Quince años después, la elite directiva del PRI considera electoralmente redituable desempolvar la figura de Luis Donaldo Colosio, no para ahondar en exigencias de justicia o para pelear contra la amalgama de intereses y factores que en aquel momento crucial del salinismo prohijaron el crimen histórico, sino solamente para hacerse de un fetiche propagandístico (a la manera que el PAN ha pretendido con Juan Camilo Mouriño) y allanar el camino de retorno al poder pleno a muchos de los mismos involucrados en aquellos episodios oscuros. Con un México agravado en los males que el sonorense decía ver en un discurso de presunta ruptura y con la mira puesta en presuntos triunfos electorales en camino, tanto en las contiendas intermedias de julio próximo como en 2012, el departamento de mercadotecnia de un partido de tres colores se apresta a realizar hoy ceremonias varias, con bustos develados, auditorios reinaugurados y discursos de unidad electoral por encima de todo. Nomás faltarían unas palabras emotivas a cargo del licenciado Salinas.
El ventrílocuo de Los Pinos insiste en hacer que el muñeco denominado Germencito les eche bronca a los priístas electoralmente insurrectos por el narcotráfico que según eso sería producto nomás del pasado tricolor y no de ocho años de panismo gobernante. Ya patinó feamente la marioneta hecha de pasta blanca y azul al acusar calumniosamente a un candidato priísta a diputado federal por Ciudad Juárez, Héctor Murguía, de ser investigado por la DEA de andar en malos pasos (mentira ante la cual el permanentemente fallido buscador de parecer simpático no se ha disculpado ni nada parecido: calumnia, que ya ni modo). Pero al niño peleonero Martínez le ha ordenado su tutor español de publicidad, Solá, que insista en el punto mediante videomensajes por Internet, para convertir la tragedia del narcotráfico en puntaje electoral en favor de los candidatos panistas.
Frente al negocio conjunto de priístas y panistas no se levantan más que masivas esperanzas de cambio que aún no logran vertebrarse. Calderón, el Ausente, sigue dejando que el país se hunda o que otros lo tomen, pero a pesar de las evidencias de que está abriendo las puertas a la intervención gringa, y que permite barbaridades como las de Banamex o la refinería a debate, una buena porción de mexicanos sigue dejándose llevar por las manipulaciones mediáticas, sobre todo las electrónicas, sin alcanzar a precisar quiénes son los responsables de la crisis actual y cuáles son las perspectivas reales de lucha y transformación que se deben apoyar.
Una de las tareas más aplicadas que han cumplido esos medios de comunicación manipuladores es satanizar la disidencia y la lucha política. No es correcto, elegante ni bien visto creer en supersticiones populacheras como el fraude electoral de 2006 ni hacerle segunda a quienes, desde el despecho, la irresponsabilidad y la falta de ¡Amor por México! critican al heroico ocupante actual de Los Pinos y mucho menos creer en esos discursos atrasados, premodernos e incivilizados que proponen cambios mediante batallas cívicas. El objetivo constante de esas campañas de desprestigio máximo ha sido Andrés Manuel López Obrador, tratando de exterminarlo políticamente mediante la ridiculización, la difamación y una forma de segregación que descansa en variantes, apenas disfrazadas, de clasismo y discriminación social.
A pesar de todo, y contra las toneladas de material tóxico vertido en su contra mediante vuelos mediáticos tripulados, López Obrador ha seguido políticamente de pie, al frente de un movimiento vigoroso y persistente, con presencia en todo el país y, lo peor para sus enconados adversarios, con posibilidades de crecimiento electoral rumbo a 2012 que serán proporcionales a la comprobación pública que se vaya teniendo de que Calderón resultó ser un fraude no sólo en 2006, sino en el ejercicio de un gobierno que no ha sabido cumplir. Incluso, López Obrador se ha instalado ya como precandidato presidencial para 2012, cuando en 2006 sus enemigos le auguraban un destino siquiátrico con una banda tricolor deshilachada sobre el pecho y cuando todavía hoy subsiste una franja social de rechazo a su persona –especialmente construida por esos medios persistentemente difamadores– que en otras circunstancias haría improbable una candidatura con tantas cargas negativas en su contra.
Allí está de nuevo AMLO y sin que contra él haya mucho de dónde escoger en la franja partidista izquierda. La única alternativa, conforme a la fotografía política de hoy, sería el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Pero ha sido tan limitado el crecimiento político de éste, desde que negociadamente dejó la condición subordinada que mantenía respecto al tabasqueño para explorar sus propias posibilidades presidenciales, que López Obrador puede ser declarado algo así como el precandidato de la izquierda en proceso de recomposición mejor posicionado hasta el momento.
La definición de esas posibilidades presidenciales agrega riesgo sobre el movimiento social y sobre el propio López Obrador. No se trata solamente de ver quién estará mejor posicionado a la hora de postular candidato, sino de prever las reacciones coléricas que esa sobrevivencia política causará en los factores de poder que cerraron el paso a Los Pinos mediante fraude electrónico y manipulación mediática pero que hoy, al ver que su víctima revive y se enfila nuevamente a la contienda, pueden buscar dosis mayores o métodos más lesivos. Por ello resulta igualmente peligroso que en el PRI se pretenda convertir el asesinato de Colosio en una fecha de calendario cívico sin contexto ni explicación y que los dos socios de largo expediente, PAN y PRI, sigan jugando públicamente a echarse la bolita sobre el tema del narcotráfico que no solamente ha tenido implicaciones económicas y sociales en México sino, también, de trabajo sucio en materia electoral y política.
Y, mientras el PRI de Nuevo León se queda sin alianzas, ¡hasta mañana, con la jerarquía católica defendiendo su derecho a hacer grilla!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
En un comunicado difundido por el Centro Fox allá por octubre de 2007, el boquiflojo que había dejado de ser presidente un año antes denunció que el senador Beltrones tiene un récord en la DEA relacionado con el narcotráfico. Cuidó no mencionar otro expediente integrado por la DEA sobre un personaje recientemente incluido en la lista de Forbes que –supuestamente– escapó de prisión en el carrito de la ropa sucia en el primer mes del sexenio foxista. Culpaba al priísta sonorense de estar detrás de la campaña de acusaciones dolosas y mentirosas contra los hijos de Marta Sahagún. Beltrones descalificó la declaración. En realidad no se trataba de una campaña, sino de la investigación formal de una comisión legislativa cuyos resultados fueron archivados por el procurador Medina Mora. Era un desencuentro sorpresivo, ya que Calderón y Fox están en deuda con Beltrones: había hecho los arreglos para que Felipe rindiera su protesta en una Cámara de Diputados cuya tribuna había sido tomada por el pejismo. En julio del siguiente año –2008–, el senador Beltrones apareció de nuevo en el centro de un asunto escandaloso: denunció que había llegado a sus manos un documento difamatorio que lo involucraba a él, junto a otros legisladores, diversos funcionarios, miembros del Ejército, familiares, amigos y personas del sector privado. Culpó al Cisen, pero su director, Guillermo Valdés, inmediatamente se lavó las manos. No llegó a los medios el contenido del expediente. Nunca hay consecuencias, los incidentes quedan como episodios de la relación amor-odio del pripanismo.El ventrílocuo de Los Pinos insiste en hacer que el muñeco denominado Germencito les eche bronca a los priístas electoralmente insurrectos por el narcotráfico que según eso sería producto nomás del pasado tricolor y no de ocho años de panismo gobernante. Ya patinó feamente la marioneta hecha de pasta blanca y azul al acusar calumniosamente a un candidato priísta a diputado federal por Ciudad Juárez, Héctor Murguía, de ser investigado por la DEA de andar en malos pasos (mentira ante la cual el permanentemente fallido buscador de parecer simpático no se ha disculpado ni nada parecido: calumnia, que ya ni modo). Pero al niño peleonero Martínez le ha ordenado su tutor español de publicidad, Solá, que insista en el punto mediante videomensajes por Internet, para convertir la tragedia del narcotráfico en puntaje electoral en favor de los candidatos panistas.
Frente al negocio conjunto de priístas y panistas no se levantan más que masivas esperanzas de cambio que aún no logran vertebrarse. Calderón, el Ausente, sigue dejando que el país se hunda o que otros lo tomen, pero a pesar de las evidencias de que está abriendo las puertas a la intervención gringa, y que permite barbaridades como las de Banamex o la refinería a debate, una buena porción de mexicanos sigue dejándose llevar por las manipulaciones mediáticas, sobre todo las electrónicas, sin alcanzar a precisar quiénes son los responsables de la crisis actual y cuáles son las perspectivas reales de lucha y transformación que se deben apoyar.
Una de las tareas más aplicadas que han cumplido esos medios de comunicación manipuladores es satanizar la disidencia y la lucha política. No es correcto, elegante ni bien visto creer en supersticiones populacheras como el fraude electoral de 2006 ni hacerle segunda a quienes, desde el despecho, la irresponsabilidad y la falta de ¡Amor por México! critican al heroico ocupante actual de Los Pinos y mucho menos creer en esos discursos atrasados, premodernos e incivilizados que proponen cambios mediante batallas cívicas. El objetivo constante de esas campañas de desprestigio máximo ha sido Andrés Manuel López Obrador, tratando de exterminarlo políticamente mediante la ridiculización, la difamación y una forma de segregación que descansa en variantes, apenas disfrazadas, de clasismo y discriminación social.
A pesar de todo, y contra las toneladas de material tóxico vertido en su contra mediante vuelos mediáticos tripulados, López Obrador ha seguido políticamente de pie, al frente de un movimiento vigoroso y persistente, con presencia en todo el país y, lo peor para sus enconados adversarios, con posibilidades de crecimiento electoral rumbo a 2012 que serán proporcionales a la comprobación pública que se vaya teniendo de que Calderón resultó ser un fraude no sólo en 2006, sino en el ejercicio de un gobierno que no ha sabido cumplir. Incluso, López Obrador se ha instalado ya como precandidato presidencial para 2012, cuando en 2006 sus enemigos le auguraban un destino siquiátrico con una banda tricolor deshilachada sobre el pecho y cuando todavía hoy subsiste una franja social de rechazo a su persona –especialmente construida por esos medios persistentemente difamadores– que en otras circunstancias haría improbable una candidatura con tantas cargas negativas en su contra.
Allí está de nuevo AMLO y sin que contra él haya mucho de dónde escoger en la franja partidista izquierda. La única alternativa, conforme a la fotografía política de hoy, sería el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. Pero ha sido tan limitado el crecimiento político de éste, desde que negociadamente dejó la condición subordinada que mantenía respecto al tabasqueño para explorar sus propias posibilidades presidenciales, que López Obrador puede ser declarado algo así como el precandidato de la izquierda en proceso de recomposición mejor posicionado hasta el momento.
La definición de esas posibilidades presidenciales agrega riesgo sobre el movimiento social y sobre el propio López Obrador. No se trata solamente de ver quién estará mejor posicionado a la hora de postular candidato, sino de prever las reacciones coléricas que esa sobrevivencia política causará en los factores de poder que cerraron el paso a Los Pinos mediante fraude electrónico y manipulación mediática pero que hoy, al ver que su víctima revive y se enfila nuevamente a la contienda, pueden buscar dosis mayores o métodos más lesivos. Por ello resulta igualmente peligroso que en el PRI se pretenda convertir el asesinato de Colosio en una fecha de calendario cívico sin contexto ni explicación y que los dos socios de largo expediente, PAN y PRI, sigan jugando públicamente a echarse la bolita sobre el tema del narcotráfico que no solamente ha tenido implicaciones económicas y sociales en México sino, también, de trabajo sucio en materia electoral y política.
Y, mientras el PRI de Nuevo León se queda sin alianzas, ¡hasta mañana, con la jerarquía católica defendiendo su derecho a hacer grilla!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Los pantalones
Ahora Beltrones vuelve a estar en el ojo del torbellino en un tema que parecía distante de su interés: Citigroup. Desde que se planteó la situación insólita de que el propietario de Banamex había sido nacionalizado por Washington, Beltrones fue claro: debería cumplirse la ley que prohíbe que un gobierno extranjero participe en la propiedad de una institución bancaria mexicana. Invitó a Calderón a fajarse los pantalones, pero quizá hubo problemas de audición y se escuchó bajarse los pantalones, porque la Secretaría de Hacienda resolvió que Banamex puede seguir igual, y si en tres años como mínimo, o seis como máximo, el gobierno de Estados Unidos no decide qué hacer con su banco mexicano, entonces éste sería obligado a vender sus acciones a otros inversionistas. Hay un obstáculo y no es menor: los pantalones tendrán que pasar por el Congreso, porque la legislación requerirá ser parchada. Hacienda dejó satisfechos a varios importantes personajes: en primer lugar a los de Citigroup-Banamex, Roberto Hernández y Manuel Medina Mora, mas no al senador Beltrones y algunos financieros con quienes se asocia su nombre.
Obama: cacería de brujas
¿Y qué papel juega el presidente Obama? No ha hecho una declaración sobre el tema aún. Está librando una batalla contra grandes financieros de su país que se dicen víctimas de una cacería de brujas instrumentada por la oficina del Tesoro y la fiscalía de Nueva York, como resultado de la presión que ha recibido la aseguradora AIG para que un grupo de ejecutivos devuelva los bonos millonarios que cobró con dinero del rescate gubernamental. Obama tiene el apoyo de la opinión pública estadunidense, irritada por los abusos. Lo que convendría a su gobierno es que Banamex se vendiera y el capital se aplicara a tapar el enorme agujero que dejó el rescate. Calderón, en cambio, tiene a las brujas a su favor, satisfechas con la protección que han recibido en el caso Banamex, y que se extiende a otros bancos y a la sucursal de AIG. Aunque también hay señales de inconformidad, algunos banqueros no están de acuerdo con que favorezca tan marcadamente a un competidor.
No pasará
Pero volviendo al tema original, el fin de semana el senador Beltrones volvió a la carga: una declaración enviada por su oficina indica que el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República evalúa la definición de la instancia jurídica idónea para impugnar la omisión, y no se prestará para subsanar los ilícitos que comete el gobierno federal. Vamos a revertir esta nueva indecisión que viola la ley, y que se suma al letargo mostrado en el caso de Florence Cassez y con la refinería fantasmal. Se refiere a la omisión calderonista de cumplir la legislación bancaria e intentar parcharla a fin de que Banamex pueda operar seis años más, aun siendo propiedad de un gobierno extranjero. La iniciativa que Calderón enviará al Congreso –vale la pena insistir– no pasará si no cuenta con el voto del PRI.
El dólar
El fin de semana osciló en torno a 14.50 pesos. Carstens había dicho la semana anterior que la paridad podría quedar alrededor de 14 pesos, pareciera que ése es el precio objetivo por el que se decidió la Secretaría de Hacienda. Grupo Invex ha estado muy atinado y dice que el dólar podría disminuir un poco más, pero no hay que esperar una tendencia a la baja porque los datos económicos en México son muy negativos.
e@Vox Populi
Asunto: defensor del cliente
En Internet me encontré con un lugar llamado defensadeldeudor.org, donde supuestamente apoyan a los deudores como yo, para lo cual se debe pagar una cuota de inscripción y otra mensualmente.¿Tú crees que ese sitio sea confiable y, sobre todo, que lo que ellos supuestamente están realizando sea verdad?
Elizabeth Luna Ovando/Distrito Federal
R: No conozco a esa empresa. Pero es importante saber que cada banco tiene su propio defensor del cliente, puedes contactarlo sin intermediarios y sin pagar un solo centavo.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv
Carlos Fernández-Vega: México SA
Este fin de semana la legalidad y el estado de derecho recibieron una excelente noticia por parte de Felipe Calderón y su secretario Agustín Carstens, aunque mejor resultó para los dueños de Banamex. Si las cosas van muy bien, informaron, en tres años el gobierno calderonista cumpliría la Ley de Instituciones de Crédito; si no caminan al ritmo previsto, entonces tardaría seis, lo que implicaría el paso de estafeta al sucesor del actual inquilino de Los Pinos, quien debería tomar la decisión que le correspondía al mochoacano. Así, el cumplimiento de la ley citada se registraría entre 2012 (finales de la continuidad) y 2015 (la mitad del siguiente sexenio), según la versión del elástico doctor catarrito.
Lo anterior, desde luego, en un escenario idílico, porque, como acostumbra, el gobierno calderonista simplemente esperaría que se apagaran las protestas, que se congelaran los reclamos, que estallara un nuevo escándalo aquí o allá para tapar el anterior, para fingir demencia en el caso Banamex y dejar las cosas tal cual están, es decir, en un estado en el que abierta y descaradamente gobierno y banco violan la legislación vigente.
Por obra y gracia de los gobiernos zedillista y foxista, México es de los contados países en el mundo que han cedido plenamente a manos extranjeras el control de su sistema de pagos, las mismas que ahora limitan el crédito bancario, según denuncia del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. Salvo un puñado de naciones europeas del ex bloque soviético y otras pocas del continente africano, el resto, sin desestimar la presencia de capital foráneo, maneja para sí dicho sistema, comenzando por Estados Unidos, al que el gobierno calderonista gentilmente facilita al extremo las cosas para que en su patio trasero haga lo que le venga en gana. Cuando Zedillo concluyó su sexenio, el 25 por ciento de la banca que opera en México era propiedad del capital extranjero; cuando, felizmente, terminó el de Fox esa proporción se había incrementado a 90 por ciento. Y Calderón va por más.
En plena convención bancaria, el secretario de Hacienda definió el plan de acción: si en tres años el gobierno de Estados Unidos no se ha deshecho de su posición accionaria dentro de Citigroup, el gobierno de México podría solicitar el inicio de la mexicanización de Banamex; (pero no hay bronca) transcurridos seis años, si no se ha dado la total independencia de la entidad financiera entonces se buscará tomar su control mayoritario; estamos viviendo una situación de excepción, es una situación transitoria, una situación temporal y el apoyo de Estados Unidos a Citigroup está beneficiando a Banamex; en la medida en que la intervención del gobierno de Estados Unidos en Citigroup sea transitoria y tenga como único objeto reforzar a esa matriz, no habría ninguna consecuencia. Ninguna, asegura Carstens, salvo la violación de la ley mexicana por parte de funcionarios mexicanos.
Y en el concurso de defender lo indefendible, brinca a la palestra el (a escoger) inocuo-inicuo abogado corporativo que devino secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien desde Washington (no pudo elegir mejor locación para lanzar el mensaje) agriamente reclama a los críticos del inquilino de Los Pinos: si algo distingue a la Presidencia de Felipe Calderón es la valentía y el coraje al tomar decisiones. Pues bien, ¿sería tan amable el licenciado de precisar qué valentía y cuáles decisiones?, porque abyección más que valentía se necesita para violar la ley.
Las rebanadas del pastel
Desde Salvador de Bahía, Brasil, llega a México SA el siguiente comentario: “los mexicanos debemos entender que la corrupción comienza en el uso del lenguaje. Que somos parte de las bandas que nos han robado la tranquilidad (léase crimen organizado y desorganizado, en donde caben políticos, funcionarios, empleados, líderes sindicales, seudo inversionistas, etcétera), por no usar un adjetivo adecuado en el momento que se precisa. Nos hemos convertido en cómplices, por permitir que nos doren la píldora, con discursos amañados y que sólo representan una burla contra la poca inteligencia que mostramos. La resolución que de la SHCP respecto de la tenencia accionaria del gobierno estadunidense en Citigroup y, por ende, en Banamex, no es más que el reflejo de lo que significa el país y sus habitantes para esta caterva de indignos funcionarios. En el comunicado, se lee: ‘corresponde a la Secretaría de Hacienda la interpretación sobre la aplicación de estas leyes’. La misma entidad dirigida por el que hace un año dijo que era un simple ‘catarrito’ lo que se convirtió en una crisis de proporciones extraordinarias, es la encargada de interpretar las leyes que competen a este caso. ¿Qué autoridad tiene una institución que dejó pasar el fraude cometido en la venta de Consorcio Aeroméxico? ¿La que deja pasar el blanqueo de miles de millones de dólares por el sistema bancario del país sin atrapar a un banquero de medio pelo? ¿Será, tal vez, como dice una parte del comunicado, que no haya tenido la intención de hacerlo (en lo referente a que el gobierno estadunidense adquirió la mayoría del grupo financiero), y menos tener injerencia en el sistema financiero mexicano? ¿O más bien aprovechan la coyuntura para apremiar los encargos? Dar explicaciones tales como que un tratado de libre comercio tiene preminencia sobre las leyes que regulan la materia bancaria es, simplemente, la mejor demostración del grado de obediencia que cursa un gobierno salido de las urnas clandestinas. Razonamientos inicuos, forjados en la abyección a la que se quiere acostumbrar al pueblo mexicano para sensibilizarlo a un tiempo cada vez más cercano. Adecuar la normativa, cuando existe algo ilegal que cubrir, es una constancia en el pensamiento eólico de Calderón. Por eso lo impusieron. Ya, desde su paso por la Secretaría de Energía, abrazaba la tesis del simplismo: si habían contratos que eran ilegales, que se cambiara la ley para dar seguridad jurídica a sus tenedores, por lo cual no deben causar sorpresa las modificaciones que se hagan a la legislación vigente. Invasión que no duele, pero sí marca las nuevas limitantes. Por ello, ahora más que nunca, el mote de la institución bien puede ser Bananamex, porque lo resuelto por la SHCP nos dibuja como un país bananero” (Francisco A. Servín de Alba, fsda@att.net.mx).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
David Márquez Ayala: Reporte Económico
Tras largos años de crecimiento sostenido, en 2008 la industria automotriz mundial registró un retroceso en su producción de -4.1%, al bajar de los 73.2 millones de vehículos ligeros producidos en 2007 a 70.2 millones en 2008 (Gráfico 1).
Según cifras de la Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA), hasta 2005 Estados Unidos se mantuvo como el mayor productor mundial de vehículos, siendo desplazado del primer lugar en 2006 por Japón, y en 2008 del segundo por China. En este año anterior Japón produjo 11.6 millones de vehículos ligeros, China 9.3 millones, Estados Unidos 8.7 millones y Alemania 6.0 millones; en el décimo lugar de la clasificación se ubica México con 2.2 millones de vehículos (Gráfico 1).
La producción en México
Nuestro país, es bien sabido, no cuenta con ninguna industria automotriz terminal propia; toda su producción corresponde a siete grades corporaciones trasnacionales, de las cuales tres son estadunidenses (General Motors, Ford y Chrysler), tres son japonesas (Nissan, Honda y Toyota) y una alemana (Volkswagen) (Gráfico 2).
En 2008, estos corporativos produjeron en México 2 millones 103 mil vehículos (automóviles y camiones ligeros), de los cuales 438 mil (20.8%) fueron destinados al mercado interno y 1 millón 665 mil (79.2%) a la exportación. La producción total del año fue 4.0% superior a la de 2007, la destinada al mercado interno aumentó 9.9% y la de exportación 2.5% (Gráfico 3).
No obstante estos resultados anuales, en periodos más cortos y recientes sí se observa el efecto de la crisis en la producción automotriz. Tomando el primer bimestre de 2009, la producción se redujo -44.4% respecto de igual periodo de 2008, con los mayores impactos en las tres empresas estadunidenses (Gráfico 3).
Las ventas en México
En 2008, la producción de vehículos en el país para el mercado interno (438 mil unidades) sólo cubrió 42.7% de la demanda, pues las ventas en ese año ascendieron a 1 millón 26 mil vehículos, lo cual significa que seis (57.3%) de cada 10 vehículos vendidos en México son importados. Esto explica porqué sólo hay siete empresas productoras en el país pero 29 marcas en el mercado (Gráfico 4).
En orden a sus ventas en el mercado nacional, en 2008 General Motors facturó 212 mil vehículos (-7.8% abajo de 2007), Nissan 212 mil (-1%), Ford 126 mil (-15%), Volkswagen 119 mil (-10.4%), Chrysler 116 mil (-9.6%), Toyota 63 mil (-4.4%), y Honda, la única con crecimiento, 54 mil (2.2% más que en 2007).
Viendo las ventas por bimestre, sin embargo, en el primero de este año dichas ventas en el mercado interno se redujeron en -53 mil unidades (-28.6%) respecto del primer bimestre de 2008, con disminuciones en 23 de las 29 marcas comercializadas (Gráfico 4).
Exportaciones 1er. bimestre
En el primer bimestre de este año las ventas de vehículos al exterior totalizaron 129 mil unidades, la mitad (-50.2%) de las realizadas en igual periodo de 2008 (259 mil) (Gráfico 5). De estas exportaciones realizadas en enero y febrero de 2009, 69.2% fueron a Estados Unidos; 9.9% a Canadá, y 6.3% a América Latina; 13.1% fueron a Europa y 1.4% a Asia. A todos estos mercados regionales se registraron menores ventas.
Esta reducción de exportaciones tiene su expresión más relevante en el desplome de las ventas en Estados Unidos, que en el primer bimestre de este año bajaron a 1 millón 342 mil unidades, -39.3% abajo de igual lapso de 2008 (Gráfico 6). De este total vendido en enero y febrero, 871 mil unidades (el 64.9%) fueron producidas en Estados Unidos y 471 mil (35.1%) fueron importadas, siendo con mucho Japón el principal proveedor, con 204 mil unidades, y México el segundo, con 89 mil.
UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA SA de CV • ciudad de México • Teléfono / Fax: 5135 6765 • unite@i.com.mx
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Economía: signos alarmantes
El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; el ex titular de la Reserva Federal de ese país, Alan Greenspan, y el presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, entre otros, coincidieron en advertir, en diversos tonos y con variados enfoques, que la gravedad de la crisis en que se encuentra la economía mundial es más profunda de lo que se había previsto, y entraña riesgos mayores de lo que se pensaba. El mandatario del país vecino afirmó, por ejemplo, que en su pasada campaña presidencial no alcanzó a ver la hondura de la crisis, y señaló que un colapso de instituciones financieras como Citicorp y la aseguradora AIG provocaría reacción en cadena.
En México, entre tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en su publicación semanal Análisis económico ejecutivo, apunta cifras alarmantes sobre la pérdida de puestos de trabajo (más de 150 mil en el primer bimestre de este año), la caída de las ventas del comercio y el debilitamiento del sector exportador, factores que probablemente conduzcan a una caída del producto interno bruto del país superior al 2 por ciento que se ha estimado hasta ahora. En forma paralela, directivos bancarios han dado a conocer en días recientes incrementos preocupantes en la cartera vencida. La de Banamex pasó, en cuestión de seis meses, de 3 a 7 por ciento, en tanto el índice general de tarjetas de crédito en suspensión de pagos llegó en enero pasado a 9.7 por ciento de las cuentas.
En contraste con estos hechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exaltó, en su informe semanal, la fortaleza de los bancos privados que operan en México y elogió sus niveles de capitalización y solvencia.
Ciertamente, las comisiones leoninas y los elevadísimos márgenes de intermediación con que trabajan la mayor parte de las instituciones bancarias de propiedad foránea en México les han permitido no sólo sortear la crisis, sino incluso contribuir a la salvación de sus alicaídas matrices mediante el envío de grandes utilidades al extranjero. Pero si la contracción económica se profundiza, nada garantiza que los bancos privados logren salir indemnes de la prueba.
El señalamiento de la SHCP es indicativo de la persistencia del infundado optimismo gubernamental, que el sentir popular identifica con el catarrito que el titular de Hacienda, Agustín Carstens, pronosticó al inicio de la crisis actual, y que se ha convertido en una postración económica de gran calado, una severa devaluación del peso en su cotización frente al dólar y en tragedias sociales insoslayables, como las que padecen los cientos de miles de personas que han perdido su trabajo, la mortandad de micro, pequeñas y medianas empresas, las graves dificultades por las que atraviesan no pocos de los grandes consorcios industriales y comerciales del país y el deterioro en el nivel de vida de los segmentos pobres y de clase media.
Tal optimismo injustificado lleva al gobierno federal a reacciones a todas luces tardías y claramente insuficientes ante la crisis. Con ello no sólo se somete a gran parte de la población a una estrechez mayor de la que ya padecía antes de que se manifestara el actual desastre financiero mundial, sino que se abona el terreno para el surgimiento de descontentos sociales de consecuencias impredecibles, pero de seguro indeseables.
Probablemente las autoridades aún estén a tiempo de darse cuenta del tamaño del problema y de actuar en consecuencia, es decir, de ver que hay grandes sectores de la sociedad que no necesitan de mensajes tranquilizadores, sino de acciones concretas de ayuda y rescate.
Opinión
Néstor Martínez Cristo: No hay derecho a ser omisos
En voz de Carmen Aristegui escuché, la mañana del pasado miércoles 11, el avance de una información estrujante, digna de un cuento de horror, de ésas que los mexicanos quisiéramos que no formaran parte de nuestra escandalosa y trágica realidad cotidiana.
Hallan en Jalisco las cabezas de cinco hombres dentro del mismo número de hieleras, adelantaba la periodista en su programa radiofónico.
Minutos después, mientras revisaba las primeras planas de los principales diarios del día, caí en la cuenta de que el hecho esbozado por la Aristegui apenas había merecido la mención en un par de portadas.
Me extrañó el tratamiento que los periódicos nacionales dieron a tan aterrador evento. Estimé que en prácticamente cualquier otro país del mundo la aparición de cinco cabezas sin cuerpo habría causado conmoción, terror, indignación y un alboroto social que seguramente hubiera trascendido la influencia de los medios de comunicación.
Pero aquí, curiosamente, la reacción mediática fue mesurada. Es cierto, el hecho llegó a ser consignado en casi todos los espacios, pero sólo como uno más de los miles de crímenes que la delincuencia organizada comete todos los días a lo largo y ancho de la República.
Antecedentes similares en el país, cuando apenas daba inicio esta guerra de pesadilla contra el narcotráfico, habían recibido ya una atención proporcional a lo aterrador del suceso, por parte de autoridades, medios de comunicación y ciudadanía. No era para menos.
Entonces qué ocurrió esta vez, me pregunté: ¿será que los medios y la sociedad mexicana nos estamos acostumbrando a la barbarie? ¿Acaso hemos perdido ya la capacidad de asombro y sobrecogimiento frente a acontecimientos que no dejan de ser tan extraordinarios como escalofriantes? ¿Tenemos derecho a ser omisos o indiferentes? ¿Podemos bajar la guardia ante la apabullante realidad?
Digo que no, me respondí de inmediato. Me niego a aceptar que la costumbre, la evasión o el miedo, nos lleven a ser indiferentes ante una realidad que resulta cada vez más amenazante y cruenta.
Hace unos días, producto de un escrupuloso seguimiento, un diario nacional dio a conocer el alarmante saldo de la llamada guerra contra el narco: 10 mil ejecutados en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.
Y no sólo eso, precisó que en los 28 meses que lleva la presente administración se rebasa ya, por mucho, el total de asesinatos ligados al narcotráfico ocurridos durante todo el sexenio de Vicente Fox, que alcanzó las 8 mil 780 muertes.
Según el mencionado recuento, tan sólo durante el mes que corrió del 26 de diciembre de 2008, al 27 de enero pasado, la delincuencia organizada ejecutó en el país a mil personas, es decir, un promedio de 31 diarias.
El día más violento de lo que va del sexenio fue el 12 de febrero, cuando se reportó un total de 52 muertes violentas ligadas al narcotráfico.
Es verdad que las cifras reportadas dibujan un panorama nada halagüeño y que, por el contrario, mueven a la reflexión sobre el futuro de una sociedad inerme, inmersa en una guerra cuyas razones de fondo ni siquiera alcanza a comprender del todo.
La falta de previsión y la indiferencia de los gobiernos negligentes del pasado son los factores que condujeron al país hacia la pesadilla que ahora busca afrontar en condiciones absolutamente desventajosas.
Frescos están todavía en la memoria los desplantes de las autoridades de hace un cuarto de siglo que se llenaban la boca cuando aseguraban que México nunca se colombianizaría, que el narcotráfico jamás penetraría las estructuras de la seguridad nacional del país.
Nada o muy poco se hizo desde entonces. El narcotráfico corrompió a México, vulneró sus estructuras y ahora se deja sentir como un ente amenazante en la antesala del poder político.
Por eso, ahora menos que nunca, ni medios ni sociedad tenemos derecho a ser omisos. Dar cuenta de una realidad tan devastadora tiene costos, entre ellos el deterioro de la imagen del país en el exterior. Pero no podemos ser indiferentes ante los bárbaros.
nestormc63@hotmail.com
Carlos Fazio: Buenos vecinos
Esta semana la secretaria de Estado Hillary Clinton visitará México. Su llegada está inmersa en la narcotización de una cooperación bilateral signada por la decisión unilateral de Washington y plagada de condicionamientos. Desde la perspectiva mexicana, el tema de las drogas es como un paraguas de paradojas. Cuando llueven resultados en la lucha antidrogas, se secan los fondos de la Iniciativa Mérida, y cuando se requiere seguridad y estabilidad para crear empleos y salir de la crisis económico-financiera, la militarización del país genera un caos y una violencia descomunales que ahuyenta a los capitales y arrastra al peso (Guillermo Ortiz dixit). Con un elemento adicional: la guerra antidrogas de Estados Unidos en América Latina ha fortalecido el poder de los militares y los servicios de inteligencia locales –promoviéndolos al peligroso papel de gendarmes en clave de contrainsurgencia contra un enemigo interno–, a costa de las instituciones civiles y los derechos humanos y ciudadanos.
Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración demócrata de Barack Obama ha venido escalando de manera dramática la ofensiva propagandística de Washington en pro de la guerra contra el tráfico de drogas. En la coyuntura, el blanco regional ha sido México, definido como un Estado fallido al borde de un colapso rápido e inminente y, por tanto, susceptible de ser intervenido militarmente por el Pentágono.
La fórmula es harto conocida, pero no por ello deja de rendir buenos dividendos. Con base en teorías de la conspiración clásicas, fuerzas externas amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y el futuro de la civilización occidental y cristiana. Se alternan los partidos Demócrata y Republicano y cambian los presidentes en la oficina oval, pero la retórica imperial es siempre la misma: fuerzas oscuras ponen en peligro a la democracia. En términos simplistas, se trata de una lucha entre el bien y el mal. Los malos a satanizar y exterminar varían, y a veces se entrelazan en inverosímiles y novelescas alianzas de organizaciones de súper criminales, que incluyen cifras míticas y saltos de lo innegable a lo increíble. La idea es básicamente la misma: hay grupos de malhechores que amenazan la democracia y la civilización. Una manera simplista de desviar la atención de las lacras que genera el sistema capitalista de dominación, con sus barrios de tugurios, sus apartheid de la pobreza y exclusión, y sus desplazados de guerra, mientras banqueros, operadores financieros y los grandes empresarios trasnacionales practican el delito como negocio mediante sobornos, fijación de precios, evasión de impuestos y la violación de normativas legales.
Por la galería de los enemigos útiles de Washington han desfilado en el último medio siglo el comunismo internacional, la mafia, el eje del mal, el crimen organizado trasnacional (la Cosa Nostra, la Camorra, la ‘Ndrangheta, las tríadas de China, la yakuza japonesa, la mafia rusa, los cárteles colombianos), el terrorismo (y sus variables: el narcoterrorismo y la narcoguerrilla), el populismo radical. Los usos semánticos del lenguaje y los dobles estándares se conjugan con las fabricaciones de ocasión. En la actualidad, Al Qaeda, la red terrorista islámica omnipresente, y el malvado Osama Bin Laden. El narcoterrorismo de las FARC. Los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y del Golfo que controlan 230 ciudades de Estados Unidos. Siempre la amenaza externa.
El escalamiento retórico y la guerra de palabras y de cifras vienen invariablemente acompañados de un enfoque punitivo y concentrado del lado de la oferta. De manera unilateral, Estados Unidos, el donante de las ayudas de seguridad, impone un régimen prohibicionista, de mano dura, militarizado. A la manera de una cruzada contra el mal, ese modelo represivo fracasado opera desde Richard Nixon (1973) hasta nuestros días bajo el estigma de que las drogas son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En el fondo, mientras la cocaína, la heroína y la mariguana –con sus niveles de pureza más altos y los precios más bajos– inundan el mercado estadunidense, la exportación de la guerra a las drogas a los países de origen y de tránsito, y su combinación con el antiterrorismo (que permite proporcionar equipos militares, información, entrenamiento y asesoría como vías para el adoctrinamiento ideológico y la penetración de los organismos de seguridad de los países clientes), oculta una gigantesca burocracia que gasta dólares y siembra muerte y miseria en todo el continente.
Más de 50 agencias y oficinas federales, civiles, de defensa e inteligencia (DEA, FBI, CIA, Pentágono, Departamento de Seguridad de la Patria, Inteligencia Nacional, Aduanas, Departamento de Estado, la Guardia Nacional, Justicia, Hacienda, Agencia de Seguridad de Transporte, Salud, etcétera) conforman un verdadero complejo de control antinarcóticos que se sustenta en una postura burocrática ideal: demandar más y más fondos sin tener que demostrar la efectividad de sus programas.
Se trata de un vasto ejército de organismos tan inmanejables como imposible de fiscalizar que libran batallas burocráticas para defender sus presupuestos y han desarrollado, además, un gran talento para manipular a la opinión pública mediante una hábil propaganda de guerra y desviar de manera inocua la atención sobre sus escasos resultados.
Así, perdida entre los ruidos mediáticos de la temporada: a México como Estado fallido al borde del colapso llegará Hillary Clinton con su Iniciativa Mérida ampliada e integral, y los objetivos comunes de seguridad diseñados en el Comando Norte con eje en la información militar de inteligencia, la planificación cooperativa y la interoperabilidad de los ejércitos en clave de contrainsurgencia, los entrenamientos y ejercicios críticos, así como un renovado discurso sobre los buenos vecinos. Después vendrá Obama y Felipe Calderón, que siempre estuvo en la jugada, dirá “yes, man”.
John M. Ackerman: Rendición de cuentas
Los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirman el tradicional desprecio del gobierno de Felipe Calderón para la rendición de cuentas. La revisión del auditor revela que durante el primer año del gobierno actual las irregularidades en el gasto se duplicaron en comparación con el último de Vicente Fox. Mientras el informe del ombudsman demuestra que la creciente militarización del país ha tenido graves consecuencias en materia de derechos humanos.
La única respuesta que el titular de la administración pública federal ha tenido para tan vergonzosos resultados han sido palabras vacías. En lugar de aprestarse a cambiar la forma de ejercer el gasto o comprometerse a retirar los militares de las calles, Calderón se escuda en la simulación de dar cauce a las recomendaciones sin la menor autocrítica.
El informe del auditor, como siempre riguroso y profesional, revela una gestión pública desaseada y corrupta. Durante 2007, más de 60 mil millones de pesos se gastaron de manera irregular y la ASF se vio obligada a promover sanciones por responsabilidad administrativa en mil 632 casos. Es decir, para cada una de las 932 auditorías practicadas, el ente fiscalizador encontró casi dos incidentes que merecen ser castigados. Habría que recordar que el auditor solamente revisa una pequeña muestra del total del gasto federal. Por cada irregularidad encontrada, podemos estar seguros de que existen 10 más que nunca saldrán a la luz pública.
Lo más probable es que solamente una pequeña porción de los mil 632 casos de responsabilidad terminen en una multa o una suspensión de los funcionarios involucrados. Seguramente ninguno llegará a una sanción penal. La Secretaría de la Función Pública (SFP), instancia encargada de dar seguimiento a estos casos, se ha convertido en las administraciones de Fox y Calderón en un hoyo negro que diluye las presuntas responsabilidades de los infractores. Asimismo, cuando la dependencia intenta imponer una sanción monetaria o presentar una demanda penal, los expedientes se integran de manera tan deficiente que el Poder Judicial casi invariablemente termina por echarlos atrás.
Tiene toda la razón el auditor Arturo González de Aragón cuando señala que hace falta que la ASF tenga facultades de sanción directa. El hecho de que no ocurra así es una herencia del regateo a su autonomía que impuso el Partido Revolucionario Institucional a la hora de negociar la reforma constitucional de 1999 que convirtió la Contaduría Mayor de Hacienda en la ASF. Resulta absurdo que la SFP sea la instancia responsable de sancionar a sus colegas en la administración federal por las irregularidades encontradas por el auditor externo. La situación se vuelve aún más paradójica cuando la secretaría supuestamente tiene que sancionarse a sí misma a partir de las revisiones de la auditoría.
Por otro lado, el informe de la CNDH revela el lado oscuro de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Al delegar la responsabilidad de la seguridad pública en el Ejército, Calderón se encuentra en franca violación de la Constitución. También se ha experimentado un aumento escalofriante en violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, al pasar de 182 en 2006 a mil 230 en 2008. En el mismo lapso se triplicó el número de denuncias por tortura.
Ciudad Juárez actualmente vive en un estado de excepción. Ello ha provocado que los casos de abuso de autoridad se multipliquen. Además, los jóvenes del municipio viven en una zozobra constante, ya que todos se han vuelto sospechosos de ser posibles narcotraficantes.
La actuación de la CNDH todavía deja mucho que desear. Las 18 recomendaciones rechazadas durante 2008, casi la cuarta parte de todas las emitidas en el año, dan fe de sus graves problemas de legitimidad. La rotunda negativa a transparentar su funcionamiento interno también mina de manera importante la confianza ciudadana en el ombudsman. De todas formas, el contenido del último informe de José Luis Soberanes constituye una fuerte llamada de atención al gobierno federal.
En 2009, el Congreso de la Unión debe decidir tanto sobre el remplazo de Soberanes como con respecto de la ratificación de González de Aragón. Calderón sin duda buscará aprovechar esta coyuntura para colocar amigos fieles en ambos cargos, como ya lo ha hecho para los nombramientos del Inegi, el IFE, Pemex y el IFAI. Los ciudadanos debemos asegurar que los procesos de auscultación se lleven a cabo de cara a la sociedad, así como obstaculizar cualquier intento del Ejecutivo de vengarse por los informes más recientes.
http://www.johnackerman.blogspot.com
Gustavo Esteva: La rebelión de la técnica
Con tiempos de rebelión. El descontento se transforma en coraje emprendedor.
La evidencia de que las corporaciones privadas y los aparatos estatales que supuestamente garantizaban buena vida deterioran las condiciones de vida de la mayoría, produce frustración, rabia, incluso desesperación. Al perder legitimidad y credibilidad las instituciones que parecían formar parte inamovible de la realidad social, surge una sensación de vacío e incertidumbre.
Todos esos sentimientos paralizantes, empero, pueden convertirse en impulso a la acción cuando la gente se da cuenta de que es posible poner fin al mecanismo de opresión que la despoja continuamente. Al redescubrir su propia fuerza, en su organización autónoma, hombres y mujeres ordinarios se afirman en su dignidad. Y se rebelan.
En Oaxaca, este fin de semana, esta rebelión tomó una forma peculiar. En el Foro Nacional de Tecnologías Apropiadas, que organizó ahí una docena de organismos civiles, la gente juntó manos y cabezas para mostrar que la sociedad tecnológica misma, con todas sus supuestas maravillas, ha perdido también legitimidad y credibilidad. Por años se multiplicaron causas de descontento: la congestión del tráfico, la contaminación, los daños a la salud (incluyendo los causados por el propio sistema médico), o los horrores del sistema educativo y del alimentario: como ha dicho Eduardo Galeano, en la actualidad, quien no teme al hambre tiene miedo de comer, porque ya no se sabe qué contiene lo que se sigue vendiendo como alimento. Y así hasta el infinito.
Tradicionalmente, la gente atribuía todos estos aspectos negativos de la técnica a su mala administración, no al instrumento mismo –que parecía protegido por el aura de la civilización científico-tecnológica que lo había generado.
Finalmente, la gente empezó a decir ¡basta! Fueron primero algunas vanguardias disidentes, que se animaban a poner en prácticas las alternativas. Acuñaron la expresión tecnología apropiada. Habían descubierto que el instrumento mismo, hasta entonces percibido como hazaña civilizatoria, no era adecuado al fin que se perseguía, por sus propias características o por el nexo lógico y social que imponía al emplearlo.
Como respuesta, concibieron y pusieron en práctica tecnologías apropiadas a las intenciones de quienes las usan, que lo son, además, porque esos usuarios pueden apropiárselas, hacerlas propias.
En vez de que el uso del instrumento esclavice al usuario, haciéndolo radicalmente dependiente de la maquinaria mercantil o estatal que lo controla, la tecnología apropiada lo libera de esa dependencia radical y le permite recobrar y fortalecer su autonomía.
Un centenar de personas de grupos procedentes de diversos estados y países recorrieron por las mañanas del jueves y el viernes experiencias concretas de grupos oaxaqueños, en el campo y en la ciudad. Por la tarde se reunieron a reflexionar sobre el tema en el Centro Cultural de Santo Domingo.
El sábado y el domingo tuvo lugar una feria especial. Se exhibieron centenas de ideas, equipos o prácticas que representan una alternativa a las imposiciones del mercado y el Estado. Mientras los expositores explicaban sus experiencias a los incontables asistentes –pocas ferias han despertado en Oaxaca tanto interés como ésta– se organizaron talleres en que los participantes pudieron aprender cualquier variedad de prácticas: cómo construir una casa con tierra apisonada, cómo emplear los dedos para la sanación, cómo hacer agricultura urbana, cómo emplear software libre, cómo practicar el sobreciclado, cómo producir bicimáquinas o usar un camión que se mueve con aceite de cocina usado…
Paralelamente, dentro de la propia feria, se hicieron escuchar numerosos oradores, cada uno de los cuales relataba una experiencia concreta. Todos cumplían el propósito del foro: compartir ideas, equipos y experiencias para la vida buena. Algunos ocupaban su espacio para presentar pronunciamientos políticos específicos, que el foro empezó a recoger colectivamente, con denuncias, resistencias o afirmaciones –para mostrar que se mantiene la resistencia contra Chedraui, que destrozó un bosque urbano de Oaxaca, para reafirmar la lucha contra el maíz transgénico o por la liberación de todos los presos políticos, de Oaxaca, Atenco y muchas otras partes.
Éstas son las rebeliones que hacen de la crisis una fuente de esperanza. Mientras los desastres nos acosan y se ahonda la desconfianza en el mercado y en el Estado, es decir, en el capital y sus ineptos administradores, la gente toma de nuevo en sus manos la definición de la buena vida, que había delegado en aquéllos, y la forma de vivirla, que se había sacrificado en el altar de una tecnología ajena y enajenante.
Son tiempos de rebelión. Son tiempos, además, en que todas las rebeliones se encadenan, como circulación promisoria de las luchas populares.
gustavoesteva@gmail.com
León Bendesky: Administrar un Estado
El grave dilema del gobierno de Felipe Calderón está en la esencia de lo que significa, tanto política como prácticamente, administrar el Estado. El asunto ahora va más allá del ámbito de las discrepancias ideológicas que, por cierto, pueden ser muchas, y de modo creciente se sitúa en el terreno eminentemente práctico de las acciones del gobierno.
El gobierno calderonista se presentó a la sociedad como capaz de hacer una administración eficiente de los asuntos públicos, ofreció un cumplimiento cabal de la ley, un reforzamiento de las instituciones y el cuidado del bienestar de la población.
En cambio, en todos esos terrenos ha ido acumulando un déficit creciente desde su inicio. La capacidad de gestión no está a la altura de las difíciles circunstancias que vive hoy el país en materia de degradación económica, del aumento de la inseguridad, de la fragilidad social y el uso de los recursos disponibles.
La desorganización del sustento práctico, insisto en la cuestión, de las decisiones gubernamentales se convierte en un elemento objetivo de tanta importancia como el aspecto de la debilidad institucional que hay en todas las áreas de la conformación del Estado.
Esto se advierte hoy claramente, por señalar sólo algunos ejemplos de relevancia, en el caso de las instituciones del sistema financiero y las formas en que se aplican la regulación, la supervisión y la defensa de los usuarios de este sector; lo mismo pasa en el campo de las finanzas públicas y la gestión de la política monetaria y cambiaria.
En México el gobierno no ha tenido la capacidad de despolitizar los asuntos cruciales para el país desde hace mucho, demasiado, tiempo. El caso es que la mayoría de los políticos, en los partidos, en el Congreso y en la función pública son bastante cuestionables por no decir que en muchos casos de plano son malos.
El asunto que me parece requiere una atención primordial es el de la administración del Estado. El gobierno de Calderón la confunde con prácticas de gestión y toma de decisiones que parecen ser o una especie de demagogia encubierta en la aplicación de las normas de un ejercicio democrático pobremente entendido o, de plano, de tipo populista como las que tanto criticó durante su campaña a la Presidencia y luego como jefe del Ejecutivo.
Hay dos casos recientes que ocurren en el mismo sector, el de la energía, y que ilustran la cuestión que aquí se discute. Se pone a debate el lugar de la construcción de una nueva refinería. Como si éste fuera un asunto que se resuelve mediante planteamientos en foros públicos, por votación o, por qué no, por concurso como el bingo.
Ésta es una cuestión eminentemente técnica que tendría que estar enmarcada en una estrategia energética de largo plazo del país. Estrategia que según las evidencias que se tienen no existe. Al señuelo lanzado por Calderón acuden como un cardumen todos los gobernadores. Esto parece, más bien, una mala comedia.
Entre paréntesis, lo mismo podría haberse hecho con el caso de Citigroup-Banamex y la forma como Hacienda resolvió el problema legal que creó la intervención del gobierno de Obama en ese banco. ¿Por qué no se hizo un debate público, o una votación sobre qué hacer con el problema? O, mejor aún, ¿por qué no intervino el Poder Judicial con una resolución? Vaya cuál es el orden del funcionamiento del Estado. Cierro el paréntesis.
Otro asunto, volviendo a la energía, es el nombramiento de los consejeros independientes de Pemex. Es sabido que los partidos políticos pactaron la conformación de ese grupo, nació viciado en términos de lo que significa el gobierno corporativo. Así, pues, a quién representan, ya que finalmente los dueños de esa empresa somos los ciudadanos y no hay garantía de que los intereses públicos sean salvaguardados.
No se olvide que la estructura de gobierno de Pemex está llena de conflictos de intereses. El consejo de administración lo preside la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien es así juez y parte; los consejeros son los secretarios de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, Semarnat y el jefe de la oficina del Presidente. El segundo grupo está integrado por representantes del sindicato, lo que ofrece muy pocas garantías en cuanto a los intereses que desde ahí se promueven.
El tercero lo forman los recientemente nombrados consejeros independientes. Dos de ellos, Rogelio Gasca (PRI) y Héctor Moreira (PAN), ya fueron subsecretarios de Energía, uno con Zedillo y otro con Fox, y como tales tenían que ver con la operación de Pemex que es hoy una empresa llena de deficiencias por decir lo menos. Fluvio Ruiz (PRD) tiene experiencia académica, según se sabe, y Fortunato Álvarez (PAN) posee buena reputación por su experiencia financiera. ¿Quién de estos personajes representa legítimamente los intereses de la empresa petrolera clave en la estructura productiva del país y de sus dueños, los ciudadanos?
La práctica de gestión pública que ejerce Felipe Calderón provoca una grave disyuntiva: se gobierna o no se gobierna. En este ámbito la ambivalencia es muy grande. Y, sobre todo, lleva a la necesidad de replantear el sentido del Estado y su administración en un país en situación de pasmo crónico y, hoy, en medio de una profunda crisis económica.
leon@jornada.com.mx
Hermann Bellinghausen: Los crímenes de guerra no son videojuegos
Una familia de Gaza, los Samouni, perdió 29 miembros durante los bombardeos israelíes sobre su país este invierno. Otros 45 familiares resultaron heridos, la mayoría niños. Mi suegra y mi cuñada murieron, y su hija, y dos personas más. Casi toda mi familia murió en la casa en la que ahora estoy parada, dijo la semana pasada Naela Samouni a Democracy Now, el noticiero independiente más importante de la Estados Unidos, conducido por Amy Goodman.
Desde los escombros donde viven ahora, los Samouni sobrevivientes demandaron al Estado de Israel por 200 millones de dólares, en un intento más por llevar a los gobernantes del país agresor a los tribunales. Son sólo un caso particular en una tragedia colectiva, nacional, cuyo episodio más reciente en Gaza lleva a decir a Richard Falk, relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los palestinos: Por primera vez desde el establecimiento de Israel en 1948, su gobierno enfrenta serias acusaciones por crímenes de guerra, sostenidas por personalidades de todo el mundo, incluyendo a los habitualmente cautelosos, como el jefe de Falk, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU (Le Monde Diplomatique, marzo de 2009).
Falk se resiste a llamar guerra a los 22 días de ataque indiscriminado sobre Gaza en diciembre y enero. No le cabe la menor duda de que fue una agresión deliberada de las fuerzas armadas israelíes contra la población civil. Lo confirmaron este jueves 19 los testimonios de soldados y mandos israelíes a medios de su país: cumplieron órdenes al disparar contra la gente sin consideración alguna.
Es reveladora la desigualdad en la cuenta de fallecidos: casi mil 500 palestinos, dos tercios de ellos civiles, contra 13 soldados invasores (varios, víctimas del fuego amigo previsible en un ataque de esas proporciones en un espacio cerrado como la Franja de Gaza). Además, Israel creó una ratonera sin salida para los pobladores, atrapados bajo las bombas y sometidos a un bloqueo general, incluso humanitario, atenazados por la insalubridad y el hambre. Eso de que los civiles servían como escudos humanos para los combatientes palestinos (terroristas en sus propias casas), como se justifica Israel, es cada día menos sostenible.
Simultáneamente, Israel efectuó elecciones. La derecha nacionalista barrió hasta con la derecha moderada y permitió el irresistible ascenso de Avigdor Lieberman, el líder fundamentalista y carismático que podría conducir a Israel al desastre. Hoy virtual canciller del gobierno ultra de Bejamin Netanyahu, Lieberman no piensa quedarse ahí. Y sus ideas racistas y criminales son parte de la imagen que vende.
Nadie puede llamarse a engaño. Israel desafía en serio la legalidad internacional (ya no digamos los mínimos principios humanitarios), y obtiene a cambio una tolerancia de los gobiernos y los organismos globales que más bien podemos llamar complicidad.
Ahmed Tibi, uno de los pocos palestinos que integran el congreso israelí (Knesset), manifestó respecto de Lieberman: Es el equivalente a Le Pen y Jeorg Heider. Cuando éste fue elegido, el gobierno austriaco quedó aislado y fue boicoteado, principalmente por Israel. Es hora de convocar a un boicot al gobierno, y sobre todo a Lieberman. En Israel se argumentaba en enero que todos los palestinos son culpables por elegir a Hamas y por no huir (de donde no tenían escapatoria).
Las comparaciones con la Alemania fascista resultan insoportables para los judíos, pero esta situación remite al vergonzoso pacto de Munich (1938) entre los futuros aliados y Hitler. Una diferencia: Israel es parte estratégica de los nuevos aliados, que a su vez andan invadiendo otras naciones, mientras Hitler nunca fue aliado de los aliados. ¿Quién llamará a cuentas a la legión, o leyenda (como llamaba Mahmoud Darwish al ejército israelí) en un mundo donde sus acciones, su armamento prohibido y sus crímenes son normales?
Que alguien habitualmente bien informado, como Robert Fisk, considere que Liberman, la nueva estrella política israelí, es lo peor que puede ocurrir en Medio Oriente (La Jornada, 18 de marzo), debe llevarnos a preguntar hasta cuándo esa gente fuera de la ley seguirá prevaleciendo.
¿Cuántos Samounis más han de sufrir antes que los halcones de Tel Aviv respondan por sus crímenes? A como va el mundo, Israel es uno de los principales beneficiarios de la degradación generalizada de la legalidad internacional que estamos presenciando.
Manuel Camacho Solís
Respetada Sra. Hillary Clinton:
Si el presidente Barack Obama —con visión y valentía— ha sido capaz de desplegar una iniciativa diplomática hacia Irán que mejorará los equilibrios en Asia y ha reconocido el liderazgo progresista de Lula en América del Sur, bien podría iniciar un cambio en la relación con México (de “buena vecindad”) que ayude a ambos países a superar su crisis económica y a fortalecer en forma duradera su seguridad.
México es un país muy importante. Tiene raíces, historia, cultura, potencial de desarrollo y un pueblo laborioso y responsable. Usted conoce los ejemplos de esfuerzo y perseverancia de los mexicanos en su país. México pudo en su momento escapar ejemplarmente al conflicto civil, mediante la creación de instituciones fuertes. Creció, mejoró su educación y salud públicas. Ha vivido, sin embargo, periodos de estancamiento, con fuertes dosis de corrupción e impunidad. Su democracia no termina de consolidarse y persisten riesgos de restauración autoritaria.
Hoy atraviesa por un periodo de desaliento extendido y las acciones de muchos de sus principales actores no alcanzan a mirar más allá de las próximas elecciones. El tema del combate al narcotráfico ya se volvió la amenaza a unos y la tabla de salvación electoral de otros. Evidentemente eso no será suficiente para hacer frente a una crisis que tenderá a agravarse en el segundo semestre de este año.
Aquí la crisis se magnifica por la desigualdad social extrema. Existe un peligro real para la estabilidad, pero también una oportunidad razonable de mejorar sus instituciones y reconstruir la relación bilateral con un sentido histórico. En vez de dejarse arrastrar por la lógica autoritaria que no haría sino agravar los conflictos, es posible retomar la iniciativa del buen vecino, donde prevalece el respeto, se relanza el desarrollo y se acepta que no hay un camino único.
La seguridad de largo plazo de México debe ir acompañada de una nueva estrategia de desarrollo económico, mayores niveles de justicia interna, autonomía de los tribunales, combate a la gran corrupción y fórmulas de reparto del poder que aumenten la capacidad del Estado para enfrentar con éxito la crisis económica y de seguridad actuales.
En México se va a necesitar un acuerdo nacional de fondo. Su gobierno puede ayudar, si toma la iniciativa y amplía la agenda (sí cooperación en inteligencia y control de armas; pero también desarrollo, derechos humanos, seguridad fundada en la fortaleza del Estado democrático, migración, medio ambiente y energías renovables, educación, salud, ciencia y tecnología). De la crisis y del riesgo de que ésta se acentúe, puede surgir una gran oportunidad interna y para la relación bilateral.
La visita que muy pronto hará a México el presidente Barack Obama puede marcar un cambio histórico que trascienda la coyuntura del problema de seguridad. Su visita puede retomar la agenda política y preparar el lanzamiento de una gran iniciativa del presidente Obama: una nueva “buena vecindad”. Sea usted bienvenida.
Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista
Carlos Benavides
El narco: gracias
Mientras las mafias se ceban, la clase política mexicana se da el lujo de mantener secuestradas iniciativas de ley cuya falta de aprobación otorga importantes ventajas a las organizaciones del crimen organizado, en especial a los cárteles de las drogas.
Dos de las ventajas más poderosas con las que cuentan las organizaciones criminales del narcotráfico, que les permiten amasar las grandes cantidades de dinero para operar su ilegal negocio, son la venta de drogas al menudeo y el lavado de dinero.
En los dos últimos años el mercado de las drogas en Estados Unidos ha sufrido cambios drásticos derivados de la disminución en la oferta de cocaína. La dificultad para que esta droga ingrese al mayor mercado de consumo del mundo ha disparado su precio en esa nación, y en México ha generado un incremento del consumo y de la venta al menudeo.
Cuando un kilogramo de cocaína sale de Colombia su valor al mayoreo es de mil 762 dólares. Ya en México ese mismo kilo vale 8 mil, si logra llegar a Estados Unidos valdrá 30 mil 500 y si es entregado en Europa alcanzará los 46 mil 939 dólares. No hay negocio lícito que deje estos márgenes de ganancia.
¿En qué gastan los narcotraficantes estas ganancias? Un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública federal sostiene que los cárteles invierten sus activos en tres rubros:
El primero, en el pago de la mercancía a los productores.
El segundo, en la adquisición de la logística criminal: vehículos terrestres, embarcaciones, aeronaves e inmuebles que utilizan para el traslado y almacenamiento de sus mercancías; en el montaje de empresas, negocios aparentemente lícitos que les permiten lavar el dinero generado por la venta de la droga y en adquirir armas de fuego que sirvan tanto para brindar seguridad durante el traslado de los narcóticos, como para dirimir sus diferencias internas o eliminar a sus adversarios.
El tercer rubro, es el dinero que destinan al pago de protección institucional que les garantiza el traslado, distribución y venta de droga al menudeo, es decir, estos recursos sirven, según la SSP federal, para pagar a policías y para emplear a personas de sectores de la sociedad que viven en zonas marginales de los desarrollos urbanos.
Es precisamente en esta parte en la que los políticos están dando ventajas a los narcotraficantes y dejando solos a soldados y policías en la guerra contra los cárteles de la droga.
Al no avanzar en la concreción de una reforma que permita que el Estado tenga herramientas jurídicas para golpear a las organizaciones criminales, en un punto tan sensible como lo es el de sus bienes, están concediendo una ventaja al enemigo.
No habrá ejército o fuerza policial que pueda contener a organizaciones que cuentan con recursos económicos ilimitados para pagar toda la corrupción que sea necesaria, todas las armas que se requieran, para reclutar a los desempleados que hagan falta para tener ejércitos de sicarios y narcomenudistas, e incluso, que les permiten construir una “base social” que salga a las calles a gritar consignas en contra de las fuerzas del orden.
La iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, que podría ser una herramienta que permita al Estado luchar con mayores ventajas contra la delincuencia organizada tiene medio año detenida en el Senado de la República.
Con esta herramienta el gobierno podría decomisar todos los bienes relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal.
En este largo tiempo se han realizado aportaciones valiosas que buscan impedir que esta legislación opere en contra de la sociedad, como por ejemplo, exigir que la carga de la prueba no sea para el acusado, sino en la autoridad, es decir, que el Ministerio Público demuestre que un bien sujeto de ser confiscado es producto de un ilícito, y no al contrario, que el ciudadano deba de probar ante la autoridad el origen lícito de sus bienes.
Sin embargo, esta iniciativa de ley, junto con la que busca combatir el narcomenudeo, se encuentran dentro del escabroso túnel del proceso electoral, en el que todo lo que entra queda a merced de ser tema de campaña. En este par de temas, torales en materia de seguridad, se ha pasado del debate político deseable al jaloneo electorero.
Los índices de consumo de droga en México se han duplicado, hay que definir qué se hará para no criminalizar a los adictos y qué apoyo médico recibirán los farmacodependientes. Es necesario que los 389 mil 174 policías federales, estatales y municipales que hay en el país trabajen en un esquema de corresponsabilidad para atacar el narcomenudeo, en vez de que sólo lo hagan, como hasta ahora, los 30 mil elementos de la Policía Federal distribuidos en todos le país. Sin embargo, estos no son hoy los temas que están en el centro del debate. Han sido sustituidos por la diatriba, por las recriminaciones entre partidos que buscan que el electorado castigue en las urnas a quienes supuestamente mantienen detenidas las reformas.
Han pasado seis largos meses y los políticos no han podido alcanzar los acuerdos necesarios para luchar con todas las armas contra la delincuencia. Los cárteles de las drogas les están agradecidos.
carlos.benavides@eluniversal.com.mx
Periodista
Lydia Cacho
Plan B
Los secretos de la guerra
El presidente Obama autorizó enviar soldados y armamento para la guerra en México. Mientras, en su país, tratará las drogas con una perspectiva de salud pública y prevención. 600 mil norteamericanos son adictos a la heroína inhalada e inyectada; 9.8 millones fuman mariguana y 4.7 millones usan metanfetaminas hechas en Estados Unidos. Allá salud; aquí soldados.
El 4 de junio de 2008 Amnistía Internacional y defensoras de derechos humanos de México y EU urgieron al Congreso de ese país poner salvaguardias de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de cooperación para la seguridad entre EU, México y Centroamérica. Pero el gobierno de México se negó a aceptar que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueran transferidas a fiscales y vigiladas por tribunales civiles.
A estas alturas, dada la corrupción e incapacidad de los gobernadores, la sociedad desesperada acepta que es mejor estar rodeada de 10 mil soldados que en manos de narcos, policías cómplices o ineficientes. Chihuahua, patria de los feminicidios mexicanos, vive un estado de excepción. Un experto en inteligencia militar asegura que el gobernador ha cedido el mando al Ejército. Y aunque parte de ese Ejército hace un buen trabajo, otra no. Es la guerra.
Quizá no hubo más opción que recurrir al Ejército, por la pasividad y corrupción de nuestros cuerpos policiacos. Pero eso no significa que la sociedad, y en particular las mujeres, deban ser “entregadas” como población ocupada, exenta de derechos. Más de 7 mil soldados controlan ciudades sin orden en la frontera. Lejos de sus familias, entrenados para someter y desconfiar, convencidos de que su fuero militar les da poder sobre cualquiera. Muchos ejercen violencia doméstica; viven al día, con miedo de morir, dispuestos a matar y a violar para desahogarse.
Cuando 19 soldados “se equivocaron” y masacraron en Sinaloa a la familia de Adán Esparza, las ONG exigieron más control. Sólo en Chiapas, 79 mujeres y niñas fueron violadas por militares enviados a proteger a la comunidad. En Chihuahua, las organizaciones de derechos humanos reciben a mujeres torturadas y violadas por soldados, sicarios y policías. A una, tras violarla, le quemaron los pies y le cortaron tres dedos, para que no denunciara. ¿Ante quién denuncian?
Los Estados autoritarios se construyen sobre la complicidad pasiva de pueblos que “prefieren” mano dura que “el desorden”. Pero esa es una falsa elección planteada por políticos. Las y los mexicanos tenemos derecho a una vida libre donde la ley actúe contra la delincuencia y proteja y defienda las garantías de la sociedad.
El espionaje de Estado, las violaciones sistemáticas a garantías constitucionales, a derechos humanos, no pueden ser perdonadas porque hay una guerra contra el crimen. Si los militares llegaron para quedarse en labores policiacas urge crear mecanismos de protección y vigilancia civil. Si no seremos un pueblo bajo la ocupación de nuestro propio Ejército. Y como históricamente ha sido, las mujeres serán el botín de guerra. Urge una conspiración por los derechos humanos.
Leonardo Curzio
Cuando el modelo es el PRI y Televisa
La tragedia de este país es que vive atrapado en el campo gravitatorio de la cultura Televisa y el priísmo. Una inercia interpretativa nos ha llevado a pensar que la competencia promueve por sí sola una suerte de superación permanente de quienes compiten.
La competencia se ha ganado una confianza enorme en la ideología de nuestro siglo, de manera que asumimos como un hecho indiscutible que si tenemos competencia en cualquiera de los sistemas social, económico, político o cultural, tendremos mejores comportamientos y productos de mayor calidad.
No pretendo, por supuesto, ir contra la corriente, ni tampoco negar que la competencia política y económica es fundamental para oxigenar la vida en una sociedad contemporánea. Lo que no puedo es negarme a constatar que la competencia a secas, sin un canon que promueva la superación moral puede ser ocupada por un antimodelo que en lugar de ayudar a mejorar tienda a envilecer los comportamientos y empeorar la calidad de los productos.
Por ejemplo, la competencia entre televisoras no ha tendido a mejorar la calidad de la programación, antes al contrario. La entrada de nuevos canales fomenta el que los programadores busquen los mayores niveles de audiencia y en consecuencia caigan en fórmulas archiprobadas para tener así a la lealtad de los grupos sociales que sostienen el rating.
La competencia no ha mejorado la calidad de la programación, en todo caso la adapta con mayor eficacia al modelo cultural dominante. Tampoco parece que en el sistema político la competencia introduzca una tendencia a la superación de formas arcaicas y profundamente censurables de hacer política. Los valores de la eficacia y la honradez se abandonan en aras del dios de la competencia. Al competir los actores se van dando licencias cada vez mayores en su ética pública y así los vemos, con un pragmatismo digno de mejor causa, aliarse con grupos con los que daría pavor ir a merendar una tarde de domingo.
En aras de la competencia, por ejemplo, Felipe Calderón puede seguir cogobernando con el Panal o cediendo a presiones intolerables de gobernadores depravados. Su consuelo será que le ganó a otro personaje, López Obrador, que repite su palabrería victimista y plúmbea jaleado por políticos forjados en la nómina del salinismo. A efectos prácticos, cuando los dos protagonistas de la disputa por la nación en 2006 claudican, como lo han hecho ellos, ante valores que cualquier demócrata considera fundamentales, se parecen tanto al viejo partido (hay que ver sus precampañas) que la competencia se ha igualado por lo bajo.
La más reciente encuesta de GEA demuestra que en términos de honradez, como elemento distintivo de una fuerza política, la opinión pública no hace ya demasiadas distinciones entre las tres principales. El partido que vertebraba el sistema autoritario se ha convertido en el modelo para hacer política en México. En otras palabras, la competencia no ha mejorado los comportamientos de los partidos que desmontaron el viejo sistema. Alguna vez escuché a Lorenzo Meyer explicar su teoría del convoy y, palabras más o menos, decía que cuando los cargamentos de plata salían de América (en convoy) hacia la metrópoli, los barcos más rápidos no marcaban el paso, antes bien se veían obligados a ir al ritmo de los más lentos. Algo así sucede con estos dos casos.
La cultura Televisa se ha convertido en el modelo a imitar por buena parte de la competencia e incluso por otros medios y la cultura priísta de la simulación, la utilización de recursos públicos para propósitos electorales, son las reglas de comportamiento de nuestra clase política.
Analista político
Gabriel Guerra Castellanos
¿Campaña contra México?
Al principio no lo quise creer, pues no soy dado a creer en las teorías de conspiración, pero hoy me he convencido de que es cierto, tristemente cierto. Sí hay una campaña en contra de nuestro país, caracterizada por la mezquindad, la ambición y la inquina.
La alientan los más diversos y poderosos intereses, empeñados en desacreditar a México sin importarles el enorme perjuicio a los millones de compatriotas que tienen que pagar las facturas del descrédito y el desprestigio nacional.
Desde el gobierno y los partidos se indignan y alzan la voz contra quienes sólo buscan perjudicarnos. Apunta su ira hacia los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que desvelan los problemas que todos conocemos de sobra; enfilan sus baterías contra los analistas que vienen de vacaciones (como si se las pudieran pagar, en estos tiempos de crisis) o contra visitantes distinguidos que hacen planteamientos incómodos.
Se indignan porque Forbes incluye a un narcotraficante entre sus más ricos, pero no porque se le haya permitido acumular esa fortuna. Les molesta que se hable de los riesgos a la integridad nacional, de la posibilidad del “Estado fallido”, pero no que un miembro del gabinete afirme que estuvimos a un tris de tener un presidente narco. Se irritan por la cobertura negativa de los medios extranjeros, pero no hablan con ellos, no dan entrevistas, ni contexto, ni perspectiva. Pero eso sí, creen que atacándolos se resuelve el problema.
Tienen razón quienes le aconsejan al Presidente hablar de una campaña en contra de nuestro país. Está en marcha día con día. Es la campaña de los sindicatos opacos que hacen mofa del concepto de la democracia y la autonomía sindical, de la transparencia y la responsabilidad del sector obrero. La campaña cuesta miles de millones de pesos que salen de los bolsillos de los agremiados y de los contribuyentes, que los líderes petroleros o magisteriales se empeñan en ocultar. Mientras tanto, la falta de productividad de Pemex o de Luz y Fuerza del Centro y la notoria falta de aptitudes de los maestros que reprueban exámenes de aptitud contribuyen al desprestigio.
Otro de los confabulados es el Banco Mundial, que en sus evaluaciones coloca a México en el lugar 32 en materia de gasto educativo. El World Economic Forum se suma al complot, afirmando que nuestro país cayó ocho lugares (al 60) en su índice de competitividad y que se coloca apenas en el 58 en el de conectividad de TI. La ONU, quién lo hubiera creído, pone su granito de arena: en su índice de desarrollo humano, que mide factores como alfabetización, esperanza de vida, matrícula escolar, poder de compra y otros, México aparece en el lugar 52. Tiene que ser desprestigio, pues no suena lógico que la doceava o treceava economía mundial salga tan mal calificada...
¿Será que nos están haciendo trampa? No es raro que lo pensemos, dada nuestra tendencia a hacer lo mismo. En materia de transparencia ocupamos el lugar 72 del índice de percepción de corrupción 2008 de Transparencia Internacional, muy atrás de países como Botswana (36) y de otras naciones de América Latina como Chile (23).
Hay más sospechosos: la encuestadora Gallup realiza periódicamente una encuesta para medir la imagen de diversas naciones entre el público estadounidense. México alcanzó apenas 51% de opiniones favorables. En palabras de Parametría, quien difundió la encuesta de marras, “... la opinión favorable de México ha tenido una caída sostenida desde 2003 o 2005, en que alcanzamos máximos históricos... de 74%. Durante prácticamente los últimos 10 años el porcentaje de opinión favorable ha estado por arriba de 60%. Cuando vemos el total de la serie, que abarca 20 años, se hace evidente que estamos en el punto más bajo de los últimos 15 años...”.
Pero no son sólo extranjeros los que confabulan, también en México se cuecen habas. Desde el gobernador que “presta” su avión hasta el que hace chanchullos electorales o que se paga sueldos y bonos estratosféricos; el empresario que quiebra a su compañía por apostarle a los derivados; el inconsciente criminal que atropella a un policía y lo arrastra más de un kilómetro; el comandante policiaco al servicio del crimen o el legislador que sirve a intereses de sus jefes, por no hablar del funcionario que no reconoce su propia ineptitud y se aferra al cargo.
Todos ellos son parte de este complot para desprestigiar a México.
gguerra@gcya.netwww.gabrielguerracastellanos.com
Ricardo Raphael
Latigazos verbales
Demasiado fuertes son las ráfagas de la crisis económica, el desempleo y la violencia que golpean a la sociedad mexicana como para sumarle a tal circunstancia la voz agria y crispada del gobierno de la República.
El tono en el discurso de los portavoces del Presidente registra cada día menos serenidad. Es agresivo, afectado, confrontador, y muchas de las veces desproporcionado.
La lista de los destinatarios crece conforme avanzan las semanas: Carlos Slim, Ernesto Zedillo, las autoridades de Estados Unidos, la revista Forbes o los dirigentes del PRI.
Aunque sus respectivas reacciones han variado, los aludidos han resentido el látigo verbal del calderonismo. El empresario más rico del país y el ex presidente optaron por guardar un bajo perfil frente a los señalamientos. El habitante de la Casa Blanca tomó la pronta decisión de visitar nuestro país para aclarar las cosas.
Los priístas, en cambio, empataron el tono altisonante acusando al presidente Felipe Calderón de no traer bien fajados los pantalones, y a los gobiernos de Acción Nacional de ser los verdaderos responsables del desbordamiento violento y de la inseguridad.
Ahora que tanto se necesitaría una coalición gobernante plural y con visión de Estado, el tono impuesto desde el gobierno está abonando innecesariamente a la descomposición de los acuerdos del presente y del futuro. No propicia un contexto para el entendimiento, ni tampoco mejora los referentes de cooperación entre quienes habrían de participar en las soluciones.
Por la composición política prevaleciente en México, de todas las confrontaciones arrojadas desde la tribuna calderonista, la más inquietante es la pugna reciente con el PRI. Porque se trata del partido que gobierna localmente a la mitad de la población, y porque previsiblemente incrementará su presencia parlamentaria después de las elecciones federales de julio, el Ejecutivo mexicano necesita estar en buenos términos con esa fuerza partidaria.
No se trata de una decisión sujeta a la valoración política o moral del jefe del Ejecutivo. Surge de una realidad impuesta por el voto de los mexicanos. Han sido ellos quienes eligieron un presidente panista y al mismo tiempo dividieron el poder, tanto en los recintos legislativos como en las gubernaturas y los cabildos municipales.
El mandato de las urnas es muy claro: gobierno parcelado y forzado, al mismo tiempo, a la cooperación con el adversario.
Fue con esta premisa que Felipe Calderón ejerció su cargo durante los primeros dos años. Y ha obtenido —según las encuestas— un margen más que aceptable de aprobación popular. El Calderón que sabe cocinar consensos ha merecido el aplauso mayoritario de los ciudadanos.
Con todo, frente al proceso electoral que se avecina, el otro Calderón —el político que gusta abrirse paso a codazos y empellones— pareciera haber tomado ahora el relevo. De la noche a la mañana, el partido de la oposición con el que había establecido su alianza más relevante es presentado como traidor.
Teniendo como testigos a los banqueros, el líder del panismo nacional, Germán Martínez, preguntó abiertamente si el PRI estaba con el Presidente o del lado del crimen organizado. Cabe sospechar, con Beatriz Paredes, que la bofetada propinada por este hombre, muy cercano a Calderón, encuentra su origen en el contexto electoral.
Sin embargo, por la seriedad del tema y también por el lugar donde fue proferida la declaración, se trata de una aseveración que pone en duda la colaboración que hasta hace muy poco se había sostenido entre priístas y panistas.
¿Tiene pruebas el gobierno sobre los vínculos entre el PRI y las organizaciones criminales? Si es así, ¿por qué entonces la Procuraduría General de la República —institución dependiente del Ejecutivo federal— no ha procesado a los responsables por la vía penal?
Con respecto a la lucha contra la inseguridad, de poco sirven los latigazos verbales si éstos no están acompañados de acciones reales. Abusando del refrán: no se vale ladrar si no se cuenta con los dientes para morder.
El espectáculo que esta semana nos ofrecieron desde la encumbrada clase política es de lo más lamentable. Si en el PAN no pueden divorciarse de sus socios políticos persiguiendo judicialmente a quienes están corrompiendo la vida institucional desde sus cargos públicos, que mejor guarden en ese partido un pudoroso silencio; porque pasada la elección les vamos a ver de vuelta arrojados a su inevitable idilio con el PRI.
Analista político
Jesús Ortega: un "ejidatario" de peso
JULIO ALEJANDRO RíOS
San Francisco Ixcatán, Jalisco, un conflicto agrario ya comenzó a tener consecuencias políticas. Los propietarios del ejido se dicen despojados de sus tierras por José Blas Poblano Vázquez, quien maniobró para que su hija, funcionaria del Distrito Federal, en una asamblea metiera como "ejidatarios" a políticos jaliscienses de varios partidos y al menos a uno de los protagonistas del actual drama del PRD nacional: su presidente, Jesús Ortega Martínez.GUADALAJARA, JAL.- Políticos como el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, y el candidato priista a la alcaldía de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, aparecen como comuneros en el poblado indígena de San Francisco Ixcatán, en Zapopan, donde se planea la construcción de un complejo ecoturístico con cabañas y piscinas, denuncian miembros de esa comunidad que se dicen despojados de sus tierras. Además de Sandoval y de Ortega, aparecen en el padrón de comuneros Adriana Fabiola Poblano Ramos, presidenta del Consejo de Barrios de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard y el exdiputado federal perredista por el Distrito Federal, Jorge Martínez Ramos. El presidente nacional perredista está enlistado con casi 41 hectáreas de terreno, junto a sus hermanos Gerardo, María del Rosario e Ignacio. Por su parte, Aristóteles Sandoval, recién nombrado candidato del PRI, dice en entrevista con Proceso Jalisco: "Voy a exigir una investigación al respecto. No me sorprendería que alguien esté sembrando nombres. Yo jamás firmé nada ni acepté nada, pero voy a mandar las cartas que sean necesarias para deslindarme de ese asunto porque no tengo nada que ver con esas tierras". Los nombres de los políticos "comuneros" aparecen en el documento del Registro Agrario Nacional (RAN) –que por cierto se refiere a la comunidad como San Francisco "Ixcatlán" y no Ixcatán, como es correcto – certificado en junio de 2008 con sello y firma de la registradora en Jalisco, María de Lourdes Romo Muñoz. Este es un extracto del reportaje que publica la revista Proceso en su edición 1690 que empezó a circular este domingo 22 de marzo.
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