Editorial La Jornada
Con 420 votos a
favor, nueve abstenciones y únicamente 10 en contra, de legisladores que
restan al Partido de la Revolución Democrática, la Cámara de Diputados
aprobó ayer la minuta de Ley de Extinción de Dominio elaborada en el
Senado. De acuerdo con sus impulsores, esta legislación permitirá
recuperar para la nación los bienes obtenidos a partir de actividades
ilícitas, con lo que se podrá comenzar a atajar la impunidad con que
históricamente se han saldado los actos de corrupción.
Entre los puntos más destacados de la norma se encuentran la
ampliación a 245 del catálogo de delitos susceptibles de causar
extinción de dominio, la imprescriptibilidad de las acciones de
extinción, la pérdida de derechos de propiedad de las personas físicas y
morales cuando se encuentren ligados a un hecho ilícito, la obligación
para los funcionarios públicos de comprobar la consistencia entre sus
bienes y sus ingresos, y la incorporación de mecanismos de acción
internacional.
Este último punto resulta de especial trascendencia si se considera
que la inminente puesta en vigor de la ley coincide con lo que se
avizora como uno de los procesos de recuperación de bienes más grandes
de la historia, el referente a las propiedades y cuentas bancarias del
ex líder del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera. Debe
recordarse que, desde la semana pasada, la sentencia a cadena perpetua
contra el ex narcotraficante en una corte del estado de Nueva York
propició declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y el
canciller Marcelo Ebrard Casaubón en torno a los esfuerzos que
emprenderá el Estado para que le sean entregados los recursos
eventualmente incautados a El Chapo.
Más allá de los resultados que puedan obtenerse en este caso de gran
resonancia mediática, cabe esperar que, cuando entre en vigor, la Ley de
Extinción de Dominio signifique un verdadero cambio de página en la
larga estela de impunidad de la que hasta ahora han gozado los
transgresores de la ley en lo tocante a su patrimonio. Este giro resulta
fundamental para el efectivo combate al crimen, pues queda claro que
esta impunidad financiera es uno de los factores que han permitido
mantener prácticamente intactas las estructuras criminales, pese al
encarcelamiento de los delincuentes.
