Contrainsurgencia, golpes a la población: ERPI

Zósimo Camacho

4 Octubre 2009

“Guerra sicológica”, paramilitarización e intensificación de las labores de inteligencia, las características que el ERPI observa en la política contrainsurgente que se desarrolla en Guerrero. De acuerdo con uno de los grupos guerrilleros más numerosos del país, los gobiernos federal y estatal han implantado un modelo de sofocación de la insurgencia que combina las doctrinas de la estadunidense Escuela de las Américas (ahora WHISC) y el Mossad israelí, en las cuales los golpes a la población civil son el principal instrumento para minar a los grupos subversivos

En entrevista, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) –la guerrilla con mayor presencia en Guerrero, pero que también se encuentra en otras entidades federativas– señala que la política contrainsurgente que los gobiernos federal y estatal desarrollan en el estado del Sur de la República incluye operativos contra la población.

Según el grupo subversivo que apareció en 1998 como una escisión del Ejército Popular Revolucionario, “la contrainsurgencia en México utiliza los métodos más avanzados” que se imparten tanto en la estadunidense Escuela de las Américas (desde 2001 renombrada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, WHISC, por siglas en inglés, y que la guerrilla tilda de “escuela de asesinos”) como en el Mossad israelí (el Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales del Estado judío).

En efecto, el 14 de agosto de 2008, en conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, anunció que quien fuera procurador General de Justicia del Estado hasta el 14 de septiembre pasado, Eduardo Murueta Urrutia, viajaría, junto con un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), al Estado de Israel. El objetivo: “recibir capacitación” y “comprar equipo que tenga que ver con la investigación, de inteligencia”. El gobernador agregó que “las herramientas” que obtendrían los policías en Israel se utilizarían contra la delincuencia organizada, “incluida la guerrilla”. Los agentes capacitados quedaron bajo el mando del director de la PIM, Érit Montúfar Mendoza.

Además, el 21 de julio de 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que había autorizado al gobierno del estado la compra e importación de armamento proveniente de Estados Unidos, Israel, Alemania “y otros países”. Las armas, entre las que se incluyen lanzagranadas, serían entregadas a la policía estatal y a las policías de los 81 municipios.

Los ejes de la contrainsurgencia

La Dirección Nacional del ERPI dice a Contralínea que en las comunidades de Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica (tres de las siete regiones en que se divide geográfica y culturalmente el estado de Guerrero) “se amedrenta a la población” y se busca “dividirla y convertirla en colaboradora de los órganos de represión política de los órganos en manos del Estado”. Explica que, en términos generales, en eso consiste el primer eje o “modo”: el de la “guerra sicológica”.

Además, se avanza en el segundo eje, el de la integración, entrenamiento y acción de grupos paramilitares.

—Esto es: grupos de la población civil, particularmente formados por jóvenes, que cumplen una labor de agentes de información (actividades de inteligencia), pero también grupos de operación táctica de persecución, hostigamiento y ejecución extrajudicial de las personajes que ellos les decían antes peligrosos, subversivos, y ahora terroristas o delincuentes.

Según el ERPI, el tercer eje de la política contrainsurgente que el gobierno federal desarrolla en Guerrero “y en todo México” es el del fortalecimiento e intensificación de los operativos de inteligencia. Agrega que toda la estrategia del espionaje está controlada directamente por el Ejército Mexicano, incluso aquella que realizan las dependencias civiles facultadas para tales actividades.

—Ya no sólo obtienen información o difunden informes y rumores contrainsurgentes (propaganda negra, la llaman), sino que ahora planean operativos contra la población, luchadores sociales y políticos o, incluso, contra bienes y locales de organizaciones populares que resisten o simplemente no son afines a la política oficial. En estos operativos participan en coalición fuerzas militares y paramilitares.

La existencia del ERPI se conoció de manera fortuita luego de que un integrante del grupo guerrillero, a quien se identifica como el capitán José, fuera abatido a balazos la madrugada del 7 de junio de 1998 en la escuela Caritino Maldonado de la paupérrima comunidad nu’saavi El Charco, ubicada en los pliegues de tierras rojizas del municipio de Ayutla, en la Costa Chica. Junto con el guerrillero, que en ese momento se encontraba desarmado y participaba en una reunión para el impulso de proyectos productivos en la región, fueron asesinadas 10 personas más. Para los pobladores, se trató de una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano en contra de campesinos indefensos. Oficialmente, la Sedena habló de “un enfrentamiento” entre militares y guerrilleros. En la mochila del capitán José se encontraron cartas y otros documentos que daban cuenta de los motivos de separación del EPR y la constitución de la nueva organización subversiva.

Así, el ERPI, formado principalmente por las columnas insurgentes de Guerrero que se escindieron del Ejército Popular Revolucionario el 8 de enero de 1998, fue descubierto a los cinco meses de su integración.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero

La Dirección Nacional del movimiento armado señala que aunque las políticas contrainsurgentes se aplican en todo el país, tres entidades de la república se encuentran bajo una violenta “guerra de baja intensidad”: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La causa: “los levantamientos indígenas y populares de 1994, 1996 y 1997”.

Agrega que, desde 1994, en Chiapas se desarrolla un laboratorio contrainsurgente del que uno de sus resultados es la masacre de Acteal. El objetivo de las políticas de represión son las comunidades zapatistas “y las zonas de resistencia indígena y campesina”.

Según el ERPI, los objetivos de los cuerpos contrainsurgentes en Oaxaca son los pueblos “en resistencia”, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos y los movimientos magisteriales, campesinos y comunitarios.

—Y, finalmente, en Guerrero se sigue una ruta para sembrar informantes en las comunidades e infiltrar a los grupos de promoción y operación política de todos los partidos. Esto con el fin de vigilar, acosar o incluso ser cómplices para atentar contra las vidas de defensores de derechos humanos y líderes de comunidades.

Delegados partidistas, informantes del Ejército

La clandestina dirección nacional del ERPI dice que no hay un sólo partido que no tenga dentro de sus filas a informantes de la Sección Segunda del Ejército Mexicano, el área castrense encargada de la inteligencia y contrainteligencia. Incluso, señala que delegados del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, “así como muchos elementos de base de otros partidos políticos”, en realidad sirven a las oficinas de inteligencia militar.

Según el grupo guerrillero, asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos han sido “enmascarados como acción de delincuentes y narcomenudistas”.

Acota que no es que los asesinos no estén vinculados al negocio del narcotráfico, lo están, pero ahora también tienen otras funciones: son informantes “y verdaderos sicarios a sueldo de caciques y de cuerpos dirigidos por la policía política y la inteligencia militar”.

En la “guerra de baja intensidad” que según el ERPI se vive en Guerrero, las funciones de estos grupos de sicarios supuestamente al servicio del narcotráfico y al mismo tiempo de los oficinas de inteligencia militar son: hacer pasar como enemigos de las instituciones a los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos; romper el tejido comunitario y familiar; “descomponer socialmente las conductas de jóvenes desempleados y empobrecidos atrayéndolos a la delincuencia que ellos organizan”; atemorizar a pueblos y comunidades, y “ubicar y ejecutar a quienes vislumbren como líderes naturales o políticos y defensores de derechos humanos”. Para ello, asegura e ERPI, se valen de los levantones.

La cultura de los pueblos, defensa ante la contrainsurgencia

El grupo guerrillero del cual Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, era el principal líder hasta su detención el 19 de octubre de 1999 en la ciudad de México, dice que frente a la contrainsurgencia basada en la delincuencia organizada se opone un “arma eficaz”.

—En las áreas rurales, los valores de solidaridad, sinceridad, de hablar franco, de respeto a la familia y a la comunidad permiten que se cuiden los territorios, que se reserven los nombres de los luchadores sociales que persigue el gobierno o que odian los caciques, y que no se vengan abajo los proyectos de solución en común a sus problemas.

De acuerdo con el ERPI, la cooptación contrainsurgente necesita de la publicidad y propagación de la ideología individualista y de la cultura de la corrupción y el abuso, pues lo que ofrece a los jóvenes que se convierten en sicarios e informantes del Ejército es una “fórmula” sencilla “para salir de pobres”.

—Hemos visto y aprendido cómo el respeto a padres y madres hace que se resuelvan esos intentos del poder de clavarle cuñas en la espalda a familias y comunidades honestas. Cuando se les quiere meter en su seno guachos, policías, sicarios y narcomenudistas, pasan a ser motivo de vergüenza familiar y llaman al orden: a que quien se vea inmiscuido abandone esas bandas o cuerpos represivos o, bien, se vaya lejos de la región para no afectar a propios y parientes. Entonces el pueblo se defiende, se organiza, imparte desde mero abajo la justicia.

Finalmente, la Dirección Nacional del ERPI reconoce que la solución a los problemas del pueblo de México no necesariamente la tiene el movimiento armado “ni que obligadamente pase por el uso de las armas”.

—La solución está en el pueblo organizado desde abajo y a su modo. Está en el pueblo, el cual tiene la memoria viva de tanta guerra en su contra. Ante esta contrainsurgencia que hoy los poderes económico militares llaman “guerra preventiva”, se requiere de la prevención y previsión de la autodefensa integral del pueblo. Sólo así se crea y se defiende el poder popular.

“Ya no sólo obtienen información o difunden informes y rumores contrainsurgentes (propaganda negra, la llaman), ahora planean operativos contra la población, luchadores sociales y políticos o, incluso, contra bienes y locales de organizaciones populares que resisten o simplemente no son afines a la política oficial. En estos operativos participan coaligados fuerzas militares y paramilitares”

“En Guerrero se siembran informantes en las comunidades y se infiltran en los grupos de promoción y operación política de todos los partidos. Esto con el fin de vigilar, acosar o incluso atentar contra las vidas de defensores de derechos humanos y líderes de comunidades.”

“En las áreas rurales, los valores de solidaridad, sinceridad, de hablar franco, de respeto a la familia y a la comunidad permiten que se cuiden los territorios, que se reserven los nombres de los luchadores sociales que persigue el gobierno o que odian los caciques, y que no se vengan abajo los proyectos de solución en común a sus problemas.”

• ** “Extravía” PGR expediente de lavado de dinero
• ** Chávez Chávez tendrá que responder a la SHCP
• ** Proliferan fideicomisos en órganos autónomos

En medio de duras críticas y justos reclamos por su responsabilidad en los homicidios de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez cuando se desempeñó como procurador de Justicia de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez finalmente fue confirmado la semana pasada como procurador general de la República por una fracción del Senado de la República encabezada por el PAN y avalada condicionalmente por el PRI. Ahora será su gestión como abogado de la nación durante la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, lo que determine si valió la pena enfrentar calificativos de omiso, cómplice y negligente por parte de legisladores de oposición.

Sin duda le esperan tres difíciles y duros tres años a Chávez Chávez. Y entre los problemas más complicados que deberá atender inmediatamente el nuevo procurador destacan sin duda la corrupción que envuelve a la PGR; la infiltración de bandas del narcotráfico y la complicidad de ministerios públicos y agentes judiciales; la violencia desatada en todo el país; el crecimiento del tráfico y consumo de drogas en México; el rezago de averiguaciones previas, y la pérdida de expedientes de prominentes delincuentes de cuello blanco.

De este último problema escribimos aquí hace dos semanas y decíamos que el próximo procurador tendría que dar respuesta al “extravío” de un espinoso expediente penal abierto a finales del sexenio de Vicente Fox y que involucra a familiares y amigos del exgobernador Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Profepa, en el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.

A finales del sexenio foxista, cuando en la Procuraduría General de la República despachaba Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilítica y de Falsificación o Alteración de Moneda recibió una denuncia penal por el delito de lavado de dinero en contra de el hermano del exgobernador de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada.

Hace unos días la Secretaría de Hacienda volvió a requerir a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, que informe sobre la denuncia que presentó en contra de familiares y amigos del procurador del medio ambiente, quienes supuestamente se aprovecharon cuando Patricio Patrón Laviada era gobernador de Yucatán para utilizar recursos de procedencia ilícita e introducirlos al sistema financiero mexicano.

Por tratarse de un miembro del gabinete de Felipe Calderón, y después del discurso de Chávez Chávez al protestar como nuevo procurador general de la República, en el sentido de que combatiría la corrupción en su nueva responsabilidad y los delitos del crimen organizado, es de esperarse que en los próximos días el nuevo procurador responda a la Secretaría de Hacienda qué ha pasado con el expediente “extraviado” y qué va a hacer para reiniciar la investigación por blanqueo de capitales y abrir la averiguación previa correspondiente.

Los datos extraviados en la PGR

El 26 de octubre de 2006, a poco más de un mes para que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, Hacienda acusó ante la PGR por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech.

Por instrucciones de Cabeza de Vaca la denuncia se archivó y su sustituto, Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero “extraviaron” la acusación presentada por la Secretaría de Hacienda y hasta la fecha, dicen fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.

Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR por la pérdida de dicho expediente, se acrecentó y en septiembre se volvió a notificar a la Procuraduría sobre la investigación financiera que involucra a un grupo de yucatecos en delitos penales graves.

“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta Unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”, respondió la PGR a Hacienda.

Inmoralidad en manejo de excedentes

En los organismos autónomos se ha generalizado la creación de fideicomisos para depositar recursos y gastar sin control alguno, resultado de supuestos excedentes presupuestales que hasta ahora nadie sabe a dónde van a parar. El objetivo, supuestamente, es constituir reservas privadas dedicadas al financiamiento de programas para el retiro. Si bien es cierto que las pensiones y el déficit actuarial que enfrenta el gobierno federal es un problema que tarde o temprano alcanzará a la alta burocracia del país (si es que no prevén un fondo privado con sus altos ingresos mensuales), no existe justificación para aplicar este tipo de políticas con recursos del erario.

Uno de los primeros organismos que optó por este camino fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando sus magistrados decidieron crear fideicomisos para su retiro. En su momento, la Auditoría Superior de la Federación fustigó la creación de dichos fideicomisos y señaló el conflicto de interés al que se enfrentaba el máximo órgano del Poder Judicial del país cuando tuvo que resolver sobre la constitucionalidad de los fideicomisos que custodiaban los recursos de la compañía ISOSA, creada por la Secretaría de Hacienda.

Aún así, la Corte mantiene sus fideicomisos y se ha iniciado un debate en el Poder Judicial sobre la falta de transparencia con la que manejan las cuentas y administran dichos recursos públicos. Pero es en la autonomía en donde la Corte ha encontrado una salida a este conflicto.

Con la constitución de este tipo de fideicomisos también se rompe con el principio de equidad, pues los trabajadores de la SCJN o los del Tribunal Electoral del Distrito Federal no deberían ser tratados de manera distinta a los trabajadores del Estado. Ellos, sin embargo, han encontrado en su autonomía un camino para alejarse de los problemas estructurales que enfrenta la economía.

Pero como dice John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si se quiere resolver esta discrecionalidad, son los propios legisladores lo que podrían o deberían resolver el problema. Para empezar, los organismos autónomos se han convertido en un verdadero contrapoder que, parcialmente, han cumplido con su función, pero que podrían fracturarse ante la opacidad con la que se están conduciendo.

Dos ejemplos, en el Instituto Electoral del Distrito Federal el contralor interno denunció hace casi un año la constitución de un fideicomiso en Banorte que aparentemente se utiliza para la compra de inmuebles y reserva laboral. El presidente consejero Isidro H. Cisneros decidió que también se destinarían recursos para la creación de un pasivo laboral de los trabajadores, sin embargo, contrario a lo mandatado por el Consejo General del IEDF, la Contraloría Interna denunció que se constituyó un fideicomiso de administración e inversión de recursos.

Este fondo, según lo denunciado ante la Asamblea de Representantes, se construyó con la cantidad de 8.5 millones de pesos y se aportaron más de 16.4 millones. Ese es el tipo de cantidades que manejan las tesorerías de los organismos autónomos.

Del avance de la auditoría practicada a este fideicomiso se encontró un presunto desvío de recursos por aproximadamente 25 millones de pesos, lo que representaría una constitutiva de presunta responsabilidad administrativa, al ser destinados para fines diferentes a lo aprobado por el Consejo General, de acuerdo con el artículo 47 fracciones I, II, III y XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Este hecho podría ser constitutivo de responsabilidades administrativas y penales, de acuerdo con los artículos 256 a 276 del Código de la materia en el Distrito Federal. El proyecto definitivo del fideicomiso debió pasar para su autorización inicial por la Comisión de Administración y posteriormente por la Junta Ejecutiva del Instituto, según lo denunciado por la Contraloría.

El otro caso tiene que ver con el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que también constituyó su propio fideicomiso para dirigir los recursos “excedentes” de su operación para apoyar las pensiones de sus magistrados.

El problema no sólo es de los organismos autónomos o de sus administradores que abusan de los recursos del erario. El conflicto radica en que la Constitución no contempla a los órganos autónomos como un cuarto poder y, por lo tanto, no existen leyes específicas para regularlos ni para normarlos. De esta forma, su autonomía se ha traducido en una gran discrecionalidad para el manejo de recursos y, en teoría, no violan ninguna legislación pues lo que no está estrictamente prohibido está permitido.

El asunto, en cambio, tiene que ver con la moral pública. ¿Cómo van a vigilar estos organismos autónomos los intereses de los ciudadanos cuando ellos mismos dilapidan los recursos del erario?

Por eso, sería necesario modificar la Constitución e incluir reglamentos claros para el manejo de los recursos que se les otorgan a estas entidades para propugnar por una verdadera autonomía presupuestaria, pues si bien es cierto que ellos han defendido su independencia financiera al interior de sus edificios, no cuentan con la posibilidad, por ejemplo, de constituir un patrimonio por el que tendrían también que rendir cuentas.

Así, en pocas palabras, lo que sucede es que año con año en los organismos autónomos se presentan “compras de pánico” para terminar con los recursos que les fueron asignados porque no lo pueden mantener en su patrimonio y tendrían que regresarlo como subejercicios y enfrentar la posibilidad de que su presupuesto se reduzca el siguiente año.

Las hojas sueltas y la libertad de expresión

Álvaro Cepeda Neri

4 Octubre 2009

Estamos en vísperas de celebrar el bicentenario de la iniciación de la Independencia (o tal vez, como Revolución inconclusa) de 1810, para su continuación por los mismos u otros medios en la alternativa violenta o pacífica si esta última conduce a la llevada y traída reforma del Estado que tantea el Senado.

Mientras vemos el desenlace de la actual crisis, recordemos que la conquista de la libertad de expresión comienza con la irrupción violentísima de la lucha por la Independencia. Las “hojas sueltas” que se imprimían clandestinamente convocaban a participar e informaban con veracidad, respecto del movimiento abortado la noche del 15 de septiembre, cuando Hidalgo, en el atrio de la iglesia de Dolores, pronunciaba a todo pulmón:

“Mexicanos: ¡Mueran los gachupines! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América libre!”

Los campesinos reunidos (y sorprendidos) repitieron las encendidas expresiones en ese momento glorioso y durante 11 años más, hasta la consumación de la Independencia, agregando lo de “¡Viva la Independencia… viva la América… muera el mal gobierno!”

En ese contexto aparecieron las “hojas sueltas” con textos, proclamas e información sobre la lucha social que forjan la libertad de expresión, de crítica, propuestas y reclamos en forma de demandas. También en la metrópoli peninsular, para combatir la invasión napoleónica, daban los pasos para conquistar esos derechos (ver el libro de José Álvarez y Gregorio de la Fuente, El nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las cortes de Cádiz: 1810-1814).

Esas hojas circularon de mano en mano con la llegada de los insurgentes, y en los pueblos se reunían en torno al que sabía leer para escuchar la lapidaria frase “¡Muera el mal gobierno!”, que en todas las versiones del “grito de Dolores” que se conocen no dejó de figurar como el motivo principal de esa gesta heroica.

Con ellas nace la libertad de expresión. Se publicaban casi simultáneamente a la llegada de la imprenta en 1539. El más antiguo testimonio periodístico “es una hoja volante fechada el 10 de septiembre de 1541” (Humberto Musacchio, Historia gráfica del periodismo mexicano). Ya el 20 de diciembre de 1810 circuló el periódico El Despertar Americano.

Estas “hojas sueltas” fueron el vehículo del movimiento social que encabezaron los Hidalgo, los Morelos, los Allende, las Josefa Ortiz… apoyados y seguidos por el naciente pueblo republicano asido al patriotismo de la tierra donde los conquistadores establecieron las encomiendas, con los mexicanos en situación de esclavos. Y si la lucha por la independencia corrió como pólvora encendida (en el doble sentido de la expresión), fue por esas “hojas sueltas” que pusieron los cimientos para la libertad de expresión.

Los revolucionarios de 1810-1821 imprimieron esos “primeros textos informativos que por su oportunidad pueden ser considerados periodísticos, aparecieron en las llamadas relaciones, hojas volantes, traslados, nuevas o noticias. Éstos eran papeles sueltos que se publicaban cuando lo ameritaban los acontecimientos”, escribe Musacchio.

Y el estallido y su década de acción ameritaron que la revolución de Independencia hiciera uso de las “hojas sueltas” para publicitar su dramática hazaña. Y así es que los mexicanos, sobre la marcha de su naciente nación y manifestaciones republicanas a través de una democracia directa, pusieron los cimientos de la libertad de expresión, desde entonces duramente defendida.

cepedaneri@prodigy.net.mx

La era del autoritarismo

Guillermo Garduño Valero

4 Octubre 2009

Dios entregó al hombre la verdad, vino el diablo y la convirtió en religión

Proverbio hindú

¿Que es el autoritarismo? Ante todo es un síndrome engendrado en una cultura y contenido en un sistema complejo de relaciones sociales, consistente en el sometimiento irracional a la autoridad.

Theodor Weisengrund Adorno, quien estudió con la mayor profundidad sus rasgos en la Personalidad autoritaria, lo asoció a diversas manifestaciones: etnocentrismo, que es la creencia en la visión limitada que no va más allá de sus relaciones inmediatas y, por tanto, desecha en su ignorancia cualquier forma de vida alterna; prejuicio, cuya mejor definición es la de Gordon Allport, como el rechazo a personas o grupos de los cuales se conoce poco o nada; narcisismo, que se concentra en una visión idealizada de sí mismos sin correspondencia con la realidad cotidiana que les rodea; integrismo, que supone la idea de posesión de una verdad absoluta, autoevidente e indiscutible; exclusión, donde el mundo se clasifica entre su comunidad inmediata y los otros; mesianismo, donde el sujeto siente ser un predestinado y se somete a la realización de cualquier acto, por irracional que sea, si lo ordena el líder o la organización.

En sí la diferencia entre la esquizofrenia y el autoritarismo es que la primera se define como la ruptura de contacto de un individuo con el medio ambiente que le rodea, y donde a pesar de tener una percepción normal, la va a interpretar dentro de su lógica personal que lo lleva a definir el mundo como caótico, si es que no responde a su voluntad. El autoritarismo está más allá del individuo: puede ubicarse como un síndrome social que, para desarrollarse, agudizarse y extenderse, requiriere, además, de condiciones de crisis.

El autoritarismo tendrá múltiples pretextos para justificarse y conformarse como ideología a ser insertada en el mundo social y puede adquirir los signos de lo político o lo religioso, aunque no son sus únicas manifestaciones. En el primer caso encontraríamos a figuras como Hitler, Mussolini y Stalin; ellos transformaron las ideologías políticas en mitos y símbolos que condujeron a la guerra, la eliminación de sus adversarios y la destrucción más terrible que hasta ahora ha conocido el mundo y donde el problema central después de 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial es responderse a ¿por qué tantos se sometieron ciegamente a tan pocos?

Otra variante es el integrismo religioso, y si el siglo XX giró en torno a lo político, lo religioso parece ser la pieza fundamental de nuestro tiempo. Recordemos tan sólo el 11 de septiembre de 2001 y las dos guerras que se libran hoy en día en Afganistán e Irak y cuyo desenlace aún no se avizora. Todo ello se acentúa con la crisis que a fin de cuentas es un proceso de transición, pues si algo es inherente a estos periodos es que liquidan desde prácticas estúpidas hasta los fundamentos de un proceso civilizatorio.

Curiosamente, al aproximarse el siglo XI de nuestra era y estar próximo a la llegada del año 1000, surgió un movimiento conocido como los milenaristas, que predicaban despojarse de todos sus bienes, enrolarse para la reconquista de “tierra santa” y esperar el juicio final en la propia Jerusalén. Lo importante no es que haya habido gentes que con todo fanatismo profetizaron el desastre final, que nunca llegó, sino los vivales que se quedaron con los bienes de los otros y enriquecieron al papado, a la jerarquía eclesiástica, sus órdenes religiosas, a los mercaderes venecianos, a la nobleza inescrupulosa, y a toda suerte de aventureros que terminaría despojando a reyes, príncipes y crédulos de cuanto poseían.

De lo anterior ya conocemos la historia, de lo que viene aún no. Pero recordemos que en nuestra cultura mexicana el autoritarismo ha venido por la vía militar y religiosa. La conquista se realiza bajo la cruz y la espada. La colonia se justifica por sus monasterios, fueros y castas. La independencia, por el abismo existente entre criollos y peninsulares que se traducía en clero y milicia de mando o subordinación. La Reforma es el dilema entre Estado oligárquico autoritario contra clero y autonomías indígenas. La Revolución en su etapa final corrió a cargo de la Guerra Cristera (1926-1929). Y el autoritarismo del partido oficial por 71 años va ligado de manera indisoluble a los acuerdos entre el clero y la nueva clase política. La redefinición de lo eclesiástico frente al Estado fue a raíz del fraude electoral del salinismo –que pagaría generosamente su intermediación con las reformas al artículo 130 constitucional, dejando a estos estamentos sin control alguno e iniciándose la era de la intolerancia que aún vivimos y cuyos efectos finales aún están por venir, al privar al Estado de su capacidad regulatoria frente a los administradores de la fe.

Sin embargo, el problema religioso en México tiene hoy nuevos matices: mientras que en 1960 las personas se confesaban pertenecer en un 97 por ciento a la fe católica, hoy el problema central son la extensión de las sectas que operan sin control desde hace, por lo menos, dos décadas. Ello no tendría mayores efectos sino por la intolerancia y división comunitaria que generan, puesto que si bien toda creencia corresponde a la esfera íntima del sujeto, cuando se asocia a posturas autoritarias termina en la negación de los otros, lo que deriva en enfrentamiento inevitable e imposibilita cualquier planteamiento de convivencia democrática.

Curiosamente es en la frontera Sur, y en particular en Chiapas, donde estos grupos ya rebasan a los tradicionalistas católicos y son sustituidos por otros tradicionalismos fundamentalistas, tanto de carácter religioso, como político, el primero representado por la visión de salvación de pastores donde la división comunitaria se ha traducido en la expulsión por los católicos de miles de indígenas, y la otra variante es el milenarismo de retorno al México prehispánico que pregona el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y donde la promesa democrática no existe, pues los administradores de creencias son los únicos actores en la dirección de estos procesos.

Al mismo tiempo, tan sólo en este año hemos tenido el asesinato de dos líderes religiosos: el de la Santa Muerte en Neza y el de los mormones en Chihuahua, sin que éstos hayan sido aclarados a profundidad. El 9 de septiembre un sujeto perteneciente a una secta secuestró un avión de Aeroméxico bajo consigna de dar un mensaje de un terremoto próximo en la ciudad de México, situación que por obvia no debió García Luna permitir su difusión, pues en toda zona telúrica el que tiemble es algo que no necesita profetizarse ni depende de voluntad alguna su ocurrencia, por lo que cabría recordarle al cuestionado secretario de Seguridad Pública que dónde tendría rentado su cerebro para hacerle el juego a estos grupos al darles un foro mundial, pues, como en los casos anteriores, las sectas están ávidas de mártires.

Pocos días después y ante el éxito obtenido por la estupidez policiaca, otro sujeto con las mismas características asesina a mansalva a dos personas y deja heridas a 10 en el metro de la ciudad de México. Después de su captura, también con Biblia en mano, se justifica diciendo: “Me reprimieron y no me dejaron decir la verdad”. En ambos casos se quiere hablar de locos. El problema no es ése, sino quién los mandó y a qué intereses sirven, pues estos sujetos tienen su voluntad sometida a sus pastores, por lo que una incitativa de esta naturaleza no está en sus manos idearla, sino tan sólo cumplirla al pie de la letra, semejante a la respuesta que tuvo toda la camarilla nazi al inquirirles por sus excesos en el juicio de Nuremberg donde sólo acertaron decir: “Hitler así lo ordenó…”

*Catedrático de la UAM Iztapalapa experto en seguridad nacional y fuerzas armadas; doctor en sociología por la UNAM y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh

gavg@xanum.uam.mx

Rusia y Brzezinski se oponen al ataque israelí contra Irán

Alfredo Jalife-Rahme

4 Octubre 2009

Cuando dos personalidades del más alto nivel mundial –como el presidente ruso Dimitry Medvédev y Zbigniew Brzezinski, exasesor de seguridad nacional de Carter e íntimo de Obama– evalúan un probable ataque israelí a las instalaciones nucleares civiles de Irán significa que el gobierno del primer ministro “Bibi” Netanyahu, del partido fundamentalista hebreo del Likud, desea desencadenar una guerra mayúscula en Medio Oriente.

En fechas recientes han ocurrido eventos extraños que apenas se filtran en los multimedia internacionales, como dos visitas intempestivas a Moscú –una oficial, del presidente israelí Shimon Peres, y otra “secreta” del primer ministro Netanyahu–, en el marco del extravío rocambolesco del barco “Ártico” de tripulación rusa que supuestamente transportaba armamento sofisticado destinado a Irán y que pudo haber sido secuestrado en alta mar por los servicios de inteligencia israelíes del Mossad, como han dado a entender publicaciones tanto de Israel como de Rusia.

Sea lo que haya sucedido con el extravío y/o secuestro del barco con tripulación rusa, lo más relevante ha sido que repentinamente Rusia se volvió el centro de tratativas tanto con el presidente como con el primer ministro de Israel, lo que posteriormente dio lugar a que el presidente Dimitry Medvédev se atreviera a revelar a la opinión pública mundial que Shimon Peres le había dado “garantías” de que Israel no atacaría a Irán, ya que prefería agotar la opción diplomática en curso que puede desembocar en severas sanciones contra la teocracia chiíta iraní que todavía no resuelve satisfactoriamente su polémica elección presidencial que ha fracturado a su clase dirigente.

En dicho contexto incandescente, ha destacado la postura del presidente Medvédev, quien se ha pronunciado sin tapujos contra la aventura israelí de bombardear las instalaciones nucleares civiles de Irán que pudiera desembocar en una catástrofe regional.

Tampoco se debe soslayar que un ataque israelí podría dañar no solamente los intereses rusos en la planta nuclear civil de Bushehr (Irán) que construyeron, sino que, también, pudiera cobrar la vida de los científicos rusos adscritos al lugar.

Cabe señalar que Rusia e Israel llevan una relación muy “compleja” y “ambivalente” (de odios y amores).

La nada improbable aventura de Israel –que ha sufrido en fechas recientes severos descalabros en Líbano Sur (con la guerrilla chiíta de Hezbolá), Gaza (con la guerrilla sunnita palestina de Hamas) y en Georgia (en su alianza militar con el presidente Mikhail Saakashvili, quien sufrió una paliza de parte del ejército ruso en Osetia del Sur)– no será un paseo dominical, ya que la teocracia iraní esconde bajo la manga una carta muy vista para aplacar a sus enemigos: el cierre del Estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico, donde atraviesa el transporte de petróleo destinado al noreste asiático (China, Japón y Sur-Corea), Europa y Estados Unidos, lo cual elevaría el precio del oro negro a la estratósfera y tendría severas repercusiones en la economía global en momentos en que a duras penas lucha por salir de su recesión.

Nadie en la región medio oriental (obviamente, con la excepción de Israel) –ni en Rusia, India y China, para citar a las potencias más relevantes– se traga el cuento de que el Estado hebreo podría atacar unilateralmente las instalaciones nucleares civiles de Irán sin la complicidad y/o la anuencia tácita de la administración de Obama, que está sufriendo horrores en poder controlar a su desobediente aliado israelí.

Dicho en forma diáfana e inequívoca: el hipotético ataque “unilateral” israelí a Irán será calificado por los afectados y los actores regionales como una agresión militar de su tutor estadunidense cuando Obama se ha esforzado en borrar la islamofobia de su antecesor Baby Bush mediante una política de manos tendidas para una nueva colaboración que pasa ineluctablemente por la resolución del estancado contencioso árabe-israelí.

Toda la nueva política medio oriental de Obama quedaría así descarrilada, para no decir descuartizada, y, más que afectar a Israel por las consecuencias subsecuentes, dañaría los intereses regionales y globales (por el alza del petróleo) de Estados Unidos, además de dejar como retórica vacía la muy plausible propuesta del nuevo orden mundial del presidente estadunidense, que recitó recientemente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

En este sentido cobra una relevancia mayúscula la reciente entrevista de Brzezinski a Gerald Posner del The Daily Beast (18 de septiembre de 2009) sobre las consecuencias desastrosas de “una colisión estadunidense-iraní”. Brzezinski no pierde su rusofobia, por lo que sus escenarios, que no necesariamente compartimos, arrojan mucha luz de quienes, a su juicio, resultarían vencedores y vencidos. Estados Unidos y China saldrían seriamente afectados, mientras Rusia emergería como el gran triunfador: “Rusia resiente amargamente (sic) el éxito de Estados Unidos en la Guerra Fría”, por lo que la primera consecuencia se resentiría en que “Estados Unidos pagaría un alto precio en Irak y en Afganistán, y en forma masiva (sic), en referencia al precio del petróleo”.

El íntimo de Obama contabiliza la enorme preponderancia de Irán sobre la mayoría chiíta en Irak, lo cual pondría en peligro la retirada del atribulado ejército de Estados Unidos, así como la nada despreciable influencia de la teocracia chiíta iraní en Afganistán, donde Estados Unidos se encuentra empantanado.

Pareciera que Israel no toma en consideración los sufrimientos de su tutor estadunidense, y el exasesor de seguridad nacional de Carter expone brutalmente las limitaciones de la otrora superpotencia unipolar que resultaría la gran perdedora en el escenario de una conflagración con Irán.

En segundo término, otro perdedor sería China, “a quien los rusos envidian (sic) y ven como una amenaza en el largo plazo”. China “importa más petróleo del Medio Oriente que Estados Unidos”, por lo que “un precio estratosférico del petróleo dañaría más a China que a Estados Unidos”. Esto es muy discutible por su relatividad, ya que a China le sobra el dinero (su excedente de dólares-chatarra) y a Estados Unidos le falta, por lo que podría comprar el petróleo necesario al precio que fuere (que no es el caso de Estados Unidos).

En tercer término, “Estados Unidosropeos occidentales se volverían totalmente (sic) dependientes de Rusia” (nota: se refiere a sus hidrocarburos).

En cuarto término: “El Kremlin se indigestaría de obtener enormes ganancias” provenientes del alza del petróleo.

Brzezinski, quien no deja de lado su genética polaca que lo conduce a su permanente rusofobia, no cesa de atribuirle a Rusia una perversidad infinita, que demostró todo lo contrario durante la guerra fría frente a Estados Unidos, es decir, una ingenuidad ilimitada, lo cual desembocó en su suicidio y en el desmantelamiento del imperio soviético.

Más allá de su rusofobia, lo relevante de la opinión de Brzezinski se centra en su oposición geoestratégica al bombardeo unilateral israelí y aduce que Estados Unidos “no se sentará impotente como niño” a contemplar los eventos por lo que “debe prohibir seriamente (sic) el vuelo de los aviones israelíes en el espacio aéreo de Irak”, que controla Washington.

Viene la parte nodal del rechazo de Brzezinski: “Si los aviones israelíes optan por sobrevolar el cielo de Irak para atacar a Irán, entonces Estados Unidos tendrá que detenerlos y confrontarlos (¡super-sic!)”, ante lo cual los israelíes “tendrán la opción de regresarse o no. Nadie desea esto, pero puede ser un Liberty en reversa”.

Vale una explicación: durante la Guerra de los Seis Días en 1967, los aviones y botes-torpedo israelíes bombardearon “por equivocación” al barco USS Liberty en las aguas internacionales, cerca de la Península del Sinaí, que resultó en la muerte de 34 miembros estadunidenses de la tripulación, además de 171 heridos y el daño al barco. Es decir, Brzezinski propone propinar a Israel una sopa de su propio chocolate (“un Liberty en reversa”) en caso de su aventura unilateral y el sobrevuelo sin permiso del cielo iraquí bajo control estadunidense.

¿Se saldrán los halcones israelíes con la suya, sin importarles las consecuencias catastróficas que generaría su unilateralismo bélico en el mundo entero, o finalmente prevalecerá la serena prudencia tanto de Rusia como de Brzezinski para resolver diplomáticamente el contencioso nuclear iraní?

Paramilitares con tesón

Prensa Latina

4 Octubre 2009

La importación de paramilitares colombianos por parte de empresarios hondureños se conjuga con la existencia de fuerzas especiales de ambos países, creadas para la guerra sucia.

Jorge Luis Ubertalli / Prensa Latina

Ambas expresiones, ilegales y legales, forman parte del arsenal represivo montado para la nueva etapa de la guerra antipopular contra nuestra América, recreada una vez más por Estados Unidos y sus aliados regionales.

Tercerizaciones

La tercerización represiva orquestada desde el aparato del Estado burgués no es nueva ni en Colombia ni en Honduras, tampoco en el resto del subcontinente.

La lista incluye organizaciones como Patria y Libertad, en Chile; Escuadrones de la Muerte, en Brasil, Paraguay y El Salvador; Novios de la Muerte, en Bolivia; Mano Blanca, en Guatemala; Comando Libertadores de América y Alianza Anticomunista, en Argentina, y Policías Chulavitas y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre otras.

Fueron, al igual que todas las demás existentes en Centro y Suramérica, financiadas con fondos reservados del Estado, latifundistas y grandes industriales, comerciantes y financistas, empresas trasnacionales e instituciones vinculadas a los servicios de inteligencia civiles y militares estadunidenses y de otros países capitalistas y, también, ahora más que nunca, con fondos derivados del narcotráfico.

Álvaro Uribe, a través de la fundación de las cooperativas de seguridad Convivir, auspició a mediados de la década de 1990, desde su cargo de gobernador de Antioquia, el paramilitarismo encarnado en las AUC, que desde 1977 y hasta 2003 asesinaron, desaparecieron y torturaron a 15 mil personas, y se apropiaron de 6 millones de hectáreas.

Uribe, ducho en eso de operar desde blancas alturas, había sido director de Aeronáutica Civil desde marzo de 1980 hasta agosto de 1982.

En ese tiempo construyó pistas de aviación utilizadas por el entonces número dos del cártel de Medellín, Jaime Cardona, para transportar cocaína.

Ahora, supuestamente en retirada, los paramilitares colombianos han decidido trasladarse hacia otras geografías para ejercer su oficio de sostenedores del orden de los cuchillos y la cocaína en el marco de “democracias” como la de Honduras, teñidas por la impronta del golpe cívico-militar del 28 de junio o de la nuestra (Argentina), donde participaron en el asesinato de varios connacionales venidos a menos a través de sicarios implicados con el cártel colombiano del Valle y del mexicano de Sinaloa.

Desaparecidas las AUC, transfigurados en Águilas Negras y apoyados por el Estado colombiano, los narcoparamilitares hoy se infiltran desde los bordes fronterizos en territorio venezolano para masacrar, contrabandear cocaína y desestabilizar al gobierno bolivariano de Hugo Chávez.

Camándulas

El 11 de julio de 1977, una camioneta F-100 blindada fue embestida por el Renault del entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, a quien el coronel Fernando Saint Aman, jefe de la zona militar de esa jurisdicción del Norte bonaerense, había amenazado pocos días antes con que “no pasaría de julio” por dar refugio y defender a los perseguidos de la dictadura.

Vinculado a inteligencia del Ejército, Saint Aman calificó en varias oportunidades a Ponce de León de “obispo rojo” y actuó conjuntamente en la represión de esos años con el comisario Jorge Chiche Muñoz, verdugo popular en la cercana Villa Constitución de Santa Fe.

Saint Aman también fue especialista en blindados cuando revistaba en Orden Urbano de la Policía Federal y cofundador más tarde de la organización parapolicial de ultraderecha Triple A.

Relacionado con los blindados y los accidentes fatales, Saint Aman apareció asimismo vinculado a otros ciudadanos no tan conocidos, aunque efectivos en sus emprendimientos.

El propietario del vehículo acorazado que cruzó al Renault del obispo aquel 11 de julio, Carlos Sergio Bottini, fungía como directivo de la empresa Agropolo, SRL, emprendimiento ligado, según se investigó, al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.

Un año más tarde del “accidente”, que terminó con la vida del obispo, se agregaron a la empresa, que comenzó a operar en el ramo de las construcciones de obras públicas y privadas, los hermanos Domingo Nicolás Gabriel y Nicolás Antonio Di Tullio.

Ellos prácticamente se quedaron con la mayoría de las acciones de la empresa, trasladando su domicilio a Viamonte 1866, 7º A, de Capital Federal, a metros del entonces Centro de Reunión de Información del Batallón 601 y domicilio legal de Carlos Sergio Bottini.

Los Di Tullio fueron acusados a fines de la década de 1990 de lavar dinero del cártel mexicano de Juárez, conjuntamente con el titular de Mercado Abierto, SA, Aldo Ducler.

Todos los implicados se hallaban involucrados en ese momento con las corrientes de los ahora expresidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

El entramado narcoempresarial-represivo signó estos hechos, como tantos otros, bajo la cobertura de acciones legales de empresarios y uniformados, que utilizaron sus prerrogativas para terminar con la vida de opositores a la dictadura.

Lo mismo sucedió en Bolivia el 11 de septiembre del pasado año, cuando en el marco de un golpe de Estado “civil”, tal cual lo calificó el presidente Evo Morales (quien por ello ordenó la expulsión del país del embajador estadunidense Philip Goldberg), empresarios y cívicos del departamento de Pando financiaron a sicarios bolivianos y brasileños que asesinaron a más de 119 campesinos e hirieron a otros tantos.

Y en abril de este año fueron ultimados por la policía boliviana los mercenarios paramilitares Eduardo Rosza Flores, el húngaro Mayarosi Ariad y el irlandés Guayar Michel Martín, integrantes de una banda armada ultraderechista que, teniendo como base la Exposición Ferial de Santa Cruz, organizada por la organización empresarial Cainco (Cámara de Industria, Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia), preparaban atentados terroristas y los asesinatos del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

La tercerización de los paramilitares (aún llamados por algunos contrainsurgencia), utilizados contra gobiernos populares en los países latinoamericanos, pivotea actualmente sobre dos ejes.

Por un lado, el ocultamiento, tras las sombras, de sectores empresariales y elementos reaccionarios de la policía y las Fuerzas Armadas en relación con acciones provocadas por mercenarios que minen la gobernabilidad de estos gobiernos, hasta que las circunstancias lo aconsejen.

Por otro lado está la utilización de los paramilitares para actos de provocación, frente a la actitud de miembros de las fuerzas armadas y policiales que se resisten a seguir siendo furgones de cola de las oligarquías y burguesías locales asociadas al imperialismo.

“Tesones” y otras semejanzas

El último 13 de septiembre, El Tiempo, de Colombia, informó sobre el ofrecimiento de empresarios hondureños a paramilitares colombianos para que “cuidaran” predios de plantaciones de caña y palma, pagándoles 751 dólares mensuales, casa y comida.

Los mercenarios, que según se dice ya comenzaron a llegar en grupos a Honduras, cobrarán para que sus patrones se deshagan de indeseables trabajadores y dirigentes sindicales que laboran en los terrenos explotados por latifundistas catrachos.

Siempre, según el diario bogotano, “los paras”, reclutados en el Magdalena Medio, departamento de Caldás, fueron agrupados en talleres ubicados en un predio denominado “El Japón”, de 1 mil hectáreas, que perteneció al narcotraficante Jairo Correa Alzate “y que hoy, en teoría, está en manos del Estado a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes” y de otras instituciones públicas.

Según el periódico, los irregulares ultraderechistas serían también utilizados para custodiar pistas de aterrizaje clandestinas hondureñas montadas para operaciones del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Como si esto no bastara, la información concluye que en esta hacienda estatal, “El Japón”, ya hubo anteriormente concentraciones de paramilitares.

Por otra parte, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras denunció que en el país se formaron ya 120 paramilitares financiados por empresarios.

Citó como partícipes del terrorismo de Estado de la década de 1980 y de la represión actual a las Tropas Especiales de Selva y Operaciones Nocturnas (TESON), conformadas por especialistas en guerra sucia entrenados por las estadunidenses Fuerzas Especiales de Operaciones (SOF, por sus siglas en inglés), en la base de Soto Cano y Tamara, cercana a Tegucigalpa.

De la misma tónica que los Rangers del ejército de Estados Unidos, los TESON tienen hoy como misión principal combatir al “narcoterrorismo”, en el marco de la impronta impuesta por sus orientadores estadunidenses del Comando Sur.

A mediados de abril de este año, poco antes del golpe del 28 de junio, el embajador estadunidense Hugo Llorens participó de ejercicios del 15 Batallón de Fuerzas Especiales de Río Claro, departamento de Colón, que fue apoyado por material aéreo de la Armada estadunidense.

Discípulos de las SOF, cuyo Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales se ha desplazado por 19 países latinoamericanos en lo que va del año, entre ellos Honduras, donde han montado dos bases, los TESON son duchos en artes de agresión oculta.

Algunas de sus especialidades son tiro de oportunidad para francotiradores, tiro de precisión para francotiradores, tiro a distancias desconocidas para francotiradores y asalto combinado/francotiradores.

Una de estas modalidades fue puesta en práctica al asesinar el 5 de julio desde los parapetos del aeropuerto de Tocontín –cuando el presidente Manuel Zelaya pretendía regresar al país– al adolescente Isis Obed Murillo, además de dejar un tendal de heridos.

Lindantes con el paramilitarismo en relación con su doctrina de guerra encubierta, los TESON son la elite de las Fuerzas Armadas de Honduras, que hoy se dedican a hacer acción cívica en el marco de Operaciones Psicológicas tendientes a conseguir el apoyo popular para sus aventuras golpistas, tal cual las conciben los manuales SOF del Pentágono.

Creadas para las guerras de inteligencia, estas fuerzas fueron financiadas desde las incursiones de los paracaidistas franceses en Argelia e Indochina y sus posteriores discípulos estadunidenses en Lejano Oriente, y fundamentalmente Vietnam, con operaciones de trasiego de divisas, narcotráfico y contrabando.

Hoy, los “tesones” son apoyados y adiestrados por los halcones pentagonales, quienes desde la base de Soto Cano y bajo la cobertura del Programa Denton, administrado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Pentágono y el Departamento de Estado, brindan ayuda económica y militar al régimen de Roberto Micheletti y compañía.

Narcoparamilitares y TESON: más de lo mismo para el regreso del gran vecino que no quiere verse derrotado en su patio trasero, es lo que se vislumbra en el horizonte de la reacción.