmó en junio pasado, que eliminaron la veda y posibilitan concesionar a particulares el agua de 300 cuencas del país.
El acuerdo, propuesto por la senadora morenista Mónica Fernández Balboa, incluyó demandar al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones, así como suspender la operación y funcionamiento del sistema de trámites electrónicos para ese fin.
El Senado citó, además a comparecer a Ramírez de la Parra y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Rafael Pacchiano Alamán, para que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental de los decretos del Ejecutivo federal.
El punto de acuerdo fue aprobado de urgente resolución por todas las fuezas políticas, excepto por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos legisladores se abstuvieron y sólo avalaron la comparecencia de los funcionarios. Tanto el coordinador panista, Damián Zepeda, como del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cué, insistieron en que antes de pedir la revocación de los decretos se escuchara a los titulares de la Semarnat y la Conagua.
La senadora Fernández Balboa insistió en que el Senado debía pronunciarse firmemente en contra de cualquier intento de privatizar el agua y entregar los recursos de los mexicanos a particulares.
La senadora Marybel Villegas Canché, también de Morena, explicó que son 19 las entidades federativas afectadas por los decretos, que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y –según han denunciado organizaciones civiles, colonias, núcleos agrarios y académicos– se trata de un intento por legalizar la privatización del agua en el país.
En entrevista, Lucía Meza Guzmán, senadora de Morena, celebró esa decisión, pues la votación en contra de la privatización del vital líquido es un triunfo de todos los sectores sociales, campesinos, académicos y de diferentes grupos parlamentarios, quienes vemos en los decretos presidenciales un peligro de seguridad nacional al favorecer concesiones a grupos empresariales que pueden hacer del agua un negocio.
Consideró que el anuncio del gobierno federal de aplazar seis meses el trámite electrónico para obtener en la Conagua concesiones de aguas nacionales superficiales y subterráneas tuvo que ver con la presión social.
Una de las reformas que debe ser aprobada antes de que concluya el periodo de sesiones es la que prohíbe expresamente la privatización del agua, a fin de garantizar el derecho constitucional de los mexicanos al abasto oportuno del líquido, resaltó el presidente del Senado, Martí Batres.
El legislador por Morena comentó que es un tema coyuntural, dada la intención del presidente Enrique Peña Nieto de otorgar concesiones para la explotación del agua antes de concluir su mandato, y si bien éstas pueden ser revocadas por Andrés Manuel López Obrador en cuanto asuma el gobierno, es importante que se establezca en la ley la prohibición expresa de entregar los recursos hidráulicos del país a particulares.
El presidente del Senado expuso que es importante frenar esa intención privatizadora, ya que de las 732 cuencas hidráulicas, 106 están sobrexplotadas, por lo que la Federación debe velar por el cumplimiento del derecho humano al agua y a su saneamiento.
En el inicio del periodo, el pasado 6 de septiembre, Batres presentó una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que se cumpla el artículo cuarto de la Constitución, en el cual se reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico y se indica que el Estado mexicano es el encargado de garantizarlo.
Es decir, al ser considerado un derecho humano, solamente debe ser prestado por el Estado y no por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua potable.
La iniciativa señala que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente a través de la comisión en la materia. Asimismo, la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.
Igualmente, el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos y “queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la realización de los servicios asociados a ésta.
Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica para prestar los servicios asociados a ésta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable. Queda prohibida toda forma de privatización de la gestión del agua.
Precisó que esa iniciativa se dictaminará junto con otras que están en el Senado, ya que forma parte de la agenda del próximo gobierno.
A pregunta expresa, Batres respondió que el presidente Peña Nieto tiene la facultad para emitir decretos hasta el último día de su mandato, pero desde el punto de vista político las concesiones a particulares para la explotación del agua son contrarias a la determinación del equipo que asumirá el gobierno el primero de diciembre de no permitir que se privatice ese recurso.
Comité Digna
Ochoa interpone demanda de amparo vs 10 decretos promulgados el 6 de
junio de 2018 que abren puertas a privatización de aguas nacionales y
violentan derechos humanos de la sociedad mexicana.
Representantes de este Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas
Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) interpusieron el día de ayer en los
juzgados de distrito y juicios federales en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez una demanda para requerir el amparo y protección de la
justicia federal ante actos violatorios de los derechos constitucionales
y humanos en contra de la sociedad mexicana por parte Congreso de la
Unión al aprobar y expedir reformas de la fracción II del artículo 22 de
la Ley de Aguas Nacionales, devenida inconstitucional y atentatoria de
derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y del
Presidente Enrique Peña Nieto por la promulgación de 10 decretos para
eliminar las vedas de 300 cuencas hidrológicas lo que consideramos, así
como de acciones violatorias por parte de la SEMARNAT, CONAGUA
Este recurso de amparo fue presentando el día de ayer justo el último
día para vencerse el término constitucional recayendo para trámite en el
Juzgado Cuarto de Distrito y Juicios Federales en el Estado de Chiapas,
y se suma a las acciones de demanda de amparo interpuesta por
compañeros y compañeras de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos (ANAD) quienes han interpuesto amparos en la ciudad de
México.
Señalamos que con la promulgación de estos decretos que
abren puertas a la privatización de las aguas nacionales se violentan
los Artículos 1, 2, 4 párrafo cuarto, quinto y sexto, 14,16, 27 párrafos
quinto y sexto, 29 párrafo segundo, 39 y demás relativos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2,
3, 6, 7, 8, 25 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas; artículos 1, 2, 3 del Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
artículos 1, 2, 3, 4, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana de
Derechos Humanos “Pacto San José, Costa Rica”; artículo 11 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”; Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y
demás relativos de la normativa internacional, y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este recurso de amparo está sustentando en el interés legítimo que
tenemos como defensores de los Derechos Humanos y al violentarse
Derechos Humanos y Constitucionales con estos decretos así como
ciudadanos mexicanos que habitamos en una de las cuencas mencionadas en
los decretos promulgados por el Presidente Enrique Peña Nieto, que en el
caso del Estado de Chiapas comprende En el caso de Chiapas, se
encuentra contemplada la Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta,
la cual según datos oficiales se localiza al Sureste de nuestro país,
está limitada al Norte por el Golfo de México; al Este por la República
de Guatemala, al Noreste por la Región Hidrológica No. 31 Yucatán Oeste,
al Sur por la Región Hidrológica No. 23 Costa de Chiapas y al Oeste por
la Región Hidrológica No. 29 Coatzacoalcos. Geográficamente está
comprendida entre los paralelos 14°55´ y 18°35´ de latitud Norte y los
meridianos 91° 20´ y 94° 15´ de longitud Oeste. La figura 1, muestra su
ubicación geográfica a nivel nacional-regional.
Manifestamos
que la defensa que hacemos de los derechos humanos nos atañe individual y
colectivamente, pues son derechos que disfrutamos individualmente y que
pertenecen a todos los integrantes de la colectividad, de la sociedad
toda. La vulneración de los mismos afecta a infinidad de personas que
resultaran vulneradas en sus derechos, si no hay quien propugne por su
defensa y respeto. En este sentido, tanto la ley de amparo como las
tesis de jurisprudencia que sustentamos en el amparo nos legitiman para
actuar, toda vez que con los actos reclamados, las autoridades señaladas
como responsables están violentando de derechos humanos fundamentales
que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a una
colectividad, cuya afectación es indivisible, y de no impugnarlos se
harían negatorios para la colectividad humana, para la sociedad toda.
Señalamos que las autoridades responsables, con la expedición,
promulgación y refrendo de los decretos impugnados por el que se
establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales y
se suprimen las vedas que se habían establecido en las cuencas
hidrológicas que mencionan los decretos violan los derechos humanos y
garantías constitucionales establecidas en los artículos 1°, 4°, 14, 16,
27, 73 fracciones XXIX-G y XXIX-L, 89 fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos así como lo dispuesto en el
artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales suscrito por México.
El artículo 1° constitucional, reformado el 10 de junio de 2011, establece en su parte conducente:
ARTÍCULO 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Este nuevo paradigma constitucional ha establecido la máxima protección
de los derechos humanos que reconozca la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la normativa internacional aplicable, que
implica la obligación de las autoridades estatales de todos los niveles y
competencias, de promover respetar proteger y garantizar el goce,
disfrute y ejercicio de los derechos humanos, buscando siempre la máxima
protección de la persona humana y conforme a los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en
su caso la de investigar, reparar y sancionar la violación de dichos
derechos.
Expresamos que conforme a lo establecido en el
artículo 1° constitucional, tanto el derecho de acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible agua como el derecho a un
medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas deben
no sólo ser respetados por el Ejecutivo Federal, sino que debe
instrumentarlos en el orden jurídico nacional como un principio
inquebrantable; esto es, debe hacerlos efectivos y eficaces. Lo
anterior, para lograr el desarrollo y bienestar, así como la vida digna,
no solo de los quejosos, sino de todos los habitantes del país, que sin
discriminación alguna deben disfrutar de todos los derechos humanos
fundamentales.
Coincidimos con activistas, defensores, abogados
y académicos que han expresado que estos decretos abren la puerta
totalmente a la privatización de las aguas propiedad de la nación y que
está diseñada para entregar este vital recurso a industrias mineras,
cerveceras, refresqueras, hidroeléctricas privadas entre otras.
Señalamos que
los pueblos indígenas, tenían el derecho a ser consultados a través de
procedimientos adecuados en los casos en que por leyes o decretos
pudieran resultar perjudicados conforme al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, para emitir cualquier regulación
sobre la explotación, el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales que integran el hábitat de los pueblos indígenas, como en el
caso que nos ocupa, debió llevarse a cabo una consulta previa a dichos
pueblos, lo que no se realizó.
Y aunque el gobierno electo del
Sr. Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición han anunciado
que revertirán estos decretos que privatizan las aguas nacionales en
beneficio del gran capital nacional y transnacional, asumimos nuestro
deber como defensores de Derechos Humanos y actuamos responsablemente
para interponer este recurso de amparo que ha sido decretado y
promulgado en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Roberto Ramírez de la Parra preside la Comisión Nacional del Agua. Antes fue subdirector jurídico de la misma. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría en Business Administration por la Universidad de Phoenix, Estados Unidos.
Como muchos otros funcionarios de este sexenio, proviene del estado de México. Sin restarle méritos académicos y profesionales a don Roberto, a la hora de defender a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, confunde la gimnasia con la magnesia. Y lo anterior, a propósito de las críticas que se hacen a los 10 decretos presidenciales sobre el agua, emitidos el pasado 5 de junio.
Para don Roberto, todo se reduce a mentiras con un claro interés de carácter político-electoral. Y asegura que ya saben quién es el que está llevando a cabo este tipo de ataques.
Sin embargo, ya saben quién, apenas de pasada, y muy a la ligera, ha criticado la decena de decretos que eliminan la protección sobre las 300 principales cuencas hídricas del país y, en la práctica, abre la posibilidad de que se concesione a intereses privados el uso de tan preciado líquido, destacadamente para la minería y la extracción de gas con la técnica de la fractura hidráulica ( fracking), muy cuestionado en todo el mundo por sus nocivos efectos en la gente y el medio ambiente.
Son diversas las organizaciones y los especialistas que cuestionan el contenido de dichos decretos y los alcances que tienen, si no se modifican de raíz.
También tienen sus defensores, como el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) organización internacional que goza de prestigio y sostiene que el nuevo andamiaje legal representa una visión de futuro y sustentabilidad para las cuencas al establecer reservas de agua para surtir del vital elemento a las poblaciones y a la naturaleza los próximos 50 años. Además, afirma, evitará la sobrexplotación de los acuíferos, la escasez y la contaminación de los mismos.
Muy diferente opinan las organizaciones que luchan por la conservación de los recursos naturales y que el desarrollo del país se logre sin deteriorar el ambiente. Refieren, por ejemplo, que esos 10 decretos se elaboraron ignorando la mejor información científica disponible, se dirigen a favorecer actividades para nada amigables con la naturaleza y dan pie al acaparamiento del líquido por parte de entes privados.
Uno de los cuestionamientos más unánimes y sólidos es que no se tuvo en cuenta a los pueblos indígenas, que serían afectados en sus derechos, su autonomía y los territorios donde viven. Ignorar esto originaría graves problemas políticos, sociales y económicos.
Aunque las instancias oficiales insisten en que el agua no se va a privatizar y se conservará como un bien nacional, surgen las dudas al entrar en el terreno de las concesiones a particulares.
Destacadamente para favorecer a las empresas mineras y a las que desean imponer la técnica del fracking en diversas partes del territorio nacional. Tanto más grave cuando se registran severos desajustes en el uso y conservación del agua y que existe un enorme déficit en el campo de su tratamiento y reutilización para diversas actividades.
Es un hecho la sobrexplotación de los acuíferos más importantes y el mejor ejemplo lo ofrece la megaurbe que conforman Ciudad de México y decenas de municipios de los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. También en la de Guadalajara, Monterrey, León y Puebla.
No menos preocupante es lo que sucede en la región fronteriza con Estados Unidos, que crece en habitantes y actividades económicas, pero dispone de poco líquido.
Un ejemplo de lo que ocurrirá al permitir que el sector privado explote, use y comercialice el agua se tiene en Veracruz, donde las autoridades de 10 municipios decidieron no dar permisos para la explotación minera. No por indicaciones de ya sabes quién, sino para proteger sus recursos naturales, muy destacadamente, el agua. Y proteger su calidad de vida. Esa resistencia se observa en otras entidades del país y expresa la firme decisión de las poblaciones que pueden ser afectadas por los decretos citados de defender un bien público, y hacer efectivo el derecho constitucional a contar con agua suficiente y de buena calidad.
El octogésimo
aniversario de la Expropiación Petrolera fue conmemorado por el
gobierno en una apresurada ceremonia que ocupó 65 minutos en la agenda
del presidente Enrique Peña Nieto el viernes 16 de marzo –menos de un
minuto por año transcurrido. Una escenografía ad hoc, erigida
tras el presídium y frente al busto del presidente expropiador, casi
ocultándolo de la vista de los invitados, bien seleccionados para
aclamar la perorata del presidente desnacionalizador, que se extendió
por 14’ 24’’. (Su texto íntegro no se recoge, por cierto, en la página
web de la Presidencia, pero puede verse en youtube.com.)
La exposición partió de una cita de Lázaro Cárdenas, quien definió
como fin último del acto expropiatorio (palabra ésta que el orador
pronunció con dificultad) el proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos. En seguida admitió que este mandato no se había cumplido a cabalidad, pues el desempeño de Pemex no
correspondía a la magnitud de sus operaciones, mucho menos a su
potencial y había propiciado un gradual declive de su producción. En tales condiciones, afirmó más adelante, resultaba
imperativo crear un nuevo régimen legal, que le permitiera a la empresa
fortalecer sus operaciones, revertir el declive en la producción y
generar mayor riqueza para los mexicanos. Subrayó que, con la reforma energética, inter alia: hoy se permite la participación privada en todos los mercados de hidrocarburos; la empresa asume, como fin último, generar valor para la sociedad; ya se ha conseguido un desarrollo más dinámico de esta rama vital de nuestra economía, y, al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base de su desarrollo futuro.
Habría que señalar que el declive de la producción no se ha
revertido. La extracción total de crudo (en miles de barriles diarios)
descendió año con año de 2013 (2 mil 522) a 2017 (mil 948) y en enero de
2018, última cifra mensual disponible, se situó en mil 929. Si se toma a
las reservas remanentes de hidrocarburos como el indicador más amplio
de la base física para generar riqueza para la sociedad, se tiene que
éstas (en millones de barriles de petróleo crudo equivalente) se han
desplomado de 42 mil 158 en 2014 a 22 mil 149 en 2017 (última cifra
disponible). A cuatro años de promulgada la reforma, la participación de
agentes privados en las actividades centrales del sector sigue siendo
menos que marginal. El dinamismo en los años recientes ha correspondido a
las pérdidas de la empresa: la pérdida neta (en miles de millones de
pesos) escaló de 26 mil 900 al 31 de diciembre de 2012 a 352 mil 262 en
igual fecha de 2017. Las inversiones (com)prometidas en los contratos
adjudicados pueden realizarse en las fechas previstas, en diversos
momentos de los próximos años, o posponerse y recortarse o no
materializarse nunca, pues en muchos casos se refieren a recursos aún no
localizados. A la fecha, un experto universitario estima que la
inversión que realmente cabe esperar se sitúa entre alrededor de 3 mil y
4 mil 500 millones de dólares en los próximos cinco años. Por su parte,
la CNH informa que los ingresos del Estado acumulados hasta diciembre
de 2017 en función de los contratos de exploración y extracción de
hidrocarburos no alcanzan 250 millones de dólares. Magros resultados,
desde cualquier punto de vista.
Califico de desnacionalizador el discurso porque en su decurso
se priorizan, entre otros, el concepto de que Pemex comparta riesgos
con empresas privadas, sin mencionar que las más significativas entre
éstas serán extranjeras y, al aliviar el riesgo financiero de Pemex,
introducirán otros peligros, de orden operativo y político, por ejemplo,
al liderar la explotación de yacimientos transfronterizos o al vulnerar
la seguridad energética de la nación. Se da la bienvenida a la noción
de que regresen al país algunas de las corporaciones petroleras
expulsadas en 1938 o sus herederas, así como algunas empresas de
servicios. Desnacionalizar es incorporar de nuevo al país al coto de
caza global de esas empresas, cuyas prácticas expoliadoras han cambiado
en la forma pero no en su esencia. El rostro más visible de la
desnacionalización será la instalación de estaciones de servicio de,
entre otras, BP o Repsol. Se afirma que significará una aportación
técnica mayor y se exalta que fortalecerá la soberanía del consumidor.
Quizá haya en todo esto un salto, pero un salto al pasado, un salto a
antes de 1938.
Peña Nieto considera que el futuro de la reforma energética será tema
de decisión en el actual proceso electoral: “en democracia –dijo– los
mexicanos tendremos oportunidad de comparar la consistencia y la
congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del
sector energético”. Y ofreció una visión claramente distorsionada de las
disyuntivas: a) cancelar o preservar la libertad de los consumidores de
elegir entre distintas opciones; b) regresar a un modelo cerrado o
privilegiar la apertura y la competencia, y c) obligar a Pemex a asumir
riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas.
¿Son estas tres las alternativas verdaderas?
Ignoró que existen otras disyuntivas, entre ellas: a) maximizar la
extracción de crudo y mantener el sesgo exportador o ajustar la
producción a un consumo nacional cada vez más eficiente, orientado a la
transformación industrial más que a la oferta de combustibles fósiles;
b) mantener la política de exportar lo más posible y cuanto antes o
establecer un margen de exportación definido a la luz de la necesaria
recuperación de reservas suficientes en el muy largo plazo; c) continuar
adquiriendo importaciones cada vez mayores de gasolinas y otros
combustibles o reducirlas en forma acelerada mediante la modernización y
ampliación del sistema nacional de refinación; d) dedicar proporciones
crecientes del crudo y el gas extraídos a alimentar un poderoso sector
petroquímico nacional, que dé origen a nuevas cadenas productivas, o
continuar privilegiando el uso de los hidrocarburos como combustibles
industriales, domésticos y de transporte, y e) continuar la monetización
forzada y ruinosa de activos de infraestructura y productivos de la
empresa o asegurar una pronta y adecuada compensación por aquéllos de
que se le privó al no asignárselos en la ronda cero. La campaña
político-electoral permitiría, en efecto, discutir estas y otras
alternativas y de su resultado podría desprenderse un claro mandato
popular para el rumbo energético de la nación.
Decenas
de conflictos estallan y se recrudecen en el país: Gobernación reconoce
60, pero podrían ser más de 400. Entre las causas destacan la
imposición de megaproyectos, saqueo y privatización de recursos
naturales, disputas territoriales y saldos de la violencia. A la
inconformidad social, el gobierno responde con represión
Blanden
la hoja de metal y luego rozan su filo en el asfalto. Machete en mano,
ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, recuerdan con
arengas a Emiliano Zapata, quien fue asesinado un 10 de abril pero de
1919, tras alzarse en armas durante la Revolución por injusticias
similares a las que ahora padecen decenas de pueblos y comunidades en el
país.
El conflicto vinculado a la imposición del proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –que además de
Atenco involucra a otros cuatro municipios mexiquenses– es uno de los
nueve más tensos identificados por la Campaña Nacional en Defensa de la
Madre Tierra y el Territorio.
Este esfuerzo –en el que participan
organizaciones defensoras de los derechos humanos, actores, actrices y
músicos– aglutina 97 movimientos de resistencia civil y pacífica contra
proyectos “de despojo y depredación contra la tierra y el territorio”.
Pero
el número de conflictos sociales es incierto: tan sólo de carácter
medioambiental serían 420, estima el investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Víctor Toledo (Angélica Enciso, La Jornada, 10 de febrero de 2016).
La
Secretaría de Gobernación, por su parte, refiere la existencia de 60
conflictos sociales detonados entre 2009 y 2016. Pero su lista la
integran sólo aquellos de carácter territorial: disputas
intercomunitarias por posesión de la tierra, revelan los oficios
UAOS/212/1047/2016 y UAOS/212/906/2016, generados con base en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Pero
incluso éstos serían mucho más: la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano asegura que tan sólo en 2016 resolvió 190
conflictos agrarios, “regularizando la superficie de 95 mil hectáreas en
beneficio de más de 46 mil familias campesinas” a través del Programa
de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural.
A la lista se
deben sumar, además, los conflictos derivados de la violencia y la
impunidad, entre los que destaca el movimiento de padres, familiares y
compañeros de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero,
desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Se atiza el conflicto por el Nuevo Aeropuerto
Campesinos
igual que Zapata, los atenquenses continúan su lucha por la defensa del
territorio y sus recursos ante la inminente amenaza de la construcción
del Nuevo Aeropuerto. Este conflicto les ha tomado más de 3 lustros,
recuerda en entrevista América del Valle, integrante de la resistencia e
hija de Ignacio del Valle, uno de los líderes visibles del movimiento.
“Tenemos
una situación muy compleja en Atenco, dado que hay un megaproyecto
invadiendo ya nuestro territorio y una lucha que hemos dado desde hace
16 años; porque el conflicto no empieza hoy, ni el día que Enrique Peña
Nieto, el 2 de septiembre de 2014, anuncia y revive el proyecto
aeroportuario. El problema lo venimos padeciendo desde 2001, cuando el
gobierno panista de Vicente Fox se atreve a ordenar la expropiación de
nuestros ejidos, tierras comunales e incluso una parte de tierra
habitada”, dice a Contralínea la joven de 34 años de edad. De
acuerdo con la información oficial, el Nuevo Aeropuerto abarcará 5 mil
hectáreas de superficie en la Zona Federal del ex Vaso de Texcoco. El
megaproyecto, a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA
de CV, implica una inversión pública de 186 mil 92 millones de pesos.
“Estamos
hablando de territorio federal, pero también de tierras ejidales que
pertenecen a las distintas comunidades, pueblos y municipios que
colindan con esta megaobra, con lo que era el Lago de Texcoco: Atenco,
Chimalhuacán, Ecatepec, Acolman”, explica Del Valle.
El título de
concesión para la obra fue expedido el 26 de enero de 2015 a favor de la
empresa de participación estatal mayoritaria, en la que participan la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo
descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
“Nos imponen
un megadespojo para la construcción de este aeropuerto, que han venido
justificando desde entonces como de utilidad pública: un proyecto que va
a responder a las necesidades del pueblo mexicano, cuando sabemos que
el aeropuerto es un fraude: es una obra ilegal que se está construyendo
sobre un suelo que ha sido despojado”, señala América del Valle.
De
acuerdo con información recabada por la Campaña Nacional en Defensa de
la Madre Tierra y el Territorio, el conflicto en San Salvador Atenco,
vinculado al proyecto del Nuevo Aeropuerto, se ha intensificado por la
construcción de la carretera Pirámides-Texcoco, en Tocuila. “El
espejismo que han fincado los medios de comunicación y el gobierno es
que las tierras de nosotros no las están tocando; entonces, ¿qué carajo hace una autopista en nuestro territorio que les va a servir para su aeropuerto? ¿Qué carajos
desgajan y destruyen los cerros de las comunidades vecinas para
llevarse el material al aeropuerto? ¿Eso no es estar destruyendo nuestro
territorio para su aeropuerto? ¿Acaso no?”, pregunta América del Valle.
Y
aclara: “No necesitamos tener el avión encima: es toda la
infraestructura de este megaproyecto. Esta megaobra, que es una bestia
tremenda, es la construcción de una enorme plancha de asfalto que
asesina [la biodiversidad] sobre una tierra que tiene por vocación el
agua: era un lago. Ahí todavía, hace algunas décadas, nuestra gente
podía cazar patos y recolectar ajolotes y charales. Mis padres todavía
vieron ese lago y lo que pretenden es que nuestros hijos y nietos no
vean ni siquiera los árboles”.
Día a día la tensión aumenta. Como
aquel 3 y 4 de mayo de 2006, cuando vivió la peor represión en su
historia, el pueblo de San Salvador Atenco vio, el pasado 2 de abril,
desfilar por sus calles a decenas de policías y granaderos.
“En
Atenco se han ensañado contra la población. Los gobiernos municipal,
estatal y federal, las trasnacionales y toda esta mafia que esta
interesada en el despojo para el aeropuerto ha corrompido a nuestro
pueblo. El domingo 2 de abril tuvimos una asamblea ejidal. Y es la
primera vez, en décadas, que vemos la excesiva intromisión de la
Procuraduría Agraria, llevando a sus propios agentes a organizar a los
ejidatarios para que se formen en [la fila de] su letra [del apellido
paterno] y firmen para que puedan entrar al recinto; pero no sólo eso:
es la primera vez que en una asamblea ejidal, afuera de donde se va a
llevar a cabo hay vallas metálicas y presencia de la policía estatal al
interior de nuestros pueblos”.
Ese día “vivimos una situación muy
tensa, muy difícil y muy triste: de más de 1 mil ejidatarios, 600 se
presentaron a votar [para elegir a los nuevos representantes]; y de
éstos, 399 votaron a favor de una planilla que a los ojos de todo el
pueblo es abiertamente priísta, y está corrompida. Esa planilla ha dicho
que [su propuesta] es para negociar la tierra, para conseguir un mejor
precio. Nosotros no somos ingenuos, entendemos por qué [se dio] la
presencia excesiva de la Procuraduría Agraria, de la policía estatal, de
granaderos afuera de nuestro pueblo, cuando [elegir autoridades] es una
decisión que sólo le compete al pueblo, y es éste el único guardián y
vigilante del proceso. Esta intromisión no es una casualidad, no es una
cuestión aislada, tiene que ver con cómo se sigue operando el despojo en
nuestras tierras, en un punto clave como es nuestro municipio de
Atenco”, narra América del Valle.
Decenas de conflictos
La
imposición de proyectos y megaproyectos públicos y privados, que
derivan en despojos masivos de tierra y recursos naturales –como el del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México–, constituye una
de las principales causas de conflictividad en el país.
Desarrollos mineros, energéticos (gasoductos, campos de explotación de petróleo y gas, así como el llamado fracking),
de infraestructura (carreteras, autopistas y aeropuertos), turísticos y
agroindustriales (siembra de organismos genéticamente modificados) se
cuentan en ese rubro.
A ello se suman la privatización y el saqueo
de los recursos naturales (como la tala clandestina, la explotación
irracional de acuíferos y la privatización local de los sistemas de
distribución de agua potable), los conflictos por posesión territorial y
los movimientos sociales generados por los saldos de la violencia y la
inseguridad (desaparecidos, feminicidios).
En los últimos años,
estos factores han desencadenado nuevos conflictos y recrudecido decenas
que ya se padecían con anterioridad. De acuerdo con datos de la Campaña
Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, de los 97
conflictos sociales que aglutina, el 34 por ciento corresponde a
proyectos de generación de energía; el 32 por ciento, a minas y mineras;
el 15 por ciento, a privatización del agua; el 12 por ciento, a
infraestructura de transporte; el 11, a proyectos de urbanización; el 7,
a extracción de agua; otro 7 por ciento, a desarrollos turísticos; 6, a
contaminación ambiental; 4, a explotación forestal; 4, a no
regularización de tierras; otro 4 por ciento, a gestión del agua; y el 1
por ciento restante, a la siembra de transgénicos.
Según la
experiencia de los pueblos, quienes deciden defender sus tierras y
recursos ambientales se enfrentan a años de injusticia: procesos
judiciales dilatorios, resoluciones injustas y, en el peor de los casos,
la mano dura del gobierno. De la represión, los comuneros de Atenco tienen una de las peores experiencias. “A
nuestro pueblo lo han agraviado una y otra vez desde 2001, cuando nos
imponen el aeropuerto con ese decreto expropiatorio que echamos abajo.
Luego con la represión y la impunidad, que persiste. La represión
durísima del 3 y 4 de mayo de 2006”: los asesinatos, las golpizas, las
violaciones sexuales, la tortura sexual, el allanamiento, el
encarcelamiento, la persecución, el miedo que, a la fecha, no encuentran
justicia, señala América.
Recuerda
el difícil momento que pasaron con “el encarcelamiento de más de 4 años
a hombres y mujeres que resistieron y a quienes, por castigo, se les
dieron condenas de 112 años de prisión. Y volvemos a nuestro pueblo,
logramos la libertad, se logra superar esa batalla tan difícil y, sin
embargo, volvemos para enfrentar el mismo despojo”.
América
explica que las afectaciones no son sólo para Atenco. “Todos los pueblos
de esta región del Oriente nos hemos visto afectados. Atenco no es el
único: ahí nació una lucha importante que hoy seguimos manteniendo pese a
la embestida represiva que venimos sufriendo a la fecha; pero la
afectación es a toda una región, incluida la Ciudad de México”. “¡La
tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡Zapata vive, la lucha
sigue!”, arengan los ejidatarios de Atenco. Al conmemorar la muerte del
líder revolucionario el pasado 10 de abril frente a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los atenquenses se solidarizan con sus hermanos,
los comuneros indígenas de Arantepacua, Michoacán. Ignacio del Valle
les extiende su mano que empuña el machete: “¡No están solos!”
El
de Arantepacua también forma parte de los conflictos sociales vigentes
en México. Se trata de una discordia por 520 hectáreas entre esa
comunidad y Capacuaro. Un conflicto “inducido”, señalan los indígenas de
Aratepacua. Mismo que el pasado 4 de abril obtuvo como respuesta del
gobierno la represión. El saldo: tres civiles y un policía muertos,
decenas de heridos y 38 comuneros fueron encarcelados. Arantepacua
y Atenco resisten el despojo de tierras y recursos. Pero no son sólo el
Estado de México y Michoacán los que arden por la conflictividad
social: en todas las entidades federativas, pueblos y comunidades
enfrentan despojos avalados o promovidos por la autoridad, que se
acompañan de represiones para desmovilizar a los alzados.
—¿Derrotar a este pueblo de Atenco sería, de alguna manera, una lección para el resto de resistencias?
—Claro.
Eso es lo que siempre han pretendido: generar un castigo ejemplar con
un pueblo que se ha rebelado y generarle un castigo ejemplar a éste
frente a los demás, para que entonces se introyecte el miedo y la
derrota –señala en entrevista América del Valle. La joven, tez morena,
no se vence. Promete continuar, junto con su pueblo, la defensa del
territorio comunal.
Nancy Flores/Primera de cuatro partes
El abasto energético
del mundo es origen de una crisis permanente que da lugar a guerras y
conflictos políticos y sociales de toda suerte. Ello es así porque la
energía constituye uno de los componentes esenciales del poder y el
poder siempre está en disputa. El control de las fuentes energéticas de
naciones ajenas permite el ejercicio de dominaciones coloniales y, en
forma inversa, la recuperación de los energéticos propios da pie también
a procesos de construcción de soberanía y de liberación nacional.
En el caso de México, la expropiación petrolera de 1938 no sólo hizo
posible fundamentar una política exterior soberana e independiente, sino
que permitió, además, llevar al país a un periodo de crecimiento
económico acelerado y al establecimiento de un estado de bienestar. Es
decir, el Estado reconoció como obligación propia garantizar los
derechos de la población en materias de educación, salud, alimentación,
vivienda y otros rubros.
Uno de los mecanismos fundamentales de ese estado de bienestar fue el
subsidio generalizado a los precios de los energéticos. Dueño de las
industrias petrolera y eléctrica, el Estado podía ofrecer a la población
combustibles y electricidad a precios muy bajos.
Tal política de bienestar y redistribución de la riqueza sirvió en
buena medida como amortiguador social a los impactos nocivos generados
de manera casi inevitable por las actividades de Petróleos Mexicanos
(Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del
Centro sobre los entornos ambientales y sociales. La razón de estado (de
bienestar) sirvió para acallar inconformidades y movimientos sociales
de protesta en contra de los perjuicios de la perforación de pozos y el
tendido de ductos, la construcción de refinerías y la instalación de
centrales hidroeléctricas, subestaciones y líneas de cableado de alta
tensión, perjuicios que van desde las expropiaciones de tierras hasta la
contaminación y ruina de zonas agrícolas y pesqueras, pasando por las
distorsiones al tejido social que causaban tales empresas paraestatales
en los puntos en los que operaban. Aun así, la devastación generada por
las entidades energéticas paraestatales dio pie a importantes
movimientos de resistencia en diversas regiones del país.
El efecto de amortiguación fue desapareciendo a medida que el régimen
neoliberal iba cancelando los mecanismos de bienestar social y quedó
del todo superado desde el momento en que el gobierno de Peña logró con
éxito alterar, mediante la reforma energética, el pacto social que regía
al sector. En lo sucesivo, éste no habría de regirse por el imperativo
de ser palanca del desarrollo nacional, sino por la lógica de la máxima
ganancia. Es importante agregar que los procesos de privatización no
sólo transfieren a manos privadas infraestructuras y aparatos
administrativos, sino también segmentos del mercado. Los usuarios de
energía, es decir, las listas de abonados y los consumidores– se
convierten en objeto de las transacciones de compra venta, asignación y
concesión entre el gobierno y las empresas privadas.
La privatización de las industrias petrolera y eléctrica elimina, por
lo demás, todo freno a la vocación devastadora de los grandes proyectos
energéticos en la medida en que se pone al margen la responsabilidad
del Estado en la construcción y operación de los complejos energéticos;
en cambio, el afán de los consorcios privados de generar los mayores
márgenes posibles de utilidad tiende a potenciar la vocación devastadora
de las industrias y, por ende, a exacerbar los conflictos sociales allí
en donde operan.
Por otra parte, la producción y distribución de energía han sido
operadas, en su inmensa mayoría, por entidades públicas o privadas de
grandes dimensiones que se rigen por la lógica de las economías de
escala. Estamos tan acostumbrados a la presencia de ese modelo que suele
parecernos el único racional y eficiente: sería mucho más barato
centralizar la producción de electricidad en grandes obras hídricas,
térmicas, nucleares o eólicas, que distribuirla en una multitud de
pequeños generadores; sería absurdo que el propietario de un solo pozo
petrolero (como los hay en Texas, por ejemplo) construyera una micro
refinería para procesar su producción; resultaría mucho más caro
(incluso en términos de costos ambientales) que cada casa habitación
dispusiera de una planta generadora que instalar una termoeléctrica.
Adicionalmente, los individuos, las familias y las pequeñas comunidades
carecen, por lo general, de recursos para invertir en la generación de
electricidad o para producir combustibles.
Es claro que esta circunstancia debe ser revertida. Pero, en
el punto en el que se encuentran el país y el mundo, es cuestionable que
la solución sea volver a la situación anterior a la reforma energética:
el Estado como proveedor único.
Ciertamente, a pesar de la devastación de la industria energética
nacional realizada por los gobiernos neoliberales, aún existe –tanto en
Pemex como en la CFE– una importante planta instalada que es necesario
reconstruir y utilizar, pero con orientaciones claras: abatir la
dependencia del país de combustibles importados, reducir a cero la
compra de electricidad de los consorcios privados, avanzar en la
reconversión hacia formas de generación limpias y renovables, suspender
la construcción de megaproyectos, alentar la producción autónoma de
energía por personas y comunidades, y propiciar la incorporación del
sector social en la distribución no lucrativa de electricidad y
combustibles. En lugar de destinar grandes recursos a la expansión de la
planta energética, debe instaurarse una estrategia de fomento a la
generación y gestión comunitaria. Sólo de esta forma puede concebirse
una política energética capaz de satisfacer la demanda creciente sin
atentar contra los entornos sociales y ambientales. Una consideración
fundamental en este sentido es que son las comunidades mismas las
principales interesadas en preservar el ambiente y las que pueden, en
consecuencia, operar la producción energética local sin atentar contra
él. Otra reflexión insoslayable es que la producción local elimina los
costos de transporte y distribución asociados a electricidad y
combustibles.
La aplicación de los lineamientos referidos resulta mucho más fácil
en el campo que en las ciudades y en el sector residencial que en el
industrial o comercial. En el campo se cuenta con irradiación solar,
cursos de agua, vientos y producción de biomasa, y las tecnologías
necesarias para aprovechar tales recursos han bajado de precio en forma
sostenida en años recientes; hoy día es realista, por ello, imaginar un
sector agrícola plenamente autosuficiente en materia de energía. En
cuanto a las urbes, sería necesario elaborar un programa de transición
al autoconsumo en los hogares a fin de reducir paulatinamente las cargas
correspondientes de la red pública y orientarlas a la industria, el
comercio y los servicios.
Sin duda, la realización práctica de las ideas referidas requeriría
de políticas de Estado transversales en los ámbitos de la economía, el
impulso a la investigación y el desarrollo y la educación. Difícil es,
pero no imposible. En todo caso, el ciclo neoliberal destruyó el viejo
pacto social y no ha sido capaz de engendrar uno nuevo. Por el
contrario, ha sembrado al país de conflictos y fracturas, y la política
de saqueo aplicada por el régimen en el ámbito energético ha desempeñado
en ello un papel principal. Es urgente tirarla a la basura.
Tropiezo de 2015 no desalienta iniciativa para privatizarla, advierte Morena
La Conagua y diputados buscan revivir la llamada ley Korenfeld
Congelada en San Lázaro, la reforma espera que algún partido la retome
Favorece a empresas que utilizan el líquido para la extracción de hidrocarburos (fracking), acusa Rodrigo Abdalá
Periódico La Jornada
Pese al rechazo de investigadores universitarios y especialistas,
el proyecto de reforma a la ley del agua que abriría la puerta
a la iniciativa privada, continúa latenteFoto José Antonio López
El fracaso de esquemas privatizadores del servicio
de agua potable en el país –como sucede en el estado de Puebla– no
representa obstáculo para la intentona de retomar la reforma a la Ley
General de Aguas, que busca abrir la puerta a la iniciativa privada para
la extracción, distribución y cobro por uso del líquido.
En la Cámara de Diputados se encuentra congelada una iniciativa
–rechazada por la oposición en 2015 ante la ola de protestas a escala
nacional– que dejaría en manos de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) la definición de los porcentajes de participación privada en
proyectos de infraestructura, distribución, facturación y cobro de agua
potable al usuario final.
Ante tal pretensión, como se documentó en 2015, se eliminaría el sentido social de la actual ley en la materia.
Además, la reforma que aguarda a ser dictaminada, cuando alguna
fuerza parlamentaria la retome, contiene un tema de relevancia
sustantiva que provocaría serios problemas a los estados, municipios y
comunidades del país a la hora de administrar los recursos hidráulicos,
pues se favorecería a empresas privadas, tanto nacionales como
extranjeras, para el uso de agua en la extracción de hidrocarburos con
la técnica conocida como fracking. Es decir, el uso indiscriminado de agua para fracturar el subsuelo en busca de crudo.
El artículo 27 de la Constitución apunta que las aguas son propiedad
de la nación, por lo que cualquier legislación secundaria en la materia,
que pretendiese privatizar, resultaría inconstitucional.
La alerta entre los diputados federales, porque se pretende retomar
la controvertida ley, la emitió el diputado de Morena Rodrigo Abdalá,
quien acusó que la Conagua se encuentra “en tratos con el Partido Verde
Ecologista de México y con Nueva Alianza para revivir la llamada ley
Korenfeld (en recuerdo del ex director general de la Conagua que fue
destituido del cargo por usar para fines personales y familiares el
helicóptero de la comisión. A quien, además, se le atribuye el impulso
de la citada propuesta de legislación), a la fecha –continuó el
representante popular– no existe un instrumento jurídico para discutir
esa iniciativa”.
La propuesta fue presentada en la pasada legislatura de la
Cámara de Diputados y recibió el rechazo unánime de especialistas,
centros de investigación académica como la UNAM, la UAM y la UdeG;
organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales.
Cuando fue dictaminada en San Lázaro el presidente de la Comisión de
Agua Potable y Saneamiento Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD) intentó
acelerar el trámite legislativo y omitió las consultas y foros que se
habían convocado con anterioridad.
Gaudiano fue premiado por su partido (el PRD), que lo postuló,
después de su paso como diputado federal, candidato a la alcaldía de
Centro, en Tabasco, donde gobernará hasta 2018.
Mientras el perredista estuvo al frente de la Comisión de Agua y
Saneamiento en San Lázaro, se denunció que la Conagua, a cargo entonces
de David Korenfeld, elaboró la ley en entredicho y la entregó para que
el mismo Gaudiano, en acuerdo con tres diputados más, la presentaran
como producto del trabajo de en comisiones unidas de Recursos
Hidráulicos y de Agua Potable y Saneamiento.
Esa maniobra, a pesar de haber sido denunciada, continuó como trámite
legislativo y sin mediar mayor debate el texto se aprobó por mayoría,
conformada por diputados de PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza en las
comisiones unidas que la abordaron.
A pesar de haber sido el artífice de esa iniciativa, Gerardo
Gaudiano, quien estuvo a favor de la propuesta desde el princicio,
aprovechó que los representantes del grupo parlamentario de Morena
abandonaron la reunión de la comisiones unidas denunciando la intentona
de privatización; entonces el perredista, hábilmente, y en beneficio de
sus intereses, también se retiró. Esa actitud le ganó convertirse en
candidato perredista para la alcaldía de Centro, cuya cabecera municipal
es Villahermosa.
A partir del
primero de enero de 2017 aumentará hasta en 30 por ciento el precio del
servicio de agua potable en Baja California. En el caso de Tijuana, que
ya tiene la tarifa más alta del país, el metro cúbico del líquido
empezará a costar 99.50 pesos, y las tarifas subirán de manera anual y
sufrirán actualizaciones mensuales para garantizar las ganancias
de las empresas privadas, que obtendrán concesiones por tres décadas,
prorrogables por un periodo igual. Estas alzas se encuentran incluidas
en la Ley Estatal de Aguas, norma de carácter privatizador propuesta por
el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y aprobada por los
diputados locales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
El caso de Baja California dista de ser único. Desde la década pasada
se vive en el país una oleada de acciones gubernamentales que, mediante
reformas legislativas o de facto, han privatizado diversos
tramos del manejo de los recursos hídricos a escala municipal o estatal.
Entre las experiencias más recientes se encuentra la de Querétaro, la
ciudad con la segunda tarifa más alta del país y donde el ayuntamiento
decidió privatizar durante 25 años los servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de líquidos
residuales. También existen significativos procesos de este tipo en
Aguascalientes, Cancún, Guadalajara, Puebla o Ciudad de México –en esta
última, son empresas privadas las que emiten las boletas de cobro por el
consumo de agua–, por mencionar algunos.
Como suele suceder en los proyectos de privatización de
recursos y servicios públicos, las autoridades y representantes
políticos justifican la entrega de los bienes con la búsqueda de
eficiencia y calidad que, aducen, son características de la iniciativa
privada. Sin embargo, la experiencia internacional en la materia ha
demostrado de manera reiterada que el manejo mercantil del agua no
resuelve pendientes básicos, como la distribución equitativa del recurso
o las fugas en la red de tuberías, mientras genera nuevos problemas
como el alza desmedida y arbitraria de las tarifas, despidos masivos de
personal, ausencia de inversiones en infraestructura, riesgos
ambientales y cortes de suministro a los usuarios de bajos recursos. En
este sentido, datos del Banco Mundial, promotor feroz de la política de
privatizaciones, muestran que el manejo privado del agua tiene la tasa
más alta de fracaso de todas las experiencias de inversión privada en
infraestructura, además de generar los índices más altos de rechazo
entre la población afectada.
Pero más allá de las evidencias del fracaso en los experimentos de
privatización del recurso, debe recordarse que el acceso a este líquido
es un derecho humano consagrado en la legislación internacional, por lo
que supeditar su provisión al lucro constituye una violación a las
garantías básicas que protegen la vida de las personas. Revertir la
imposición de criterios mercantiles y tecnocráticos en el manejo del
agua y garantizar el acceso universal a ella es no sólo un imperativo
ético, sino una obligación jurídica para el Estado.
Por regla general,
cuando se produce un incremento de precios en los servicios, las
autoridades del sector correspondiente cumplen con el requisito de
informar a quienes han de pagarlo cuáles son las razones técnicas del
mismo, y es usual que pongan el acento en un periodo previo al aumento
en el cual los consumidores disfrutaron de una tarifa que, naturalmente,
era inferior a la nueva. Tampoco es infrecuente que sitúen la subida en
un marco económico mucho más amplio (que viene a ser el que en última
instancia la determina) y dentro de un proyecto de desarrollo que exige
eventuales esfuerzos de los ciudadanos. De tal modo, la medida –que por
comprensibles razones difícilmente es bien recibida– va acompañada de
una argumentación destinada a justificarla. En ocasiones, esa
argumentación resulta más o menos consistente; en otras, omite algunos
elementos que también forman parte de la realidad pero podrían emplearse
para cuestionarla.
No constituye una excepción el anuncio hecho ayer por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) de que a partir de julio las tarifas de la
energía eléctrica para los sectores industrial, comercial y doméstico de alto consumo
serán objeto de incrementos en porcentajes variables (de 2 a 5, de 5 a 7
y de 6.8 respectivamente). El factor determinante para el aumento
sería, según la propia comisión, los precios del combustóleo y del gas
natural, que a su vez se elevaron en proporciones no previstas. Realiza
la CFE, a continuación, varias consideraciones sobre el costo
comparativo de los energéticos, la seguridad que ofrece el uso de los
mismos y las perspectivas de sustitución que existen para cada uno.
Sin embargo, las disposiciones que afectan los precios de un insumo
tan vital como la electricidad deben examinarse necesariamente en
relación con datos tales como la situación económica prevaleciente en
las áreas donde se aplican y los programas gubernamentales de los que
forman parte, en especial cuando representan indicios de que las cosas
no marchan precisamente en la dirección indicada. Al respecto, basta con
remitirse a la declaración de propósitos en torno de la reforma
energética, que el gobierno federal dio a conocer en la segunda mitad de
2013 –uno de cuyos puntos, concretamente el segundo, auguraba que “(…)
bajará el precio de la luz y también del gas para las familias, los
comercios y la industria”– para comprobar que entre dicha declaración y
el anunciado aumento existe, por decir lo menos, una notoria
contradicción. Y si a la nueva medida se le vincula con los incrementos
aplicados al gas natural (en enero pasado) y a las gasolinas, resulta
evidente que una de las reformas más celebradas por la actual
administración no cumple con las expectativas de ésta.
En este punto conviene aclarar que, según datos de la CFE, la
enorme mayoría de quienes usan energía eléctrica en México se hallan
encuadrados en el llamado segmento doméstico de bajo consumo, y
en consecuencia no se verían afectados por el alza. Para ponerlo en
términos más precisos, no serían directamente afectados, pues no se
necesita demasiada agudeza para prever que si la industria y el comercio
registran un aumento en uno de los servicios básicos para su
funcionamiento, lo más probable es que acudan al infalible método de
trasladarlo a sus precios.
Puede argüirse que la medida anunciada por la CFE constituye un dato
aislado; pero en cualquier caso no se trata de un dato desdeñable, en un
escenario económico donde la ciudadanía común, la gente que vive de su
trabajo, está muy lejos de disfrutar del floreciente panorama prometido
por las reformas.
El secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo. Foto: Benjamin Flores John M. Ackerman
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Si el Senado de la República aprueba el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) negociado en
sigilo por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el
gobierno de Barack Obama y otros siete países, estará entregando la
nación entera en bandeja de plata a los intereses más oscuros del
planeta. Con el TPP, el sistema jurídico nacional en su conjunto se
subordinaría a los caprichos de las grandes empresas trasnacionales. Los
únicos fines de estas corporaciones son el lucro para sus dueños y la
manutención de la hegemonía económica, política, cultural y militar de
Estados Unidos.
A juicio de Guajardo y su jefe Enrique Peña
Nieto, México no es una nación soberana, sino simplemente un
“esquema-país” (véase: http://ow.ly/TrknF)
cuya función principal es generar oportunidades de negocios para los
hombres y las mujeres más adinerados del mundo. Para el gobierno actual
no importan la devaluación del peso, la profundización de la pobreza y
la desigualdad, el raquítico crecimiento económico, el desplome en el
precio del petróleo o el aumento en el costo de la canasta básica. Todos
estos fenómenos son preocupaciones menores, ya que solamente afectan a
los más vulnerables y necesitados dentro de un país, México, que estos
funcionarios desprecian profundamente. Lo importante es mantener en
forma la máquina mexicana de apoyo a las redes de poder global.
El TPP es un documento secreto al que solamente unos cuantos oligarcas
apátridas y políticos corruptos tienen acceso. Sus 30 capítulos no se
han dado a conocer al público por el explosivo rechazo popular que
podrían generar dentro de los países que negocian el acuerdo: Estados
Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y
Vietnam. La estrategia de negociación y aprobación del acuerdo
internacional se parece mucho a la del “Pacto por México” utilizada en
México para imponer la contrarreforma energética. Primero se realizan
negociaciones y pactos secretos entre políticos, empresarios y
funcionarios sin ninguna participación de la sociedad civil.
Posteriormente, las reformas consensadas son presentadas a última hora y
aprobadas sin deliberación alguna en clara violación de las prácticas y
los reglamentos parlamentarios.
El TPP es aún más peligroso que
la reforma energética. Las modificaciones a los artículos 24, 25 y 27
constitucionales publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario
Oficial de la Federación entregan los recursos nacionales a las
corporaciones petroleras y energéticas. Pero el TPP coloca al país
entero al servicio de las trasnacionales y de Washington.
A
partir de filtraciones, sabemos que uno de los elementos más nocivos del
TPP es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos
inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que cancelaría el
poder de la nación para controlar los abusos de las empresas
extranjeras. Este tipo de mecanismos permiten a los “inversionistas”
demandar al Estado mexicano por oportunidades de lucro supuestamente
perdidas a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio
ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas
demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder
Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden
cuentas absolutamente a nadie. La ONG estadunidense Public Citizen ha
proporcionado un excelente resumen de lo que está en juego con este tipo
de acuerdos (véase: http://ow.ly/Trrxi).
La finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los
gobiernos. Se busca bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o
regulaciones generadas por procesos democráticos interfieran con los
contratos y las ganancias de las trasnacionales. El TPP implica un
ataque directo a la soberanía nacional y una cancelación absoluta de la
soberanía popular.
México ya tiene una experiencia muy negativa
con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo 11 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) como los establecidos con España
ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno
mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para “compensar” a
empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones
gubernamentales.
En un caso, con el fin de proteger la salud de
sus ciudadanos, las autoridades del municipio de Guadalcázar, San Luis
Potosí, negaron un permiso de construcción a una empresa canadiense de
procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta recurrió al tribunal
especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por
la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de
procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio
similar, por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del
municipio de Zimapan, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y
uso de suelo.
En lugar de empoderar a las trasnacionales en su
lucha contra el pueblo de México, un gobierno digno tendría que proteger
la economía nacional, el medio ambiente y el bienestar de los
ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación Global Financial
Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de dólares son
extraídos del país cada año por medio de mecanismos de fraude fiscal,
lavado de dinero y repatriación de ganancias a los países sede de las
trasnacionales (véase: http://ow.ly/Trzfh).
Para aumentar el nivel de inversión no hace falta rematar a la nación o
sacrificar nuestra soberanía. Al contrario, basta y sobra con poner un
alto al saqueo constante de nuestros abundantes recursos y patrimonio
nacionales por las redes de corrupción financiera internacional.
(20 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Teniendo como
idea central que la batalla por echar abajo la reforma energética de
Peña Nieto aún no acaba, diversas organizaciones sociales y personajes
del ámbito nacional llamaron este miércoles a la ciudadanía a mantener
la lucha contra estos cambios “contrarios al interés nacional” y
adherirse a la solicitud que desde abril pasado se hizo a la Comisión
Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) para que intervenga en el tema
y emita recomendación al Estado mexicano para que se desarrolle la
consulta popular en la materia.
Al participar en el foro El derecho humano a la consulta popular previa, libre, informada, eficaz y respetuosapor parte de las autoridades, personajes
como el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y el Dr. Miguel Concha Malo,
recordaron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) de no validar la consulta popular, violentó DD.HH. del pueblo
mexicano al no permitir participar de manera directa en hechos
trascendentes de la vida nacional.
Durante el evento, Jorge Fernández Souza, magistrado del tribunal de
lo contencioso administrativo de la Ciudad de México, manifestó que las
solicitud entregada al Congreso para desarrollar la consulta popular,
estuvo fundamentada en el artículo 35 de la constitución así como en la
Ley de Consulta Popular. Recordó que esta reforma impulsada por Enrique
Peña Nieto “pone en manos de intereses particulares los recursos
energéticos del país, en detrimento de su anterior orientación al
desarrollo nacional”.
“(Esta reforma) fue considerada por muchos mexicanos como un
atentado a los recursos y a la soberanía de la nación, llevado a cabo
por los representantes formales, diputados y senadores, sin el
consentimiento y en contra de la opinión de la mayoría de la población.
“Inconformes con la reforma, considerando que los representantes
habían actuado en contra de os interés nacionales, dos grupos de
ciudadanos presentaron ante los diputados y senadores, sendas
solicitudes de consulta popular a fin de que los ciudadanos mexicanos
pudiéramos opinar y expresar nuestra aceptación y/o rechazo a la
reforma energética”, puntualizó.
El magistrado expuso que la SCJN actuó contra la Constitución al no
validar las solicitudes de consulta popular, además que los argumentos
que utilizó para avalar su resolución son insostenibles.
“El 30 de octubre de 2014, actuando en contra de la Constitución y
de la ley, la SCJN resolvió que la materia de las consultas solicitadas
sobre la participación de privados en la exploración y explotación de
hidrocarburos es inconstitucional y por tanto que no procedía la
consulta.
“En uno de los casos, la SCJN argumentó que el tema de la consulta
tenía que ver con los ingresos del Estado, que es uno de los temas
excluidos constitucionalmente para ser sometidos a consulta, y en el
otro caso que el resultado de la consulta podría derivar en un cambio a
la Constitución. Ambos argumentos son insostenibles puesto lo que se
pretendía poner a consulta no eran los ingresos del Estado sino quién
puede explotar los recursos energéticos de la nación y por otra parte
porque nadie impide constitucional o legalmente que como consecuencia
de una consulta popular deba de hacerse una reforma a la constitución
por el Congreso de la unión.
“Las resoluciones de la corte dejó en estado de indefensión a los
solicitantes de las consultas de las reformas, violando sus derechos
ciudadanos y humanos en un temática de trascendencia nacional”, apuntó.
Ante la resolución de la SCJN, Jorge Fernández recordó que se
agotaron todas las instancias en México para acudir y exigir el respeto
al derecho humano a la consulta popular, por lo que se acudió a la CIDH
para que atraiga el caso y se pueda ejercer este derecho reconocido en
la Constitución.
“Al no haber ningún recurso jurídico en México al que los ciudadanos
hubiéramos podido acudir ante esta resolución de la Corte, que es
violatoria de DD.HH., el sistema normativo nacional quedó cerrado como
opción para que se ejercería el derecho humano y ciudadano a la
consulta popular.
“Precisamente porque en el país ya no habría recurso legal para
acudir, un grupo de ciudadanos y de organizaciones sociales y de DD.HH.
se dirigió a la CIDH presentando una petición para que emita una
recomendación al Estado mexicano a fin de que este haga efectivo el
ejercicio del derecho a la consulta popular en materia energética. Si
el Estado mexicano no cumplió con el derecho humano, como el de la
consulta, procede que a petición de un grupo de personas y asaciones
mexicana, la CIDH emita una recomendación para que cumpla con el
derecho”, indicó.
En este sentido, el jurista detalló que con la resolución de la
SCJN, no sólo se violentaron DD.HH. de los mexicanos, sino además se
infringió artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos,
como el 28 que se refiere a los derechos políticos. Reiteró que el
derecho a la consulta popular es un derecho humano y ciudadano, y en el
caso mexicano el derecho a opinar sobre el destino de la riqueza, los
bienes energéticos y nacionales.
“Si el ejercicio de ese derecho era totalmente pertinente a los
momentos en qué fue solicitado a la instituciones mexicanas, lo es más
ahora cuando vemos los primeros resultados de la subasta del petróleo y
se informa mediáticamente que las reformas constitucionales en la
materia fueron orientadas, sino es que francamente dirigidas desde
oficinas del Departamento de Estado estadounidense y de otros interés
económicos privados.
“Por eso la petición a la CIDH sigue siendo tan importante, no se
pide nada más que se emita una recomendación para que los ciudadanos
mexicanos se nos consulte, se nos oiga sobre el destino de los bienes
de la nación. Si logramos que ese ejercicio sea efectivo, lo que
resulte de ese ejercicio podrá contribuir a la reorientación del país
de esos recursos”, finalizó.
“La reforma energética se nos metió sin consulta y desde arriba”
Para el Dr. Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos
humanos Fray Francisco de Vitoria, es importante no perder de vista que
al hablar de consulta popular sobre la reforma energética, es hacer
referencia de uno de los DD.HH. fundamentales. En tal sentido
manifestó que la consulta debe ser respetada por parte de las
autoridades.
Manifestó que el Estado mexicano ha ratificado diversas convenciones
internacionales en las que se establece el respeto a los derechos
humanos, entre ellos, el de la consulta popular.
“En 1966 cuando la ONU aprobó el pacto internacional de derechos
civiles y políticos, entre los derechos políticos fundamentales de la
ciudadanía estableció su participación activa en los asuntos públicos:
de una manera indirecta, a través de sus representantes, entendiendo
que estos efectivamente los iban a representar, y no nada más que iban
a ‘representar que los representaban, sin representarlos nunca’. Pero
no sólo de una manera indirecta, sino de una manera directa. La
ciudadanía tenemos el derecho político de participar en los asuntos
públicos que nos afectan de una manera directa (como la reforma
energética). Este pacto internacional de derechos civiles y políticos,
fue ratificado por el Estado mexicano en 1981”, expuso.
Concha Malo reiteró que al ser negada la consulta popular, el pueblo
de México está ante un caso de violación a los DD.HH., por lo que
diversas organizaciones han acudido ante la CIDH.
“Con esa reforma energética, que se nos metió a la ciudadanía de
manera inconsulta, desde arriba y de forma simulada, se establece como
prioritario, de forma absurda, la explotación de energéticos, atentando
contra la posesión y el usufructo de muchos pueblos y comunidades
indígenas. Y ahí cabe más que nunca la consulta libre, previa e
informada.
“Estamos en un asunto claro de violaciones a los DD.HH. y fue por
eso que se acudió a la CIDH para presentarle esta petición que
resolviera sobre la violación de nuestro derecho humano a la consulta
(…) Consulta libre previa e informada y respetuosa por parte de las
autoridades porque puede haber una aceptación de la consulta que
después no signifique nada, y ahí es donde tenemos que exigir
resultados”, comentó.
“Es importante hacer conciencia y rescatar nuestro derecho a ser consultados”
En palabras del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, esta acción de presentar
la solicitud ante la CIDH cobra mucha importancia en el contexto de
lucha contra la reforma, ya que “empieza por reconocer la validez sobre
consulta popular”.
Cárdenas calificó como muy grave la resolución de la SCJN que niega
la consulta popular. Dijo que con esta acción se violentó los DD.HH. de
siete millones de personas que pidieron ser consultados.
“Hemos vivido una muy grave resolución de la SCJN, en donde se nos
ha negado de manera muy directa a 7 millones de personas que
presentamos estas solicitudes de consulta, el derecho a ser
consultados; se nos está negando este derecho, por la violación de la
SCJN a sus principios.
“Es muy importante que se haya hecho esta solicitud ante la CIDH,
porque a pesar que sabemos que esto va a llevar a tiempo, queremos
confiar que este cuerpo va a darnos la razón para que primero se
reconozca que la ley de consulta popular y los planteamientos que se
hicieron ante la SCJN estaban correctamente apegados a los que
establece la ley de consulta y nuestra Constitución”, sentenció.
El Ing. Cárdenas añadió que la interpretación que dio la SCJN a la
consulta popular solicitada fue errónea, pues nunca se buscó ser
consultados sobre los ingresos. Asimismo manifestó la importancia de
que el pueblo de México tome consciencia y exija su derecho a ser
consultados.
“Es falsa esta interpretación y si esto subsistiera, por cualquier
motivo, la SCJN podría volver a negar el derecho a la consulta (…)
tenemos que rescatar los mexicanos, justamente con demandas como esta
ante la CIDH y con la que espero, el replanteamiento que podamos hacer
en su momento una consulta que eche abajo estas reformas al artículo
26, 27 y 28 que abren la puerta para entregar el dominio del subsuelo
de nuestro país y los recursos a intereses ajenos, y en mucho,
contrarios a los interés del pueblo de México. Por eso es importante
este recurso presentado ante la CIDH y por eso es importante que
tomemos conciencia los mexicanos que es importante rescatar nuestro
derecho a ser consultados en todas aquellas cuestiones que en una u
otra forma puedan afectar nuestra vida como ciudadano, trabajadores,
residentes, como el que tengamos derecho a que todo aquello que pueda
afectar los interés del país deba ser consultado al conjunto de la
ciudadanía”, dijo.
Los panelistas insistieron en el hecho de que la ciudadanía se
adhiera a la petición hecha ante la CIDH. Recordaron que uno de os
puntos solicitados es que la CIDH emita una medida cautelar la cual
ordene detener la implementación de la reforma hasta que este organismo
de una resolución y emita la recomendación respectiva sobre el tema de
la consulta.
