Quién puede decir que representa a los más pobres del país

Abel Barrera Hernández

El 23 de noviembre salieron siete camiones con 60 niños del pueblo me’phaa, de la Montaña de Guerrero. Fueron a trabajar como peones: en lugar de ir a la escuela, ahora recolectan pepinos para las empresas multinacionales. A cambio de salarios de hambre, de desnutrición infantil, de muertes maternas, los hambrientos sostienen las grandes economías. Nadie los ve, nadie los representa en el Congreso, tampoco en el gobierno

Cochoapa El Grande, Guerrero, o Metlátonoc… Morir en la miseria nos vuelve a refrescar la memoria; nos recuerda esos sentimientos que, como defensores y defensoras de derechos humanos, tenemos por el trabajo que realizamos en Tlapa, Guerrero, esa región tan pobre del país.

Lo primero que siempre salta es ese sentimiento de culpa, de compasión, de decir: ‘pobres de los pobres’; un sentimiento también de dolor, de sufrimiento. Sin embargo, también es el sentimiento de la indignación y de la rabia, del coraje. Es el sentimiento que exige que las autoridades cumplan con sus responsabilidades, el sentimiento de denunciar, de encarar al sistema, de enfrentar, de resistir, de gritar, de organizarse y, como ha sucedido en la Montaña de Guerrero, de levantar las armas.

Esa postración, que ha sido secular en la Montaña, en ningún momento tiene que ver con que los pobres sean flojos, con que los indios no entiendan el español. El problema es que los que no entienden son los gobiernos, que solamente consideran que integrando a los pueblos indígenas, desetnizándolos y obligándolos a que hablen la lengua del dominador es como van a poder salir del atraso. Por esa razón nos preocupa mucho, porque siempre decimos: ‘Ya, esta Montaña lleva muchos años, esta pobreza lleva décadas, y cómo es posible que los gobiernos sigan todavía dando estadísticas de que vamos mejor, cuando realmente son ellos los que han hundido a la Montaña’.

De allí han salido senadores, diputados, presidentes. Ahora viven en Cuernavaca, viven en la ciudad de México. Para ellos, los indios son buena clientela; por ese motivo, cuando vemos este libro, decimos: ‘¿estos gobiernos son los que van a sacar a los pobres de esta situación, así como está diseñado este aparato? ¿Así como están estas leyes? ¿Así como funciona de manera mafiosa? ¿Así como hacen sus reportes? ¿Qué diputado, qué senador ha reivindicado estos municipios para poder revertir esta pobreza? ¿Quién los representa dentro de estas etnias? ¿Quién está defendiendo realmente a esos niños, a esas mujeres? ¿Quién habla el mixteco para poder comprender el dolor del mixteco, del me’phaa, del náhuatl de la Montaña, del rarámuri de Chihuahua, del tzeltal de Chiapas? ¿Quiénes hablan esas lenguas, no solamente para hablar, como la Malinche para poder traicionar, sino para sentir desde dentro de su corazón este dolor y esta dignidad y reclamar en la alta tribuna que no es posible que sigan cometiendo estos etnocidios y que sigan tan impunes los que están desarrollando estas políticas?

No va a ser posible con ellos; estorban para el desarrollo. Un desarrollo para que, según, México esté en el primer mundo. Y resulta que nos equivocamos y nos colocaron en África subsahariana.

¿Quién está realmente causando estos daños, tan crueles y tan cruentos? Ahora se atreven a decir: ‘saben qué, amanecimos con otros millones de pobres y vamos a tratar de revertirlo’. No podemos seguir con esa complicidad y, sobre todo, permitir que este tipo de políticas sigan dañando.

Por eso, en la Montaña, los que ahí vivimos con estos rostros, estos niños, estas historias, vemos sus rostros y detrás de ello esta historia, la historia de los niños y niñas que nacen en el suelo. No hay camas para que nazcan estos niños; no existe una cama en estas clínicas para que ahí puedan nacer: lo hacen en el suelo, crecen en el suelo, cocinan en el suelo, trabajan en el suelo y mueren en el suelo. No es posible que el gobierno diga: ‘les vamos a poner fogones altos para que ya no cocinen en el suelo, les vamos a poner pisos firmes para que los niños y las mujeres no tengan una vivienda con piso bruto’, y desde allí pensar que están resolviendo el problema de la pobreza y de la miseria.

Nosotros vemos que esta forma de hacer visible esta realidad es para poder decirles, desde los espacios en que están, que no podemos seguir con estas selvas, con estas montañas, con estas sierras, donde está la riqueza de nuestro país y donde están entrando las multinacionales para hacer bioprotección, y así se justifican estas políticas. Tenemos que acabar con ellas.

Servicios y programas “sociales”

Cómo funcionan las instituciones en la Montaña: pensemos en la Secretaría de Salud. Esta institución dice: ‘No tenemos médicos y no tenemos clínicas porque no tenemos dinero, por lo tanto tenemos las brigadas de salud, las caravanas de salud’. Éstas salen de Tlapa y van a Metlatónoc, van a Cochoapa. Llegan, por lo menos, cada mes o cada dos meses en temporada de secas, como le llamamos en la Montaña, porque en temporada de lluvias no suben. Se puede atender a los niños o niñas enfermas cada dos meses y sin suficientes medicinas. Así funciona la salud para los pueblos indígenas.

En educación, ahora está el Consejo Nacional de Fomento Educativo: los jóvenes ya no son maestros, son becados, y la comunidad tiene la obligación de darles de comer, de ayudarles para que se hospeden en sus casas y de habilitar un aula para que puedan dar clases. Y lo mejor que le puede pasar a una comunidad es que haya una escuela multigrado: los indígenas no tienen derecho a llevar los seis grados de primaria; los juntan en dos grados, porque sólo así les dan maestros.

¿Cómo funciona el Programa Oportunidades? Las mujeres que se van a trabajar, que es la mayoría de Metlatónoc y Cochoapa, se van seis meses con sus hijos y sus esposos. Como no van a la plática con los médicos –las más pobres, a las que no les alcanza nada para poder vivir en la Montaña, tienen que irse a Sonora, a Sinaloa, como jornaleras agrícolas– se quedan sin el apoyo. Las que no se van, son barrenderas de los funcionarios municipales.

¿Cómo funciona Procampo? Este apoyo sólo se les da a los ejidatarios que acreditan la posesión de la tierra, que son pocos. La mayoría que vive en Metlatónoc no tiene papeles; no sabe lo que significa este apoyo de Procampo. El fertilizante es de los programas consentidos de los servidores públicos, porque con él se ganan votos. Por fertilizante se fortalecen clientelas políticas.

Visión gubernamental

¿Cuál combate a la pobreza desde las políticas y desde las instituciones? ¿Qué visión pueden tener las autoridades para poder revertir esto, cuando ni siquiera entienden realmente cuál es el punto central donde se puede trabajar con los pueblos indígenas: desde la comunidad, desde la propiedad comunal, desde sus valores comunitarios, desde una dimensión diferente de lo que es la persona y, sobre todo, de lo que es el servicio dentro de la comunidad como autoridad?

Somos dos mundos: el mundo civilizado blanco que mata, que pisotea y que pone en el suelo al mundo que nos da identidad, al mundo de los verdaderos dueños de estos territorios. A ese mundo se le ha silenciado, se le ha denigrado y se le ha colocado simplemente como una estadística a la que hay que aumentarle alguna cantidad de dinero para que pueda sobrevivir.

Esto es un desafío para todos nosotros. Tenemos que reclamarle al gobierno: no es posible que siga lucrando con un discurso a favor de los pueblos indígenas y campesinos, los más pobres, para colocarse políticamente. Ya basta de estas simulaciones y de estas poses populistas que al final de cuentas lo único que hacen es seguir afianzando las estructuras autoritarias caciquiles y despóticas hacia los pueblos indígenas.

No hay leyes para garantizar que haya justicia entre los pueblos indígenas, no hay instituciones ni funcionarios que realmente estén comprometidos con los pueblos indígenas; no hay realmente trabajo dentro de este diseño de las políticas públicas que incida en el núcleo donde está realmente la miseria. Por eso, los documentales de Contralínea y este libro, Morir en la miseria, son instrumentos de trabajo y de lucha; son formas para hacer visible y hacer más larga la voz, que llegue más lejos y, ante todo, para que los pueblos que se miran en este libro puedan ser realmente sujetos políticos.

¿Cómo podemos construir el futuro de la Montaña sin negarles a los niños que vayan a la escuela y que estén ahorita en los surcos de Sinaloa? Hace tres días, el 23 de noviembre, salieron siete camiones con 60 niños del pueblo me’phaa. Irán a trabajar como peones. En lugar de escuela, tienen que estar recolectando pepinos para las empresas multinacionales. Son los hambrientos los que sostienen a las grandes economías, a cambio de esos salarios de hambre, de esa desnutrición de estos niños, de esas muertes de las mujeres embarazadas. Ellos son el soporte de estas economías. Gracias a ellos llegan estos productos a los supermercados y son los que enriquecen las marcas de estas multinacionales.

Quiero agradecer esta invitación y, sobre todo, invitar a que puedan acercarse a este mundo, acercarse a estos pueblos y decir que ése es nuestro México. Ya basta de celebrar el bicentenario y el centenario y no mirar a los que desde hace 500 años viven esto y siguen sufriendo. Tenemos que decir que no podemos celebrar nada mientras sigan estos municipios hundidos en la miseria.

Somos dos mundos: el mundo civilizado blanco que mata, que pisotea y que pone en el suelo al mundo que nos da identidad, al mundo de los verdaderos dueños de estos territorios, y al otro mundo se le ha silenciado, se le ha denigrado y se le ha colocado simplemente como una estadística, a la que hay que aumentarle alguna cantidad de dinero para que pueda sobrevivir

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Oficio de Papel

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

El negocio del despacho González de Aragón
• Truena el auditor en su intento por reelegirse
• Pendiente acusación de tráfico de influencias

El todavía auditor superior de la federación finalmente entendió que el clima en el Congreso le era adverso para intentar continuar en el cargo después de ocho años. Arturo González de Aragón había cabildeado entre políticos, periodistas, académicos y algunos burócratas calderonistas para permanecer al frente de la Auditoría, pero su pasado, que pocos conocen, lo traicionó y lo llevó a desistir de su perversión.

Como colofón de su fracaso, ha utilizado micrófonos y grabadoras de medios de comunicación para lavar su imagen mediante acusaciones de corrupción en el gobierno federal que nunca combatió con la misma vehemencia con que intentó mantenerse al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

González de Aragón dijo en su carta de renuncia: “La Auditoría Superior de la Federación no debe ser una más de las instituciones que se deterioran, como ha sido el caso de muchas otras”, y advirtió que se “deberá tener especial cuidado en la elección del auditor que fungirá para el periodo 2010-2017, para lo cual deberá garantizarse que la persona que se elija no provenga de partido político alguno y no tenga conflictos de intereses, pues de otra manera será difícil garantizar la neutralidad en la actuación de la ASF, y por lo mismos perder la credibilidad y confianza que ha ganado de los ciudadanos”.

Entre sus logros el auditor asegura que desmanteló la red de corrupción que se tejió alrededor de la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y los fideicomisos creados por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para desviar miles de millones de dólares, lo cual es falso, pues esta investigación la hicieron en la Secretaría de la Función Pública y González de Aragón de montó al final en la operación para señalar irregularidades en las operaciones. También afirma que gracias a las gestiones de la ASF, el erario logró recuperar miles de millones de pesos relacionados con el rescate bancario. Falso esto último, porque siempre utilizó cifras de cuantiosas recuperaciones que nunca pudo probar.

Con esos argumentos, el auditor decía que su gestión de combatir la corrupción le había generado muchos enemigos en todos los frentes políticos: en el PAN, en los círculos de los poderes fácticos ligados al PRI y hasta en el PRD. El motivo es que fueron legisladores de esos tres partidos los que buscaron demostrar que González de Aragón incurrió en serios conflictos de interés, en omisiones dolosas y en complicidades con la administración de Vicente Fox, a quien el auditor siempre protegió junto con su familia política.

Pero ahora con su renuncia, González de Aragón no quiso someterse a la decisión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre su reelección, porque seguramente sería negativa y saldría a la luz pública las operaciones irregulares y negligencias en las que incurrió el citado contador público, como fue el hecho de recibir millones de pesos de la llamada partida secreta que se operaba discrecionalmente desde Los Pinos o su relación con Marta Sahagún para proteger a los hermanos Bribiesca.

Por Ley, González de Aragón tendría derecho a someterse a un segundo periodo que expiraría en 2016, pero el Congreso le impidió que esto fuera de facto y debía someterse al escrutinio de los legisladores, lo cual rechazó por saber que allí no tendría posibilidades ante verdaderos expertos en la materia como son Juan Felipe Calderón Montelongo, Mónica Barrera y Enrique del Val, entre otros 40 más.

Al declararse vencido con la intención de pasar a la historia como un hombre perseguido por los poderes fácticos y políticos del país y no como un funcionario que no dejó pasar la oportunidad de hacer negocios – a través de sus hijos – al amparo del poder. De haberse sometido a un proceso de reelección, además, es casi seguro que González de Aragón no habría salido victorioso, porque los legisladores hubieran revisado sus cuentas y labor de fiscalización. El auditor hubiera tenido que presentar paso a paso un plan de trabajo que justificara su reelección.

Ahora que González de Aragón decidió desistir, la Comisión de Vigilancia de la ASF tendrá que revisar entre decenas y decenas de aspirantes al cargo promovidos por los partidos políticos que, en teoría, tendrían que mantener las manos fuera del proceso, porque la elección del titular de la ASF debe ser, eminentemente, un cargo ciudadano. Sin embargo, nos guste o no, el proceso de quien será el principal revisor de las cuentas públicas, se ha partidizado y cada vez se aleja más de su objetivo básico.

La ASF es una institución que fue diseñada para que el Poder Legislativo ejerciera sus facultades de fiscalización sobre el gasto público (la única que hay en el país) y por ello está restringida al principio de la anualidad y de la posterioridad. Su responsabilidad primordial es evaluar si se cumplió el mandato de la Ley del Presupuesto. Por ello es tan importante que el titular de la ASF cumpla en tiempo y forma con su responsabilidad sin dejarse someter a presiones políticas o intereses privados.

Sin embargo, en los últimos ocho años se gestó una falsa idea de que la ASF era un órgano construido para perseguir o ejercer acciones punitivas contra funcionarios corruptos. En realidad, el responsable de la ASF hubiera cumplido con creces su función si se hubiera dedicado exclusivamente a evaluar si el Ejecutivo y otras entidades del Estado cumplen con lo establecido en el Presupuesto.

Sí se confirmará que González de Aragón utilizó el despacho de sus hijos para cerrar contratos con la administración pública, entonces estaremos al frente de un hombre que quiso hacer creer a la opinión pública que se erigió como el persecutor de funcionarios corruptos pero que fue omiso en aquellos casos en los que escondía un claro interés. Ahora, la pregunta es quién auditará al auditor saliente. Que González de Aragón decida no ir por la reelección es ahora, lo menos importante.

Algunas pistas para empezar con esa revisión. Entre las entidades que otorgaron contratos al despacho de los González de Aragón se encuentran los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, y secretarías de Estado y gobierno, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos. Entre las entidades auditadas por esa firma de contadores están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.

Resulta también sumamente sospechoso que los contratos al despacho de los González de Aragón se adjudicaran en varias ocasiones de forma directa. Otro ejemplo: en 2002 el despacho de sus hijos se adjudicó el contrato 024502 para la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2002 en servicios aeroportuarios de la ciudad de México, controlado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares. El monto de ese contrato ascendió a 651 mil 840 pesos, pero eso no fue lo único, otra vez por adjudicación directa Servicios Aeroportuarios otorgó de manera directa un contrato más para realizar la auditoría externa para el ejercicio 2003, el cual tuvo un costo de 373 mil 829.5 pesos. Casualmente, ASA y las obras para las nuevas salas se convirtió en una entidad sumamente cuestionada.

Pero, dicen los optimistas, no todo fue malo durante los primeros ocho años de la operación de la ASF, porque más allá de su titular, hace una década el Poder Legislativo tomó una decisión trascendental: aprobar una ley que diera origen a una entidad responsable de vigilar el destino y correcta aplicación de los recursos de los contribuyentes.

Con un presupuesto que supera los mil millones de pesos, el nuevo titular de la ASF tendrá que superar en muchas cosas a González de Aragón. Para empezar, no sólo realizar auditorías cuantitativas a diestra y siniestra (más de mil, en un año, según el registro de González de Aragón, en donde se incluye una revisión de 9 por ciento a los gastos de estados y municipios), sino ocuparse de promover cambios sustanciales en los catálogos de cuentas diseñados por las dependencias para normar criterios cualitativos que permitan contar con una rendición de cuentas sobre los logros del gobierno federal al ejercer el gasto público.

El problema con González de Aragón, a quien perredistas como Antonio Ortega calificaron como visionario, es que enfocó su gestión predominantemente a su figura y no a lo que necesitaba la ASF. Así, por ejemplo, luego de realizar un foro en la UNAM al que asistieron académicos, políticos y analistas en el tema de la transparencia, el resultado fue una iniciativa, enviada por el propio González de Aragón al Congreso, que tuvo como objetivo dotar de autonomía a la ASF. Aquella acción perdió legitimidad, sin duda, cuando apareció como un intento de González de Aragón de mantenerse a toda costa en el cargo.

Bajo estas circunstancias, el pleno del Congreso requeriría de un gran consenso, formalizado en dos tercios de la Cámara de Diputados (poco más de 300 legisladores), para decidir la elección del sucesor de González de Aragón.

El proceso, sin duda, se partidizará porque estará contaminado y sometido a la carrera presidencial para el 2012. De hecho, no se descarta que los presidenciables operen para contar con un auditor a modo, que no les siga sus pasos y, mucho menos, que escudriñe sus cuentas públicas.

Aún más, tendrá que ser un hombre de Estado, con pleno conocimiento de la responsabilidad que asume, que exija autonomía y que no le tiemble la mano para aplaudir el uso correcto de los recursos públicos o para denunciar el dispendio y la opacidad.

La acusación contra González de Aragón

En los próximos días, el auditor podría ser sancionado o amonestado por incurrir en lo que él precisamente decía combatir, conflicto de intereses, casi tres años después de que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dictaminara que es responsable de ese delito, el cual le fue imputado en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.

La Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados –jefe directo del funcionario–, procederá después de que le fue notificado el desistimiento al juicio de amparo promovido por González de Aragón en 2007, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El auditor decidió desistirse del juicio de amparo –que lo protegía de la amonestación–, cuando presentó el resultado de la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2006.

Y es que de acuerdo con el expediente UEC/DECGA/01/2006, que sigue la UEC, González de Aragón es “administrativamente responsable” de conflicto de intereses, pues no informó a la Cámara de Diputados que durante el periodo 2001-2003, él y sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez fiscalizaban las mismas dependencias gubernamentales: el primero desde sus oficinas de la ASF; sus herederos, desde el despacho familiar.

Según indica el documento, González de Aragón no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados, que entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquéllas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC”.

La omisión del auditor, dice el expediente, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Además, provocó sospecha entre los legisladores, pues en las auditorías de 2001 a 2003, él máximo órgano fiscalizador no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República, quienes también figuran como clientes del despacho familiar.

El negocio de los González de Aragón

En la cartera de clientes del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos –del que el auditor superior fue socio fundador por 16 años, y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores–, la Presidencia de la República, es una de las entidades gubernamentales que durante todo el sexenio foxista solicitó los servicios de la firma familiar. Casualmente, durante el periodo 2001-2003, cuando Fox era el presidente, el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República.

Ante esta situación, el abogado Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahagún, durante la LIX Legislatura–, señala que la Comisión de Vigilancia debería inhabilitar a González de Aragón en el cargo, pues quedó demostrado que sus “hijos utilizan el nombre de su despacho para hacer negocios con entidades del sector público, al mismo tiempo que él audita al mismo sector”.

González Schmal agrega que si el auditor no toma la decisión de renunciar, “lo menos que debería hacer la Comisión es inhabilitarlo por la incompatibilidad del cargo con sus actividades profesionales de carácter familiar”. A finales de 2007, el hijo menor del auditor, Gerardo González de Aragón Rodríguez defendió a su padre, pues, dijo, “él dejó la dirección de la empresa una vez que asumió la titularidad de la ASF”. Pero la verdad es que se hicieron muchos negocios al amparo de la Auditoría.

Control empresarial y electoral de los medios

Álvaro Cepeda Neri

No es nuevo que políticos y dueños del dinero controlen los medios de comunicación para llevar agua al molino de sus beneficios –en nuestro país se ha practicado e intensificado desde, al menos, medio siglo–.

La irrupción de un medio masivo como la televisión, a partir del 27 de julio de 1950 –sobre todo con la transmisión del cuarto informe del transformado Partido Nacional Revolucionario-Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional, el político y empresario Miguel Alemán (quien heredó una millonaria fortuna a su junior)– dio entrada a quienes obtenían toda clase de ventajas por la difusión de sus anuncios.

Éstos empezaron promoviendo ventas comerciales y han estado vigentes para toda clase de campañas políticas y sobre futurismo electorero de quienes, ya candidatos o aspirantes adelantados, compran espacios en la televisión, radio y prensa escrita.

Se busca (y casi se logra) influir y manipular con la aparición de personajes y repetición de anuncios para promover que la gente se grabe nombres y compre mercancías, para pasar del consumo al consumismo. En lugar de competencia electoral, los vencedores compiten por aparecer (inaugurando obras, entrevistas y actos publicitarios) en los medios.

Empresarios golpistas y politiquillos le han sacado la vuelta a las leyes que sancionan usar el camuflaje de la publicidad como medio para atacar a sus adversarios y/o para enaltecer sus mediocres figuras. Los empresarios aumentan precios y de ahí sacan para pagar. Los políticos se roban el dinero público y lo destinan para estar en el primer plano y más en la televisión, sin descuidar la radio y prensa escrita.

Las reformas constitucionales en materia electoral no han logrado su objetivo: parar a políticos y empresarios que controlan los medios. Llegando al extremo de alzarse, neofascistamente, contra las instituciones del Estado para imponer sus intereses antidemocráticos y reclamar el privilegio de imponer candidatos afines a sus intereses, quitando de en medio a sus opositores.

Ahora mismo la televisión, no pocos periódicos (la mayoría en manos empresariales, con Excélsior a la cabeza) y las cadenas de radio ligadas al duopolio televisivo reciben millonarias compras de publicidad para el peñanietismo mexiquense, cuya figura es ayudada a posicionarse, como una mercancía, para la candidatura presidencial.

Los panistas gastan dinero público en costosas apariciones en los medios electrónicos. Lo mismo hacen e hicieron algunos desgobernadores: Sabines, de Chiapas; Robinson Bours, de Sonora; Fidel Herrera, de Veracruz; y González Parás, de Nuevo León.

Transitamos en un gravísimo problema, donde empresarios golpistas y políticos electoreros están dispuestos a controlar los medios de comunicación, donde sus editores prohíben criticar a los que les pagan publicidad directa en anuncios o disfrazada de actos públicos.

La solución es que los ciudadanos se sigan movilizando en defensa de su democracia y republicanismo, exigiendo el cumplimiento constitucional de cancelar concesiones a la radio y televisión golpistas; establecer leyes para la distribución oficial de publicidad a los medios escritos y la creación inmediata de un defensor del periodista para hacer efectiva la cláusula de conciencia y demás derechos. De lo contrario, seguiremos asistiendo a la metamorfosis de las libertades de prensa, controladas por el dinero, que son un adorno en la Constitución.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Los “falsos positivos”

Jorge Luis Sierra

La guerra contra el narcotráfico está tomando características bizarras en México. Según el excanciller Jorge Castañeda, el Ejército Mexicano está ejecutando narcotraficantes en el país y presentando esos asesinatos como si fueran obra de grupos rivales de la delincuencia organizada. Ésta sería la primera ocasión en la que un exmiembro del gabinete de un expresidente lanza una acusación semejante contra el Ejército.

Castañeda mencionó a los “falsos positivos” en una reunión internacional de expertos en la reforma a las políticas antidrogas realizada a principios de noviembre en Alburquerque, Nuevo México. Así explica el excanciller el asesinato masivo de narcos y consumidores de drogas que está ocurriendo en Juárez, convertida ahora en la ciudad con más homicidios en el mundo.

Los “positivos” es el eufemismo que usa el ejército colombiano para nombrar a las bajas que ocasiona al enemigo. Hace unos meses, a finales de 2008, las fuerzas armadas colombianas se vieron envueltas en un escándalo por la revelación de que el ejército presentaba como “positivos” a víctimas inocentes de la violencia militar.

El escándalo colombiano alcanzó un punto crítico cuando el ejército presentó a 19 jóvenes asesinados del municipio de Soacha, cercano a Bogotá, como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que habían muerto en combate. Los jóvenes habían sido víctimas de desaparición forzada. La práctica de “falsos positivos” fue confirmada por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización sin fines de lucro que busca la desclasificación de documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, que difundió en enero de este año reportes de inteligencia que mencionaban las tácticas de usar escuadrones de la muerte para asesinar a civiles de izquierda y combatientes capturados.

La afirmación del excanciller Castañeda es grave. En caso de ser cierta, implicaría la existencia de unidades secretas del Ejército Mexicano encargadas de cometer ejecuciones extrajudiciales para diezmar al enemigo. Sólo así podría explicarse el hecho de que las ejecuciones relacionadas con el narcotráfico estén multiplicándose a ritmos extraordinarios en las ciudades donde están llegando los contingentes militares que ha ordenado el presidente Felipe Calderón.

Nada podría ser más perturbador que saber que un gobierno está pasando por encima de la ley para lograr con escuadrones de la muerte lo que no puede hacer con la impartición de justicia. La tesis de los “falsos positivos” trae a la memoria la historia infame de los Halcones y la Brigada Blanca, que actuaron con impunidad para desaparecer y ejecutar a supuestos guerrilleros en la década de 1970. El uso de unidades militares secretas para combatir a la insurgencia armada en el país ha sido documentado ampliamente. Sin embargo, probar esa práctica en el contexto de la lucha contra el narcotráfico ha sido una labor aún más difícil.

Lo lamentable es que Castañeda no especifica claramente la fuente de su información. En Alburquerque dijo que la existencia de “falsos positivos” había sido documentada en Chihuahua, donde aparecieron los cadáveres de 29 sicarios que habían sido previamente detenidos. Sin embargo, el excanciller no explicó quién documentó esos casos y qué agencia o unidad había detenido a los presuntos sicarios.

En su libro más reciente sobre el fracaso de la guerra antidrogas, el excanciller y el exvocero presidencial Rubén Aguilar atribuyen vagamente esa información a los grupos de derechos humanos, pero, sin pruebas, esa atribución se vuelve una posición cómoda, irresponsable, para deslizar una afirmación de tal gravedad.

El libro fue publicado en un momento difícil para México. Estados Unidos evalúa el desempeño de México en materia de derechos humanos y debe certificar ese desempeño, como parte de las obligaciones que impone la ley conocida como Iniciativa Mérida. La situación es complicada para el Ejército Mexicano porque Americas Watch y otros grupos internacionales de derechos humanos, así como los diarios nacionales estadunidenses, destacan la escasez de juicios a militares que han sido acusados de violar los derechos humanos o de abusar de su fuerza, además del hecho de que las fuerzas armadas han acumulado más de 2 mil quejas de derechos humanos a lo largo de los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón.

El segundo contexto es importante porque marca la enemistad entre las bandas del narcotráfico y las unidades militares que las están combatiendo. El narcotráfico ha asesinado a dos generales que habían pasado recientemente a retiro y trabajaban en cuerpos de seguridad pública municipal de Quintana Roo y Nuevo León. En la cuenta de los sicarios también existe personal de tropa que ha sido ejecutado y descabezado como una advertencia provocadora a los militares. Después de esas ejecuciones, los mandos militares anunciaron que la respuesta castrense estaba por venir.

El tercer contexto es político. El presidente Calderón desmanteló la estructura antinarcóticos que dejó Vicente Fox y cuestionó públicamente la falta de acción o voluntad de sus antecesores en el cargo para combatir al narcotráfico. En ese sentido, el libro de Castañeda y Aguilar tiene en realidad un tufo a defensa del expresidente Vicente Fox. Desde las primeras páginas, defiende las acciones de los presidentes anteriores para cumplir, de una u otra manera, con los objetivos de la lucha contra el narcotráfico.

Castañeda debe explicar y fundamentar con mucha claridad sus afirmaciones; de otra manera, todo quedará como un intento mezquino del grupo del expresidente Fox, que intenta contraatacar a Calderón por las críticas que éste hizo a los mandatarios anteriores. El excanciller dedica su libro a lavar la imagen de Fox y a proponer ideas audaces para reorientar la guerra contra las drogas. Está bien si eso es lo que quiere hacer, pero quizá sería mejor si pusiera el esfuerzo en probar la existencia de “falsos positivos”. Ésa sería una tarea más útil y urgente para el país.

jlsierrag@yahoo.com

* Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Universidad de la Defensa de Washington

Bicentenario: Morelos y la Inquisición

Edgar González Ruiz

No conforme con procurar la máxima explotación de los trabajadores en beneficio de los empresarios, la derecha, que desde 2000 gobierna México, ha buscado también arrebatar a la sociedad su memoria histórica, sustituyendo la conmemoración de fechas que recuerdan las luchas populares por el progreso y la libertad, por días de asueto sin contenido histórico.

Evidentemente, el poder no quiere que el pueblo tenga presentes los sacrificios y las victorias que en el pasado cosechó al enfrentarse a quienes hoy controlan el país: las clases acaudaladas y la jerarquía católica.

Ante ello, y en vísperas del bicentenario de la Independencia de México, cabe recordar que el 22 de diciembre de 1815 fue fusilado el cura José María Morelos y Pavón, uno de los principales héroes de esa gesta, luego de ser juzgado por el Tribunal de la Inquisición y por las autoridades seculares.

Aprehendido por las fuerzas realistas el 5 de noviembre de 1815, en Tesmalaca (en lo que hoy es el estado de Guerrero), Morelos fue trasladado a la ciudad de México donde el entonces virrey Félix María Calleja entró en pláticas con el arzobispo Fonte (el Norberto Rivera de aquellos tiempos) para enjuiciar y condenar a Morelos (Juan N Chávarri, Historia de la guerra de Independencia. De 1810 a 1821, Editora Latinoamericana, México, 1960, p. 355).

Una junta formada por jerarcas católicos condenó a Morelos a la privación del estado sacerdotal, mientras que el inquisidor general, Manuel Flores, pidió a Calleja que se permitiera la intervención de ese tribunal para juzgar también al prócer.

El 21 del mismo mes, Calleja anunció a Flores que Morelos sería trasladado a las cárceles de la Inquisición, según consta en la documentación publicada por el historiador José Toribio Medina en su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México (Publicaciones Fuente Cultural, México, 1952, p. 371).

En su acusación, el Santo Oficio llamaba al héroe “perverso cabecilla de la desastrosa rebelión de este reino”, así como: “traidor este malvado al rey, a la patria… (y) mucho más a dios”, y exhortaba al virrey a apresurar la “vindicta pública y pronto escarmiento” contra Morelos.

Desglosados en 27 puntos, los cargos inquisitoriales lo consideraban “hereje y fautor de herejes”, seguidor de Hobbes, Voltaire, Lutero y “otros autores pestilenciales… que seguramente ha leído… hereje formal, apóstata de nuestra sagrada religión, ateísta, materialista, deísta, libertino sedicioso, reo de lesa majestad, divina y humana, enemigo implacable del cristianismo y del Estado, seductor, protervo, hipócrita, astuto, traidor al rey y a la patria, lascivo, pertinaz, contumaz y rebelde al Santo Oficio…” El día 26, la Inquisición condenó a Morelos a ser degradado en un “auto público de fe”, a la confiscación de sus bienes y a “destierro perpetuo de ambas Américas, corte de Madrid y sitios reales, a reclusión en cárcel perpetua en uno de los presidios de África…”, a la vez que se declaraban “infames” a sus “tres hijos”.

Como señaló el historiador soviético I Grigulevich (Historia de la Inquisición, Progreso, Moscú, 1976), con esa condena, que aparentemente libraba a Morelos de la ejecución, “los inquisidores manifestaron una hipocresía repugnante, porque sabían que, de todas maneras, el penitenciado no escaparía a la pena de muerte…” (p. 286).

Efectivamente, una vez condenado por el Santo Oficio, Morelos fue consignado a las autoridades civiles, que lo condenaron a la pena de muerte, sentencia que obligó al caudillo a leer de rodillas, y que fue ejecutada a las tres de la tarde del 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec, donde fue fusilado (Chávarri, pp. 361-2).

Nacido en Valladolid, hoy Morelia, en 1765, José María Morelos tuvo la claridad y el valor para enfrentarse al poder que niega la libertad y oprime al pueblo, como hoy hace el gobierno espurio en contubernio con la conservadora jerarquía católica.

Morelos “…se lanzó a la lucha con instrucciones verbales de Hidalgo, con dos criados, una escopeta y dos pistolas de arzón, subiendo por la escalera que a la gloria encamina peldaño a peldaño, hasta rivalizar con los mejores capitanes de todos los tiempos, pero superándolos por el móvil de su lucha, que era la libertad de su pueblo” (Chávarri, p. 362).

Hoy cierra en San Salvador gira en favor de los 10 campesinos aún recluidos en El Altiplano

Si exculpó a Peña Nieto, ahora la Corte debe liberar a presos políticos de Atenco: FPDT

Mientras no haya justicia, no habrá paz ni democracia en tierras mexicanas, dice Gilly en un escrito

Integrantes de grupos civiles y campesinos exigen alto a la represión contra activistas y la liberación de los presos políticos de AtencoFoto René Ramón Alvarado

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 13 de diciembre de 2009, p. 7

San Salvador Atenco, Méx., 12 de diciembre. El año que está por comenzar será decisivo para los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) encarcelados desde mayo de 2006, porque ya se agotó el último recurso legal y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán que decidir si ratifican las sentencias o los liberan, señalaron representantes de las organizaciones que participaron en la campaña nacional e internacional por la libertad y justicia para los presos políticos de San Salvador Atenco.

En la víspera de la clausura de la gira 12 estados, 12 presos, que se efectuará este domingo en la explanada municipal, representantes de organizaciones sociales provenientes de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla, Michoacán y Oaxaca relataron las adversidades que enfrentaron en sus comunidades por el hecho de recibir a los integrantes del FPDT y organizar actos públicos en defensa de los presos políticos.

Durante el encuentro, realizado en la casa ejidal de San Salvador Atenco, se leyó un mensaje del historiador Adolfo Gilly en el que advierte que mientras no haya justicia no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.

Gobiernos represores

En su escrito de dos cuartillas, Gilly acusa al gobierno de Felipe Calderón y al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, de criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos de México.

Asegura que esos dos gobiernos son represivos, igual que los de otras entidades, como Chiapas, Morelos, Querétaro, Nayarit, Guerrero, Puebla y Oaxaca, porque la criminalización y la represión de los movimientos sociales avanza en todo el país, de la mano con la militarización del territorio.

Previamente, Jacobo Silva Nogales, ex guerrillero y ex preso político, mandó un mensaje de solidaridad a todas las organizaciones de México que han sido víctimas de la represión del Estado mexicano, y de hermandad para todos los presos políticos del país, incluidos los del FPDT, de quienes refrendó su lucha.

Ante representantes de unas 30 organizaciones, narró todo lo que aprendió del líder del FPDT, Ignacio del Valle Miranda, con quien convivió 10 meses en el penal de máxima seguridad de El Altiplano: quiero decirles que en ese tiempo aprendí mucho de él.

Asistieron al encuentro enviados del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de Veracruz; Red Jalisciense de Derechos Humanos; Vocal-APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca); Casa Comunitaria Nuevo León; Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; grupos de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, y organizaciones del estado de México.

A nombre del FPDT, Damián Camacho Guzmán definió las tres líneas a seguir en 2010. En materia legal –dijo–, a principios de mes se agotó el último recurso, luego de que se interpuso un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación.

Los magistrados decidirán si ratifican las sentencias por más de 112 años de prisión contra los 12 líderes del FPDT o, en su caso, otorgan la libertad o reducen la condena, que en este caso no sirve de nada.

A los representantes provenientes del interior de la República se les informó que el pasado jueves 10 de diciembre el FPDT se reunió con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien le demandaron justicia.

Camacho Guzmán relató que en el encuentro recordaron al togado que en febrero pasado la SCJN exculpó al gobernador Enrique Peña Nieto y demás funcionarios involucrados en la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.

Por eso ahora recordamos a Gudiño Pelayo que es su deber ordenar la libertad de nuestros presos políticos, pues finalmente la SCJN entregó una carta de impunidad a Peña Nieto, dijo.

Damián Camacho tocó otros dos temas fundamentales para los activistas: la guerra de baja intensidad que el gobierno mantiene en el pueblo de San Salvador Atenco y la represión que a escala nacional sufren los grupos sociales organizados.

Advirtió que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende adquirir 2 mil 500 hectáreas de las más de 5 mil que en 2001 quisieron arrebatar a los campesinos de Atenco. Muchos labriegos han vendido sus tierras ante la presión, la crisis económica y los ataques del gobierno contra el FPDT, aseveró.

De obtener las 2 mil 500 hectáreas –advirtió–, el gobierno estaría en condiciones de retomar la construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México. La diferencia respecto a 2006 es que ahora podrá justificar que la terminal aérea se construirá en terrenos federales de la Conagua, no en tierras ejidales.

Denunciaron que desde la represión en Atenco existe una estrategia contrainsurgente con la presencia de la milicia y de narcoparamilitares en las calles, quienes se han encargado de desactivar, por medio de la violencia, a los grupos organizados. Los ejemplos son muchos –dijeron–, y la represión se ha dado, además del estado de México, en Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Este domingo, los representantes de las organizaciones sociales participarán en el acto político-cultural, en el cual tocarán varias bandas de rock.

El FAO culpa a grupo de choque de la empresa y al alcalde potosino

Agreden a ejidatarios y opositores a Minera San Xavier; 5 lesionados

E. Argüelles y M. Norandi

Corresponsal y reportera

Periódico La Jornada
Domingo 13 de diciembre de 2009, p. 29

San Luis Potosí, SLP, 12 de diciembre. El Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier (MSX) denunció que unos cien empleados de la compañía encabezados por Narciso Alvarado Castillo, quien se ostenta como dirigente del supuesto sindicato de la compañía, atacaron con piedras y a golpes a integrantes del núcleo ejidal Cerro de San Pedro y a activistas que la tarde del viernes preparaban la recepción de una comisión de diputados federales.

Por lo menos cinco personas resultaron descalabradas. Los agresores quemaron mantas y materiales informativos propiedad del núcleo ejidal. Las autoridades municipales permanecieron a 200 metros del sitio de la agresión sin intervenir, señala una denuncia del FAO.

Entre los lesionados se encuentran la ejidataria Manuela Tristán y Dolores, esposa de uno de los dirigentes campesinos, además del menor Ernesto García Hernández, Ivette Lacaba, del Kolectivo Azul, y James, del Tedesco. La policía llegó cuando varios lesionados habían acudido a levantar denuncias por lesiones, robo y lo que resulte.

La organización responsabilizó de esta agresión a Jorge Mendizábal Acebo, director gerente de New Gold-Minera San Xavier; a Narciso Alvarado Castillo (de la Confederación de Trabajadores de México), a la familia Gutiérrez Márquez, y al presidente municipal, José Santos Loredo Tenorio, por no intervenir frente a estos actos. Asimismo, a la familia Gutiérrez Márquez, a la cual identifica como principal grupo de choque de la compañía.

La agresión ocurrió frente al salón ejidal ubicado en el acceso principal a la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, donde más tarde arribó la caravana que transportaba a los diputados federales Gerardo Fernández Noroña y Ramón Jiménez López, del PRD, y Teresa Reyes Sagahún, del Partido del Trabajo.

Según Reyes Sagahún, un empleado de la minera les notificó que Mendizábal Acebo canceló el recorrido por la planta junto con los legisladores, la cual se había acordado en la ciudad de México.

El enviado, agregó la petista, aseguró que la suspensión de operaciones de la planta ya está cancelada por lo que en los próximos días se reactivarían las actividades en Cerro de San Pedro, lo que no fue confirmado por ninguna autoridad.

El gobernador del estado, el priísta Fernando Toranzo Fernández, rechazó atender a los diputados, quienes pretendían hablar con él sobre los pormenores de MSX, que perdió el permiso de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales por órdenes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es Gordillo maestra del presupuesto

En los tres primeros años de gobierno de Felipe Calderón (2007-2009), el grupo político encabezado por la maestra Elba Esther Gordillo ha manejado recursos públicos por un mínimo de 345 mil 785 millones de pesos y un máximo de un billón 611 mil 771 millones. Cada año, miembros de su grupo han tomado decisiones sobre al menos 115 mil millones de pesos, más que los gobiernos del Distrito Federal o el estado de México.

Al político se le identifica por el partido y el grupo. Cuando se habla de alguien, se dice el nombre, el cargo y con frecuencia se añade el familiar "es gente de...". Se trata de una categoría difícil de documentar porque los grupos carecen de una estructura formal. En consecuencia, para bosquejar esta cartografía del poder debe recurrirse a testimonios orales y a evidencias indirectas. Por otro lado, uno de los principales indicadores de fuerza política es la cantidad de presupuestos, instituciones y cargos que controla cada grupo. Con estas advertencias revisemos primero la cantidad de dependencias federales y estatales controladas por el grupo de la maestra para después explorar la receta tras la prosperidad.

SNTE

En 1989 Elba Esther Gordillo llegó a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la organización sindical más numerosa de América Latina. Centenares de miles de maestros la veneran o toleran mientras que una minoría la combate. Ésta es la base política y social de la cual se ha derivado el poder que ahora tiene. Es tan esencial el control del SNTE que Elba Esther se hizo nombrar presidenta nacional vitalicia.

ISSSTE

En su primer día como Presidente, Vicente Fox anunció que el profesor Benjamín González Roaro sería director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Años después, Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), aseguró que Elba Esther le había presumido que "el Presidente Fox me acaba de dar el ISSSTE" y que ahí pensaba "poner a Benjamín". (Reforma , 6 de marzo del 2005). El 31 de marzo de 2006, González Roaro heredó el cargo a Miguel Ángel Yunes Linares, identificado como "operador político de la profesora" por Ricardo Raphael en su libro Los socios de Elba Esther (Planeta, 2007).

Al día de hoy permanece en el cargo. Lotería Nacional En julio de 2004 Vicente Fox entregó la posición a Tomás Ruiz González quien, según el libro arriba mencionado, es un "asociado político" de la maestra. Una versión creíble porque Tomás Ruiz fue presidente del Partido Nueva Alianza entre el 2006 y el 2007. Al igual que Yunes, Tomás Ruiz fue militante del PRI y diputado federal en la LIX Legislatura con Gordillo como coordinadora de la bancada tricolor. Ambos personajes renunciaron al PRI cuando Gordillo fue expulsada por la dirigencia de Roberto Madrazo y ambos dejaron la diputación federal para aceptar cargos en el gobierno de Fox.

Después de Ruiz, llegó a la Lotería el secretario particular de la maestra, Francisco Javier Yáñez Herrera, que está imbuido con el aura de haber "cargado el maletín de la maestra" (El Universal , 20 de diciembre del 2006). Lo sucedió el presidente fundador del Panal, Miguel Ángel Jiménez, quien tuvo que renunciar en abril del 2009 cuando se supo que intentó usar el presupuesto de la Lotería para comprar publicidad al Diario de Yucatán en favor del candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. En junio pasado entró de emergente Benjamín
González Roaro.

Panal

El partido Nueva Alianza obtuvo el registro en 2005 y fue una de las causas que llevaron a la ruptura de la maestra con el PRI. Aunque Elba Esther no tiene una presencia formal, en el Panal hay una fuerte presencia magisterial y en él tienen cargos de dirección su hija, la diputada Mónica Arriola Gordillo, coordinadora ejecutiva de Vinculación, y su nieto René Fujiwara Montelongo, presidente del brazo juvenil del Panal, Alianza Joven.

SNSP

Fox entregó el Sistema Nacional de Seguridad Pública a la maestra en febrero del 2006. El primero que la dirigió fue Miguel Ángel Yunes Linares (2005-2006), quien cedió el cargo a Roberto Campa Cifrián, el candidato presidencial en 2006 por el Panal. En septiembre del 2008, Calderón retomó el control del cargo.

SEP

El 1o. de diciembre del 2006 Felipe Calderón fue ungido Presidente. Dos semanas después se anunció que la subsecretaría de Educación Básica, la dependencia más importante de la Secretaría de Educación Pública, tendría como titular a José Fernando González Sánchez cuyo mérito principal es su calidad de yerno de la maestra. En noviembre del 2005, Reforma reveló conversaciones de Calderón con Gordillo y Yunes en las que se mencionaba al yerno como contacto del grupo de la maestra con el entonces precandidato panista.

En forma paralela, el grupo fue incrementando su control sobre las secretarías de Educación Pública de los estados que, desde la descentralización, manejan cantidades enormes de dinero. Se trata de una telaraña espesa que impide una gran precisión. Sin embargo, de acuerdo con una relación proporcionada por fuentes de la SEP, las secretarías donde despacha gente de Elba Esther son las de Campeche, Coahuila, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco. Hay evidencia que respalda esta versión. Por ejemplo, el responsable de la educación en Campeche, José del Carmen Soberanis González, fue secretario particular de la
maestra (Reforma , 9 de septiembre del 2002); en Coahuila, el secretario Carlos Ariel Moreira Valdés, hermano del gobernador Humberto Moreira, es el secretario general de la Sección 38 del SNTE, y en Nayarit, la secretaria Olga Margarita Uriarte Rico tiene un historial como dirigente del SNTE y de militancia en el Panal (Reforma , 6 de noviembre de 2009).

En una segunda categoría estaría la mayor parte de los estados donde es desigual la influencia del grupo. De acuerdo con fuentes conocedoras, el titular de la administración federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez Gómez, es muy cercano a la maestra. Por cierto, el Distrito Federal es la única entidad en la cual la SEP sigue controlando la educación básica, desde los tiempos de Benjamín González Roaro, quien ocupó esa
posición entre abril de 1994 y noviembre del 2000.

El caso de Reyes Tamez Guerra ilustra lo difícil que resulta establecer la forma como se van conformando los grupos. Tamez Guerra fue secretario de Educación en el sexenio de Fox (2000-2006) y de ahí brincó a la secretaría de Educación de Nuevo León. De manera un tanto sorpresiva, este año salió del clóset político: fue candidato del Panal a diputado federal y actualmente coordina la bancada de ese partido en la Cámara, donde también preside la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿En qué momento de la última década empezó a ser "gente de" la maestra?

Los recursos

Cuando tuvimos certidumbre sobre las dependencias controladas por el grupo, establecimos la cantidad de dinero público que han manejado durante el sexenio de Calderón. Fue laborioso pero sencillo rescatar las cifras para lo federal; los estados se transformaron en una pesadilla porque, con algunas excepciones, compiten en el disimulo y la opacidad. Para establecer los montos mencionados en los cuadros fuimos conservadores: en el mínimo sólo pusimos las cantidades sobre las cuales hay certeza y en el máximo pusimos todo lo que podrían manejar.
Pese al cuidado, no está de más subrayar que se trata de un primer acercamiento en el cual persisten áreas de penumbra. Mencionamos las principales. La SEP se rehúsa a informar cuánto dinero canaliza por cuotas sindicales al SNTE en todo el país, desglosado por estado (sólo incluimos lo hecho público por el Instituto Federal de Acceso a la Información). También falta establecer los fondos que recibe el Panal en los estados y ni siquiera intentamos estimar en cuántas presidencias municipales tiene presencia el grupo.

Tampoco quisimos especular sobre la pulcritud con la cual manejan ese presupuesto ni incursionamos en la enigmática distancia que hay entre los ingresos conocidos de la maestra y su bonanza personal. Hay dos aspectos sobre los cuales no tenemos ninguna duda: cada año crece el poder de este grupo, cuyo éxito está muy ligado a la llegada del PAN a Los Pinos.
Beneficiaria de la transición La maestra se aprovechó de la alternancia para modernizar el autoritarismo. A medida que fue resquebrajándose el presidencialismo centralista y autoritario, Elba Esther interpretó y aprovechó las oportunidades presentadas por la
transición utilizando un método que a continuación bosquejamos.

El magisterio organizado siempre fue uno de los operadores electorales del PRI. Antes estaban sometidos a los férreos controles del partido, pero cuando ganaron autonomía sacaron ventaja de su sofisticado conocimiento de las elecciones. Este grupo, aseguran diversas fuentes, tiene equipos altamente especializados para estudiar con encuestas las intenciones de voto que, en el momento oportuno, presentan al candidato seleccionado, al cual respaldan a cambio de cargos gubernamentales acordes con la magnitud de los servicios prestados.
Quienes aceptan las condiciones reciben palabras melosas y el apoyo organizado que puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota en las urnas, porque otro brazo de la maquinaria magisterial es la notable capacidad para mover, en unos cuantos minutos, a miles o centenares de miles de personas dispuestas a votar por quien se les ordene.

El padrón de usuarios crece constantemente. En el 2006, por ejemplo, Gabriela Cuevas fue candidata por el PAN-Panal y el respaldo del aparato magisterial le facilitó la victoria en la delegación Miguel Hidalgo de la capital. Ese mismo año, Felipe Calderón recibió hasta un millón de votos del grupo de Elba Esther. Es inevitable asociar estos servicios con el trato de privilegio que su gobierno ha dado a la maestra.

Aunque el modelo tiene imitadores, nadie supera al juggernaut magisterial en tamaño y sofisticación. La fórmula, además de redituable, ha contribuido a la modernización del autoritarismo porque la paradoja es que los avances en el respeto al voto han servido para fortalecer a un grupo que va en contra del espíritu democrático. La maestra es una de las expresiones más acabadas de una democracia de poderes fácticos hecha posible por la pasividad de los árbitros electorales que toleran impasibles el manoseo del voto.

El poder y la ostentación que de él hace Elba Esther provocan sentimientos encontrados. Cuando Manlio Fabio Beltrones coincidió con ella en la Cámara de Diputados aseguró que la maestra venía de "los sótanos", de los "caños de la política". Vicente Fox, por el contrario, la admiraba tanto que la describió como una "mujer valiente y aguerrida" con "amor y cariño por el país" (las citas provienen de la obra de Ricardo Raphael y de La diferencia de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda).

Finalmente, es imposible esclarecer qué busca Elba Esther y si tiene límites su acumulación de poder y recursos públicos. En agosto del 2005 la maestra promovió un libro firmado por ella: El paseo de las reformas: la batalla por México (Grijalbo). Le anexó una carta en la cual decía que "he tratado de que mi lucha a favor de las grandes causas nacionales no sólo forme parte de mi conducta pública, sino de mi realidad e intención". La grandilocuencia es una característica del habla de la maestra.

Se oye bien, pero en la página 12 de esa obra se despacha una cátedra de realismo político: en México, sentencia la autora, "nada avanza en política, con excepción de los proyectos personales". La frase condensa la biografía de esta profesora chiapaneca que ha triunfado en las guerras de acumulación salvaje de presupuestos y cargos que caracterizan al autoritarismo modernizado del siglo XXI mexicano.

Texto elaborado con apoyo de Sonia del Valle, reportera de Reforma. Laura Ruiz Castro colaboró en la recuperación de las cifras de los presupuestos de educación en los estados.

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1.- Presupuesto de la educación básica

2.- Presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública

3.- Presupuesto del ISSSTE, Lotería Nacional, Partido Nueva Alianza y transferencias al SNTE

4.- Presupuesto de educación en los estados

5.- Presupuesto en los estados (informativo, no suma al total)

6.- Fuentes de los datos estatales

7.- Los tentáculos de Elba Esther (resumen)

8.- Resumen en excel

El riesgo de los testigos protegidos

Con las muertes recientes de dos testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) –el ex inspector de la Policía Federal Édgar Bayardo, ejecutado en una cafetería de esta capital el pasado primero de diciembre, y Jesús Zambada Reyes, el hijo del presunto narcotraficante Reynaldo Zambada García que apareció ahorcado en una casa de seguridad de la procuraduría–, han vuelto a quedar al descubierto las deficiencias estructurales que acusa el empleo cada vez más recurrente de esa figura jurídica dentro de la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado. Son reveladoras, al respecto, las declaraciones vertidas al respecto por la magistrada federal Lilia Mónica López Pérez, quien ha documentado que al menos 80 por ciento de los testigos supuestamente custodiados por la PGR en 2002 no pudieron sostener sus testimonios ante las instancias judiciales debido a que fueron asesinados o bien abandonaron el programa de colaboradores y se desconoce su paradero.

El empleo de testigos protegidos ha cobrado relevancia en años recientes, a la par del desarrollo de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el calderonismo hace 36 meses. De 2002 a 2009, la PGR cuadruplicó el número de estos colaboradores –de 99 a 411–, cuyas declaraciones sustentan muchos procesos que se siguen contra miembros de los cárteles de la droga. También han sido elementos claves para las pesquisas realizadas en el contexto de la Operación Limpieza contra funcionarios federales presuntamente coludidos con el narco.

No obstante, y como han señalado distintos especialistas en la materia, el uso abusivo de esa figura jurídica se ha convertido en un pretexto para soslayar las pesquisas policiacas y las labores de inteligencia en el combate al crimen, y plantea el riesgo de que la procuración de justicia en el país obedezca, en última instancia, a traiciones y revanchas entre los distintos grupos delictivos.

Por añadidura, las muertes que se comentan revelan la ausencia de normas sobre la seguridad que las instituciones policiacas deben proporcionar a sus testigos, si es que no implican además una complicidad con las bandas de criminales que se proponen eliminarlos.

Sea como fuere, el actual programa de testigos protegidos acusa severas fisuras y debilidades que deben ser corregidas. No se pretende sostener que las autoridades abandonen del todo estos programas, pero en la medida en que estos testimonios se continúen empleando como un sucedáneo de las acciones de inteligencia policiaca, y mientras no sean acompañados de medidas de saneamiento y moralización de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, seguirá latente el riesgo de que estos programas sigan redituando más beneficios a los presuntos delincuentes que a la sociedad. Por lo pronto, según se desprende de los datos mencionados, el actual gobierno ha fallado en esta tarea.

Ejecutados, la mayoría de esos colaboradores protegidos por la PGR, documenta magistrada

Ya ni se moleste en citar al testigo, señoría: está muerto

Equivocado, el modelo implementado para resguardar a delatores, señala López Benítez

Esas personas peligran porque quedan en manos de la procuraduría; ¿será fuego amigo?

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Domingo 13 de diciembre de 2009, p. 3

Una investigación hecha durante años por la magistrada federal Lilia Mónica López Benitez documenta que al menos 80 por ciento de los más de 100 testigos protegidos que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía bajo su custodia en 2002 no pudieron sostener sus testimonios ante autoridades judiciales, ya que abandonaron el sistema de colaboradores del Ministerio Público y aún se desconoce su paradero, o debido a que fueron asesinados.

Ese y otros datos reveladores fueron recogidos por López Benítez, quien en entrevista con La Jornada sostiene con preocupación que “en la mayoría de los casos, los testigos protegidos han sido ejecutados, inclusive en el momento mismo de la protección, cuando están en las instalaciones de la SIEDO o en cualquier lugar donde las autoridades los tengan bajo cuidado”.

Algo ha de saber del tema esta funcionaria del Poder Judicial Federal, pues a principios de este año comenzó a distribuirse su libro Protección de testigos en el derecho penal mexicano, editado por Porrúa.

El texto parte de la tesis de que el problema de los testigos colaboradores es que el modelo implementado dentro del derecho mexicano no ha sido el correcto, porque la protección de los delatores aún no encuentra cabida en nuestro sistema de justicia penal, pues carece de reglamentación.

“Pasa lo mismo que con los jueces sin rostro de otros países”

Comparte la misma preocupación la ministra Olga Sánchez Cordero, quien asegura que “esto de los testigos protegidos es sumamente delicado. Yo te voy a confiar algo: en alguna ocasión, por ahí de 2002, teníamos varios expedientes de procesados y también de sentenciados por delincuencia organizada en la primera sala de la Suprema Corte; te puedo decir que los dizque testigos protegidos, cerca de 20 o 30, no recuerdo bien, muchos de ellos ya habían sido ejecutados”.

–¿Por qué? ¿Qué está pasando con el sistema de protección a testigos? –se le preguntó.

–Pasa lo mismo que ha pasado en otros países con los llamados jueces sin rostro, muchas veces se conoce su identidad y resultan presa fácil de los sicarios al servicio de un grupo criminal.

Entonces, si el Estado mexicano va a darle fuerza a la información aportada por los testigos protegidos, tú tienes que hacerte cargo hasta de, en su caso, un cambio de identidad. Si es posible, proteger a su familia, llevarlo a otro lugar, además de garantizarle con qué recursos va a sobrevivir. Es tan complicado, sostiene la ministra en entrevista con este diario.

Las declaraciones de la ministra y de la magistrada toman fuerza luego de que hace dos semanas fue ultimado a tiros en una cafetería del Distrito Federal Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex inspector de la Policía Federal, quien fue utilizado por la PGR como testigo clave en las acusaciones contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal dentro de la llamada Operación Limpieza.

Con esa ejecución sumaron dos muertes de testigos protegidos en menos de 12 días, luego de que el pasado 20 de noviembre Jesús Zambada, hijo del capo de la droga Reynaldo El Rey Zambada, apareció ahorcado en una casa de seguridad de la procuraduría. Según la autoridad, Zambada hijo se suicidó.

Durante la charla con este diario, López Benítez narra qué la motivó a escribir sobre los testigos protegidos:

Todo nació por un asunto en particular que tuve cuando era juez de procesos penales, en el cual toda la causa penal estaba sustentada en la declaración de un testigo colaborador. El procesado insistía en que la persona compareciera en el juzgado porque quería carearse con él. Añade que, en principio, la PGR puso pretextos para justificar el incumplimiento de la orden judicial respectiva.

“Nos decían que no era posible presentarlo porque había riesgos de que atentaran contra el testigo, y yo les rebatía: ‘si lo están custodiando ustedes, si lo tienen bajo su protección, ¿cómo es posible que su vida corra riesgo?’ Ahora entiendo: el riesgo lo corren porque quedan en manos de la procuraduría. ¿Será fuego amigo?”, se pregunta con ironía.

Agrega: “después supimos que el testigo no estaba en el país. Cartas rogatorias, una y otra más. Jamás pudimos dar con el paradero del testigo.

“Finalmente, el procesado obtuvo su libertad después de dos años de prisión. Fue una sentencia absolutoria porque nunca se localizó al testigo y en él estaba basada prácticamente toda la imputación. Recuerdo que un día el Ministerio Público me confió al oído: ‘ya ni se moleste en citar al testigo, señoría: está muerto’. Me quedé helada”, reconoce.

La propuesta de López Benítez es que se legislen normas secundarias que regulen a los testigos colaboradores, con el fin de contar con un catálogo de delincuentes colaboradores que permita estudiar su perfil sicológico, jurídico, social y económico.

Asegura que con ese programa se evitará que las declaraciones de los testigos protegidos carezcan de coherencia, veracidad y congruencia, o que los criminales declaren sin limitación de tiempo y contra presuntos delincuentes de cárteles de la droga antagónicos, como ocurre actualmente en la mayoría de las averiguaciones previas de la PGR.

Intentos de liquidación y a la vez de sometimiento

Antonio Gershenson

La juez que tenía el caso rechazó las objeciones contra la extinción o liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Esto se relaciona también con el intento de aplastar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El domingo antepasado, el 29 de noviembre, demostramos que, una vez hechos públicos documentos que se habían mantenido en secreto, y conforme a la ley, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es patrón sustituto de la empresa pretendidamente liquidada. Y es que además de que, como vimos, el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de crear leyes, y la liquidación de LFC sólo podría acordarla legalmente el Congreso de la Unión, la CFE ya ha asumido la función de patrón sustituto, durante el proceso de nacionalización del servicio público de energía eléctrica. También tuvo que reconocer a los sindicatos de empresas que se iban integrando a la CFE.

Veamos algunos ejemplos, que se inician antes de la nacionalización. Ya entre 1953 y 1956, varios sindicatos de estas empresas fueron siendo desplazados. La Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) agrupaba a los trabajadores sindicalizados de todas las empresas eléctricas privadas, con excepción de la de Luz y Fuerza del Centro. Acordó pugnar por un contrato colectivo único. En 1954, se eligió a Rafael Galván como presidente de la Federación.

La FNTICE tuvo, en 1956, una primera asamblea nacional extraordinaria, ante esas agresiones. Entre otros, los acuerdos fueron: exigir que la CFE asumiera la responsabilidad de patrón sustituto; crear comités regionales de la clase obrera, y reactivar la vida democrática de los electricistas.

En 1957, la CFE intervino en las compañías hidroeléctricas de Oaxaca y de Hidalgo, tratando de desplazar a los sindicatos respectivos. La FNTICE tomó el acuerdo de defender el derecho de huelga con la huelga misma. Tratándose de empresas privadas, ésta significaba suspensión del servicio. La CFE se vio obligada a reconocer a los sindicatos de Oaxaca e Hidalgo, asumiendo las obligaciones de patrón sustituto.

En 1958, se unificaron los 11 sindicatos de las empresas filiales de Impulsora de Empresas Eléctricas, SA de CV. Se logró la unificación de las fechas de revisión de los 72 contratos colectivos. En 1958 y 1959, la CFE y su Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana siguieron intentando tomar empresa por empresa para sacar a sus sindicatos y sustituirlos por el SNESCRM. Entre ellos estuvieron Mexicali, Monterrey y Piedras Negras, pero en todos los casos ganaron la FNTICE y los sindicatos a ella afiliados.

En 1955, ante la situación, se iniciaron acercamientos entre la FNTICE y el SME. El 11 de febrero de ese año, echaron a andar la Confederación Mexicana de Electricistas (CME). Para cuando llegó el momento de la nacionalización, el 27 de septiembre de 1960, se estaba formando, con los sindicatos de la Federación, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM).

Este nuevo sindicato apoyaba la nacionalización, pero al mismo tiempo tenía la fuerza suficiente para conservar las fuentes de trabajo que ya se tenían, y con Rafael Galván como secretario general. La autonomía de las secciones fue un elemento clave también. Fue obvio que la CFE tuvo que asumir las obligaciones de patrón sustituto, a través del STERM, ya no de ésta u otra empresas privadas, sino de todas, con excepción de la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y durante años esa misma CFE tuvo relaciones laborales, incluyendo los respectivos contratos colectivos, con el STERM y con el SNESCRM.

Así, la CFE, que ahora se ve legalmente como patrón sustituto de LFC, tuvo que asumir esas mismas obligaciones hacia los trabajadores de esas empresas privadas, algunas intervenidas y luego todas nacionalizadas. De modo que no hay pretextos para evadir esa responsabilidad. No sólo es la ley, son también los hechos históricos.

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Coincidencias

Ana María Aragonés

En la década de los 80 del siglo pasado, y en el marco de las exigencias impuestas por el neoliberalismo y el llamado consenso de Washington, Estados Unidos puso en marcha un conjunto de restructuraciones productivas muy importantes con el objetivo central de salir de la crisis que se había presentado en la década anterior. Se aseguraba que lo que había llevado al agotamiento del modelo tenía que ver, fundamentalmente, con la rigidez de los procesos productivos, los altos salarios que los trabajadores habían alcanzado en el llamado estado de bienestar, pero sobre todo a la fortaleza de los sindicatos cuyo poder de negociación había alcanzado niveles tan importantes que a los empresarios les era difícil enfrentarlos.

Entre estas restructuraciones destacan la que vivieron las agroalimentarias, como fueron las procesadoras de pollos y, en general, a todas las procesadoras de carne. Estas industrias se encontraban situadas en áreas urbanas, sus trabajadores eran en su mayoría blancos y sus salarios oscilaban entre 11 y 12 dólares la hora. Los trabajadores afroamericanos tenían peores condiciones laborales y eran también peor pagados, aunque puede decirse que eran realmente una minoría. Las áreas urbanas presentaban algunos inconvenientes para los empresarios, como eran los altos impuestos, muy fuertes regulaciones, en lo que se refiere a contaminación, pero lo más grave para ellos, por supuesto, es que se trataba de industrias fuertemente sindicalizadas.

Los empresarios decidieron trasladar estas industrias hacia lugares mucho más rurales. Se decía que querían estar cerca de los campos agrícolas y con ello del alimento de los animales y de los pequeños granjeros. Por lo tanto despidieron a todos los trabajadores y muchas de estas industrias se movieron hacia lo que se ha denominado como nuevos destinos migratorios transformando por completo la realidad para los trabajadores.

Algunas de estas polleras se encuentran ahora en la llamada península de Delmarva (Delaware, Virginia Maryland). Los trabajadores son ahora en su mayoría, latinoamericanos, sobre todo mexicanos y centroamericanos y por supuesto hay una gran cantidad de indocumentados. La primera consecuencia fue que los sueldos se desplomaron en forma estrepitosa pues pasaron de 11 y 12 dólares la hora a 4.50 y cinco dólares la hora, al tiempo que el sindicato se enfrenta ahora a muchísimos problemas para incorporar a esta fuerza de trabajo. Las estrategias de los empresarios para evitarlo van desde amenazas puras y llanas argumentando que, como saben que son indocumentados, en caso de que se decidan por hacerse miembros van a llamar a la migra, o bien se les ofrecen una suerte de sobornos tales como decirles que van a subirles 25 centavos la hora si rehúsan al sindicato, o de plano si no son dóciles y se enfrentan entonces los despiden.

Al mismo tiempo, los pequeños granjeros a los que supuestamente iban a favorecer, han prácticamente desaparecidos pues son subcontratados bajo condiciones verdaderamente leoninas que difícilmente pueden enfrentar y siempre son los que pierden.

En estas industrias los indocumentados son la mano de obra cada vez más importante pues nadie quiere ese trabajo que es considerado por el propio Departamento del Trabajo como de los más riesgosos del país, y por las terribles condiciones laborales. Y esto es lo que le ha permitido a Estados Unidos convertirse en un potente exportador de alimentos, por supuesto de pollos que ha destruido la industria mexicana debido a la creciente importación y como consecuencia reciben a parte de nuestra población mexicana indocumentada.

Todo esto vino a mi mente porque hay una gran coincidencia con lo que está sucediendo en México con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este gobierno no sólo busca abaratar la fuerza de trabajo despidiendo a 44 mil trabajadores pues aquellos que vayan a ser recontratados nadie sabe bajo qué condiciones lo harán, aunque es un hecho que de entrada, la antigüedad desapareció. Pero sin duda que la estrategia central es la eliminación del sindicato, que en el caso del SME tiene una larguísima historia de lucha por sus agremiados y es un estorbo para los planes privatizadores del gobierno.

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