Jorge Eduardo Navarrete
El octogésimo
aniversario de la Expropiación Petrolera fue conmemorado por el
gobierno en una apresurada ceremonia que ocupó 65 minutos en la agenda
del presidente Enrique Peña Nieto el viernes 16 de marzo –menos de un
minuto por año transcurrido. Una escenografía ad hoc, erigida
tras el presídium y frente al busto del presidente expropiador, casi
ocultándolo de la vista de los invitados, bien seleccionados para
aclamar la perorata del presidente desnacionalizador, que se extendió
por 14’ 24’’. (Su texto íntegro no se recoge, por cierto, en la página
web de la Presidencia, pero puede verse en youtube.com.)
La exposición partió de una cita de Lázaro Cárdenas, quien definió
como fin último del acto expropiatorio (palabra ésta que el orador
pronunció con dificultad) el
proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos. En seguida admitió que este mandato no se había cumplido a cabalidad, pues el desempeño de Pemex
no correspondía a la magnitud de sus operaciones, mucho menos a su potencial y había propiciado un gradual declive de su producción. En tales condiciones, afirmó más adelante,
resultaba imperativo crear un nuevo régimen legal, que le permitiera a la empresa fortalecer sus operaciones, revertir el declive en la producción y generar mayor riqueza para los mexicanos. Subrayó que, con la reforma energética, inter alia:
hoy se permite la participación privada en todos los mercados de hidrocarburos; la empresa asume,
como fin último, generar valor para la sociedad; ya se ha conseguido
un desarrollo más dinámico de esta rama vital de nuestra economía, y,
al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base de su desarrollo futuro.
Habría que señalar que el declive de la producción no se ha
revertido. La extracción total de crudo (en miles de barriles diarios)
descendió año con año de 2013 (2 mil 522) a 2017 (mil 948) y en enero de
2018, última cifra mensual disponible, se situó en mil 929. Si se toma a
las reservas remanentes de hidrocarburos como el indicador más amplio
de la base física para generar riqueza para la sociedad, se tiene que
éstas (en millones de barriles de petróleo crudo equivalente) se han
desplomado de 42 mil 158 en 2014 a 22 mil 149 en 2017 (última cifra
disponible). A cuatro años de promulgada la reforma, la participación de
agentes privados en las actividades centrales del sector sigue siendo
menos que marginal. El dinamismo en los años recientes ha correspondido a
las pérdidas de la empresa: la pérdida neta (en miles de millones de
pesos) escaló de 26 mil 900 al 31 de diciembre de 2012 a 352 mil 262 en
igual fecha de 2017. Las inversiones (com)prometidas en los contratos
adjudicados pueden realizarse en las fechas previstas, en diversos
momentos de los próximos años, o posponerse y recortarse o no
materializarse nunca, pues en muchos casos se refieren a recursos aún no
localizados. A la fecha, un experto universitario estima que la
inversión que realmente cabe esperar se sitúa entre alrededor de 3 mil y
4 mil 500 millones de dólares en los próximos cinco años. Por su parte,
la CNH informa que los ingresos del Estado acumulados hasta diciembre
de 2017 en función de los contratos de exploración y extracción de
hidrocarburos no alcanzan 250 millones de dólares. Magros resultados,
desde cualquier punto de vista.
Califico de desnacionalizador el discurso porque en su decurso
se priorizan, entre otros, el concepto de que Pemex comparta riesgos
con empresas privadas, sin mencionar que las más significativas entre
éstas serán extranjeras y, al aliviar el riesgo financiero de Pemex,
introducirán otros peligros, de orden operativo y político, por ejemplo,
al liderar la explotación de yacimientos transfronterizos o al vulnerar
la seguridad energética de la nación. Se da la bienvenida a la noción
de que regresen al país algunas de las corporaciones petroleras
expulsadas en 1938 o sus herederas, así como algunas empresas de
servicios. Desnacionalizar es incorporar de nuevo al país al coto de
caza global de esas empresas, cuyas prácticas expoliadoras han cambiado
en la forma pero no en su esencia. El rostro más visible de la
desnacionalización será la instalación de estaciones de servicio de,
entre otras, BP o Repsol. Se afirma que significará una aportación
técnica mayor y se exalta que fortalecerá la soberanía del consumidor.
Quizá haya en todo esto un salto, pero un salto al pasado, un salto a
antes de 1938.
Peña Nieto considera que el futuro de la reforma energética será tema
de decisión en el actual proceso electoral: “en democracia –dijo– los
mexicanos tendremos oportunidad de comparar la consistencia y la
congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del
sector energético”. Y ofreció una visión claramente distorsionada de las
disyuntivas: a) cancelar o preservar la libertad de los consumidores de
elegir entre distintas opciones; b) regresar a un modelo cerrado o
privilegiar la apertura y la competencia, y c) obligar a Pemex a asumir
riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas.
¿Son estas tres las alternativas verdaderas?
Ignoró que existen otras disyuntivas, entre ellas: a) maximizar la
extracción de crudo y mantener el sesgo exportador o ajustar la
producción a un consumo nacional cada vez más eficiente, orientado a la
transformación industrial más que a la oferta de combustibles fósiles;
b) mantener la política de exportar lo más posible y cuanto antes o
establecer un margen de exportación definido a la luz de la necesaria
recuperación de reservas suficientes en el muy largo plazo; c) continuar
adquiriendo importaciones cada vez mayores de gasolinas y otros
combustibles o reducirlas en forma acelerada mediante la modernización y
ampliación del sistema nacional de refinación; d) dedicar proporciones
crecientes del crudo y el gas extraídos a alimentar un poderoso sector
petroquímico nacional, que dé origen a nuevas cadenas productivas, o
continuar privilegiando el uso de los hidrocarburos como combustibles
industriales, domésticos y de transporte, y e) continuar la
monetizaciónforzada y ruinosa de activos de infraestructura y productivos de la empresa o asegurar una pronta y adecuada compensación por aquéllos de que se le privó al no asignárselos en la ronda cero. La campaña político-electoral permitiría, en efecto, discutir estas y otras alternativas y de su resultado podría desprenderse un claro mandato popular para el rumbo energético de la nación.
