3/28/2010

De mafias, pactos, traiciones, desvergüenzas…

Marcos Chávez

Sólo máscaras grotescas y grasientas de un poder mediocre y corrupto

Giorgio V Bocca, escritor y periodista italiano

La mafia no es sólo una organización criminal. No es sólo gente con pistolas. Es un sistema de poder [que] se convirtió en el sistema político y legal

Leoluca Orlando, político italiano y alcalde de Palermo (1985-1990 y 1993-2000)


La manera tan inescrupulosamente escatológica en que el capo Felipe Calderón y sus dominus canis, los caciques de los partidos y los llamados poderes fácticos, los verdaderos capo di tutti capi, han develado sus impúdicos acuerdos y desarreglos palaciegos, pasados, actuales y subsecuentes, no sólo evidencia hasta dónde están dispuestos a envilecer la vida política de la nación con tal de mantenerse en el poder, compartirlo o arrebatárselo, sin reparar en los métodos que se vean obligados a emplear.

Desde luego que no se les puede acusar que con sus lujuriosos pactos, traiciones y procacidades hayan corrompido el imperio de las leyes, puesto que, llanamente, éste no existe. Tampoco que hayan degradado a la sociedad y, en particular, a los electores, que ingenuamente, en su minoría de edad política, aún creen que los procesos electorales, con su presente naturaleza y esas elites dominantes que supuestamente los representan, son los espacios adecuados a través de los cuales se lograrán los cambios que construyan pacíficamente un Estado político y socioeconómico democrático, participativo, incluyente y más equitativo. Para los grupos de poder, la mayoría no es ciudadano. En el mundo de lobos, para decirlo con las palabras de Maquiavelo, sólo son ovejas; futuras víctimas mientras existan; puros despojos con sabor a sangre, grasa y carne, una vez que han sido sacrificados; un simple recuerdo de balidos en el paladar y oídos de un victimario somnoliento y aburrido. Sobre esos súbditos, excretan sus ambiciones, rencores, egoísmos. El México actual, agonizantemente neoporfirista y cristero panista, es tan bananero como la orientalmente república despótica e igualmente neoporfirista heredada por los priistas. La alternancia no parió la anhelada democracia ni el estado de derecho, únicamente acentuó los rasgos autoritarios del longevo y cada vez más descompuesto sistema presidencialista engendrado hace casi 82 años y metamorfoseado en el Partido Nacional Revolucionario-Partido de la Revolución Mexicana-Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Acción Nacional (PAN)-¿PRI?

La alternancia: ¿qué fue sino devaneo?

Es cierto que los arreglos y las coaliciones, bajo ciertas reglas legalmente fijadas, son moneda corriente en los procesos electorales y propician la formación de gobiernos coligados. Sus fisuras provocan su inestabilidad; sus divorcios obligan al partido de mayoría relativa a buscar nuevos pactos con otras fuerzas para tratar de mantenerse en la administración, y cuando no lo logran, se ven obligados a dimitir y convocar nuevas elecciones. Asimismo, es conocido que tales negociaciones no son realizadas por santos. Los apetitos carnales de la plaga de pederastas que pueblan las iglesias nos han demostrado que ni en esas sacrosantas cavernas existen esos hombres puros y castos (¡sus ficticios dioses salven a sus inocentes corderos de los criminales violadores de efebos, bajo la divisa: “Dejad que los niños se acerquen a mí”, y trasquiladores de su lana monetaria!); son tan peligrosos como el sistema político del cual forman parte como una facción de los poderes fácticos.

También se sabe que la afrodisiaca ambición por el poder lleva a menudo a la criminal degeneración de esos conciertos. Un ejemplo paradigmático es Italia. Como se recuerda, la democracia cristiana gobernó a ese país durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. Sus mandatos fueron camaleónicos: según las circunstancias electorales, oscilaba de la derecha rabiosa al centro, hasta un difuso matiz de izquierda. Generalmente gobernó sólo, pero llegó a formar coaliciones con varios partidos, entre ellos el socialista, el comunista y, caprichos de la historia, el Republicano Italiano, PRI. Sí, PRI. Una especie de pacto entre el PAN, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática de Jesús Ortega de esa nación. Sus pactos cortesanos fueron históricos. La oligarquía local, el gobierno estadunidense y la mafia –que hacía el trabajo sucio: financiaba carreras de demócratas-cristianos o asesinaba a comunistas, sindicalistas y otras personas incómodas para el sistema y los intereses particulares de las elites– siempre los apoyaron con un fin específico: evitar a cualquier costo el ascenso de los comunistas al gobierno. Era la época de la Guerra Fría, justo cuando asesinan turbiamente a Aldo Moro, el gran ideólogo cristiano que había sido primer ministro y que preparaba el compromesso storico con el eurocomunista Enrico Berlinguer, el cual, por supuesto, fue abortado. ¿Sería exagerado compararlos con los pactos de 1988, 2006 o el de Bucareli de 2009, el de Calderón y Enrique Peña Nieto, entre otros, negociados entre el PRI y el PAN en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y los perredistas del Estado de México? En la década de 1990 se desploman los cristianos demócratas y, con ellos, el sistema político italiano, cuando Giulio Andreotti, 20 veces ministro, siete veces primer ministro y senador vitalicio, fue acusado por corrupción, asesinato y asociación delictuosa con la mafia, entre otros cargos, proceso que alcanzó a otros eminentes políticos mafiosos, como Bettino Craxi, exprimer ministro socialista (1983-1987) que huyó hacia Túnez, y mafiosos socios de los políticos. Era el poder político piramidal italiano dentro y fuera de la ley al mismo tiempo a quien Giovanni Falcone, en el gran juicio de la mafia, se encargó de aplicarle la Constitución y las leyes, aunque al final pagó caro su osadía. En 1992 fue despedazado, con su esposa y sus escoltas, con 1 mil kilogramos de explosivos.

A raíz del desenlace del juicio, escribió el australiano Peter Rob: “Nada acaba limpiamente”, ni los pactos y las alianzas de esa factura, ni la vida política, ni las instituciones, ni la legalidad de la república, porque la indulgencia de los jueces terminó por absolver a Andreotti del caso de corrupción, en 1999, y las otras causas simplemente prescribieron. El cártel de los grandes intereses del poder político, el oligárquico y del crimen organizado, se remozó e impuso a otros patibularios actores como Silvio Berlusconi –el capo de las telecomunicaciones, como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas que agitan las procelosas aguas políticas mexicanas– como primer ministro. Se salvaguardó el Estado mafioso a costa de hundir el honor de la nación.

Como espectáculo de la política, el escandaloso y soterrado contrato rubricado entre Calderón, César Nava, Fernando Gómez, Beatriz Paredes, Enrique Peña Nieto por medio de su caballerango Luis Miranda, y los oligarcas que lo respaldan desde las penumbras, tuvo la virtud de mostrarnos la íntegra madera de la que está hecha la elite dominante y el sistema político mexicano. Al ser desvergonzadamente desnudado, como si fuera una tediosa diversión de striptease o table dance que terminó malamente, permitió ver el espectáculo de la política.

Vimos a esos grupos como rabiosas hienas que luchan encarnizadamente por el poder; hundidos en su propia cloaca; merodeando entre sus sepulturas. Los chacales panistas desesperados, agonizantes, que no tardan en caer en su fosa; los furiosos priistas que pugnan por salir de su sepulcro; los perredistas y otra fauna menor que salivan sus fauces con el pírrico despojo que esperan obtener de la pelea. Allá la oligarquía y demás poderes fácticos, que controlan el dogal de las bestias, que se alzarán con la sustancia del pillaje. Dejaron ver públicamente la calaña de componendas que alcanzan, los intereses delincuenciales que persiguen y la corrupción a la que han sometido a las leyes y las instituciones, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; descubrieron a la mafia que convirtió a la nación en su rehén, a la que saquean impunemente; que transformó al Estado en un Estado mafioso. Ellos son los que cancelaron el cambio económico y la democracia por la vía electoral y pacífica, los responsables de la crisis de gobernabilidad y legitimidad del sistema político, de la instauración del salvaje neoliberalismo, que ha acelerado la concentración de la riqueza, la generalización de pobreza y la miseria, de la entrega de las riquezas nacionales a la depredación del gran capital, nacional y transnacional.

Ellos son los que dicen que “renovarán” la vida institucional con la reelección, entre otras contrarreformas, para perpetuarse en el poder y asegurar la continuidad de las políticas favorables a sus intereses.

Junto al malogrado engendro de Bucareli, se observaron otros monstruosos favores que sí cumplieron los fines tribales de las elites. EL PRI aprobó el paquete fiscal panista de 2010, que impidió que se gravará más a los empresarios, les regaló a Azcárraga y Salinas Pliego parte del espectro de las comunicaciones e impuso una criminal alza de precios públicos y de impuestos, además de otros nuevos, justificados en las mentiras de Agustín Carstens, que han empobrecido aún más a la mayoría, agravada por su secuela inflacionaria, a cambio de mayores recursos tributarios para que los caciques regionales, gobernadores y alcaldes, al igual que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los dilapiden impunemente; además que los panistas no establecieran alianzas con los perredistas que pudieran socavar la fuerza electoral de los priistas y llevar a Peña Nieto al despeñadero, el clon-delfín de los Berlusconi mexicano y la oligarquía autóctona con quien piensan sustituir a los cruzados de cristo rey. Calderón protegió a los delincuentes y asesinos priistas Ulises Ruiz y Mario Marín.

Los priistas legitimaron la usurpación de Calderón, en tanto los panistas hicieron lo mismo al fraude de Carlos Salinas. Ambos tramaron el desafuero de López Obrador, la mayor reprivatización de Petróleos Mexicanos, la reprivatización financiera, el rescate de los banqueros que ahora debemos y la trasnacionalización del sistema. Los que ayudaron a consolidarse a la oligarquía con la venta de las paraestatales, la elusión, evasión y bajos impuestos; los que traicionaron a los trabajadores electricistas y ahora entregan al sector eléctrico a la depredación privada; los que reprivatizaron la seguridad social; los responsables de la muerte de los infantes de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora. Ellos son los que han destruido al país. Ellos son los que sacaron ilegalmente a las fuerzas armadas a las calles, solapan la violación de los derechos humanos y establecen el Estado policiaco-militar. Ellos son los que aprobarán la destrucción de las leyes laborales y otras medidas. Sólo los ingenuos creen que el PRI y el PAN no volverán a negociar nuevas medidas oligárquicas, antipopulares y antinacionales, porque ésa es la condición impuesta por la gran burguesía para aceptarlos en la alternancia bicéfala.

Al aceptar acuerdos temporales con una camarilla de la derecha panista –radicalmente reaccionaria, despótica y anticomunista, en contra de la otra facción de la derecha, la priista, cuyo pelaje hace tiempo que se tornó indiferenciado–, Jesús Ortega, Manuel Camacho y sus demás socios perredistas y de otros partidos no sólo arrojaron por la borda sus principios progresistas que dicen tener, renunciaron al cambio. Con el PRI o el PAN, las elites dominantes serán las ganadoras. También preparan la derrota de los grupos de izquierda encabezados por López Obrador que, actualmente, representa el principal contrapeso de la derecha a escala nacional, al margen de las diferencias y las críticas que se les puedan señalar. ¿Les pagarán adecuadamente su trabajo sucio? Con propios abandonos, abjuraciones y renuncias, venderán asimismo a otras organizaciones que, con mayor legitimidad, pueden considerarse de izquierda y que pretenden una transformación anticapitalista. Traicionarán a la población que creyó que con ellos se podría aspirar a la transformación de México.

CONTRALINEA 174 / 28 DE MARZO DE 2010

Las mujeres

Jorge Melendez Preciado
28 Marzo 2010

La situación de las mujeres ha cambiado en los últimos años. ¿Alguien lo duda? Empero, falta mucho por hacer . Varias cuestiones muestran el atraso que todavía vivimos: la mayoría de ellas es violentada en el hogar, en algunos estados continúan siendo tratadas como esclavas, incluso vendiéndolas y buscándoles pareja sin tomar en cuenta su opinión; la red de prostitución, incluyendo el Distrito Federal, es amplia y va extendiéndose a pesar de múltiples esfuerzos; la educación es todavía preponderantemente para los hombres, no obstante que ellas son mayoría; el caso de las llamadas Juanitas –utilizando el apodo de un político impresentable–, las cuales renunciaron para que llegaran a una curul hombres, es vergonzoso y, para no continuar una lista interminable, en los puestos de elección en México a inicios del siglo XXI, las féminas no alcanzaban el 30 por ciento al que tienen derecho; un atraso monumental, ya que en infinidad de países (Argentina, por ejemplo), hace décadas que es lo común.

Frente a esa discriminación, atraso y represión, lo que ha privado es hacer fiestas, darles regalos, utilizarlas para la politiquería y adornarse de demócrata. Ahí está Enrique Peña Nieto y su lastimosa banalidad. También decir que se lucha por su causa y quedarse en la protesta sin contenido, y hasta lamentarse por las deficiencias sociales y asegurar que les debemos mucho (Felipe Calderón).

Pasados los rituales, no hay estrategias sólidas para hacerle justicia a ese sector activísimo de la población, sin el cual ninguna sociedad puede avanzar en serio, pues su participación es indispensable desde el hogar y la familia hasta la ciencia y la literatura, no se diga la política.

En América Latina tenemos los casos de Cristina Fernández y, sobre todo, Michelle Bachelet, que no obstante las críticas varias, algunas sólidas, muestran claramente que saben encabezar las más importantes y difíciles tareas y no arredrase. La expresidenta de Chile, según encuestas, se despidió con el 84 por ciento de aceptación ciudadana, no obstante la sacudida de tierra extraordinaria que hubo en la región austral, cuya imprevisión para mitigar los efectos no fue de ella, sino de la marina-armada.

Otra noticia importante, faltaba más, es que la cineasta Katryn Bigelow obtuvo por primera vez en la historia el Óscar a la mejor dirección con su película Zona de miedo. La cinta muestra la complicada, incierta y hasta terrorífica situación que viven las tropas estadunidenses en Bagdad, Irak. Trasciende también la cinta Preciosa, acerca de una negra, gorda e hija de una mujer de su misma raza; la madre es neurótica y acepta el abuso sexual de la hija, incluso lo justifica. Drama de la vida real terrible y desgarradora.

Mientras lo anterior ocurre en otros países, aquí el debate entre Beatriz Paredes y Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, es acerca de si el convenio Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional incluía una cláusula para elevar impuestos. La realidad, que supera invariablemente a la ficción, es que todos sentimos en los bolsillos la saqueada que nos están dando en precios e impuestos. Mala posición de dichas féminas. En todo caso hubieran previsto que las familias mexicanas tendrían más carencias por sus oscuros acuerdos a favor de un partido y candidato, el citado Peña Nieto, quien como siempre tiró la piedra y escondió la mano.

Tres exdirigentes del Partido de la Revolución Democrática: Rosario Robles, Ruth Zavaleta y Patricia Olamendi conformaron un grupo autodenominado Las Insurgentes. Hicieron un acto donde sobresalieron los discursos emotivos y hasta los llamados a oponerse a un sistema injusto. No hubo novedades.

Mientras ello ocurre, recordemos, Teresa González y Alberta Alcántara, indígenas, continúan en prisión acusadas de golpear y vejar a seis policías federales, algo inaudito e insostenible, pero la justicia muestra claramente que es ciega.

La madre de dos muchachos asesinados en Ciudad Juárez, Patricia Dávila, junto con señoras que buscan hace tiempo a sus hijas desaparecidas en dicho lugar, hicieron un acto para censurar a una administración federal que ha insistido dará resultados y únicamente gasta saliva por montones diariamente.

En el acto de las abnegadas y valientes madres, estuvo Carlos Monsiváis, quien hizo patente su desacuerdo con la verborrea oficial, algo que muestra la necesidad de que los intelectuales actúen, y no sólo reflexionen. Un caso ejemplar fue el de Carlos Montemayor, quien dejó casi terminado su último libro Mujeres del alba, donde recoge los testimonios de quienes apoyaron la insurrección en Madera, Chihuahua.

Varias mujeres exguerrilleras, en algunos lugares, se encontraron y reivindicaron, con orgullo, su participación en contra de la injusticia y la tiranía que padecieron. Dos muy visibles fueron Rosa María González y Guillermina Cabañas.

Cuatro periodistas que están haciendo camino andando son Ana Lilia Pérez, Sanjuana Martínez, Lydia Cacho y Carmen Aristegui. Hay decenas y cientos más, es cierto, pero ahora sólo mencionamos al cuarteto.

Hubo más casos de quienes manifestaron su reivindicación por ser mujer y la necesidad de enfrentarse a quienes les impiden su realización total. Por cierto, un abrazo al sector mayoritario de Radio Educación, las bellas que han dado sentido a esa radio.

Entre lo tradicional y acedo y lo nuevo que se va abriendo paso de diferentes maneras, transcurrió otro 8 de marzo, día de lucha por lo obvio: la libertad de todos.

jamalendez44@gmail.com

CONTRALINEA 174 / 28 DE MARZO DE 2010

El derecho a la educación en México

Miguel Concha Malo

Entre el 8 y el 18 de febrero de 2010, México recibió al relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas, Vernor Muñoz Villalobos. Durante su gira por diversas entidades, como el Distrito Federal, Chiapas, Nuevo León y Baja California, mantuvo también un diálogo con diferentes autoridades del país. Se entrevistó con Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública federal, y con Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e incluyó igualmente a autoridades estatales y municipales.


Asimismo, el relator especial interactuó con más de 1 mil personas de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a líderes y lideresas indígenas, maestros y maestras, estudiantes, padres y madres de familia, organizaciones magisteriales y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en México.

La misión del relator especial sobre el Derecho a la Educación constituyó una oportunidad para denunciar la gravedad del panorama educativo en México, y para denunciar la ineficiencia que impera en el sistema. Por ello, el pasado 10 de marzo miembros de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, especialistas en el derecho a la educación, presentaron el Informe alternativo sobre el derecho a la educación en México y la educación en derechos humanos, que elaboraron y suscribieron en conjunto con motivo de la visita del relator, y con el cual le dieron a conocer sus preocupaciones por la insuficiencia de medidas adecuadas para cumplir con las obligaciones del Estado en la materia. En su calidad de insumo, el informe tiene la intención de señalar los focos rojos que se tienen que atender, desde la perspectiva de la sociedad.

Entre los datos del documento, encontramos que, entre 2000 y 2008, el gobierno ha recibido 166 recomendaciones de diversos mecanismos internacionales sobre el tema de la educación, de las cuales 83 corresponden a la Secretaría de Educación Pública, 13 al derecho humano a la educación en el país, y 10 a la educación en derechos humanos, por mencionar algunos, de las cuales se desconoce el seguimiento y es inexistente una política en materia de su cumplimiento, ya que hasta la fecha no se han instrumentado propuestas para satisfacer, mediante una política de Estado, las demandas educativas establecidas en ellas.

Si bien la educación pública de calidad está exigida por la Constitución, ese derecho en la práctica resulta irrelevante, ya que no impone al Estado la obligación de hacerlo exigible por la ciudadanía, como corresponde a las normas jurídicas fundamentales. La educación en México no es todavía un derecho en la práctica exigible por los ciudadanos, pese a las múltiples violaciones que sufre. Se le viola cuando se pierden días de clases por los paros magisteriales; cuando se vulnera la gratuidad de la educación, al cobrar en las escuelas públicas cuotas “voluntarias”; cuando no se ofrece una educación de calidad por parte del Estado; o cuando en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua y la cultura de la comunidad; así como por las deficiencias en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de educación que no atienden las condiciones estructurales del sistema.

El informe subraya la urgencia del deslinde del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de las políticas educativas, y denuncia el fracaso de supuestas reformas educativas, como la Reforma Integral de Educación Secundaria, y la manipulación política de los maestros.

La falta de educación en derechos humanos es otra de las lagunas señaladas en el informe. De esta manera se deja de lado la posibilidad de articular la dimensión de exigibilidad y justiciabilidad, y el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivos sus derechos.

El informe resalta también que estas fallas tienen un impacto en la educación de los mexicanos y mexicanas, y denuncia que más de 1 millón 400 mil niños y niñas no tienen acceso a la educación, y que de cada 10 niños que ingresan a la escuela primaria, sólo cuatro cursan educación superior, dos logran titularse y sólo uno cursa el posgrado. Hay, además, 6 millones de adultos analfabetas.

A través del documento se señala también la disparidad en el ejercicio del derecho a la educación, cuando se habla de algunos sectores que se ven discriminados, como es el hecho de que la inmensa mayoría de las mujeres indígenas mayores de 65 años (303 mil de 473 mil) no puede leer ni escribir, o se hable de poco más de 2 millones de niños con algún tipo de discapacidad, de los que el sistema educativo sólo atiende a 400 mil. Igualmente se advierte la persistencia de la discriminación de género. Solamente las mujeres indígenas representan un 43.6 por ciento de rezago, y se encuentran en los estados con menos desarrollo económico, como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Puebla.

Ante tal panorama, el documento recomienda al Estado mexicano que se eleve a rango constitucional el derecho a la educación en derechos humanos; que los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal revisen sus políticas y programas con el enfoque del derecho humano a la educación y de la educación en derechos humanos. Asimismo, que se revisen el artículo 3 de la Constitución, la Ley General de la Educación y las leyes estatales de Educación desde estas perspectivas. Recomienda igualmente aplicar los principios del derecho internacional como normas complementarias del derecho interno a la educación, y la creación de un ombudsman de la educación. Menciona, además, la necesidad de que el SNTE se deslinde del diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de educación y de los lineamientos del sistema educativo.

Las organizaciones de la sociedad civil autoras del informe alternativo recomiendan también que México ratifique la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de Enseñanza (1960) y su protocolo de 1962; que se garantice la efectiva aplicación y cumplimiento de las 83 recomendaciones que se han extendido al Estado mexicano en materia educativa, y otorgar un presupuesto digno y suficiente a la educación en los tres niveles de gobierno, a resguardo de los cambios y las variaciones en las finanzas públicas.

Para atender a los grupos en situación de discriminación, el informe recomienda que se elaboren materiales educativos, audiovisuales y bibliográficos en las diversas lenguas indígenas, con el fin de lograr una educación equitativa y de calidad para estudiantes indígenas y migrantes; y que las evaluaciones nacionales e internacionales que se dirijan a las poblaciones indígenas y migrantes se realicen en las diversas lenguas que existen en el país. Se pide, además, la revisión permanente de libros de texto gratuito y materiales didácticos con perspectiva de género, para eliminar textos e imágenes sexistas y discriminatorias que promuevan la violencia de género.

Se insta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que emprenda una revisión crítica de su exigua jurisprudencia en materia de educación, y que resuelva con empeño las demandas y casos de violaciones a los derechos humanos en los establecimientos educativos, y difunda ampliamente sus sentencias.

Pide también que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se convierta en un organismo autónomo que establezca indicadores para medir explícitamente los avances en la realización efectiva del derecho a la educación.

Se solicita igualmente al relator que incluya en su informe sobre la visita a México la preocupación por las inadecuadas condiciones medioambientales, de higiene y seguridad con las que operan diversos planteles educativos en el país, y coadyuve en la promoción y elaboración de una comunicación conjunta desde su mandato con los relatores especiales en materia de salud (señor Anand Grover), alimentación (señor Olivier de Schutter) y residuos tóxicos (señor Okechukwu Ibeanu) sobre el caso de contaminación del Río Santiago, que contamina varias de las escuelas que están ubicadas en sus inmediaciones.

*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

CONTRALINEA 174 / 28 DE MARZO DE 2010

El honor de una visita

Opinión


En un contexto político mucho más complicado que el de la Cumbre de las Américas, celebrada en abril de 2009, donde el entonces recién estrenado presidente Barack Obama fue la “estrella” y brillaron los términos “entendimiento”, “asociación de igualdad” y “multilateralismo”, tuvo lugar el pasado febrero una gira de la señora Clinton por la región, sólo que en esta ocasión una palabra sintetizó el estado de ánimo de América Latina con respecto de Washington y Obama: decepción. Para contrarrestar este efecto, continuación de lo que los latinoamericanos consideran también como desinterés de la Casa Blanca hacia la región, la gira de la canciller Clinton se movió sobre tres ejes más o menos identificables: bilateral, regional y global.

Héctor Lerín*

En términos bilaterales, parece claro para Washington que hay que recomponer con diplomacia, presencia personal y relaciones públicas una imagen cuyo deterioro general se sintetiza –producto en parte de los medios y los voceros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba)–, en el celebrado, aunque todavía informal, arranque de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos; aunque éste no sea el objetivo básico de la mencionada comunidad. Pero que la creación informal de dicha instancia molestó a Washington, lo dice el hecho de que el tema no fue tocado públicamente por la señora Clinton para felicitar, por lo menos, a sus poco antes contentos vecinos por sus avances integracionistas, y no precisamente por respeto a la soberanía de esos países, sino porque el asunto no fue claramente de su agrado.

Entrevistarse entonces con ocho o nueve mandatarios –y también con los que ganaron elecciones en Uruguay, Chile y Costa Rica– no fue trivialidad en términos de recuperar imagen, al margen de que con cada uno se tocaron temas muy difíciles, y con Brasil y Argentina, asuntos que superan, incluso, la perspectiva regional, como las buenas relaciones de Teherán con Brasilia y el diferendo por la Malvinas entre Buenos Aires y Londres.

Se puede afirmar entonces que, como visita de relaciones públicas y en el ánimo inmediato de parecer que se renueva el interés estadunidense por la región, la gira de la señora Clinton fue positiva a la vista de la opinión pública, al margen de que asuntos decisivos no pudieron arreglarse en los términos que la diplomática estadunidense hubiera querido, como convencer a Brasilia de apoyarla en la ofensiva internacional contra el gobierno de Ahmadinejad. Y también que la remisa gobernante argentina, Cristina Kirschner, aceptara el débil “argumento” de que Washington no tiene ninguna influencia sobre Londres, a efecto de que se preste a negociar su apetito colonialista en las Malvinas, y más conociéndose del apoyo estratégico que en 1982 brindó a Inglaterra en la breve guerra que se libró en las aguas del Atlántico. Por lo pronto, queda claro que los intereses globales de Washington no siempre coinciden con los regionales y bilaterales de sus vecinos latinoamericanos.

Pero el eje regional de la gira de la señora Clinton no sólo implicó contrarrestar los efectos políticos de la Cumbre de Río y lo que siguió a la misma en términos de unidad regional y optimismo integratorio, al perfilarse la mencionada Comunidad Latinoamericana. También implicó aprovechar para ahondar las diferencias que separan a las izquierdas lideradas por Lula Da Silva y Hugo Chávez, enfatizando expresamente los “errores” de este último y privilegiando los supuestos o reales aciertos políticos del mencionado Lula y la señora Bachelet. Desde este punto de vista, fue clara la prepotencia de la señora Clinton al señalar públicamente al gobernante venezolano, aprovechándose de la hospitalidad brasileña, “líneas” políticas que debe seguir el mismo mandatario de Brasil no para agradar y servir a su propio pueblo, sino a Washington.

La respuesta de Hugo Chávez confirma la ofensiva política internacional que, inclusive, ahora parece pasar por Madrid para desestabilizar al gobierno bolivariano y a la Alba. Como se recuerda, a principios de 2010, importantes voceros periodísticos de Washington “vaticinaron” que Chávez “podría caer” este año; pero la ofensiva también se sintió en la Habana, luego de la muerte por huelga de hambre del preso contrarrevolucionario Orlando Zapata, elevado a la categoría de “luchador libertario” por virtud de los medios de comunicación que obedecen a Washington. La muerte de Zapata embonó, así, con la ofensiva antizquierda “dura” seguida por la señora Clinton, convirtiendo su gira en una carambola de varias bandas.

Al margen, debe reconocerse que las autoridades cubanas parecen que minimizaron el estado de salud de Zapata, por lo que dieron armas políticas a Clinton para que su gira coincidiera de alguna forma con este problema. Y en el mismo tenor regional, si bien la participación de Estados Unidos en el rescate de Haití se analizó como un retorno a su protagonismo. El hecho no dejó satisfecha a toda la opinión pública porque significó una presencia militar desproporcionada para un rescate que requería más médicos e ingenieros, que fusileros paracaidistas: con toda lógica, el asunto se interpretó, por muchos analistas, como una presencia en un enclave caribeño que muchos asocian con una planeación estratégica de largo plazo contra Caracas. Estrictamente, la devastación y el nivel de la catástrofe, sin parangón ni en ése ni en otro país latinoamericano, ayudaron a los estadunidenses a que su participación pareciera vital, por encima inclusive del respeto a la soberanía haitiana. Se sabe sobre este tema que tampoco dejó muy satisfecho a Brasil, que lidera las fuerzas militares de la Organización de las Naciones Unidas en Haití, con lo cual las diferencias del principal país suramericano con Washington parecen no tener fin.

Y la rara hazaña “rescatadora” estadunidense de Haití fue la segunda parte de un rescate, a contrapelo de la opinión pública latinoamericana, representado por el intento de lavar la cara al nuevo régimen de Porfirio Lobo en Honduras. De eso se trató, entre otras cosas, el llamado a los presidentes centroamericanos para reunirse en Guatemala a principios de marzo, sin aparentemente consensuar si estaban dispuestos a dar a Lobo un tratamiento similar al de los otros presidentes.

En efecto, la Unión Europea estaba dando por esos días el tratamiento de “mandatario legítimo” a Lobo, en una reunión de Centroamérica con aquella organización donde se tomó el fácil expediente de legitimar al hondureño, señalando que no era conveniente su exclusión permanente de ese foro. La sospechosa coincidencia de la Unión Europea con Washington y con la gira de Clinton era más que evidente, por lo que Nicaragua se abstuvo, con razón, de la cita guatemalteca.

Casualmente, pasados unos días después de esta reunión en Guatemala, la señora Clinton solicita públicamente a los países del hemisferio readmitir a Porfirio Lobo en los organismos regionales interamericanos, reiterando que su gobierno considera legítimas las elecciones donde Lobo fue elegido. Por lo pronto, en Guatemala, una parte del camino legitimador de Lobo ya fue planchado.

En Guatemala, la señora Clinton anunció también el aumento de apoyos para la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, las pandillas y, en último lugar, la pobreza, a través de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, que funciona mano a mano con el Plan Mérida. Obviamente, Centroamérica es el eslabón latinoamericano más débil y susceptible al involucramiento y la presión de Estados Unidos, tal como quedó demostrado tras su “quirúrgico” apoyo a los golpistas que expulsaron a Zelaya en junio de 2009.

Pero del tema de los migrantes centroamericanos que esperan una reforma del Congreso estadunidense, y es el principal déficit de Washington con esos países, lamentablemente sólo volvieron a escucharse promesas. También este tema es parte de la decepción latinoamericana, pues, coincidentemente, los países con la izquierda más “dura” son los más “exportadores” de ciudadanos: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y México, aunque en este último país, esa izquierda no está en el poder.

Por último, aunque no al último, la gira de Clinton contiene otro elemento estratégico-global que ella no reconocería en público: contrarrestar los efectos políticos de la reciente gira, a inicios de febrero, de un peso pesado de la política internacional: el canciller ruso Sergei Lavrov, por el Caribe y Centroamérica. Se trata de hacer sentir a los amigos, y a los posibles rivales de Washington en la región, que la que parece ausencia o descuido de “su traspatio” puede no serlo tanto y que nadie puede ni debe confiarse en ganar espacios a su costa, más si se trata de potencias extrarregionales de las que, con toda claridad, la Casa Blanca desconfía. Aunque ésta puede parecer una reedición ridícula de la ya histórica Doctrina Monroe (América para los “estadunidenses”), hay que ver cuáles son los países de los que en verdad Estados Unidos desconfía a nivel global, más allá de que mantenga relaciones diplomáticas con los mismos.

Puede observarse que la geopolítica no es una doctrina olvidada por el Pentágono ni por sus estrategas de política exterior, más ahora que la unipolaridad y el unilateralismo están siendo puestos en cuestión en muchas partes del mundo, incluida la propia América Latina.

En síntesis, la gira de la señora Clinton por la región fue de amplia ambición, considerando las dificultades políticas y de imagen que su país enfrenta con los tres actores de más peso en América Latina: Brasil, Venezuela y Argentina. Sin embargo, los resultados no se concilian con la mencionada ambición, pues es un hecho que los obstáculos a las buenas relaciones no se corrigen con una visita, aunque es cierto que acercan a las partes y en algo mejoran la imagen. Sin embargo, las diferencias con Brasil son de todo tipo y el objetivo anti Irán no funcionó. Y con Argentina, apenas la relación sirvió para mejorar el pésimo evento de la visita de hace unos meses del subsecretario Arturo Valenzuela. Y Venezuela, quien siempre vio con sospecha la presencia de Clinton, confirmó que la secretaria no traía una agenda renovada y sí la vieja costumbre de querer imponer la visión de Washington a los gobiernos latinoamericanos.

En conclusión, parece que Washington necesita hacer algo más que relaciones públicas si quiere que en verdad su imagen sea creíble en esta región latinoamericana.

*Exdiplomático; catedrático de América Latina Hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México

CONTRALINEA 174 / 28 DE MARZO DE 2010

El saqueo a Pemex
Álvaro Cepeda Neri

En más de nueve años, la fallida alternancia convertida en fracaso de los panistas encabezados por Fox, Mart(h)a, Calderón, Mouriño, Nava y sus principales almas azules demostró que son unos pillos. Para el diccionario, son ladrones; administrativamente, prevaricadores. El Código Penal los tipifica como rateros, por practicar exitosamente el delito de robo. Para la Constitución, son una banda dedicada al enriquecimiento ilícito. Y, desde Calderón hasta el último de ellos, servidores públicos que, por sus actos y omisiones, han afectado “la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia” en el desempeño de sus empleos, cargos y funciones, que los hacen candidatos al juicio político, deslinde de responsabilidades penales y encarcelamiento.

Estamos ante la posibilidad real, por segunda vez, después de Santa Anna, de enjuiciar a un presidente de la república: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que responda de sus actos, omisiones y complicidades y, por primera ocasión, fijar el precedente de que quien traicionó el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y al no haber desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, sea demandado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores, para que éstos, constituidos en jurado, dicten la sentencia.

Sin que sea el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, escrito por la reportera Ana Lilia Pérez, una investigación de Ministerio Público, aunque sí resultado del acucioso, metódico y verídico periodismo de investigación que lleva practicando sistemáticamente, tiene las características documentales para que diputados federales y senadores, con su guía, se dieran a cumplir con su obligación constitucional de completar esa investigación para deslindar responsabilidades, al menos a tres o cuatro, quizá a cinco servidores públicos, como presuntos delincuentes (de esa otra delincuencia organizada en el y desde el poder público de la Presidencia de la República como administración pública federal centralizada y paraestatal, en el siguiente orden: Calderón, Nava, Mouriño (post mórtem) y Reyes Heroles González de la Garza (el de la cartita a Proceso, 28 de febrero de 2010, queriendo sacarle el bulto a las imputaciones periodísticas), y a la señora Georgina Kessel.

El trabajo de Ana Lilia Pérez es la punta del hilo de una corrupción desde el foxismo a las “manos limpias” de Calderón y los calderonistas, quienes, desde hace casi una década, han estado robándose, por todos los medios –tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y enriquecimiento ilícito– la riqueza petrolera, como nunca antes una pandilla presidencial. El índice onomástico del libro es, con sus excepciones, la regla general donde aparecen los pillos del Partido Acción Nacional que llegaron con tal voracidad depredadora que “¡hoy, hoy, hoy!” representan el excremento politiquero, cuya peste asfixia la vida pública.

Desde la primera hasta la cuarta parte, con sus capítulos (“Los hombres del presidente”, “La familia incómoda”, “Camisas azules, manos negras” y “Negocios privados de hombres públicos”), la reportera va fundamentando, con la veracidad de los hechos consumados y documentales, la rapiña del abogado Nava, el secretario Mouriño, de Mart(h)a e hijos (los bribones Bribiesca e hijastros de Fox), del diputete Nordhausen, el imperio saqueador de Saint Martín, las tropelías de Juan Bueno Torio, la pugna por la rapiña de Reyes Heroles y Mouriño, y el espionaje azul-calderonista de Rosendo Villarreal.

Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista y presentador del libro, afirmó: “Felipe Calderón tiene que responder a los delitos de sus colaboradores, de sus subordinados. Que no se vaya sin responder” (Reforma, 28 de febrero de 2010). Y es que la autora-reportera ha publicado un documento singular: es el expediente periodístico, político y socialmente más completo, donde danzan en la impunidad los “honrados y honestos” panistas que “orinan agua bendita” sobre la tumba de Gómez Morín.

La reportera, rastreando sin concesiones de ninguna especie la información sobre el binomio corrupción-impunidad, con nombres, hechos, actos y omisiones que imputan responsabilidades, ofrece a los lectores todas las pistas del saqueo a Petróleos Mexicanos (Pemex) en lo que va de la última década a partir del devastador foxismo y su continuidad voraz, ambos al amparo del abuso del poder presidencial. Y todo apunta para que Calderón y su pandilla sean llevados a juicio político y después a juicio penal. Pieza clave de ese pillaje fue Mouriño, y no debe descartarse su “accidente” como una eliminación para tratar de romper la cadena de atracos que dificulten las pesquisas judiciales, constitucionales y periodísticas. Esto, empero, no fue obstáculo para Ana Lilia Pérez.

El libro no tiene desperdicio. Página a página, su contenido es de una precisión en sus datos y juicios para analizarlos y tener la más completa revisión de los árboles y del bosque de Pemex por donde andan los ladrones calderonistas ensimismados en la rapiña.

Ficha bibliográfica:

Autora: Ana Lilia Pérez

Título: Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos

Editorial: Grijalbo, 2010

cepedaneri@prodigy.net.mx

CONTRALINEA 174 / 28 DE MARZO DE 2010

La reforma política del DF,
mariguanada autoritaria priísta

Arnaldo Córdova

Alos priístas de todos los tiempos en lo que llevamos de reforma política, desde 1977, el tema de la autonomía de nuestra ciudad capital y su conversión en un estado, como corresponde a su calidad de entidad fundadora de la Federación (artículo 43 de la Carta Magna) siempre se les ha atragantado y desde los orígenes se han convertido en los peores enemigos de la plena soberanía del DF. Un día, cuando éramos diputados en la 52 Legislatura, me dijo mi querido amigo priísta, José Luis Lamadrid, convertir a la capital en una entidad autónoma, sería tanto como clavarle al régimen una estaca en el corazón. Así murió Drácula, según se cuenta.

Cabe decir que ellos en un principio y durante bastante tiempo tomaron el asunto a chunga y no le dieron la menor importancia. Fue hasta que se dieron los reñidos comicios de 1988 y se prospectó una gran rebeldía cívica de la capital (Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez derrotaron al PRI) que empezaron a preocuparse de verdad. Entonces empezó a madurar el sueño priísta de hacer del DF un municipio grandote, que fuera más o menos idéntico a una capital de Estado, pero como capital de la República. Ese sueño no lo dejaron jamás y lo viene a demostrar la iniciativa de reforma constitucional del DF que presentó la senadora María de los Angeles Moreno.

Desde que era dirigente del PRI en el DF la senadora anduvo pregonando la idea y, por supuesto, nadie le hizo caso. Ahora que ha salido con su iniciativa, la verdad es difícil saber qué es lo que propone desde el punto de vista jurídico constitucional, aunque está claro que busca disminuir la soberanía de la capital. Curiosamente, propone la reforma de nueve artículos de la Carta Magna, pero no toca el 43, que enumera las treinta y dos entidades fundadoras de la Federación y entre las que se nombra al Distrito Federal. Retoma la primera frase del 44 que dice La Ciudad de México es el Distrito Federal para definir, a partir de ahí lo que será el DF: la Ciudad de México, vale decir, algo que no llega a entidad igual a las demás que integran el Pacto Federal.

En ese tenor, el jefe de Gobierno del DF será un alcalde, o sea, un presidente municipal. Todos los artículos que se propone reformar tienen que ver con ese par de cuestiones: la capital es una ciudad y su gobernante es un presidente municipal. Pero, con una falta absoluta de lógica y de entendimiento, quienes le elaboraron la iniciativa y que deben ser unos borricos que no saben derecho constitucional y ni siquiera derecho municipal, nos proponen todo un adefesio institucional que no entra en ninguna rama del derecho público: el alcalde, se supone, en cualquier lado, es la cabeza del ayuntamiento, es decir, el parlamento municipal, y es el caso que a éste lo desaparecen.

En su lugar habría una gran alcaldía, que no sería un súper alcalde, como cabe suponer, sino un grupo de funcionarios que acompañarían al alcalde en sus funciones. Tanto el alcalde como la gran alcaldía tendrían sólo funciones administrativas y no legislativas (de bandos de buen gobierno) como los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque haciendo lujo de tontería y conservadurismo, los asesores conservan en la iniciativa la Asamblea Legislativa del DF. La idea original de un municipio grandote comienza aquí a esfumarse, pues sólo se hacen cambios de nomenclatura para dejar las cosas como están, pero disminuidas. No se qué se puede ganar llamándole al jefe de Gobierno alcalde y agregándole un cuerpo de funcionarios (los integrantes de la gran alcaldía) que no se sabe para qué puedan servir.

Como era de esperarse, de todos los artículos que se propone reformar (44, 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122), en el que se centran los cambios es en el 122, que instituye el orden constitucional del DF. Todas las propuestas forman un rosario interminable de estupideces que no se apiadan de la lógica ni del derecho público. Por todos lados se quiere imponer restricciones a los actos de los órganos de gobierno de ese municipio grandote. Hasta se fijan condiciones para el desarrollo de procesos de controversia constitucional, haciendo a menos de la ley reglamentaria del 105. Se propone de nuevo que la seguridad pública de la ciudad estará a cargo de la gran alcaldía, pero bajo un más estricto control del gobierno federal.

El objetivo general de la iniciativa priísta aparece muy claro desde un principio: bajo la estulta consideración de que el desarrollo político del DF ha acabado por expulsar a los poderes de la Federación de su territorio, para someterlo a las nuevas autoridades locales, lo que es una absoluta falsedad; se propone retomar el antiguo control de la capital y hacer de la Federación su verdadera dueña y soberana. La Federación acabó siendo expropiada por las fuerzas políticas emergentes y ahora vuelve por sus fueros y reconquista nuevamente su capital. Los cabezas de chorlito que elaboraron la iniciativa priísta se permiten llegar al exceso de señalar en el texto que proponen del 122 hasta los lugares e inmuebles que deben ser considerados propiedad de la Federación.

No es broma. La fracción III, del apartado C (que algunos llaman base) establece cuáles son los bienes del dominio público de la Federación en la Ciudad federal. Entre ellos, para nuestro regocijo, se encuentra el Zócalo, el monumento a la Independencia nacional (el Ángel), el Altar de la Patria, el Hemiciclo a Juárez, el monumento a Cristóbal Colón y, por supuesto, el monumento y la explanada de la Revolución. ¿Para qué todas esas tonterías? Probablemente es un aviso a la oposición para que no se permita el uso de esos bienes o, si lo hace, sepa que está en casa ajena.

Los descerebrados que le elaboraron su iniciativa a la senadora (¿andará ella en la misma condición?) no conocen la Constitución ni, en especial, su artículo 27, el cual define a la Nación como la propietaria original (primera en el tiempo) de los bienes públicos. Según esa institución la Federación o el Estado federal no son propietarios de nada que no sea propiedad de la Nación. Ellos sólo son sus representantes, al igual que lo son las autoridades locales del DF. Si querían llenar la Carta Magna de esas burradas, por lo menos debieron haber tenido suficiente valor para cambiar la Constitución en sus raíces nacionalistas. Eso tal vez podría esperarse de los panistas y sus patrones empresariales. Pero, ¿también habrá que esperarlo de los priístas?

Pues, a cuanto parece, la senadora está en el mismo carril y, a lo mejor, eso es lo que en el fondo anda buscando. Ahora podremos ver si los capitalinos saben lo que se prepara para ellos y si estarán conformes con tales maquinaciones.

Electricidad: servicio público o negocio de particulares

Editorial La Jornada....
Como una forma de hacerse de recursos financieros y de lograr supuestas mejoras operativas en el suministro energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido promoviendo el lanzamiento de un sistema de prepago, que operaría de manera similar a la compra de tiempo-aire para teléfonos celulares, y para lo cual la paraestatal planea concluir, en este año, con la sustitución de un millón y medio de nuevos medidores. A lo anterior se suma la distribución, desde principios de este año, de un monedero electrónico entre los usuarios de este servicio, con el cual se podrán efectuar compras en las empresas afiliadas y acumular puntos; la mitad de éstos se destinarán de forma automática al pago del servicio, y el resto podrá ser utilizado para realizar compras en establecimientos comerciales afiliados al programa.

El mecanismo anunciado reviste aspectos por demás cuestionables. Por principio de cuentas, no pueden soslayarse los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el sentido de que la instalación de los nuevos medidores constituye una violación a los derechos de los usuarios, por cuanto implica una modificación arbitraria e inconsulta en el sistema de cobro. Es claro, por lo demás, que el cambio de estos aparatos implicará una importante erogación de recursos públicos por parte de la compañía paraestatal, y es de suponer que estos gastos habrán de ser trasladados a los usuarios, de por sí afectados en su economía por el deficiente servicio de la CFE y por el retiro de subsidios federales a las tarifas eléctricas.

Por añadidura, la sustitución de los medidores de la CFE ha provocado cuestionamientos sobre si dicha disposición se debe en efecto a un proceso de modernización y de mejora en las operaciones de la paraestatal, o bien a un designio de procurar oportunidades de negocio para empresas privadas. Son significativas, al respecto, las denuncias realizadas por el propio SME en el sentido de que el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro había concretado, antes de su extinción por decreto presidencial, la compra de un millón y medio de medidores a la compañía IUSA –asociada de la estadunidense General Electric y encargada de la sustitución de estos instrumentos de medición–, los cuales se quedaron en bodegas de la empresa que, por cierto, requería al año solamente unos 500 mil aparatos de ese tipo para hacer remplazos.

Por lo demás, la venta de publicidad en los recibos de luz, y la aplicación del programa monedero electrónico para la compra en distintos comercios, son medidas que se explican por una concepción pragmática y mercantilista de las autoridades sobre ese servicio público estratégico.

En suma, resulta exasperante que las autoridades federales se empeñen en sostener que las decisiones adoptadas en los meses recientes en el ámbito del suministro eléctrico, entre las que se cuentan la desaparición de LFC y la decisión de licitar dos hilos de la vasta red de fibra óptica de la CFE, obedecen exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan, en cambio, hablar sobre las implicaciones que esas medidas tendrán sobre un bien público que representa, según puede verse, un atractivo botín para particulares nacionales y extranjeros.

La columna de Sara Sefchovich


Sara Sefchovich

Debates parecidos

Viendo lo que se debate en otros países, nos percatamos de que se plantean problemas que se parecen a los nuestros.

Un número reciente de la revista Newsweek trae un artículo para analizar la educación en Estados Unidos, cuyo nivel es muy inferior respecto a los de los países europeos. Según los autores, durante mucho tiempo se pensó que la solución radicaba en encontrar las pedagogías y métodos de enseñanza adecuados, y por ello se aplicaron varios nuevos cada tantos años, pero no se lograron resultados significativos.Recientemente los investigadores han descubierto que “lo que realmente hace la diferencia, lo que importa más que el tamaño del grupo, el libro de texto, el método o la tecnología e incluso que los programas de estudio, es el maestro”. Esto parece muy obvio, pero no por serlo significa que las escuelas pueden contratar y conservar a los buenos maestros y no contratar o despedir a los que no sirven. Y la razón de esto es que los sindicatos protegen ciegamente a sus miembros y hasta ahora nadie ha podido hacer nada al respecto.

Hay también en la misma publicación una entrevista con una asesora del presidente Obama que señala el hecho de que la democracia hoy se ha convertido en un puro decir no, un impedir que pasen las reformas y los cambios. Esto se debe, según ella, a que “La mejor manera que han encontrado los partidos de recuperar popularidad es diciendo que no a todo”.
En la revista Time, hay un ejemplo inmejorable de esta situación: Sarah Palin, que fue compañera de fórmula del senador Mc Cain cuando compitió por la presidencia de Estados Unidos, es una de las opositoras más feroces a la propuesta de reforma del sistema de salud de Obama y sin embargo, ella misma reconoce que cuando era niña, su familia cruzaba la frontera a Canadá para recibir servicios de salud, porque ese país tenía un sistema mucho mejor al estadounidense, el cual por cierto es muy similar al que está proponiendo ahora el presidente norteamericano.

Está también la realidad que expresa bien un autor en la misma publicación: “En la última década, casi todas las instituciones que fueron pilares de la sociedad norteamericana (General Motors, el Congreso, Wall Street, la Iglesia Católica y varios medios) han mostrado ser corruptas e incompetentes, y ello ha provocado escepticismo, desilusión y desconfianza hacia las elites que las dirigen, las cuales han concentrado demasiado poder y no rinden cuentas”. Esa desconfianza, afirma otro estudioso, se extiende al gobierno y por las mismas razones.
No podía faltar el discurso que crítica a los críticos, llamándolos “profetas de la desgracia”. No los encarcelan como hace Chávez en Venezuela, pero sí les echan la culpa de envenenar a la población y echar a perder las cosas. En España, cuando se acusó al gobierno de Zapatero de manejar mal la crisis económica, al punto de poner al país en riesgo de quiebra, el ministro de obras públicas afirmó, según The Economist, que se trataba de un complot encabezado por la prensa anglosajona: “Nada de lo que sucede, incluyendo los editoriales apocalípticos, es accidental sino que tiene que ver con el interés de algunos individuos”.

Por eso el debate sobre el papel que desempeñan los medios. Hay quien los acusa de querer llevar agua a su molino ideológico y de intereses concretos (y esto vale por igual para los conservadores que para los liberales), pero Jon Meacham asegura en Newsweek que los ciudadanos no se dejan llevar por lo que les dicen en la televisión, el radio o el periódico sino que son perfectamente capaces de sacar sus propias conclusiones. Está visto que el funcionario español piensa diferente.

Total, que son los mismos problemas y debates que tenemos hoy en México: maestros incompetentes y sindicatos que los defienden, medios de comunicación con intereses propios, mal manejo de la crisis por parte del gobierno, legisladores que dicen no a todo, instituciones corruptas y abusivas, incluyendo a la Iglesia y pretender resolver las cosas echándole la culpa de los problemas a quienes los denuncian o critican a las elites del poder.

sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM

La columna de Monsiváis...


Carlos Monsiváis

La sabiduría del autoengaño

Nada más lógico y, a su modo, más aleccionador, que la estrategia de persuasiones de los más calificados y autocalificados funcionarios del gobierno federal. Si hemos de traducir este sistema, describámoslo así y dejémoslo así: “A la sociedad o al pueblo ya no se le convence, ha perdido el don divino de la credulidad, y, o no están informados de nada, o se nutren de internet, radio, incluso noticieros de televisión, celulares, o twitters. Y los que no, ni se enteran ni les importa, y con dificultad saben el nombre de alguno de nosotros, lo que llamamos aquí analfabetismo onomástico. Entonces, ¿a quién persuadir?, pues a los más enterados, a los más competentes, a los que rigen los destinos de la nación, nos referimos naturalmente a nosotros mismos. De esta manera nuestra estrategia mediática y nuestras redes sociales se dirigen a ese objetivo maravilloso: convencernos a nosotros mismos. Si logramos eso, lo demás ya no importa. Hablamos para oírnos y, sin broma alguna, la técnica es de una gran profundidad: el que persuade a las élites, persuade a lo más elevado del país. Por eso al autoengaño, como le dicen los resentidos, es la manera más solidaria y eficaz de ir avanzando en el gobierno”.

Desde fuera, el asunto se podría ver distinto: un laberinto de afirmaciones que indignan de forma sistemática pero efímera, ya que las siguientes expresiones de los poderosos irritan aún más. Influido por esta táctica, me explico para entenderme. No ves que los altos funcionarios (la altura se mide por el salario real, las prestaciones, la importancia que se les concede y el número de fuerzas de seguridad que los acompañan) crean en lo que dicen. Esto sería abusar de su candor. Más bien, el procedimiento va así: el funcionario declara a sabiendas de que nadie le va a creer y en la ruta hacia la decepción con este pueblo ingrato, oye y lee sus propias palabras y queda encantado. ¿Por qué no se le habrían ocurrido a él primero? Luego, al ver las cuantiosamente reproducidas en los noticieros y en los periódicos se anima por completo. Vaya que tengo razón, me lo confirma ese alto funcionario que, por coincidencia, lleva mi nombre. A los críticos no los lee porque eso sería un desgaste visual innecesario.
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No estoy ironizando ni haría falta tratándose de la cadena de acontecimientos interminables y veloces que, cuando no queda otra, nos usa de testigos. Cómo explicarse de otra manera que el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont hable del fuego cruzado en el combate en el Tec de Monterrey y afirma como si a alguien le constara que los estudiantes asesinados habían estado del lado bueno y por ello los habían ultimado los sicarios. No le importa lo realmente ocurrido, el despojo de las identificaciones, el secuestro de los videotapes del Tecnológico, la granada que destrozó a uno de los jóvenes, la imposibilidad de que hubiesen sido los narcos. Todo eso pertenece al reino de lo inconvincente, y esto no lo dice en serio como funcionario del ramo, lo dice y muy en serio como primer oyente y lector de las palabras del secretario de Gobernación. Y luego va rectificando, no porque rechace lo sucedido, sino porque en el laboratorio del autoengaño, que es la primera función gubernamental, se inventó una sección llamada “Desmentidos por si acaso” y allí, en vez de las pruebas de balística que debieron ser lo primero, se acude ahora al cotejo de versiones, aunque la primera es la mejor y es la única. Si por casualidad resulta que los soldados asesinaron a los estudiantes, el secretario dirá: “Siempre dijimos que había culpables”.
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Tómese el ejemplo del secretario de Economía Ernesto Cordero, podría decirse con amargura que es un accidente su profesión de economista, su verdadero oficio es el de ilusionista a la antigua, de esos de las ferias donde hacía su debut la inocencia infantil. Nada por aquí, nada por allá, no es una crisis lo que están ustedes viendo, señores, señoritas, jóvenes, personas adultas que me hacen favor de seguir mis movimientos y la conducción de la economía, fíjense bien, no le crean a sus sentidos, hijos del mal y la frustración, crean en lo que les digo, no vean lo que ganan, ni los índices del desempleo, ni la quiebra de pequeñas y medianas empresas, ni lo que dice el INEGI sobre febrero del 2010, el peor tiempo de la recesión, ni ninguna de esas vaciladas, no señores, señoritas y demás edades, júntense para no perderse mis palabras, aunque luego las repita igualitas, fíjense lo que les digo, no le den vueltas, la economía se ha recuperado casi todita, es un milagro de los que hacían antes para prestigiar la nueva religión, la economía levita, el gobierno multiplicó los caudales y los platos de lentejas, fíjense bien, ayer había una catástrofe, hoy el peso camina sobre las aguas.
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El secretario del Trabajo Javier Lozano ofrece con alegría desdichadamente no contagiosa, su proyecto de reforma laboral: “No le den vueltas, sujetos a los que nunca llamaré amigos porque mi puesto no es una tienda de condescendencias. Lo que el gobierno les ofrece es respetar con puntualidad ciega la Constitución pero estableciendo leyes aparte para no tocarla y sí modernizarla. ¿Qué prefiere el desempleado: que no lo pongan a prueba un tiempo indeterminado para que si no funciona de acuerdo a los criterios de la empresa lo corran con el salario anterior al mínimo? ¿O tener que trabajar en las calles incorporado a la economía informal que es la que le da la oportunidad al gobierno para decir que ha creado tantos empleos que ahora se piensa en exhibir desempleados como especie en extinción? A ver, legisladores, sindicatos y frentes auténticos, no se opongan a las bondades de la explotación, opónganse a las iniquidades del comunismo subversivo. Con la reforma laboral que proponemos, y que es la justa porque es la que a nosotros nos convence, se acabarán muchos problemas, para empezar la existencia de problemas, ese invento de los desocupados. Por ejemplo, se acabarán los chistecitos sobre la huelga de Cananea que sólo rima con Jorge Larrea, ya los delincuentes que ocupan las instalaciones lo saben: o se salen de allí o se meten, y no por su propio pie a unos galerones donde no podrán escavar porque no se permiten las fugas. A los del SME que no se les vaya a ocurrir poner diablitos en sus casas porque una infracción del suministro eléctrico será condenada a 30 años sin luz, ya saben: “Si tú no eres represivo, lo que pasa es que a ti no te engañan con pancartas de protesta, tú lees lo que te traen tus asesores, lo estudias cinco minutos y lo firmas convencido de que has hecho lo justo porque de otra manera no serías tú”.

Gracias a la estrategia del autoengaño el gobierno duerme en paz y las instituciones ya no tienen por qué lavar ajeno.

Escritor